Intentada la notificación personal al interesado no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la vigente Ley 30/1992, de 6 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. Alfredo Falcón Guerra, con fecha 19 de octubre de 2005.
Rfa. procedimiento sancionador nº 102230-O-2004.
Cúmpleme comunicarle que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 6 de octubre de 2005, ha resuelto lo siguiente:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- La entidad Hurtado Barbeito Construcciones, S.L., mediante escrito presentado con fecha 9 de agosto de 2005, ha interpuesto recurso de reposición en el expediente sancionador antes referenciado, seguido contra D. Alfredo Falcón Guerra; en el cual recayó Resolución con fecha 23 de junio de 2005, dictada por el Consejero de Turismo y Transporte, y notificada al interesado con fecha 25 de julio de 2005, por la que se resolvió sancionarle por infracción grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- La recurrente fundamenta su pretensión anulatoria del acto recurrido manifestando, en síntesis, que D. Alfredo Falcón Guerra, trabajador de la empresa, conducía el vehículo cuando fue objeto de control; que el vehículo pertenece a la empresa dedicada a la construcción, y que posee autorización para ello, que se encontraba en trámites de renovación en ese momento; por lo cual considera que los hechos acaecidos no son constitutivos de la infracción que se le imputa. Aporta Minuta de la Gestoría Calonge & Jiménez por el encargo de la tramitación de la renovación de tarjeta.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, son procedentes las siguientes consideraciones:
Se analiza en primer lugar la legitimación del recurrente para la interposición del recurso. La Entidad recurrente, cuya personalidad jurídica no acredita, refiere que el titular sancionado es trabajador de la empresa y que el vehículo pertenece a la empresa; al recurso acompaña escrito de Gestoría que le tramita la renovación de la tarjeta de transportes del vehículo sancionado.
Además de la falta de acreditación de la personalidad, lo cual constituye un defecto de carácter subsanable, se advierte la falta de legitimación del recurrente por el hecho de que el titular sancionado sea empleado de la empresa, toda vez que la supuesta relación jurídico-laboral entre ambos no le autoriza a actuar en su representación legal.
Tras examinar el expediente de autorización del vehículo, al objeto de comprobar la titularidad del mismo, la cual pudiera determinar la legitimación de la Entidad recurrente en su condición de titular del vehículo sancionado, se comprueba que dicho vehículo pertenece al titular al que se han dirigido las actuaciones del procedimiento sancionador, por lo cual tampoco por dicha invocación puede resultar legitimado para la actuación revisora instada.
Por ello, de conformidad con los artículos 113.1 y 31.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC), procede la inadmisión a trámite el recurso interpuesto por falta de legitimación de la Entidad recurrente.
Cuarto.- No obstante lo anterior, al consultar el expediente de autorización del vehículo pudo comprobarse que el vehículo sancionado se encuentra autorizado mediante Resolución conjunta dictada por el Consejero de Turismo y Transportes con fecha 27 de abril de 2005, con Registro de Salida de esta Corporación nº 14.260, de 4 de mayo de 2005.
Por lo cual, teniendo en cuenta que el inicio del procedimiento sancionador fue notificado mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 27 de abril de 2005, y lo dispuesto en el artº. 142.8 de la LOTT, se estima que corresponde la reducción de la sanción impuesta a doscientos un (201) euros [artº. 143.1.b) de la LOTT].
Por lo expuesto, de acuerdo con el artº. 105.1 de la citada LRJAP y PAC, se estima procedente revocar parcialmente la resolución sancionadora,
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.
ACUERDA:
Revocar parcialmente la resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 23 de junio de 2005, recaída en el procedimiento sancionador nº GC-102230-O-2004, seguido contra D. Alfredo Falcón Guerra, reduciendo la cuantía de la sanción impuesta a 201 euros."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviembre de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
© Gobierno de Canarias