BOC - 2005/239. Miércoles 7 de Diciembre de 2005 - 4396

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

4396 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de noviembre de 2005, que notifica Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías de 5 de octubre de 2005, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Suárez Amador, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 2 de marzo de 2005, recaída en el expediente FE 03/89, relativa a facturaciones de suministro eléctrico.

Descargar en formato pdf

Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Tenarra, S.A., la Resolución de 5 de octubre de 2005 (libro 01, nº reg. 157/05, folio 89), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Suárez Amador, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 2 de marzo de 2005, recaída en el expediente FE 03/89, relativa a facturaciones de suministro eléctrico.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Mogán para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías de fecha 5 de octubre de 2005, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Suárez Amador, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 2 de marzo de 2005, recaída en el expediente FE 03/89, relativa a facturaciones de suministro eléctrico.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Suárez Amador, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 2 de marzo de 2005, recaída en el expediente FE 03/89, relativa a facturaciones de suministro eléctrico, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 27 de octubre de 2003, la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. presentó escrito de reclamación contra la empresa Tenerra, S.A., por medio del cual viene a solicitar la comprobación del equipo de medida del contador combinado activo-reactivo instalado en su suministro, ya que en las facturaciones emitidas correspondientes al período comprendido entre las fechas 23 de junio de 1999 y 7 de agosto de 2003, se han facturado cantidades inferiores a las debidas a causa de un error administrativo, al aplicarse la constante de lectura 60 en vez de 150 para la obtención del cálculo de energía y potencia.

Segundo.- Con fecha 13 de mayo de 2004, el Ingeniero Técnico Industrial adscrito a la Dirección General de Industria y Energía procedió a constatar los datos del contador nº 23464436 en el domicilio del abonado, comprobando que tiene un factor multiplicador de 150.

Tercero.- Con fecha 2 de marzo de 2005, el Jefe del Servicio de Instalaciones Energéticas, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dictó resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

1. "Que el contador del abonado tiene un factor multiplicador de 150."

2. "Que las facturaciones objeto de la presente reclamación no son correctas."

3. "Que la empresa distribuidora proceda al cobro de un año como tope máximo de facturación, contado desde la fecha 13 de mayo de 2004."

4. "Que se fraccione el pago de la deuda en un plazo máximo de un año."

5. "Que, existiendo antecedentes de los hechos, se dé traslado al órgano competente por si procediera la incoación de expediente sancionador a la empresa distribuidora."

Cuarto.- Con fecha 4 de abril de 2005, la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. presentó recurso de alzada, por medio del cual viene a manifestar lo siguiente:

1. La entidad recurrente manifiesta su disconformidad en lo que atañe a lo declarado por la empresa Tenerra, S.A. respecto a que no se le había advertido sobre la existencia de esas facturaciones incorrectas, por cuanto se intentó poner estos hechos por dos veces en conocimiento de la mercantil Tenerra, S.A. con resultado infructuoso.

2. La entidad recurrente sostiene que es de aplicación preferente el artículo 96.2 del Real Decreto 1.955/2000, por ser una disposición posterior en el tiempo, y de igual rango normativo, el artículo 13 del Real Decreto 385/2002, de 26 de abril, a cuyo tenor literal: "Las averías de los equipos de medida darán lugar a nuevos registros de medida que podrán conducir a nuevas liquidaciones. Cuando sea posible dicha determinación, las correcciones no podrán extenderse más allá de los tres meses anteriores a la petición de la verificación o a la detección del defecto, respectivamente. En ningún caso las nuevas liquidaciones darán lugar a la modificación de las liquidaciones efectuadas por el operador del mercado que hubieran adquirido la condición de definitivas. En este supuesto, las liquidaciones nuevas se realizarán de acuerdo a lo que a tal efecto se establezca en las reglas de funcionamiento del mercado de electricidad, tomando como base el precio final del horario correspondiente. Los cobros y pagos que resulten de dicha liquidación se imputarán a los distribuidores en proporción a la energía adquirida o circulada en los últimos seis meses, o en su caso, en el plazo al que se refiera la liquidación siempre que sea inferior al de seis meses".

Por tanto, el citado artículo 13 establece dos premisas para la refacturación:

- En los casos en que sea posible determinar la fecha en la que se produjo el funcionamiento incorrecto, desde esa fecha.

- En los casos en los que no sea posible dicha determinación, la refacturación abarcará un período máximo de tres meses.

3. El artículo 13 del Real Decreto 385/2002 viene referido específicamente a los supuestos de un funcionamiento incorrecto de los equipos de medida motivados por una avería, si bien la empresa distribuidora entiende que es posible extender este supuesto cuando la causa de las facturaciones incorrectas obedece a un error administrativo, por cuanto el artículo 96.2 del Real Decreto 1.955/2000, aplicaba el mismo tratamiento legal tanto a los supuestos de funcionamiento incorrecto de los equipos de medida como en los casos de error administrativo.

4. La parte recurrente no está de acuerdo tampoco con el período a refacturar comprendido entre el 13 de mayo de 2003 hasta el 13 de mayo de 2004, por cuanto la Administración debió haber fijado el inicio del período a refacturar desde la fecha en la que quedó resuelta la anomalía descrita en este expediente, y que viene a coincidir con la fecha en la que se presentó la reclamación. El fijar una fecha determinada para el cálculo de la refacturación haciéndola coincidir en este caso con la fecha de la visita de inspección realizada por los servicios técnicos al suministro cuestionado, no sólo dan lugar a la manifiesta irregularidad anteriormente descrita en el sentido de que esta entidad dejaría de percibir ocho meses de cantidades a las que tiene legalmente derecho a reintegrarse, sino que además puede dar lugar a situaciones manifiestamente injustas según la mayor o menor celeridad de esa Administración en girar la visita de inspección solicitada, y según cuál sea el motivo por el que se produce la facturación incorrecta.

5. Por todo ello, la parte recurrente solicita que se le reconozca el derecho de la entidad recurrente a girar refacturación complementaria por las cantidades dejadas de percibir por el período comprendido entre el 23 de junio de 1999 hasta el 7 de agosto de 2003, o en su defecto, que se fije el período de la refacturación en un año a computar desde que la anomalía quedó corregida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico, y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- La resolución recurrida tienen su fundamentación jurídica en la aplicación del artículo 96.2 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía eléctrica. Este precepto reglamentario dispone literalmente lo siguiente: "En el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a efectuar una refacturación complementaria. Para los consumidores cualificados u otros sujetos cualificados, si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el período a rectificar de un año (...). En el caso de que el error sea de tipo administrativo, los cobros o devoluciones tendrán el mismo tratamiento que el señalado anteriormente."

En este sentido, conviene recordar que el artículo 19.1 del Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, establece que: "A partir del 1 de enero del año 2003, todos los consumidores de energía eléctrica tendrán la consideración de consumidores cualificados". En los mismos términos se expresa el apartado segundo del artículo único del Decreto Territorial 205/2000, de 30 de octubre: "A partir del 1 de enero de 2003, todos los consumidores de energía eléctrica tendrán la consideración de consumidores cualificados".

Tercero.- El recurso de alzada puede prosperar, parcialmente, y ello en base a los siguientes razonamientos:

1. El alegato de la empresa recurrente de que procede la aplicabilidad al presente caso del artículo 13 del Real Decreto 385/2002, no puede ser tomado en consideración, y ello por los siguientes motivos:

a) En primer lugar, hay que señalar que el Título VI del Real Decreto 1.955/2000 regula todos los aspectos esenciales del contrato de suministro, tales como facturaciones, pago y suspensión del suministro, resolución de los contratos, medidas y control, por tanto, hay que entender que esta regulación reglamentaria resulta ser más específica para el caso que nos ocupa que el Real Decreto 385/2002 invocado por la entidad recurrente, el cual versa sobre los puntos de medida de los consumos, pero desde una vertiente exclusivamente técnica, y en consecuencia, ajena al contrato de suministro. En consecuencia, y mientras siga en vigor el Real Decreto 1.955/2000, las cuestiones que se susciten en materia de facturaciones de suministro eléctrico deben ser resueltas al amparo del Real Decreto 1.955/2000.

b) Por otra parte, el artículo 13 del Real Decreto 385/2002 sólo regula las averías de los equipos de medida como única causa que podrá originar nuevas liquidaciones, quedando fuera el supuesto de facturaciones incorrectas por error administrativo. En el caso que nos ocupa, se facturan unas cantidades inferiores a las debidas por un error administrativo consistente en aplicar incorrectamente el factor multiplicador, por tanto, y de estimarse la tesis de la empresa distribuidora, tampoco se podría aplicar el precitado artículo 13, al no darse en este caso el supuesto de hecho que contempla dicho precepto reglamentario, esto es, la avería del equipo de medida.

2. En cuanto a la disconformidad con el período de facturación manifestada por el recurrente, reiteramos que la normativa aplicable (artículo 96 del Real Decreto 1.955/2000) establece el período máximo de un año para rectificar las cantidades inferiores a las debidas. Ahora bien, nos parece correcto tomar como dies a quo de este período, el momento en que quedó corregida la anomalía, tal y como alega el recurrente. Y ello porque así se cumple el sentir del propio artículo cuando dice que "la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error".

De esta manera, si siguiéramos el criterio fijado en la resolución que se impugna, resultaría que del período fijado (13 de mayo de 2004-13 de mayo de 2003) sólo hay un error real de facturas en un período inferior (mayo de 2003 a septiembre de 2003); puesto que desde septiembre de 2003 Unelco procedió a corregir el error y a facturar correctamente o sea que sólo se beneficiaría de unos cuatro meses de refacturación real (mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2003), sin llegar pues a cumplir el año completo previsto en la norma.

Así se produciría un enriquecimiento injusto de detrimento de Unelco en relación al servicio prestado y a la remuneración recibida, por quedar desvirtuado el artículo mencionado, ya que el año debe incluir "los meses en que hubo error".

Por todo ello, el período del año de rectificación debe comenzar en septiembre de 2002 y acabar en septiembre de 2003.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Suárez Amador, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 2 de marzo de 2005, recaída en el expediente FE 03/89, relativa a facturaciones de suministro eléctrico, en lo que se refiere al período de refacturación que será de un año a contar desde septiembre de 2003, anulando pues el apartado 3º de la citada Resolución, manteniendo sin embargo los restantes apartados en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Jorge M. Rodríguez Díaz.



© Gobierno de Canarias