Por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Fuerteventura, D. Mario Cabrera González, ha sido adoptada en fecha 29 de noviembre de 2005, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE
RECURSO DE REPOSICIÓN
Intentada la notificación, sin que la misma se haya podido practicar, al titular del vehículo que se relaciona y siendo preciso notificarle la resolución del recurso presentado en el expediente sancionador incoado con motivo de la infracción a la normativa del transporte por carretera, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes relativos a transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes y Comunicaciones en funciones, de fecha 29 de noviembre de 2005, es por lo que se resuelve:
1.- Notificar al titular del vehículo que se cita en la resolución del recurso presentado en el expediente sancionador que le ha sido instruido por este Cabildo por infracción a la legislación de transporte por carretera y que literalmente dice:
"RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN
Visto el recurso de reposición formulado por D. Cesáreo López Megía, en representación de la entidad mercantil Estructuras Insulares, S.L., B81579799, de fecha 7 de diciembre de 2004, con R.E. en el Cabildo de Fuerteventura nº 025575, contra la resolución de la Consejera delegada de fecha 25 de octubre de 2004, recaída en el expediente sancionador número GC/200737/O/2003.
Vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes y Comunicaciones en funciones, Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 13 de septiembre de 2005, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 25 de octubre de 2004 fue dictada resolución de la Consejera delegada recaída en el expediente sancionador nº GC/200737/O/2003, que vino a sancionar a la entidad mercantil Estructuras Insulares, S.L., como titular del vehículo matrícula GC-7946-BY, por "la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización", dando lugar a la sanción de 400,00 euros.
Segundo.- El recurso de reposición interpuesto alega, en resumen, que el expediente sancionador ha caducado. Que se niega expresamente la comisión de la infracción denunciada, por cuanto no se realizó transporte privado alguno careciendo de autorización.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Presidente es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- El recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, establece que "contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en la Ley reguladora de las haciendas locales".
En efecto a la vista del recurso de reposición presentado por el interesado, los hechos no han sido desvirtuados.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de Transportes Terrestre, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, el plazo máximo para la notificación de la resolución del procedimiento sancionador será de un año desde la fecha de su iniciación. En el expediente que analizamos, según constancia documental en el mismo, se incoó expediente sancionador con fecha 12 de julio de 2004 y se notificó la resolución del mismo el día 8 de noviembre de 2004, por lo que no se estima superado el plazo citado a los efectos de entender el procedimiento sancionador caducado.
En cuanto a la negación de los hechos y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos intereses puedan señalar los propios administrados, sin que en el caso que nos ocupa, el interesado desvirtúe lo recogido en el boletín de denuncia nº 2014/03, emitido por el agente con número de identificación J29487Q/3505.
En consecuencia procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar la resolución de la Consejera delegada de fecha 25 de octubre de 2004, recaída en el expediente sancionador nº GC/200737/O/2003, por "la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización", que determinó la imposición de una sanción de 400,00 euros, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V E:
Primero.- Desestimar el recurso de reposición formulado por D. Cesáreo López Megía, en representación de la entidad mercantil Estructuras Insulares, S.L. y confirmar la resolución de la Consejera delegada de 25 de octubre de 2004, recaída en el expediente sancionador nº GC/200737/O/2003, por "la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización", que determinó la imposición de una sanción de 400,00 euros, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.
Segundo.- Del presente Decreto se dará traslado al interesado y a la tesorería de la Corporación, a los efectos oportunos.
La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente del Banco Santander 0049/0584/50/2610727041, haciendo constar en el documento de ingreso el número de expediente antes referenciado y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de este Cabildo, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de los siguientes plazos: si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente; si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con los recargos e intereses de demora correspondientes. El recargo ejecutivo será del 5% y se aplicará cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de la notificación de la providencia de apremio y no se exigirán los intereses de demora devengados desde el inicio del período ejecutivo, conforme con lo dispuesto en los artículos 28 y 161 de la Ley General Tributaria en su nueva redacción dada por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o aquel en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población citada la presente resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Puerto del Rosario, a 29 de noviembre de 2005.- La Secretaria Accidental, Luisa Bethencourt Saavedra.- Vº.Bº.: el Presidente, Mario Cabrera González.
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