No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles la Resolución recaída en los expedientes incoados contra las mismas, por infracción a la normativa en materia de consumo, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruidos por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
2.- Remitir a los Ayuntamientos de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
1) RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/10/2005.
RESPONSABLE: Modas Arcan, S.A.
D.N.I. o N.I.F.:A35749886.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de noviembre de 2004, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Ossira, propiedad de Modas Arran, S.A., sito en el Centro Comercial El Muelle, local 30, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y mediante acta levantada al efecto nº 718 , se comprueba que las Hojas de Reclamaciones no tenían cumplimentados los datos del establecimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartado 1, letra b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el artº. 2.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
ACUERDO:
Imponer a Modas Arcan, S.A. la sanción de multa de 240,00 euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2) RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/19/2005.
RESPONSABLE: Kentya, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35076173.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de noviembre de 2004, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Kentya Mare, propiedad de Kenteya, S.L., sito en la zona comercial del Hotel Costa Meloneras, planta alta, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y mediante acta levantada al efecto nº 732, se comprueba que las Hojas de Reclamaciones no tenían cumplimentados los datos del establecimiento y que el cartel anunciador de su existencia no estaba en lugar visible.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartado 1, letra b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 2.2 y 3.2 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones, el día 6 de junio de 2005 manifestando en síntesis:
"Que dicho cartel anunciador se encuentra en lugar visible, adjuntando pruebas fotográficas de las puertas principales, donde indica "a todas luces se puede constatar su presencia", indicando que la empresa Kentya, S.L., no es responsable del procedimiento iniciado equivocadamente, debiendo procederse a su archivo definitivo".
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que el hecho de carecer de Hojas de Reclamaciones debidamente cumplimentadas, y la situación alegada, no le exime de la responsabilidad de carecer de ellos y por tanto de su cumplimiento, sin perjuicio de entrar en el análisis de las alegaciones, de lo cual podemos afirmar:
Es fundamental tener presente que cuando el artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, de 25 de abril de 1994, establece "la obligatoriedad de disponer de Hojas de Reclamaciones en todos los establecimientos comerciales, así como de los carteles anunciadores de su existencia", implícitamente está exigiendo que tales documentos existan desde el preciso instante de la apertura del comercio y a la vista del consumidor, en lugar visible, sin perturbación, y con los datos de identificación del establecimiento debidamente cumplimentados.
La Ley exige, en definitiva, que no se desarrolle actividad comercial alguna sin el cumplimiento de los requisitos correspondientes, entre los que se encuentran el de tener a la disposición de los clientes las Hojas de Reclamaciones normalizadas y cumplimentadas. Y lógicamente, su incumplimiento pone de manifiesto que está infringiendo la Ley de manera patente y asume el riesgo de sufrir las consecuencias jurídicas derivadas de tal incumplimiento.
En cuanto a la solicitud de archivo del expediente, alegando que se ha incoado un procedimiento equivocado, procede poner de manifiesto que los principios que emanan de los artículos 24 y 25 CE, la presunción que deriva de las actas de inspección de consumo no se evidencia una presunción iuris et de iure ya que expresamente admite prueba en contrario.
En cualquier caso es un medio probatorio válido en derecho, no indiscutible, ni excluyente de otros medios de prueba, ni preferente a su valoración, sino de un primer medio de prueba sobre los hechos que constan en el acta que no alcanza a calificaciones jurídicas ni juicios de valor, ni a los posteriores informes y que puede ceder ante otras pruebas, por lo que no supone una inversión del onus probandi, sino un desplazamiento de la carga de probar, contra el acto de prueba aportado por la Administración, la cual goza del privilegio de la presunción, lo que tiene su justificación por la existencia de una actividad objetiva de comprobación realizada por órganos de la Administración de actuación especializada, en aras del interés público y con garantías encaminadas a asegurar la necesaria imparcialidad; siendo por ello bastante para desvirtuar la presunción de inocencia y para trasladar a la parte que niega los hechos la carga de desvirtuarlos.
El reproche de improcedencia de la sanción por presunción de falta de existencia de responsabilidad administrativa que formula el actor no puede ser compartido, ya que la misma se ha impuesto objetivamente y dentro del grado establecido, como puede comprobarse fácilmente.
Procede, por cuanto razonado queda, desestimar las alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), y en el artículo 39 apartado 2) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
ACUERDO:
Imponer a Kentya, S.L. la sanción de multa de 240,00 euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
3) RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/35/2005.
RESPONSABLE: Cumbres Canarias, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B35091990.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 3 de diciembre de 2004, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Cumbres Canarias, propiedad de Cumbres Canarias, S.A., sito en la calle León y Castillo, 143, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto nº 572 y Protocolo Anexo enumerado del 1 al 2, que se incorpora a la misma, se comprueba que tiene para su venta fabada asturiana, de la marca Louriño, careciendo de la preceptiva indicación del precio por unidad de medida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartado 1, letra b) y c), artículos 12, apartado 4 y 40.4.a) y d) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
ACUERDO:
Imponer a Cumbres Canarias, S.L. la sanción de multa de 600,00 euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de octubre de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
4) RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/60/2005.
RESPONSABLE: Celestino Amador Cabrera.
D.N.I. o N.I.F.: 42026248G.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 24 de enero de 2005, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Despacho profesional de Arquitectura, propiedad de D. Celestino Amador Cabrera, sito en la calle Luis Doreste Silva, 3, 1º, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta de inspección al efecto levantada nº 828, procedieron a cumplimentar denuncia de la Unidad de Consumo de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria respecto a la carencia en este establecimiento de las Hojas de Reclamaciones y el cartel anunciador de la disponibilidad de las mismas.
Al respecto, se comprobó que no tenía disponibles para los consumidores y usuarios las preceptivas Hojas de Reclamaciones ni exhibía en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las mismas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artº. 3, apartado 1, letra b) y c), artículos 27, 40, apartado 4, letra g) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: presentó escrito de alegaciones por correo certificado el día 28 de julio de 2005, manifestando, en síntesis:
"Que la defensa de los consumidores y usuarios en el supuesto de profesionales colegiados se realiza a través de los propios colegios, que de lo contrario se contaría con dos leyes que regulan un mismo régimen disciplinario en defensa del consumidor, y que su gestión no corresponde a esta Consejería por su especialidad, además de que dicho expediente ha prescrito, solicitando se archive el expediente."
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: las alegaciones del interesado no modifican la calificación jurídica de los hechos vertida en el Acuerdo de iniciación y en la Propuesta de Resolución, por cuanto que el hecho de carecer de Hojas de Reclamación y cartel anunciador en lugar visible y la situación alegada, no le exime de la responsabilidad de carecer de ellos y por tanto de su cumplimiento.
Es fundamental tener presente que cuando el artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias, de 25 de abril de 1994, establece "la obligatoriedad de disponer de Hojas de Reclamaciones en todos los establecimientos comerciales, así como de los carteles anunciadores de su existencia", implícitamente está exigiendo que tales documentos existan desde el preciso instante de la apertura del comercio y a la vista del consumidor, en lugar visible, sin perturbación, y con los datos de identificación del establecimiento debidamente cumplimentados.
La Ley exige, en definitiva, que no se desarrolle actividad comercial o prestación de servicio alguno sin el cumplimiento de los requisitos correspondientes, entre los que se encuentran el de tener a la disposición de los clientes las Hojas de Reclamaciones normalizadas y cumplimentadas. Y lógicamente, su incumplimiento pone de manifiesto que está infringiendo la Ley de manera patente y asume el riesgo de sufrir las consecuencias jurídicas derivadas de tal incumplimiento.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias de 21 diciembre 1989 [RTC 1989\219], 29 marzo 1990 [RTC 1990\61], 10 diciembre 1991 [RTC 1991\234] y 28 febrero 1994 [RTC 1994\62]), señala que la última concreción de los tipos de las infracciones y sanciones sólo puede efectuarse con fundamento en la deontología profesional, único extremo que se entiende relacionado con el interés público. La concreción inferior del tipo de las infracciones (para la cual se reconoce la aptitud de los Colegios profesionales) no puede ejercerse válidamente más que si la infracción afecta a la deontología profesional. Se excluye así de esta potestad a los demás supuestos a que puede referirse la potestad disciplinaria.
Se puede concluir que a falta de una disposición general, pendiente de desarrollar la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, procede la aplicación autonómica.
La sanción impuesta por carecer de las Hojas de Reclamación y cartel anunciador en lugar visible, y no habiendo el actor desvirtuado los fundamentos fácticos y jurídicos de la actuación administrativa inspectora, habiéndose acreditado los hechos imputados, se impone la desestimación de las alegaciones.
En cuanto a la prescripción alegada, se manifiesta que de acuerdo con el artº. 6.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, prevé el archivo del procedimiento por prescripción de la infracción "transcurridos dos meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse practicado la notificación de éste al imputado". Por su parte, el artº. 44.1 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece: "El plazo de prescripción de la infracciones leves será de 2 años.
En conclusión el plazo para resolver los procedimientos sancionadores será de seis meses contados desde la notificación de la iniciación del mismoÈ, a partir de cuyo momento debe iniciarse el cómputo indicado (artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993).
En este caso, el procedimiento sancionador se incoó el día 29 de junio de 2005, como consta en el expediente. La notificación de esta resolución tuvo lugar el siguiente día 11 de julio de 2005, fecha a partir de la cual comienza a contar la figura de la prescripción, interrumpida con la presentación del escrito de alegaciones de fecha 18 de julio de 2005, con R/E. 686548 de 28 de julio de 2005, en este Centro Directivo.
Procede, por cuanto razonado queda, desestimar las alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), y en el artículo 39 apartado 2) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
ACUERDO:
Imponer a Celestino Amador Cabrera la sanción de multa de 240,00 euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de agosto de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
5) RESOLUCIÓN
VISTO EL EXPEDIENTE Nº: 35/89/2005.
RESPONSABLE: Spain Time, S.L.
D.N.I. o N.I.F.: B80801004.
MOTIVACIÓN
REFERENCIA DE HECHOS: el día 17 de febrero de 2005, Inspectores de esta Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el establecimiento Vodafone, propiedad de Spaintime, S.L., sito en el Centro Comercial Siete Palmas, calle Pintor Felo Monzón, s/n, local 7C, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y mediante acta levantada al efecto nº 948, se le lee al compareciente la reclamación nº 3411/04 presentada por D. Manuel Estupiñán Vero en la que solicita el cambio del terminal o la devolución del dinero, dado que se rompió a los pocos meses de su adquisición, y manifiesta la compareciente que el establecimiento donde adquirió el terminal sólo se responsabiliza de decidir el cambio del terminal durante los siete días siguientes a la venta, siendo el departamento técnico de Vodafone quien toma esa decisión a partir del octavo día; con lo que se comprueba el menoscabo de los derechos reconocidos al consumidor por la Ley para garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: artículos 11.1.b) y 40.4.j) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo (B.O.E. nº 165).
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo, en el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), y en el artículo 39, apartado 2, de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
ACUERDO:
Imponer a Spain Time, S.L. la sanción de multa de 1.200,00 euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 4 octubre de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
NOTA: el pago de la sanción se hará efectivo a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de noviembre de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
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