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Habiéndose intentando y no pudiéndose practicar la notificación por no tener constancia del nuevo domicilio de D. Andrés Alberto Vázquez Ameri, se procede, conforme al artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la citada Orden a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el que aparece anexo al anuncio.
DENUNCIADO: D. Andrés Alberto Vázquez Ameri.
AYUNTAMIENTO: Las Palmas de Gran Canaria.
ASUNTO: Orden de 21 de octubre de 2005, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Alberto Vázquez Ameri, contra la Resolución de 3 de agosto de 2004, de la Viceconsejería de Pesca, que resuelve el expediente sancionador en materia de pesca nº 91/2003.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2005.- El Viceconsejero de Pesca, Gonzalo Angulo González.
A N E X O
Orden del Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de fecha 21 de octubre de 2005, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Alberto Vázquez Ameri contra la Resolución de 3 de agosto de 2004, de la Viceconsejería de Pesca, que resuelve el expediente sancionador en materia de pesca nº 91/2003TF.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Alberto Vázquez Ameri, con D.N.I. nº 44.727.354-J, contra la Resolución de Pesca de referencia, recaída en el expediente sancionador en materia de pesca nº 91/2003TF, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Según la denuncia 03/02 formulada por los Auxiliares de Inspección Pesquera de la isla de El Hierro, el 13 de abril de 2003, D. Andrés Alberto Vázquez Ameri capturó diez kilos de lapas, aproximadamente, en el Puerto de La Estaca (Valverde, El Hierro), teniendo lugar los hechos en aguas interiores, donde es competente el Gobierno de Canarias.
Segundo.- Por Resolución de 12 de febrero de 2004, de la Viceconsejería de Pesca, se acuerda la iniciación del correspondiente expediente sancionador, siendo notificada al interesado, D. Andrés Alberto Vázquez Ameri, en fecha 10 de marzo de 2004, presentando el interesado escrito de alegaciones en fecha 17 de marzo de 2004 (R.E. nº 196.553/15838, de 22.3.04), en el que señala en esencia que se encontraba haciendo apnea en el Puerto de La Estaca, desconociendo que estuviese prohibido, puesto que en caso contrario no lo habría hecho a plena luz del día y en un lugar tan evidente, añadiendo que sólo capturó unos 3 kilos de lapas y que se las comió esa misma noche en una cena.
Tercero.- A la vista de lo actuado, con fecha 3 de agosto de 2004, se dicta Resolución por la Viceconsejería de Pesca, por la que se impuso a D. Andrés Alberto Vázquez Ameri una sanción económica por importe de trescientos un (301,00) euros, por haber incurrido en las infracciones previstas en los artículos 69.g) y 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en relación con los artículos 5 y 3.2 del Decreto 121/1998, de 6 de agosto, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas interiores en el Archipiélago Canario y en la Orden de 30 de octubre de 1986, por la que se establecen las zonas acotadas del Archipiélago donde se permite la práctica de la pesca submarina.
Cuarto.- La anterior Resolución fue notificada al interesado en fecha 20 de agosto de 2005, interponiendo contra la misma D. Andrés Alberto Vázquez Ameri recurso de alzada en fecha 24 de septiembre de 2004 (R.E. nº 716.056/61.690), en el que reitera sus anteriores alegaciones y señala que no estaba practicando la pesca submarina sino el marisqueo recreativo.
A los anteriores hechos les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90) y en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y nº 12, de 14.1.99).
Segundo.- El recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Alberto Vázquez Ameri reúne los requisitos de forma que deben determinar su viabilidad y admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación e interposición dentro de plazo.
Tercero.- En lo relativo a la tramitación del procedimiento sancionador de referencia, debe señalarse que el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, establece que "si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses desde la iniciación ..., se iniciará el cómputo del plazo de caducidad ...". Lo anterior debe ser puesto en relación con lo establecido en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, en cuanto a que "el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el regulado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento", así como lo establecido en el artículo 44.2 de la mencionada Ley, que dispone que "en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento máximo del tiempo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos: 2. En los procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras, ..., se producirá la caducidad", añadiendo que "en estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92".
De lo anterior se deduce que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución sancionadora es de seis meses contados desde la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. Así, en el presente procedimiento, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución sancionadora finalizaba el 11 de agosto de 2004, dado que el mismo se inició el 12 de febrero de 2004, habiéndose dictado la citada Resolución sancionadora dentro de dicho plazo, concretamente el 3 de agosto de 2004. No obstante, dicha resolución no fue notificada al interesado hasta el 20 de agosto de 2004, fuera del plazo máximo establecido al efecto. Ello debe ser puesto en relación con lo establecido en el artículo 58.4 de la Ley 30/1992, el cual establece que "... a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificación dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos será suficiente ... el intento de notificación debidamente acreditado". Así, del examen del expediente se comprueba que el intento de notificación se practica fuera del plazo máximo de resolución, concretamente por correo certificado con acuse de recibo emitido el 12 de agosto de 2004, el cual es recibido por el interesado en fecha 20 de agosto de 2004, fuera, por tanto, del plazo máximo de resolución del citado procedimiento, conllevando dichas circunstancias la caducidad del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos citados y en atención al criterio jurisprudencial contenido, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo del 17 de noviembre de 2003.
Cuarto.- Lo expuesto en el apartado anterior determina la estimación del recurso de alzada interpuesto por el interesado, declarando la caducidad del procedimiento sancionador tramitado y ordenando el archivo del correspondiente expediente al haberse notificado la resolución sancionadora después de transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, y en los artículos 42.2, 44.2 y 58.4 de la Ley 30/1992, y en atención al criterio sustentado por el Servicio Jurídico en relación con lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 30/1992, el cual obliga al órgano que resuelva el recurso a decidir cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por el recurrente, debiendo ser la resolución del recurso congruente con lo solicitado por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse la situación inicial.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y preceptiva aplicación, y de conformidad con el informe del Letrado Habilitado, en uso de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar el recurso de alzada interpuesto por D. Andrés Alberto Vázquez Ameri contra la Resolución de 3 de agosto de 2004, de la Viceconsejería de Pesca, y declarar la caducidad del procedimiento sancionador tramitado, ordenando, en consecuencia, el archivo del correspondiente expediente, al haberse notificado la resolución de referencia fuera del plazo máximo de resolución establecido, de conformidad con lo dispuesto en el artículos 20.6 del Real Decreto 1.398/1993 y los artículos 42.2, 44.2 y 58.4 de la Ley 30/992, sin perjuicio del derecho de esta Administración de iniciar un nuevo procedimiento sancionador por la misma o distinta causa, si resulta procedente.
Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, significándole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en función de la sede del órgano que dictó el acto recurrido o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias donde tenga su domicilio el recurrente, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 2005.- El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pedro Rodríguez Zaragoza.
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