Examinado el expediente tramitado por el Instituto Canario de la Vivienda, relativo a la convocatoria de subvenciones genéricas para los adquirentes o propietarios de suelo que destinen el mismo a la construcción de viviendas protegidas durante el ejercicio de 2005.
Vista la propuesta de resolución formulada por el Director del Instituto Canario de la Vivienda.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- Mediante Resolución de 25 de julio de 2005, del Director del Instituto Canario de la Vivienda, se convocaron subvenciones genéricas para los adquirentes o propietarios de suelo que destinen el mismo a la construcción de viviendas protegidas durante el ejercicio de 2005, aprobándose las bases reguladoras de las mismas.
2.- Mediante Resoluciones del Director del Instituto Canario de la Vivienda de 7 de noviembre de 2005 y 13 de diciembre de 2005, se modifica la citada Resolución incrementando los créditos necesarios para dar cobertura a las solicitudes presentadas.
3.- Examinadas las solicitudes, así como la documentación presentada con las mismas, se procedió a requerir a los interesados cuyas solicitudes no reunían los requisitos establecidos en el artº. 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y los exigidos por la normativa específica aplicable, concediéndoles un plazo de diez días para subsanar las mismas en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 71 del mismo texto legal.
4.- Evaluadas las solicitudes, conforme a los criterios objetivos de valoración establecidos en la base séptima de la convocatoria, y en lo no previsto en la misma conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, y vistos los informes de los servicios de promoción privada de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria en los que se concreta el resultado de la evaluación efectuada, se formula la presente propuesta.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.- Es competente para la concesión de la presente subvención el Presidente del Instituto Canario de la Vivienda en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 6.1.j) de las Normas Provisionales de Organización y Funcionamiento del Instituto Canario de la Vivienda aprobadas por el Decreto 2/2004, de 27 de enero.
2.- El procedimiento seguido para la concesión de las presentes subvenciones se ha ajustado a las normas establecidas en las bases de la convocatoria, en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en las normas del procedimiento administrativo común.
En virtud de todo lo anterior,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar las solicitudes presentadas por los interesados que se relacionan en el anexo I de la presente propuesta, por los importes que se consignan en el mismo, quedando el otorgamiento de las citadas subvenciones condicionado al cumplimiento de las condiciones generales que se señalen en la presente Resolución de concesión.
Segundo.- Desestimar las solicitudes presentadas por los interesados que se relacionan en el anexo II de la presente Resolución, por los motivos que se consignan en el mismo.
Tercero.- Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a los créditos del Presupuesto de Gastos del Instituto Canario de la Vivienda para el año 2005 de los proyectos de inversión que a continuación se enumeran:
APLICACIÓN PRESUP. DENOMINACIÓN IMPORTE
EUROS
11 01 431B 770 05711303 Adq. y Urbanización Suelo G. Canaria 8.088.000,00
11 01 431B 770 05711304 Adq. y Urbanización Suelo Tenerife 7.476.000,00
11 01 431B 770 05711305 Adq. y Urbanización Suelo La Palma 1.140.000,00
11 01 431B 770 05711307 Adq. y Urbanización Suelo Fuerteventura 396.000,00
CRÉDITOS TOTALES 17.100.000,00
Cuarto.- La efectividad de la presente Resolución de concesión está supeditada a la aceptación expresa de la misma por parte de los beneficiarios, que deberá otorgarla dentro del plazo de los 30 días siguientes a su notificación, ante el Instituto Canario de la Vivienda. En caso de que no se otorgue dentro del referido plazo quedará sin efecto la subvención concedida.
Quinto.- El abono de las subvenciones reconocidas en la presente Resolución se realizará en firme, previa acreditación de que se ha realizado la actividad para la que fueron concedidas en los términos establecidos en la base décima de la convocatoria.
Sexto.- Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.
b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.
c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.
Séptimo.- Los beneficiarios de las subvenciones están sujetos a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
h) Dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención, en los términos reglamentariamente establecidos.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
j) Los beneficiarios de las subvenciones no podrán emplear los fondos recibidos en la adquisición de bienes y servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.
El suelo objeto de la presente subvención debe destinarse exclusivamente a la construcción de las viviendas protegidas que se determinen en el documento de solicitud calificación provisional que debe acompañar a la solicitud de la presente subvención.
Dicha construcción debe iniciarse en el plazo máximo de un año desde la publicación de la Orden de concesión en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias y construir las citadas viviendas, dentro del plazo máximo de cinco años a partir de la misma fecha.
Por otra parte los beneficiarios de las subvenciones deberán comunicar al Instituto Canario de la Vivienda las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención y toda la información que les sea requerida por el mismo y por los órganos de control interno y externo de la actividad económico-financiera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma.
Octavo.- La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación de la Resolución de concesión llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.
También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:
a) La obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.
d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.
g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
h) La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.
i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora de la subvención.
Asimismo será causa de reintegro el empleo de los fondos recibidos en el sentido establecido en los párrafos 2 y 3 del número 11 del artículo 52.12 de la Ley 7/1984, de Hacienda Pública.
Tampoco será exigible el abono o procederá el reintegro del exceso en cualquiera de los supuestos siguientes:
a) Cuando la cantidad recibida exceda del porcentaje del coste total de la actividad o conducta fijado en las bases de la convocatoria o en la Resolución de concesión.
b) Cuando, por concesión de ayudas y subvenciones de otros Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, de otras Administraciones o Entes públicos, la cuantía de las ayudas y subvenciones concedidas o recibidas supere el coste del objeto de la ayuda o subvención.
c) Cuando por haber recibido cualquier ayuda o auxilio económico de entidades privadas o particulares para el mismo destino, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.
d) Cuando por obtención de otros ingresos propios de la actividad o conducta subvencionada o afectos a las mismas o a la situación, estado o hecho en que se encuentre o soporte el beneficiario, la cuantía de las ayudas o subvenciones concedidas supere el coste del objeto de las mismas.
e) Cuando por acumulación de ayudas o subvenciones la cantidad recibida supere la cuantía compatible con la normativa comunitaria.
Noveno.- En lo no previsto en la presente Resolución se estará a lo dispuesto en las bases que rigen la convocatoria, aprobadas por Resolución de 25 de julio de 2005 (B.O.C. nº 149, de 1.8.05), así como la normativa reguladora de las subvenciones, en especial el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Asimismo es de aplicación el régimen sancionador previsto en el Título VIII de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
Este acto agota la vía administrativa. Contra el mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Presidente del Instituto Canario de la Vivienda, en el plazo de un mes, desde el día siguiente a la mencionada notificación, según establecen los artículos 110, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de diciembre de 2005.- El Presidente, Antonio Ángel Castro Cordobez.
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