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BOC Nº 026. Martes 7 de Febrero de 2006 - 379

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

379 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 25 de enero de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Rolf Henkel, interesado en el expediente nº 638/05-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Rolf Henkel en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia nº 638/05-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Rolf Henkel la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 29 de fecha 10 de enero de 2006, recaída en el expediente de referencia nº 638/05-U, y que dice textualmente:

"Examinado el recurso de reposición interpuesto por D. Rolf Henkel, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural n º 3746, de fecha 7 de noviembre de 2005, vistos los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 19 de agosto de 2005 la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por resolución nº 2869, acordó incoar el oportuno expediente dirigido a la reposición de la realidad física alterada contra D. Rolf Henkel, no pudiéndose notificar ésta en la forma prevista en el artº. 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, es por lo que se acuerda publicar dicha resolución en el Boletín Oficial de Canarias el día 16 de septiembre de 2005, de acuerdo con lo establecido en el artículo 60 del citado Texto Legal.

Segundo.- Dentro del plazo de audiencia concedido al interesado para que aportara alegaciones, documentos o informaciones que tuviere por conveniente, éste no presentó alegación alguna, dictándose Resolución nº 3746 de fecha 7 de noviembre de 2005, por la que se resuelve acordar la demolición de las obras objeto de este expediente, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C. nº 60, de 15.5.00)(en adelante, TRLOTENC), notificada la misma con fecha 17 de noviembre de 2005.

Tercero.- Contra la citada resolución el interesado interpuso recurso potestativo de reposición ante este Organismo en el que sucintamente expone que:

Sobre la validez y eficacia de los actos administrativos, el artículo 57 atribuye una presunción de validez, presunción inicial de legitimación del obrar administrativo. En este caso la presunción inicial de la validez de la resolución nº 2869 (publicada en el B.O.C.) se quiebra y conduce a un acto invalidado sin declaración formal de invalidez. La eficacia del acto está supeditada a la notificación o publicación, cuestión que la administración trató de realizar con la publicación de la resolución nº 2869 en el Boletín Oficial de Canarias de 16 de septiembre de 2005. La práctica de la notificación ha sido defectuosa y lesiva con los derechos e intereses imputados ... el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente, cuestión que se ha obviado totalmente, teniéndose conocimiento de la condición de extranjero desinteresado, que aunque su vivienda en Los Roquitos-El Paso (objeto de expediente era su domicilio, e intento en vano de notificación en ese lugar tendrá que haber trasladado la acción a su domicilio en Alemania, no desconocido para la administración, puesto que a este domicilio se le comunicó la resolución nº 3746 de 7 de noviembre de 2005.

La aparente contradicción entre los aspectos temporales contemplados en los artículos 205 y 180 del Decreto Legislativo 1/2000, habría que resolverla con la iniciación de un expediente ex novo dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la total terminación de las obras, en realidad entre los dos años (artº. 205) y los cuatro años (artº. 180). Cuestión determinante no tenida en cuenta.

El avance del Plan General de El Paso y en el documento de aprobación inicial objeto de inmediato acuerdo municipal, visto en varias Comisiones de Seguimiento entre los organismos intervinientes (Ayuntamiento-Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial), el suelo de ubicación de la referida vivienda se encuentra en asentamiento rural, sin ningún problema urbanístico para la consideración legal de lo construido, sin perjuicio de la alegada prescripción.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 117, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, teniendo en cuenta el Real Decreto-Ley 14/2005, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por la tormenta tropical Delta en el Archipiélago Canario los días 28 y 29 de noviembre, y se declaran inhábiles los días 28, 29 y 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre, en los términos municipales que hayan resultado afectados, a toda clase de efectos civiles, notariales, mercantiles, administrativos.

II

De conformidad con el artículo 248 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (B.O.C. nº 60, de 15.5.00) (en adelante, TRLOTENCÕ00) y con el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, al no tratarse de un procedimiento sancionador, sino de restauración, las resoluciones de la Agencia agotarán la vía administrativa y, frente a las mismas, podrá interponerse recurso de reposición en los términos previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

III

En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:

Con respecto a la notificación del inicio del procedimiento administrativo de reposición de la realidad física alterada para la restauración del orden jurídico perturbado, consta en la denuncia emitida por los Agentes de Medio Ambiente, adscritos al Cabildo Insular de La Palma, en las observaciones, que la dirección del propietario es la de la Arquitecta que le esta tramitando las autorizaciones, La Cuesta, 22, 38710-Breña Alta, haciéndose también constar la dirección del promotor en Alemania y el número de NIE, gracias a la colaboración del constructor, de igual forma se puntualiza que a fecha 30 de enero de 2001, las obras continúan sin haber obtenido las autorizaciones preceptivas, motivo por el cual se suspenden las mismas mediante Resolución nº 720, de fecha 25 de abril de 2001, notificándose dicha resolución con fecha 14 de mayo de ese mismo año, en la dirección de Breña Alta y por consiguiente se procedió al precinto de las obras con fecha 25 de junio de 2001. Con fecha 2 de noviembre de 2001, D. Rolf Henkel, dirige escrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural comunicando que los trabajos de construcción han sido suspendidos, que la maquinaria y los materiales han sido retirados y adjunta copia de solicitud hecha ante el Ayuntamiento de El Paso, para la legalización y ampliación de vivienda unifamiliar aislada, haciendo constar el domicilio de calle Los Roquitos, s/n, término municipal de El Paso, domicilio donde se ubican las obras objeto de este expediente. Con fecha 20 de marzo de 2003, se emite nuevamente informe técnico, para comprobar el cumplimiento de la diligencia del precinto de las obras, y se constata el incumplimiento del mismo, observándose que la edificación descrita se encuentra totalmente terminada y aparentemente en uso, también consta Decreto del Sr. Consejero de Planificación y Sanidad de fecha 3 de septiembre de 2002, por la que se deniega la calificación territorial, previo informe desfavorable el Ayuntamiento de El Paso, por lo que se procede a iniciar el procedimiento sancionador con el número de expediente 138/01-U. Intentándose la notificación a la dirección de calle de Los Roquitos, s/n, en El Paso y al no poderse practicar la misma se pide la colaboración del Ayuntamiento de El Paso y al mismo tiempo los Agentes adscritos a esta Agencia intentan la notificación los días 26 de enero de 2005, a las 17,30 y el día 27 de enero a las 9,30 y en las dos ocasiones no se encontró nadie en el domicilio, como consecuencia de todo ello se dicta Resolución nº 1118 de fecha 6 de abril de 2005, por la que se resuelve caducar el procedimiento sancionador con el número de expediente 198/01-U al haber transcurrido más de dos meses desde la fecha en que se inició el mismo sin haberse practicado la notificación de éste al imputado, resolución que fue notificada con fecha 3 de mayo de 2005, a D. Rolf Henkel en la dirección de Los Roquitos, s/n, en El Paso. Con fecha 19 de agosto de 2005, se dicta Resolución nº 2869, por la que se inicia procedimiento administrativo de reposición de la realidad física alterada para la restauración del Orden Jurídico perturbado, con número de expediente 638/05-U, intentada la notificación en el último domicilio conocido (El Paso) y no pudiéndose practicarse la misma se procede a su publicación en Boletín de la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, LRJPAC, publicándose al mismo tiempo en el tablón de edictos del Ayuntamiento de El Paso, del último domicilio conocido del promotor de las obras, por lo tanto y en virtud de lo establecido en el artº. 57 del mismo texto legal, la resolución produce efectos desde el momento de su publicación, y no siendo el acto nulo de pleno derecho, ya que no estamos ante ninguno de los supuestos previstos en el artículo 62 de LRJPAC.

Con respecto a la prescripción de la infracción: a la vista de los datos y documentos e informes contenidos en el expediente administrativo, se constata que a fecha del primer informe técnico (26 de julio de 2001) las obras se encuentran sin terminar, en el momento de la visita se encuentran trabajando en la terminación interior, estando exteriormente enfoscada y sin pintar y con cubierta de teja terminada, a fecha del segundo informe técnico (4 de abril de 2003) se comprueba que las obras se encuentran finalizadas, por lo que en este caso se entiende aceptar que en abril de 2003 las obras estaban totalmente terminadas. Por lo que no procede iniciar la incoación del procedimiento sancionador dado que han transcurrido el plazo de dos años (artº. 205.1 TRLoTENC) de prescripción de la infracción grave, plazo que comenzó a correr con la total terminación de las obras (artº. 201.1.2º párrafo). Por tanto se ha de afirmar que no cabe en el presente caso imponer multa, al haber prescrito la infracción. Ello sin perjuicio de que deba ser confirmada la orden de demolición dictada, por constar con evidencia que en julio del año 2001 las obras se encontraban en ejecución, es más, en el escrito de D. Rolf Henkel, que dirige a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural comunica que los trabajos de construcción han sido suspendidos con fecha 2 de noviembre de 2001, por lo que el 19 de agosto de 2005 (fecha en que fue dictada la referida orden de demolición) no había transcurrido el referido plazo de cuatro años desde la completa y total terminación de las obras con que cuenta la Administración para adoptar tal medida de restablecimiento del orden jurídico perturbado (artº. 180.1 TRLoTENC).

- En cuanto a la posibilidad de que el Plan General de Ordenación de El Paso cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica la edificación, se ha de señalar que lo ejecutado es incompatible con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables [al tratarse de una edificación destinada a vivienda, de nueva planta, situada en suelo rústico no calificado por el planeamiento vigente como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola, por lo que se vulnera el artículo 66.7.a) del TRLoTENC], no existe fundamento legal alguno que impida actualmente a la Administración el proponer ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de la edificación. Y no es óbice para ello el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica ésta, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artículo 179 TRLoTENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada), en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o de categoría de suelo) que en la actualidad es futuro e incierto. Así, vemos cómo para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable (es decir, vigente en el momento de su concesión) (artº. 166.5.a) TRLoTENC por remisión del artº. 178.2 TRLoTENC), no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura.

"El artº. 164. 2 TRLoTENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, estableciendo el artº. 188.1.a) del TRLoTENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTENC, se procederá a la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos: a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma. (En este caso ha sido denegada).

En el caso que nos ocupa, es necesaria la calificación territorial (ex artículos 66, 27 y 170.1 TRLoTENC) y se carece de la misma, y, a mayor abundamiento, resulta evidente la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables: la vivienda se ha edificado en suelo rústico no categorizado por el planeamiento urbanístico municipal vigente como asentamiento rural o asentamiento agrícola, por lo que se ha vulnerado el artículo 66.7 del TRLoTENC, que exige, entre otros requisitos, que las viviendas de nueva planta que se construyan en suelo rústico se hallen situadas en terrenos categorizados expresamente por el planeamiento vigente como asentamiento rural o como asentamiento agrícola.

Por tanto, procede ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción, mediante la demolición de las referidas obras."

Vistas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el TRLOTENC y el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Único.- Desestimar el recurso de reposición, interpuesto por D. Rolf Henkel, contra la resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3746, de fecha 7 de noviembre de 2005, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.

Notifíquese al interesado, y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse".

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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