Habiendo observado que en diferentes zonas de la isla de Lanzarote, el efecto de la tormenta tropical Delta ha llevado consigo que numerosas fincas de cultivo hayan perdido la capa de material piroclástico (picón o rofe), con la finalidad de poder seguir manteniendo la actividad agrícola desarrollada a través de estos sistemas de cultivo que la hacen viable, tanto desde los puntos de vista técnico y económico, así como el importante papel que juega, evitando la pérdida de suelo, resulta aconsejable y urgente realizar las gestiones oportunas que permitan llevar a cabo la reposición de estos materiales piroclásticos en las diferentes fincas afectadas.
Resultando que los daños causados por la tormenta tropical pueden ser considerados muy graves en cuanto a la estructura agraria peculiar de Lanzarote, que como es sabido se basa fundamentalmente en los enarenados de las fincas agrícolas. La fuerza del viento (con rachas de hasta 150 km/h) ha "barrido" la arena (lapilli) que cubre los enarenados, dejando al descubierto la tierra y el suelo fértil. La urgencia de una acción de reposición de la cubierta de lapilli viene dada por la posibilidad de que se produzcan lluvias de cierta intensidad que provocarían la erosión y el arrastre del suelo (la capa de lapilli actúa como protector, debido a su gran permeabilidad y capacidad como "esponja" reguladora), convirtiendo esos terrenos en auténticas "barranqueras" prácticamente inútiles para la agricultura durante mucho tiempo.
Considerando que los hechos anteriores han puesto de manifiesto que la actual normativa establecida en el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote, que regula el "suelo rústico de protección natural de valor ecológico-malpaíses", no contempla la posibilidad de excepciones como consecuencia de situaciones ambientales debidas a causas de fuerza mayor, lo que hace aconsejable proceder a su modificación para que tengan cabida, en el régimen jurídico de estas zonas, este tipo de circunstancias.
Vistos los artículos 47 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y 10.2 de la Ley 11/1990, de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y previa deliberación del Gobierno en su reunión del día 13 de diciembre de 2005,
D I S P O N G O:
Artículo primero.- Suspender las determinaciones del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (Decreto 63/1991, de 9 de abril, modificado por los Decretos 89/2003, de 12 de mayo, y 176/2004, de 13 de diciembre) que regulan el "suelo rústico de protección natural de valor ecológico-malpaíses" [artículo 4.2.2.5.A).6] en la zona de Montaña Rodeos, término municipal de Tinajo, de tal manera que dicho lugar sirva para el acopio de materiales de préstamo con destino a las fincas agrícolas afectadas por la tormenta tropical "Delta", procediéndose al tiempo a la restauración del ámbito mencionado según las determinaciones del proyecto de "Restauración del área afectada por extracciones mineras en la Peña de Santa Catalina (Montaña Rodeos)", estableciéndose como normas sustantivas de ordenación aplicables transitoriamente en sustitución de las suspendidas, las siguientes:
1) La retirada de picón deberá limitarse a la Peña de Santa Catalina, no pudiendo desmotarse la colada de lava situada al este de la misma.
2) Las labores de restauración que se realicen simultáneamente a la retirada de picón deberán regularizar y suavizar las áreas afectadas por las antiguas extracciones, de forma que se restaure la antigua morfología de la Peña de Santa Catalina, si bien a una cota ligeramente inferior.
3) El Cabildo Insular de Lanzarote deberá asegurar la presencia de un vigilante ambiental, que controlará que las labores de restauración se ajusten a las presentes normas.
4) Al objeto de evitar la producción de polvo en suspensión, deberá procederse al riego del material antes de su remoción, así como de las pistas. De igual forma, los camiones de carga no podrán circular a una velocidad superior a 25km/h por las pistas.
5) Deberán efectuarse reconocimientos periódicos de los alrededores de la Peña de Santa Catalina, con el fin de comprobar si las labores de retirada y restauración afectan a las comunidades liquénicas allí existentes.
6) Finalizadas las labores de restauración, deberá procederse a la clausura de todas las pistas de acceso cuyo uso no esté previsto en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Los Volcanes (tenga vigencia o esté en tramitación).
7) El Cabildo Insular de Lanzarote deberá elaborar un informe mensual sobre el desarrollo de la restauración de picón en las fincas agrícolas afectadas, especificando las mismas.
8) En caso que la retirada de picón supere los 200.000 m3, deberá solicitarse previo informe de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias para continuar la actuación.
9) Durante el desarrollo de la actividad de extracción se analizarán otras alternativas (entre ellas, la retirada de picón derivada de movimientos de tierra de las obras públicas que se ejecutan en la Carretera de La Geria), si bien podrá continuarse la actuación si existen garantías de restauración.
10) Las labores de restauración se realizarán bajo dirección técnica.
11) Transcurrido un año se elaborará un informe sobre el resultado de la actuación que establezca las medidas compensatorias adecuadas.
12) El Cabildo Insular de Lanzarote efectuará inspecciones periódicas en garantía del patrimonio arqueológico existente en el entorno.
Artículo segundo.- Dar traslado al Cabildo Insular de Lanzarote a fin que se proceda a la modificación puntual del respectivo Plan Insular de Ordenación con el objeto de integrar las determinaciones de uso derivadas tanto de este tipo de circunstancias excepcionales como de la restauración ambiental resultante.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Única.- Se excluye la actuación prevista en el artículo primero del procedimiento de evaluación de impacto ecológico, ante la urgencia en dar comienzo a la misma.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 13 de diciembre de 2005.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Adán Martín Menis.
EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE
Y ORDENACIÓN TERRITORIAL,
Domingo Berriel Martínez.
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