BOC - 2005/246. Lunes 19 de Diciembre de 2005 - 4521

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4521 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 2 de diciembre de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Gina Zulma Marie de Paw interesada en el expediente nº 1613/02-U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Gina Zulma Marie de Paw en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1613/02-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Gina Zulma Marie de Paw la Resolución de fecha 24 de agosto de 2005, recaída en el expediente con referencia 1613/02-U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente sancionador instruido por este Centro Directivo para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. Gina Zulma Marie de Paw, por la ejecución de obras en suelo rústico, sin las preceptivas autorizaciones administrativas (calificación territorial y licencia municipal de obras) tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, obras consistentes en la construcción de una edificación de una planta de altura con una superficie total construida de 150 m2 aproximadamente destinada a cuadra de caballos, en el lugar conocido por "Margonzález (El Río)", en el término municipal de Arico.

Vistos el informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 30 de marzo de 2004, por Resolución nº 924 de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el siguiente día 19 de abril de 2004, se acordó la suspensión y precinto de las obras.

2.- Con fecha 19 de mayo de 2004 se efectuó el precinto de las obras, habiéndose llevado a efecto con fechas 22 de julio de 2004 y 12 de noviembre de 2004, sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras se encontraban en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia de precinto.

Con fecha 4 de abril de 2005 se realizó informe por el Servicio Técnico, valorándose la misma al 50% de su estado constructivo en la cantidad de trece mil ciento veintitrés euros con cincuenta céntimos (13.123,50 euros).

3.- Con fecha 24 de agosto de 2005 se dictó la Resolución nº 2935 por la que se incoaba el correspondiente procedimiento sancionador al interesado como presunto responsable de una infracción que está tipificada conforme el artículo 202.3.b) del mencionado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203 del mismo texto legal, con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente todo lo cual fue notificado en dicha Resolución, con la advertencia expresa de que la misma sería considerada como Propuesta de Resolución si fuera reconocida por el interesado su responsabilidad, o no presentara alegación alguna, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Con fecha 13 de septiembre de 2005 se dictó la Resolución nº 3135, por la que se acuerda publicar la Resolución nº 2935 de incoación del presente procedimiento sancionador, al haberse intentado su notificación por vía postal siendo infructuosos los dos intentos correspondientes.

El pasado día 22 de septiembre de 2005 salió publicada la antes citada Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

4.- La interesada no ha presentado alegaciones dentro de los plazos legales contra la Resolución nº 2935 dictada por esta Agencia con fecha 24 de agosto de 2005, por la que se acuerda la incoación del presente expediente sancionador.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 de la Ley 9/1999, refundida en el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación al artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren Calificación Territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del citado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

III.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202 del citado Decreto Legislativo 1/2000, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203 del mismo Texto Legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, no apreciándose en el presente supuesto circunstancias agravantes ni atenuantes de la responsabilidad sancionadora.

IV.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubique o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación Territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

V.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobada por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de trece mil ciento veintitrés euros con cincuenta céntimos (13.123,50 euros), a Dña. Gina Zulma Marie de Paw en calidad de promotora de las obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del mismo texto legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir a la interesada para que en el plazo de un mes, presente ante esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir a la interesada que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del citado Decreto Legislativo.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a la interesada y al Ayuntamiento de Arico.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, en Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 2 de diciembre de 2005.- El Director Ejecutivo, la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.



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