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No habiéndose podido notificar a D. Francisco Galindo González en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1294/01-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Francisco Galindo González la Resolución de fecha 15 de diciembre de 2005, recaída en el expediente con referencia 1294/01-U, y que dice textualmente:
"Incoar expediente sancionador.
Vistos los datos obrantes en esta Agencia así como el informe de los Servicios Técnicos y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
1.- En el lugar denominado "Las Moraditas", en el término municipal de Adeje, en suelo clasificado como rústico y dentro de una parcela de unos 10.000,00 m2, se han venido realizando obras consistentes en:
- Desmonte y roturación de terrenos, apertura y asfaltado de pista de acceso.
- Construcción de dos viviendas unifamiliares de unos 195,00 m2.
- Construcción de un salón de aperos bodega de unos 80,00 m2.
- Construcción de dos piscinas de unos 35,00 m2.
Todas las construcciones señaladas se han llevado a cabo en la misma parcela, siendo el promotor de las mismas D. Francisco Galindo González y llevándose a cabo sin contar para ello con las autorizaciones pertinentes y preceptivas (Calificación Territorial y licencia municipal de obras), tal y como disponen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, actuación que es presuntamente constitutiva de una infracción grave a la referida Ley.
De tales circunstancias formulan denuncia los Agentes adscritos al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, con fecha 7 de noviembre de 2001.
2.- Con fechas 24 de enero, 22 de febrero de 2002 y 31 de mayo de 2005, por Resoluciones números 153, 340 y 1817 del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se ordena la inmediata suspensión de las obras en ejecución.
Dichas resoluciones fueron debidamente notificadas al Sr. Galindo González.
3.- Con fecha 5 de septiembre de 2005 formula el promotor de las obras de referencia recurso de reposición contra la Resolución nº 1817, de 31 de mayo de 2005, siendo éste desestimado por Resolución 3484, de fecha 17 de octubre de 2005, del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
4.- Las órdenes de precinto fueron llevadas a cabo en las siguientes diligencias, cuyo resultado se señala:
- Diligencia de fecha 8 de abril de 2002 para las Resoluciones 340 y 153, procediéndose al precinto.
- Diligencia de fecha 7 de septiembre de 2005 para la Resolución 1817, no procediéndose al precinto al estar la obra acabada.
5.- Por parte de la Sección Técnica de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se emite, con fecha 9 de noviembre de 2005, informe de valoración de las actuaciones realizadas, ascendentes a cuarenta y cinco mil ochocientos cincuenta y ocho (45.858,00) euros, considerando dicha valoración solamente la construcción del salón bodega y los trabajos de desmonte y roturación.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC), en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b), del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
III.- De conformidad con el artículo 179 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la reposición de las cosas a su estado anterior a la presunta infracción en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto, y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
En su virtud,
R E S U E L V O:
a) Incoar expediente sancionador a D. Francisco Galindo González, en su condición de promotor de las obras objeto del presente procedimiento, como presunto responsable de una infracción urbanística al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
b) Nombrar Instructor y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a D. Felipe Sosa Plasencia y a Dña. Ana González Hernández, y como sustitutas de los mismos para los casos de ausencia o enfermedad, a Dña. Concepción Zamorín Fernández y Dña. Ángeles Bouza Cruz, respectivamente, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c) Significar al interesado que dispone de un plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse hacerla(s) efectiva(s), según lo que establece el artículo 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
d) Advertir al interesado, asimismo, que si reconociera su responsabilidad o no presentase alegaciones, dentro del plazo de 15 días de que dispone, sobre el contenido del presente acto administrativo por el que se inicia la incoación del referido expediente sancionador, aquel podrá entenderse como Propuesta de Resolución de dicho expediente, a cuyo efecto dispondrá de un plazo de audiencia de quince días para alegar cuanto considere conveniente en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante el instructor del procedimiento, todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8, 13.2 y 19 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
e) Advertir al interesado que si al tiempo de formularse la Propuesta de Resolución, no se hubiera procedido a instar la legalización de las mencionadas obras o a ajustar las mismas a los títulos habilitantes, se propondrá, y en la resolución definitiva se acordará, la imposición de hasta doce multas coercitivas por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del 5% del coste de las obras en su caso y, como mínimo seiscientos un euros con un céntimo (601,01 euros).
f) Advertir al interesado que en los supuestos contemplados en el Fundamento de Derecho III, se procederá a demoler las obras objeto del presente expediente. No obstante, de conformidad con el artículo 182 si procede a la demolición por sí mismo en los términos que disponga la Administración tendrá derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento (75%) de la multa que deba imponerse o que se haya impuesto o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubiere satisfecho.
A los efectos de los apartados anteriores, el expediente sancionador que ahora se inicia se encuentra a disposición del interesado en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano, de Santa Cruz de Tenerife, en orden a garantizar el principio de acceso permanente al mismo, consagrado en los artículos 35 de la citada Ley 30/1992, y en el 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Notifíquese la presente Resolución a los nombrados Instructor y Secretaria, a los legalmente considerados interesados en el presente expediente sancionador, así como al Ayuntamiento de Adeje."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 26 de enero de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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