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Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Por Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 25 de abril de 2005, se procedió a la apertura de un plazo de seis meses para la presentación de solicitudes de habilitación para el ejercicio de las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura y Técnico en Elaboración de Vinos, y se fijó la composición de la comisión de trabajo que debía valorar las solicitudes que se presentaran. Todo ello, en desarrollo de lo dispuesto en el Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, por el que se regula la habilitación para ejercer las citadas profesiones.
Segundo.- Con fecha 6 de octubre de 2005 se reunió, previa convocatoria, la Comisión de Trabajo, con la composición prevista en la resolución de la Dirección General de Política Agroalimentaria de 28 de septiembre de 2005, para la valoración de las solicitudes de habilitación presentadas hasta esa fecha. Tales solicitudes, ordenadas cronológicamente, corresponden a los interesados siguientes:
ercero.- Consta en el expediente acta de la sesión celebrada el 6 de octubre de 2005, de la que se reproducen las consideraciones siguientes:"El Presidente, tras dar la bienvenida a los asistentes, hace un resumen del trabajo encomendado a la Comisión, analizando, tanto la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, como el Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, por el que se regula la habilitación para ejercer las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura y Técnico en Elaboración de Vinos, así como la ya citada Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de 25 de diciembre de 2005, concluyéndose que la experiencia de cinco años anteriores al 1 de enero de 1999 se deberá acreditar en el ejercicio de las funciones o actividades previstas en los artículos 3, 5 y 7, del referido Real Decreto 595/2002, en sus anexos I y II, en el anexo I del Real Decreto 2.023/1996, de 6 de septiembre, por el que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de elaborador de vinos, y en los criterios aprobados por la Comisión Nacional de Análisis y publicados en el Boletín Oficial del Estado nº 179, de 26 de julio de 2004.
Respecto a la documentación acreditativa de la experiencia alegada, resultan de aplicación tanto el artículo 11 del Real Decreto 595/2002, como lo previsto en los citados criterios de la Comisión Nacional de Valoración.
Una vez concretado el trabajo a realizar se procede al análisis de las trece solicitudes presentadas hasta la fecha, examinándose tanto las titulaciones como la experiencia profesional alegada por cada uno de los solicitantes.
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las solicitudes acompañan certificaciones tanto de empresas privadas como de entidades públicas, de muy distinto contenido y estructura, la Comisión acuerda, de conformidad con lo previsto en el punto primero, apartado B).5 del acuerdo de la Comisión Nacional de Análisis de 29 de junio de 2004 (B.O.E. nº 179, de 26 de julio), que sólo se admitirán aquellos certificados emitidos por la persona que tenga atribuidas dichas funciones dentro de la entidad y en cuyo texto se haga referencia tanto a la naturaleza del contrato como a su objeto o funciones específicas desarrolladas, y a la fecha exacta de su prestación [...]
[...] Asimismo, se advierte que todas las solicitudes, salvo la de D. Carlos Lozano Pérez, carecen de la declaración jurada del solicitante de no presentar la misma ante otra Comunidad Autónoma, requisito exigido en el punto 4º del Acuerdo de la Comisión Nacional ya reiterado.
La Comisión, a la vista de los resultados alcanzados en la evaluación de las distintas solicitudes aportadas, por unanimidad, efectúa la siguiente valoración: [...]
[...] Primero.- Otorgar el certificado de habilitación, por haber quedado acreditado el desarrollo de una actividad técnica de las exigidas durante un período de cinco años con anterioridad al 1 de enero de 1999, a los solicitantes que a continuación se relacionan:
A) Para el ejercicio de la profesión de Enólogo:
- D. Pedro Enrique Bermúdez Bethencourt, con D.N.I. nº 43.793.326-S.
- D. Arsenio Gómez González, con D.N.I. nº 43.601.766-E.
- D. José Ignacio Valdera Calvo, con D.N.I. nº 75.537.993-J.
- D. Ricardo Gutiérrez de Salamanca Pérez, con D.N.I. nº 43.608.490-F.
- D. Carlos Lozano Pérez, con D.N.I. nº 42.169.270-T.
- D. José Enrique Pérez Rodríguez, con D.N.I. nº 78.400.262-R.
- Dña. María Paz Gil Díaz, con D.N.I. nº 43.623.264-S.
B) Para el ejercicio de la profesión de Técnico Especialista en Vitivinicultura:
- D. Agustín Julián Hernández Castro, con D.N.I. nº 42.085.903-C.
C) Para el ejercicio de la profesión de Técnico en Elaboración de Vinos:
- D. Agustín Julián Hernández Castro, con D.N.I. nº 42.085.903-C.
Segundo.- No otorgar el certificado de habilitación, por no haber quedado acreditado el desarrollo de una actividad técnica de las exigidas durante un período de cinco años con anterioridad al 1 de enero de 1999, a los solicitantes que a continuación se relacionan:
A) Para el ejercicio de la profesión de Enólogo:
- D. Luis Delfín Molina Roldán, con D.N.I. nº 42.811.713-L (acredita cuarenta y cinco meses de experiencia con anterioridad al día 1 de enero de 1999).
- D. Felipe Jesús Díaz Izquierdo, con D.N.I. nº 45.445.546-F (en base a los archivos de la Dirección General de Política Agroalimentaria, acredita treinta y seis meses de experiencia).
- D. Agustín Julián Hernández Castro, con D.N.I. nº 42.085.903-C (las funciones que acredita no se corresponden con las consignadas en los criterios de la Comisión Nacional de Valoración para los Enólogos).
B) Para el ejercicio de la profesión de Técnico Especialista en Vitivinicultura:
- Dña. Débora Martín Triana, con D.N.I. nº 42.171.762-C (acredita cincuenta y seis meses de experiencia).
- D. Ramón Darío Arvelo García, con D.N.I. nº 45.450.620-K (acredita cincuenta y dos meses de experiencia).
C) Para el ejercicio de la profesión de Técnico en Elaboración de Vinos:
- D. Antonio Delgado Yumar Tudela, con D.N.I. nº 41.947.824-X (acredita una experiencia de treinta y seis meses) [...]"
Cuarto.- La Dirección General de Política Agroalimentaria formuló, el día 27 de octubre de 2005, la correspondiente Propuesta de Resolución, tomando como base las consideraciones recogidas en el acta de la reunión celebrada por la Comisión de Trabajo el día 6 de octubre de 2005.
Quinto.- La citada Propuesta de Resolución se notificó a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días hábiles para que pudieran tomar vista del expediente tramitado, solicitar copias de los documentos incorporados al mismo y formular por escrito las alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimaran oportunos en defensa de sus derechos.
Sexto.- En el expediente de referencia constan incorporadas las alegaciones formuladas por D. Luis Delfín Molina Roldán, D. Antonio Delgado-Yumar Tudela y por D. Felipe Jesús Díaz Izquierdo, mostrando su disconformidad con el contenido de la Propuesta de Resolución. El primero aporta documentos que dice acreditan [...] que desde el 12 de agosto de 1995 [...] lleva [...] realizando la profesión de Enólogo en la bodega Mondalón-Picachos, S.L. de la Denominación de Origen Monte Lentiscal [...] Las alegaciones del Sr. Delgado-Yumar Tudela afirman que el certificado del Ayuntamiento de Vilaflor cubre con exceso los cinco años y que las bases no indicaban que las bodegas tenían que estar dadas de alta en registro alguno. Por último el Sr. Díaz Izquierdo remite documentación que obra en su poder [...] vida laboral donde se refleja el tiempo ejercitado (57 meses contratado por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo, informe-acta de la reunión de técnicos y veedores del C.R.D.O. Tacoronte-Acentejo, de las funciones desempañadas en la campaña vitivinícola 1992.
Igualmente, constan incorporados al expediente administrativo los certificados entregados en mano por D. Felipe Jesús Díaz Izquierdo para adjuntar a su petición de habilitación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 102, reguló las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura y Técnico en Elaboración de Vinos, subordinando el ejercicio de cada una de estas profesiones a la posesión de un título específico. Sin embargo, el apartado cuarto del citado artículo señalaba que lo anterior no afectaba "[...] a la situación ni a los derechos de quienes, a la entrada en vigor de la misma, acrediten de forma fehaciente, y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, que han ejercido la profesión durante un período de tiempo de cinco años".
Segundo.- En desarrollo de la previsión establecida en el punto anterior se dictó el Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, por el que se regula la habilitación para ejercer las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura y Técnico en Elaboración de Vinos, que, además de establecer las funciones y actividades sobre las que hay que acreditar la experiencia de cinco años, señala que serán las Comunidades Autónomas las que instruirán y resolverán los procedimientos de habilitación (artículo 10).
En cuanto a la forma de acreditar la experiencia resulta de aplicación la Resolución de 7 de julio de 2004, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión de Análisis prevista en el Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, por el que se establecen los criterios para la emisión de los certificados de habilitación profesional, regulados en el citado Real Decreto (B.O.E. nº 179, de 26 de julio).
Tercero.- El artículo 10.5 del Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, fija en seis meses el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa de las solicitudes de habilitación, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. Por lo tanto, respecto de las solicitudes presentadas con al menos seis meses de antelación a la fecha de la presente Orden, deben tenerse en consideración las disposiciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC), reguladoras del silencio administrativo y de los efectos que produce. En este sentido, el artículo 43 de la citada norma es claro, en sus párrafos 1 y 2, cuando establece que en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado para entenderla estimada por silencio administrativo en todos los casos, salvo que una norma con rango de Ley o norma de Derecho Comunitario Europeo establezca lo contrario, excepcionando únicamente los procedimientos de ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, y los de impugnación de actos y disposiciones. En estos casos, además, la resolución expresa posterior a la producción del acto tendrá que dictarse en términos confirmatorios del silencio producido (artículo 43.4, en relación con el artículo 42 de la LRJ-PAC).
Cuarto.- La regulación expuesta obliga a entender estimadas por silencio administrativo, pese a la propuesta de la Comisión de Trabajo creada por la Orden de esta Consejería de 25 de abril de 2005, las solicitudes presentadas por Dña. Débora Martín Triana, D. Luis Delfín Molina Roldán, D. Antonio Delgado-Yumar Tudela, D. Felipe Jesús Díaz Izquierdo y D. Ramón Darío Arvelo García. Ahora bien: téngase en cuenta que el artículo 62.1, apartado f), de la citada LRJ-PAC, considera nulos de pleno derecho "los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición". Por tal motivo, las solicitudes que de acuerdo con las normas expuestas y de conformidad con la presente Orden se entiendan estimadas por silencio administrativo, deberán remitirse nuevamente a la Comisión de Trabajo, con el fin de que, a la vista de las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia por los interesados, confirmen o modifiquen el criterio inicialmente manifestado, y recogido en Acta de 6 de octubre de 2005, respecto a la acreditación, por parte de cada uno de los solicitantes, de los requisitos necesarios para la obtención del certificado de habilitación de las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura, y Técnico en la Elaboración de Vinos, según corresponda. Todo ello con el fin de determinar las solicitudes que, en virtud de las normas reguladoras del silencio administrativo, han resultado estimadas, aun careciendo los interesados de los requisitos esenciales para ello. En tal caso, la ley obliga a iniciar el procedimiento de revisión de oficio previsto en el artículo 102 de la LRJ-PAC, que establece que "las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1".
Quinto.- La Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de 25 de abril (B.O.C. nº 84, de 29 de abril), dictada en aplicación del artículo 10 del Real Decreto 595/2002, de 28 de junio, designó al Consejero del Departamento citado como órgano competente para la resolución de las solicitudes de habilitación, previo informe de la citada comisión de trabajo.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Otorgar el certificado de habilitación, por haber quedado acreditado el desarrollo de una actividad técnica de las exigidas durante un período de cinco años con anterioridad al 1 de enero de 1999, a los solicitantes que a continuación se relacionan:
A) Para el ejercicio de la profesión de Enólogo:
- D. Pedro Enrique Bermúdez Bethencourt, con D.N.I. nº 43.793.326-S.
- D. Arsenio Gómez González, con D.N.I. nº 43.601.766-E.
- D. José Ignacio Valdera Calvo, con D.N.I. nº 75.537.993-J.
- D. Ricardo Gutiérrez de Salamanca Pérez, con D.N.I. nº 43.608.490-F.
- D. Carlos Lozano Pérez, con D.N.I. nº 42.169.270-T.
- D. José Enrique Pérez Rodríguez, con D.N.I. nº 78.400.262-R.
- Dña. María Paz Gil Díaz, con D.N.I. nº 43.623.264-S.
B) Para el ejercicio de la profesión de Técnico Especialista en Vitivinicultura:
- D. Agustín Julián Hernández Castro, con D.N.I. nº 42.085.903-C.
C) Para el ejercicio de la profesión de Técnico en Elaboración de Vinos:
- D. Agustín Julián Hernández Castro, con D.N.I. nº 42.085.903-C.
Segundo.- No otorgar el certificado de habilitación, por no haber quedado acreditado el desarrollo de una actividad técnica de las exigidas durante un período de cinco años con anterioridad al 1 de enero de 1999, a los solicitantes que a continuación se relacionan:
A) Para el ejercicio de la profesión de Enólogo:
- D. Agustín Julián Hernández Castro, con D.N.I. nº 42.085.903-C (las funciones que acredita no se corresponden con las consignadas en los criterios de la Comisión Nacional de Valoración para los Enólogos).
Tercero.- Entender estimadas por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 43 de la LRJ-PAC, las solicitudes de los interesados que se relacionan a continuación:
A) Para el ejercicio de la profesión de Enólogo:
- D. Luis Delfín Molida Roldán, con D.N.I. nº 42.811.713-L.
- D. Felipe Jesús Díaz Izquierdo, con D.N.I. nº 45.445.546-F.
B) Para el ejercicio de la profesión de Técnico Especialista en Vitivinicultura:
- Dña. Débora Martín Triana, con D.N.I. nº 42.171.762-C.
- D. Ramón Darío Arvelo García, con D.N.I. nº 45.450.620-K.
C) Para el ejercicio de la profesión de Técnico en Elaboración de Vinos:
- D. Antonio Delgado Yumar Tudela, con D.N.I. nº 41.947.824-X.
Cuarto.- Trasladar las solicitudes relacionadas en el número anterior a la Comisión de Trabajo creada por la Orden de esta Consejería de 25 de abril de 2005, con el objeto de que, a la vista de las alegaciones presentadas durante el trámite de audiencia por los interesados, confirmen o modifiquen el criterio inicialmente manifestado, y recogido en Acta de 6 de octubre de 2005, respecto a la acreditación, por parte de cada uno de los solicitantes, de los requisitos necesarios para la obtención del certificado de habilitación de las profesiones de Enólogo, Técnico Especialista en Vitivinicultura, y Técnico en la Elaboración de Vinos, según corresponda. Respecto de las solicitudes que hayan resultado estimadas por silencio administrativo, aun careciendo los interesados de los requisitos esenciales para ello, deberá iniciarse el procedimiento de revisión de oficio previsto en el artículo 102 de la LRJ-PAC.
Quinto.- La presente Resolución deberá notificarse a los interesados, y publicarse en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de que pueda interponerse recurso potestativo de reposición, ante esta Consejería en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de notificación de la presente Orden, con los efectos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2006.- El Director General de Política Agroalimentaria, Rodolfo Ríos Rull.
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