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No habiéndose podido notificar a D. Juan Carlos Martín Sánchez en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia nº 775/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Juan Carlos Martín Sánchez la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 20 de diciembre de 2005, recaída en el expediente con referencia nº 775/03-U y que dice textualmente:
"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Juan Carlos Martín Sánchez, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en suelo rústico, consistentes en la ampliación de una nave industrial de 200 m2 aproximadamente, en el lugar denominado "Barranco La Laja", en el término municipal de Icod de los Vinos.
Vistos informe técnico, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 21 de septiembre de 2005, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución, por la que se acordó incoar el oportuno expediente sancionador, no habiéndose podido notificar en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo, se acuerda publicar la misma en el Boletín Oficial de Canarias con fecha 9 de noviembre de 2005.
Segundo.- Con referencia al citado expediente y una vez transcurrido el plazo habilitado en la incoación del procedimiento sancionador para que el interesado presente alegaciones contra la misma, no ha presentado alegación alguna.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000.
III.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLoTCENC aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo, al carecer las obras objeto de este expediente de la autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras. No obstante y una vez examinada la documentación contenida en el expediente, se comprueba que la infracción está prescrita, de acuerdo con lo establecido en los artículos 205 y 201 del TRLoTENC, las infracciones graves prescriben a los dos años, contados a partir de la total terminación de las obras, cosa que a fecha de la denuncia, 9 de julio de 2003, se constata que las mismas se encuentran finalizadas. Por lo tanto no procede la imposición de sanción por los hechos denunciados.
IV.- De conformidad con el artículo 179 del TRLoENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Declarar prescrita la infracción.
Segundo.- Dado que procede restaurar el orden jurídico perturbado y reponer la realidad física alterada ordenando la demolición de las obras descritas y promovidas por D. Juan Carlos Martín Sánchez y antes de la adopción de dicha medida, se ponga de manifiesto las actuaciones llevadas a cabo por esta Agencia a los interesados a fin de que, por un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la propuesta de resolución, pueda alegar lo que deseen, así como presentar durante el referido plazo los documentos y justificantes que estimen pertinentes.
Notifíquese la propuesta de resolución a los interesados.
De todo lo cual se le da a usted traslado, concediéndole un plazo de quince días para que pueda alegar cuanto considere conveniente, en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/93, de 4 de agosto.
DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 775/03-U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2005.
- Denuncia de fecha 18 de julio de 2003 con fotos y planos.
- Nota de Régimen Interno al Servicio Técnico de fecha 19 de agosto de 2003.
- Informe Técnico y Valoración con fotografías y planos de fecha 26 de septiembre de 2003.
- Resolución nº 3212, por la que se Acuerda incoar expediente sancionador de fecha 21 de septiembre de 2005.
- Resolución nº 3645, de fecha 31 de octubre de 2005, por la que se acuerda publicar Resolución nº 3645.
- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 9 de noviembre."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de enero de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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