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BOC Nº 251. Lunes 26 de Diciembre de 2005 - 4591

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4591 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de diciembre de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Christine Ann Smith, interesada en el expediente nº 966/00 U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Christine Ann Smith en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia (expediente 966/00 U), de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Christine Ann Smith la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3975, de fecha 28 de noviembre de 2005, recaída en el expediente nº 966/00 U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. Christine Ann Smith por la ejecución de obras de "edificación de unos 70 m2", sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado "Finca El Cortijo, La Serrería, La Quinta", en el término municipal de Adeje.

Vistos informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 26 de octubre de 2000, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 1144, notificada el día 10 de noviembre, por la que se acordó suspender las obras antes descritas, proceder al precinto de las mismas y requerir a la afectada para que en el plazo de tres meses instara la legalización de las obras objeto de este expediente.

Segundo.- Con fecha 10 de junio de 2005, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por Resolución nº 2105, acordó incoar el oportuno expediente sancionador contra Dña. Christine Ann Smith.

Tercero.- Por el Instructor del expediente se formuló como propuesta de resolución la imposición de una multa de treinta mil (30.000,00) euros, a Dña. Christine Ann Smith, como responsable de una infracción urbanística, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en Suelo Rústico, consistentes en edificación de unos 70 m2, en el lugar denominado "Finca El Cortijo, La Serrería, La Quinta", en el término municipal de Adeje, así como acordar la demolición de las obras ilegalmente construidas.

Cuarto.- Con referencia al citado expediente, presenta escrito de alegaciones, Dña. Christine Ann Smith en el que sucintamente expone:

- No es la autora material de la infracción que se le imputa.

- Con fecha 18 de febrero de 2000 se adquiere la finca, en la que la edificación ya existía.

- Los únicos hechos imputables son trabajos de mantenimiento, decoración y adecuación de la antigua vivienda, por tanto, obras menores constitutivas de infracción leve.

- Desproporcionalidad de la sanción.

- La propuesta de resolución no menciona prueba alguna que acredite la autoría de la infracción.

- Solicita se archive el expediente.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido, antes mencionado.

En cuanto a las alegaciones de la interesada cabe señalar:

La interesada invoca no ser la autora material de la infracción que se le imputa ya que con fecha 18 de febrero de 2000, momento en le que adquiere la finca, la edificación ya existía, habiendo realizado únicamente trabajos de mantenimiento, decoración y adecuación.

Consta en el expediente boletín de denuncia formalizado por miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de fecha 1 de agosto de 2000, en el que se describen los hechos de los que trae causa la presente resolución. Lo manifestado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones y fruto de una comprobación directa, actúa como prueba que desvirtúa la presunción iuris tantum de inocencia de la parte interesada. Dicha constatación se aleja de toda subjetividad al ser realizada quien no tiene interés personal alguno en este procedimiento, y de quien cabe asegurar, por su calidad de funcionario público, imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y objetividad en su actuación. En este sentido se expresa el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al señalar que "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".

Del estudio de la documentación aportada no cabe deducir prueba alguna que demuestre que las obras efectivamente ejecutadas por la administrada han consistido en obras de mantenimiento, decoración y adecuación de una edificación ya existente. Como documento nº 1, la interesada aporta una escritura de compraventa en la que únicamente se describe como objeto de venta y transmisión un bien inmueble de naturaleza rústica. El documento nº 2, presupuesto para la ejecución de obras, hace alusión a una ampliación, describiéndose obras de cimentación, bloques en muros, ... Los documentos nº 3 y nº 5, contrato de arrendamiento para la ejecución de trabajos profesionales de arquitectura, y solicitud de calificación territorial, respectivamente, hablan de "legalización de vivienda". Finalmente, el documento nº 4, refleja el recibo de una cantidad en concepto de "honorarios de proyecto de vivienda unifamiliar". Como vemos, en ninguno de los documentos se habla de obras de mantenimiento, decoración o de adecuación, subsumibles en el concepto de obra menor.

En otro orden de cosas, en cuanto a la cuantía de la sanción propuesta, plantea la interesada la desproporcionalidad de la misma, al ser dicha cuantía superior a la valoración que de las obras emite técnico de esta Agencia. Pues bien, el artículo 196.1 del Texto Refundido establece, en cuanto a la graduación de las sanciones, que "cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante (...) la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción (...)". Vemos como el valor de las obras no es un factor determinante a la hora de fijar la cuantía de las sanciones, es más, dicha valoración fue tenida en cuenta como una circunstancia atenuante de la responsabilidad sancionadora. Por tanto, se comparte el criterio seguido por la Instructora del procedimiento a la hora de fijar el importe de la sanción en treinta mil euros.

III.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202 del reiterado Texto Refundido, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203 del mismo texto legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.

IV.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Texto Refundido, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de treinta mil (30.000,00) euros, a Dña. Christine Ann Smith, en calidad de promotora de las mismas, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido.

Segundo.- Acordar la demolición de las obras objeto de este expediente 966/00-U y reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción. Y a tal efecto requerir a la interesada para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Advertir a la interesada que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Texto Refundido.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de Adeje.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remita la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002 por la que se da publicidad al Convenio suscrito entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse".

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de diciembre de 2005.- El Director Ejecutivo, p.d., la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.

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