Estás en:
Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Euroturismo Explotaciones Hoteleras, S.A., la Resolución de 4 de noviembre de 2005 (libro nº 1, folio 1087, nº 582), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 131/05 (expediente nº 266/04), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 122, de fecha 7 de junio de 2005.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de 2005.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 131/05 interpuesto por D. Francisco González Suárez, en representación de la entidad mercantil Euroturismo Explotaciones Hoteleras, S.A.
Visto el recurso de alzada nº 131/05, formulado por D. Francisco González Suárez, en representación de la entidad mercantil Euroturismo Explotaciones Hoteleras, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Apartamentos Teide Mar" sito en calle Aceviño, 9, término municipal de Puerto de la Cruz contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 122, de fecha 7 de junio de 2005, recaída en el expediente sancionador nº 266/04, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
1.- Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo.
2.- Deficiencias generalizadas en el decoro del establecimiento consistentes en el mal estado de conservación de la carpintería de terrazas (balcones), del pavimento de los apartamentos y pasillos, de los herrajes de las puertas del baño del apartamento 618 que precisa una renovación completa de azulejos, pavimento, piezas sanitarias y grifería.
Hechos que determinaron la imposición de sanción de multas en cuantía de nueve mil (9.000) euros por el primer hecho infractor y tres mil (3.000) euros por el segundo hecho infractor.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando se acuerde el archivo de la misma y, en su caso, sea la resolución calificando los hechos como leves en la sanción mínima que prevé el ordenamiento, a tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:
1.- Se reitera en lo alegado en sus escritos anteriores.
2.- Que únicamente faltan las puertas ya que todo lo demás está puesto, así lo acreditan los certificados técnicos aportados.
3.- El Acta contiene generalidades con apreciaciones subjetivas, sin precisión ni detalle.
4.- Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Si bien en el expediente sancionador no consta la acreditación de la representación de D. Francisco González Suárez para entablar el presente recurso, exigida por el artículo 32.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, ni requerimiento de subsanación de dicha falta de acreditación de la representación que se ejercita, visto el informe de recurso de alzada, emitido por la Viceconsejería de Turismo, de fecha 27 de septiembre de 2005, en el que se hace constar que la interposición del recurso se ha realizado en forma, se concluye que la falta de requerimiento de dicha representación puede deberse a que esa documentación ya obra en poder del Departamento, en otro expediente, y se haya actuado en virtud de lo establecido en el artículo 35.f), de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución sancionadora de fecha 7 de junio de 2005.
De la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado consta acreditada la comisión de dos hechos infractores. El primero consiste en "el incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, modificado por los Decretos 39/1997, de 20 de marzo y 20/2003, de 10 de febrero". El segundo hecho imputado consiste en "deficiencias generalizadas en el decoro del establecimiento consistentes en el mal estado de conservación de la carpintería de terrazas (balcones), del pavimento de los apartamentos y pasillos, de los herrajes de las puertas del baño del apartamento 618 que precisa una renovación completa de azulejos, pavimento, piezas sanitarias y grifería". Los mismos han sido constatados por el acta de inspección nº 8.427, de 15 de marzo 2004, cuyo valor probatorio viene amparado por lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
Respecto al hecho infractor consignado como primero, si bien en la fecha de infracción, 15 de marzo de 2004, ya había entrado en vigor el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, al no constar, en el expediente sancionador tramitado, como así establece la Disposición Transitoria Primera de citado Decreto 20/2003, de 10 de febrero, documento alguno por el que la entidad mercantil expedientada opte por acogerse al procedimiento de acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios establecido en el nuevo Decreto, resulta que la norma sustantiva infringida es el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, antes referenciado.
Ni las alegaciones hechas a tal fin, ni la documentación aportada por la entidad mercantil expedientada logran desvirtuar el hecho infractor imputado, antes al contrario no hacen más que poner de manifiesto que a la fecha de hoy el establecimiento sancionado no ha finalizado las obras necesarias, ni obtenido por tanto, el informe técnico de conformidad de las mismas al Proyecto de Instalación, al que vienen obligados de conformidad con el artículo 7 del citado Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, Proyecto cuya aprobación tampoco nos consta, habida cuenta que al solicitar el Sr. Inspector la documentación que lo acredita, se le informa, según consta en el acta de inspección nº 8.427, que no se encuentra disponible.
El hecho imputado es subsumible en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que lo califica como una infracción muy grave a la disciplina turística. No obstante, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 76.19 de la Ley del Turismo de Canarias, introducido por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, se califica finalmente como una infracción grave a la normativa turística.
En cuanto a la graduación de la sanción de multa impuesta, esto es, nueve mil (9.000) euros, se ha tenido en consideración el principio de proporcionalidad del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de las sanciones de multa establece el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Según indica la Instructora del expediente sancionador nº 266/04, en la Propuesta de Resolución de 5 de abril de 2005, el establecimiento sancionado, esto es, "Apartamentos Teide Mar", ya fue sancionado por Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 655, de fecha 20 de julio de 2001, recaída en el expediente sancionador nº 61/01, por "incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos", lo que no hace más que poner de manifiesto la permanencia en la comisión de una infracción que, especialmente en el caso de las medidas de seguridad y protección contra incendios, reviste una trascendencia e importancia tal que la propia Ley 7/1995, de 6 de abril, no sólo la califica como una infracción "muy grave" a la disciplina turística, sino que en su artículo 18.1 define como un derecho a la seguridad del usuario turístico "la obligación de todo establecimiento abierto al público de cumplir la normativa sobre seguridad de sus instalaciones y protección contra incendios".
Así mismo en la Resolución sancionadora, objeto de este recurso, se pone de manifiesto que la infracción se calificó como grave desde la Resolución de inicio, por razón de su "intencionalidad", "naturaleza", "ocasión" o "circunstancias".
Por todo lo anteriormente expuesto queda acreditado no sólo el hecho infractor imputado, sino la reincidencia en la comisión del mismo, circunstancias que han de considerarse como un "agravante" de la responsabilidad administrativa, por cuanto antecede la sanción de multa impuesta, inferior a la mitad de la prevista para las infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la citada Ley 7/1995, de 6 de abril, es adecuada al principio de proporcionalidad y conforme a Derecho.
En cuanto a la segunda de las infracciones, es decir, "deficiencias generalizadas en el decoro del establecimiento consistentes en el mal estado de conservación de la carpintería de terrazas (balcones), del pavimento de los apartamentos y pasillos, de los herrajes de las puertas del baño del apartamento 618 que precisa una renovación completa de azulejos, pavimento, piezas sanitarias y grifería", tampoco ha sido desvirtuada ni por las alegaciones, ni por las pruebas aportadas por la entidad mercantil a tal fin, menos aún si tenemos en consideración que la entidad mercantil sancionada reconoce en todo momento los hechos imputados, si bien difiere de la calificación de los mismos.
El hecho infractor imputado es subsumible en el artículo 76.3 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que califica como infracción grave a la normativa turística las deficiencias manifiestas y generalizadas en la prestación de los servicios, decoro de los establecimientos y funcionamiento o limpieza de sus locales, instalaciones, así como el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 17.2 de esta Ley. Los hechos imputados han sido constatados por el Sr. Inspector de Turismo, en el acta de inspección nº 8.427, tras visitar al azar un número determinado de apartamentos del establecimiento sancionado, esto es, los apartamentos números 618, 641, 646, 405, 406 y 414.
La Instructora del expediente sancionador tramitado con el nº 266/04 ha tenido en consideración, a la hora de calificar los hechos como graves y de imponer la cuantía de la sanción de multa, no sólo la falta de antecedentes por la comisión de los mismos hechos, circunstancia "atenuante" de la responsabilidad administrativa, sino también aquellas otras que, de conformidad con el principio de proporcionalidad del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, se consideran como "agravantes" de la responsabilidad administrativa, poniendo de manifiesto, en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolución que la calificación de la infracción viene determinada por la gravedad de los hechos que en este caso afectan a diversas zonas del establecimiento, y todos ellos indican deficiencias en el decoro del establecimiento. Así mismo, el incumplimiento por parte del establecimiento sancionado de la "obligación" de mantener sus instalaciones y servicios con la calidad que se ha tenido en cuenta para concederle las autorizaciones turísticas preceptivas, "obligación" que, como bien dice la Instructora, es correlativa al "derecho" del usuario turístico a recibir del establecimiento elegido, bienes y servicios acordes, en naturaleza y calidad con la categoría que aquél ostenta, no son más que manifestaciones de la repercusión que sobre la imagen turística proyectan nuestros establecimientos alojativos, así como de los perjuicios causados a los usuarios, que en este caso, han quedado expresamente recogidos en la denuncia presentada por Dña. María Teresa de la Fuente Díez, a través de la Comunidad Autónoma de Madrid, y recibida en esta Consejería de Turismo el día 3 de diciembre de 2003, registro de entrada nº 854.672, en la que expresa su descontento con la calidad y servicios del apartamento contratado.
Por todo lo anteriormente expuesto existe una responsabilidad administrativa imputable a la entidad mercantil expedientada en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b) del mismo texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
De conformidad con el Informe de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de fecha 27 de septiembre de 2005 procede desestimar el recurso de alzada interpuesto, confirmar la Resolución recurrida y mantener la sanción de multas impuestas, por ser conformes a Derecho todos sus pronunciamientos.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 125/05-C emitido con fecha 2 de noviembre de 2005 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada nº 131/05 promovido por D. Francisco González Suárez, en representación de la entidad mercantil Euroturismo Explotaciones Hoteleras, S.A., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Teide Mar, sito en calle Aceviño, 9, término municipal de Puerto de la Cruz y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 122, de fecha 7 de junio de 2005, recaída en el expediente sancionador nº 266/04, que determinó la imposición de sanción de multas en cuantía de nueve mil (9.000) euros por el primer hecho infractor y tres mil (3.000) euros por el segundo hecho infractor, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.
© Gobierno de Canarias