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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Maquinaria Hermanos Ascanio, S.L., con fecha 15 de septiembre de 2005.
Rfa. procedimiento sancionador nº GC-101638-O-04.
Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 6 de octubre de 2005, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador arriba referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición con fecha 15 de septiembre de 2005, contra la Resolución recaída en el procedimiento sancionador antes referenciado, dictada por el Consejero de Turismo y Transportes con fecha 19 de julio de 2005, y notificada con fecha 17 de agosto de 2005, por la cual se resolvió sancionarle por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión anulatoria del acto recurrido manifestando, en síntesis, que no está conforme con la relación fáctica ni con la calificación jurídica del hecho, puesto que es incierto que en el momento en que fue objeto de control portara ningún tipo de mercancía peligrosa, ya que en dicho momento se encontraba vacío, motivo por el cual no tenía por qué llevar carta de porte. Que de la denuncia no se desprende que el Agente comprobara la existencia de la mercancía. Que el vehículo está destinado exclusivamente al transporte privado de gasoil para suministro de otros vehículos de su propiedad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.
Cuarto.- Sobre las cuestiones planteadas por el recurrente son procedentes las siguientes consideraciones:
Tras el examen del expediente a la vista de las manifestaciones del recurrente, cabe decir que consta en el mismo la denuncia, en la cual se refiere como hecho denunciado: "Encontrarse averiado en el lugar antes reseñado sin notificar dicha avería a los servicios de emergencia, transportando mercancía peligrosa (UN 1202, gasóleo, 3, GE III).- Transporta en un GRG de plástico (31 H) 200 litros de gasóleo en el interior de un remolque ligero, arrastrado por el vehículo tractor, desde Telde hasta Tafira careciendo de carta de porte e instrucciones escritas". Asimismo consta informe de la Jefatura de Tráfico, del que se desprende que el vehículo es del titular sancionado. Igualmente, que el acuerdo de incoación del procedimiento le fue notificado (con fecha 16 de febrero de 2005, según Certificación del Servicio de Correos), y que la entidad imputada no formuló alegaciones en oposición al mismo.
Que la denuncia ha sido formulada por Agente de la Guardia Civil de Tráfico perteneciente al Subsector de Transportes.
Que conforme establece el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP y PAC), en relación con el artº. 211 del Reglamento que desarrolla la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT), los hechos constatados por tales funcionarios tienen valor probatorio, y los mismos no fueron cuestionados cuando se le notificaron los cargos a que tales hechos dieron lugar.
Que los hechos expuestos no resultan desvirtuados por las meras alegaciones en contrario del recurrente, ni con los documentos que aporta con el recurso.
Por todo lo cual, la resolución recurrida se considera ajustada a derecho.
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.
ACUERDA:
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por Dña. Pino Ascanio Sánchez, en representación de la entidad Maquinaria Hermanos Ascanio, S.L., con fecha 15 de septiembre de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-101638-O-2004, confirmando y manteniendo la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes que impuso la sanción de 2.001,00 euros."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
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