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BOC Nº 239. Miércoles 7 de Diciembre de 2005 - 1676

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia y Justicia

1676 - ORDEN de 28 de noviembre de 2005, por la que se resuelve la convocatoria del concurso para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la adquisición de determinados signos externos de identificación que configuran la apariencia externa de las Policías Locales de Canarias y de medios defensivos no inventariables.

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Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Seguridad y Emergencias relativo a la convocatoria de concurso para la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la adquisición de determinados signos externos de identificación que configuran la apariencia externa de las Policías Locales de Canarias y de medios defensivos no inventariables.

Vista la propuesta de resolución formulada por el Director General de Seguridad y Emergencias.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1º) Por Orden nº 94, de fecha 29 de marzo de 2005, de la entonces Consejera de Presidencia y Justicia, modificada mediante Orden nº 174, de 12 de mayo del mismo año, se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2005 de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

2º) Mediante Orden del Consejero de Presidencia y Justicia de 8 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº 179, de 12.9.05), modificada por Órdenes de 26 del mismo mes (B.O.C. nº 194, de 3.10.05), y de 31 de octubre de 2005 (B.O.C. nº 220, de 9.11.05), se convocaron subvenciones genéricas destinadas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la adquisición de determinados signos externos de identificación que configuran la apariencia externa de las Policías Locales de Canarias y de medios defensivos no inventariables, aprobándose las bases reguladoras de las mismas.

3º) Examinadas las solicitudes y documentación presentadas, se procedió a requerir a aquellos interesados cuyas solicitudes no reunían los requisitos señalados en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los exigidos por la normativa específica aplicable, confiriéndoles un plazo de diez días para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos en cumplimiento del artículo 71 de la referida Ley estatal básica.

4º) Evaluadas las solicitudes conforme a los criterios de valoración recogidos en la base 6 de la convocatoria, se formuló la correspondiente propuesta de resolución por el Director General de Seguridad y Emergencias.

5º) Con fecha 28 de noviembre de 2005, se emite informe favorable relativo a la fiscalización previa limitada de la Intervención Delegada de la Consejería de Presidencia y Justicia, con la salvedad de que se excluyan del anexo I (solicitudes estimadas) las relativas a los Ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Mogán (Gran Canaria), por no cumplir con lo exigido en el artículo 25.3 del Decreto 337/1997, modificado por Decreto 103/2000, de 12 de junio, que le impide recibir nuevas subvenciones.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 9 de la Ley Territorial 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, extiende la actividad de coordinación a la promoción de la homogeneización de los distintos Cuerpos en materia de medios técnicos y de defensa, uniformes, acreditación, régimen retributivo, distinciones y recompensas.

Segunda.- La Disposición Adicional Tercera de la Orden de 3 de abril de 2003, por la que se establecen los contenidos mínimos para la homogeneización de los signos externos de identificación de las Policías Locales de Canarias (B.O.C. nº 71, de 11.4.03), establece que se podrán conceder ayudas y subvenciones para la adquisición por parte de las respectivas Corporaciones locales, de los signos externos de identificación que configuran la apariencia externa de las Policías Locales de Canarias.

Tercera.- El artículo 52.4 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que los órganos departamentales competentes para otorgar las ayudas o subvenciones son los Consejeros.

En idéntico sentido, el artículo 5.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, atribuye a los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma la competencia para conceder ayudas y subvenciones.

Cuarta.- Los artículos 68.h) y 69.a) del Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, atribuyen al Director General de Seguridad y Emergencias, respectivamente, las funciones de propuesta de concesión de ayudas y subvenciones en materia de seguridad y emergencias, y de homogeneización y coordinación de las Policías Locales, tanto en el entorno administrativo como operativo, en los términos previstos en la Ley de Coordinación de Policías Locales y demás normativa aplicable.

Quinta.- La sustanciación del procedimiento seguido para la concesión de las presentes subvenciones se ha ajustado a las normas procedimentales de carácter básico contenidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el referido Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, así como a las previsiones recogidas en las bases de la convocatoria, de acuerdo con las normas de procedimiento administrativo común.

Asimismo la resolución del presente procedimiento se produce dentro del plazo máximo previsto en la base 7.6 de la convocatoria, fijado hasta el día 30 de noviembre de 2005, conforme a las modificaciones operadas por las Órdenes departamentales de 26 de septiembre y de 31 de octubre de 2005.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, el informe favorable de la Intervención Delegada de la Consejería de Presidencia y Justicia y en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Solicitudes de subvención estimadas.

Estimar las solicitudes de subvención correspondientes a los beneficiarios relacionados en el anexo I de la presente Orden, por los importes y para las actuaciones que se consignan en el mismo, quedando el otorgamiento de las citadas subvenciones condicionado al cumplimiento de las condiciones generales que se señalan en la presente resolución.

Segundo.- Solicitudes de subvención inadmitidas.

Inadmitir las solicitudes presentadas por los Ayuntamientos de Vallehermoso y Arrecife de Lanzarote, por haber sido presentadas fuera del plazo prevenido en la base 5, apartado 3º, de la convocatoria.

Tercero.- Solicitudes de subvención desestimadas.

Desestimar, por las razones que se expresan, las solicitudes de subvención presentadas por los interesados que se enumeran en el anexo II.

Cuarto.- Interesados desistidos de su petición.

Tener por desistidos de su petición a los interesados que se relacionan en el anexo III, por los motivos que se indican.

Quinto.- Financiación presupuestaria.

Las subvenciones concedidas se abonarán con cargo a la aplicación presupuestaria 08.19.222 A.450.00. P.I/L.A. 08413002, denominado "Coordinación operativa de las Policías Locales", del Presupuesto de Gastos de la Consejería de Presidencia y Justicia para el año 2005, por un importe de 500.000,00 euros.

Sexto.- Plazos.

El plazo máximo que tendrán los beneficiarios para la realización de la actividad finalizará el 15 de diciembre de 2005.

Por su parte, el plazo máximo en el que los beneficiarios deberán justificar la subvención recibida y acreditar la realización de la actividad y el coste real de la misma finalizará el 20 de diciembre de 2005.

Séptimo.- Justificación de las subvenciones.

A los efectos del cumplimiento de la obligación de justificación de las subvenciones concedidas, los beneficiarios de las mismas deberán acreditar, mediante certificación expedida por el correspondiente órgano de fiscalización municipal, los siguientes extremos:

a) Que la actividad subvencionada ha sido realizada conforme a las condiciones fijadas en las bases de la convocatoria y en la presente resolución.

b) El coste real de dicha actividad.

c) La determinación de los medios de financiación, propios o ajenos, empleados para el desarrollo de la misma.

Octavo.- Abono de las subvenciones.

El abono de las subvenciones se efectuará en su totalidad, mediante transferencia bancaria, una vez acreditada, sin necesidad de requerimiento previo, la realización de la actividad que motivó su concesión de conformidad con lo prevenido en el apartado anterior.

Noveno.- Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios quedan sujetos a las siguientes obligaciones:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar a la Consejería de Presidencia y Justicia, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los términos exigidos en la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la referida Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

El beneficiario no podrá emplear los fondos recibidos por este concepto en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Asimismo y con las exclusiones anteriormente señaladas, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.

Se consideran personas o entidades vinculadas:

a) En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del Impuesto sobre Sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo.

b) En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges.

Para asegurar estos extremos, el beneficiario especificará en el certificado de justificación que no ha empleado los fondos recibidos en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados.

Además el beneficiario deberá cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003 y en concreto con la obligación de dar adecuada publicidad del carácter público de la financiación.

Décimo.- Modificación de la Resolución de concesión.

1. La Consejería de Presidencia y Justicia modificará la resolución de concesión de la subvención cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención concedida:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma o por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

2. La Consejería de Presidencia y Justicia podrá acordar, asimismo, a solicitud del interesado y previo informe del órgano competente de la Intervención General, la modificación de las resoluciones de concesión de las subvenciones, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificación solicitada esté comprendida dentro de la finalidad prevista en la línea de actuación o proyecto de inversión prevista en la Ley de Presupuestos y de las actividades o conductas previstas en las bases de la convocatoria.

b) Que las circunstancias que justifican la modificación no hayan dependido de la voluntad del beneficiario inicial.

c) Que la modificación no afecte al principio de concurrencia.

d) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación o disminuido la cuantía de la subvención concedida.

Undécimo.- Incumplimientos.

Los criterios de graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas en la presente Orden de concesión, son los siguientes, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera establecerse a posteriori por el órgano competente:

- Incumplimiento total de los fines, objeto de subvención, así como de la obligación de justificar: 100%.

- Incumplimiento parcial de los fines, objeto de subvención, inferior al 75%: la parte proporcional no ejecutada.

- Incumplimiento del plazo de presentación de la justificación: 10%.

- Incumplimiento del tiempo previsto para la ejecución del proyecto, sin prórroga autorizada: 20%.

- Modificación total del proyecto, no autorizada previamente: 100%.

- Modificación parcial del proyecto, no autorizada previamente: la parte proporcional de dicha modificación.

Duodécimo.- Reintegro.

No será exigible el abono de la subvención o, en su caso, procederá el reintegro de las cantidades percibidas, cuando concurran algunos de los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, o en el artículo 35 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Decimotercero.- Normativa aplicable.

Para lo no previsto en la presente resolución se estará a lo dispuesto en las bases que rigen la convocatoria, aprobadas por Orden del Consejero de Presidencia y Justicia de 8 de septiembre de 2005 (B.O.C. nº 179, de 12.9.05), modificada por Orden de 26 de septiembre del mismo año (B.O.C. nº 194, de 3.10.05), así como en la normativa reguladora de subvenciones, en especial, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley territorial 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias; y el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Contra la presente Orden departamental podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de que, con carácter previo a la interposición de dicho recurso, se formule requerimiento ante el Consejero de Presidencia y Justicia en los términos y plazos previstos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de noviembre de 2005.

EL CONSEJERO DE

PRESIDENCIA Y JUSTICIA,

José Miguel Ruano León.

Ver anexos - páginas 23323-23332

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