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BOC Nº 246. Lunes 19 de Diciembre de 2005 - 1734

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1734 - ORDEN de 5 de diciembre de 2005, por la que se declara la caducidad del procedimiento de declaración, como nuevo Espacio Natural Protegido del Parque Natural Marino de Las Ballenas.

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Examinado el expediente administrativo nº 121/02 L relativo a la declaración del Parque Natural Marino de Las Ballenas, en el espacio marítimo interinsular existente entre las islas de Tenerife y La Gomera, tramitado por la Secretaría General Técnica de esta Consejería; a la vista de la propuesta formulada por la Ilma. Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente, se formulan los siguientes

ANTECEDENTES

Mediante Orden de este Departamento nº 94, de 8 de marzo de 2002, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 45, de 8 de abril de 2002, se inicia de oficio el procedimiento de declaración del Parque Natural Marino de Las Ballenas, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 241.2 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

El artículo 240.1 del citado Texto Refundido establece que la declaración de los Parques Naturales debe realizarse por Ley del Parlamento de Canarias.

Por su parte, el artículo 241 de dicho Texto Refundido establece un régimen cautelar de protección, consistente en que durante la tramitación de la declaración de un Espacio Natural Protegido, no pueden realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los objetivos de dicha declaración. Por tanto, en el ámbito propuesto para su declaración como espacio natural protegido, hasta el momento de la declaración definitiva, está prohibido el otorgamiento de cualquier autorización, licencia o concesión sin informe favorable de esta Consejería.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

El artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Habiendo transcurrido el plazo de tres meses previsto en el artículo 42.3 de la citada Ley 30/1992, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 del mismo texto legal, sin que haya recaído resolución que ponga fin al procedimiento, procede declarar la caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 de la citada Ley 30/1992 (notificación a los interesados y, en su caso, publicación, así como la procedencia de los recursos pertinentes contra la resolución que declare la caducidad).

Visto el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que se delegan determinadas competencias en los titulares de los departamentos, que delega en el titular de este Departamento la resolución de caducidad en procedimientos de declaración de espacios naturales protegidos.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

Declarar la caducidad del procedimiento de declaración del Parque Natural Marino de las Ballenas, acordando el archivo de las actuaciones, procediéndose a la notificación a cuantos aparecen interesados en el procedimiento, así como a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Las Palmas de Gran Canaria, o bien a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de diciembre de 2005.

EL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

Y ORDENACIÓN TERRITORIAL, p.d.

(Decreto 47/2005, de 5 de abril;

B.O.C. nº 69, de 8.4.05),

Domingo Berriel Martínez.

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