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Vistas las solicitudes de subvención, destinadas a la realización de los proyectos cuyos contenidos se establecen en la Orden de 18 de abril de 2005, con los contenidos recogidos en la base segunda del anexo I de la misma, formulada por 37 entidades, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que el 18 de mayo de 2005, último día del plazo concedido, las entidades solicitantes presentan, por duplicado ejemplar, en original o copia debidamente compulsada, una solicitud según modelo del anexo I de la convocatoria, dirigida al Director General de Trabajo, suscrita por quien ostenta la representación legal de la entidad solicitante o poder suficiente para ello, en la que el interesado ha hecho constar los siguientes extremos:
- Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y la Administración General de la Seguridad Social.
- Que no ha recibido ayudas o subvenciones con el mismo objeto de cualquier Administración o Ente público, en su caso.
- Que ha procedido a la justificación de las subvenciones concedidas con anterioridad por los órganos de la Administración autonómica, en el plazo fijado para tal fin, en su caso.
- Que no se halla inhabilitado para recibir ayudas o subvenciones de la Administración autonómica.
- Que no ha recibido ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino, en su caso.
- Que se compromete a cumplir lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del número 11 del artículo 52 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Que interesa el abono anticipado de la subvención, acreditando ante el órgano gestor que no puede desarrollar la actividad o conducta sin la entrega de los fondos públicos.
- Que acepta las bases, condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en la presente convocatoria.
- En la mentada solicitud hace constar la cantidad que solicita.
Segundo.- La solicitud indicada en el antecedente primero, anterior, viene acompañada, en su caso, de la siguiente documentación general:
a) Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa en su nombre.
b) Documento de identificación fiscal del solicitante.
c) Copia del alta de terceros en el Plan Informático Contable de la Comunidad Autónoma de Canarias, debidamente cumplimentada por la Tesorería de dicha Comunidad Autónoma.
d) Plan de financiación o previsión de gastos e ingresos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar.
e) Proyecto a ejecutar.
f) Último recibo abonado del Impuesto de Actividades Económicas, en su caso.
g) Certificado de la Tesorería de la Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones de cotización.
h) Certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas.
i) Documento acreditativo de la antigüedad de la organización o entidad, así como de su experiencia en las materias objeto del proyecto.
j) Ámbito territorial del proyecto, Índice de siniestralidad laboral del sector o actividad económica a la que se dirige la acción y número de técnicos de prevención que la ejecutan con indicación de su experiencia.
k) Número de empresas afectadas por la acción y número de trabajadores de las mismas.
l) Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias.
m) Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa o notario público, acreditativa de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Tercero.- La relación de las treinta y siete entidades que han presentado solicitudes de subvención, es la siguiente:
Asociación Canaria para la Calidad (expediente 18). Asociación Canaria para la Gestión de Energías Renovables (expediente 19). Asociación Canaria para la Optimización de los Servicios (expediente 05). Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro (expediente 09). Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (expediente 08). Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Fuerteventura (expediente 35). Asociación de Empresarios del Metal de Lanzarote (expediente 30). Asociación de Empresarios y Emprendedores de Lanzarote (expediente 28). Asociación de Empresarias de Lanzarote (expediente 37). Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (expediente 32). Asociación Industrial de Canarias (Secc. Tfe. expediente 01). Asociación Industrial de Canarias (Secc. Lpa. expediente 10). Asociación Local de Comerciantes e Industriales del Puerto de la Cruz (expediente 33). Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote (expediente 29). Asociación de Tratamientos Integrados de Tacoronte Acentejo (expediente 16). Asociación de Viticultores de Tenerife (expediente 31). Ayuntamiento de Ingenio (expediente 11). Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (expediente 14). Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife (expediente 25). Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (04). Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura (expediente 03). Confederación de Sindicatos de Cajas de Ahorros. Sección Sindical CajaCanarias (expediente 23). Comisiones Obreras Canarias (expediente 34). Federación Canaria de Alquiler de Coches (expediente 26). Federación de Comercio de Tenerife (expediente 17). Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (expediente 36). Federación Provincial de Empresarios de Actividades Diversas Red de Pymes (expediente 13). Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (expediente 21). Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Las Palmas (expediente 12). Fundación Canaria de Centros de Atención a la Familia de Tenerife (expediente 24). Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (expediente 02). Fundación Canaria Radio ECCA (expediente 07). Fundación de Estudios Portuarios (expediente 22). Fundación Laboral de la Construcción (expediente 06). Intersindical Canaria (expediente 27). Unión General de Trabajadores (expediente 15). Unión Sindical Obrera (expediente 20).
En la tramitación de este expediente se han observado todas las prescripciones legales de general y pertinente aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente esta Dirección General de Trabajo para conocer y resolver la solicitud de subvención a tenor de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 39/2005, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, actuando por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, a tenor de lo dispuesto en la Orden de 18 de abril de 2005 (B.O.C. de 28.4.05).
Segundo.- De conformidad con la base novena, se constituyó la oportuna comisión de valoración de las solicitudes presentadas, presidida por el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y de la que formaron parte el Director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, dos técnicos de este Instituto, que actuaron como expertos, y un funcionario del mismo que actuó como secretario, todos designados por el referido Director General de Trabajo.
Tercero.- Han sido funciones de la comisión de valoración, analizar y valorar las solicitudes y documentación, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en la base séptima de la convocatoria, así como las demás disposiciones legales invocadas en la misma y las que, por su contenido en relación con el objeto de la convocatoria, resultan de aplicación, destacando la finalidad del enunciado de la Orden "subvenciones destinadas a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro".
Cuarto.- El dispongo cuarto de la Orden de 18 de abril dice que "Será de aplicación a la presente Orden, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de Subvenciones y en las bases de la presente convocatoria".
Quinto.- En la base tercera, uno, de la convocatoria que se resuelve dice "Serán beneficiarios de la concesión de subvenciones reguladas en la presente Orden, las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro".
Sexto.- Resulta de aplicación, por imperativo legal, la exigencia documental de la base séptima, solicitudes y documentación, y, entre otros, punto tres, letra m), mediante el que se exigen "Documentos acreditativos del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 42 de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias", documentos que no todas las entidades y organizaciones solicitantes están en condiciones de aportar, por su propia naturaleza, en cada caso.
Esta disposición afecta de forma concreta a todas aquellas asociaciones, que de conformidad con el contenido de su artículo 1 de la Ley 4/2003, quedan fuera de su ámbito de aplicación, como son: todas aquellas que se encuentren sometidas a un régimen legal específico, como las sociedades mercantiles, cooperativas, partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales, religiosas, deportivas, de consumidores, colegios u organizaciones profesionales, de bienes y propietarios y cualquier otra regulada por legislación específica.
Séptimo.- a) El artículo 13.1 de la Ley 38/2003, de 18 de noviembre, dispone que "Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras o en la convocatoria".
b) El punto 3 del artículo 13 anterior dispone que "En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación".
Octavo.- La Ley 49/2002, de 23 de diciembre, modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las inversiones fiscales al mecenazgo designa de forma excluyente en su artículo 2 cuales sean las entidades sin fines lucrativos, condicionando para su reconocimiento como tales a aquellas, que, incluidas en el artículo 2, den cumplimiento a los requisitos a los que se refiere el artículo 3.
Noveno.- Los fundamentos legales de constitución, organización y funcionamiento de las entidades solicitantes son diferentes y se amparan en:
I.- Las entidades sindicales y empresariales apoyadas en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical que reconoce, en su artículo 1.1 que "Los trabajadores y los empresarios podrán constituir en cada rama de actividad, ... las asociaciones profesionales que estimen convenientes para la defensa de sus intereses respectivos".
En su articulado no figura ninguna referencia a la condición de entidad "sin ánimo de lucro". Sin embargo, algunas entidades dependientes de dicha legislación, han incluido en sus estatutos, por propia iniciativa, la expresión de "entidad sin ánimo de lucro".
II.- Las Fundaciones, acogidas a la legislación nacional específica (actualizada por la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones), o a la Ley 2/1988, de 6 de abril, de Fundaciones Canarias.
Estas entidades sí explicitan reglamentariamente, en su articulado el extremo de entidades "sin ánimo de lucro", por así tenerlo reconocido en la legislación citada que las ampara.
III.- Los Colegios Profesionales, constituidos al amparo de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales; por la Ley de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma de Canarias y su Reglamento (Ley Territorial 10/1990, de 23 de mayo, y Decreto 277/1990, de 27 de diciembre), así como por los Estatutos propios de estas instituciones, siendo notorio que en éstos, ni en ninguna de las disposiciones reseñadas se haga mención alguna a la condición de estas entidades como instituciones sin ánimo de lucro.
IV.- Las acogidas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y a la Ley 4/2003, de 23 de febrero, de Asociaciones de Canarias. Y la antes citada Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, establece en su artículo 1.2 que "El derecho de asociación se regirá con carácter general por lo dispuesto por esta Ley Orgánica, dentro de cuyo ámbito de aplicación se incluyen todas las asociaciones que no tengan fin de lucro y que no estén sometidas a un régimen asociativo específico.
Décimo.- El procedimiento de concesión de las subvenciones es el previsto en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones y en el 11 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, habiendo sido instruido por el Servicio correspondiente de la Dirección General de Trabajo.
Se hace constar expresamente la necesidad de abono anticipado de la subvención, habida cuenta del interés público y social que revisten los proyectos que se subvencionan y la inexistencia de ánimo de lucro que preside el espíritu de las entidades beneficiarias, que no cuentan con los medios económicos suficientes para afrontar el gasto que ello conlleva. Se pretende, de esta forma, garantizar el éxito y efectividad de las actuaciones que se subvencionan por la Orden que se cumplimenta. Las entidades beneficiarias están exentas de presentar las garantías al estar incluidas en el artículo 29.6.d) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.
La presente Resolución se ajusta a lo previsto en el artículo 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por la propia convocatoria y por las disposiciones legales que regulan la constitución y desarrollo de la actividad de las entidades, organizaciones e instituciones solicitantes y demás normativa de pertinente aplicación.
Undécimo.- La efectividad del acto de concesión de la presente subvención estará supeditada a la aceptación expresa por las entidades beneficiarias, que deberán otorgarla dentro del plazo de los treinta días siguientes a su notificación. En el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.
Duodécimo.- Dará lugar a la modificación de la presente resolución de concesión, sin que en ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la ayuda o subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
- La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
- La obtención por la entidad beneficiaria de ayudas o subvenciones concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.
- La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.
- La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.
La modificación de la presente resolución de concesión a solicitud de las entidades beneficiarias sólo procederá cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre. Las actividades subvencionadas deberán realizarse antes del 15 de noviembre de 2004.
Decimotercero.- La subvención se abonará a la entidad beneficiaria por anticipado, de conformidad con lo previsto en la base undécima, apartado seis y las razones aportadas en la decimocuarta, por lo que, el beneficiario de la subvención queda obligado a:
- Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Así mismo, justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.
- Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la base decimoquinta de la Orden de 11 de marzo de 2004.
- Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada así como el importe de las ayudas, subvenciones u otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades privadas o particulares.
- Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente (Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas), tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
- Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.
- Acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes y con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
- Adoptar las medidas de difusión contenidas en la base decimoctava de la Orden de convocatoria.
- Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los supuestos contemplados en la base decimosexta de la Orden que nos ocupa.
- Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.
- Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia, permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.
- No emplear los fondos recibidos en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Así mismo, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.
- Someterse a las actuaciones de control y seguimiento por parte del Instituto Canario de Seguridad Laboral, y en particular, en lo que concierne a la adquisición y adecuada utilización de los elementos subvencionados.
- Observar y cumplir las instrucciones que en relación con la actividad o conducta subvencionada, dimane de la Dirección General de Trabajo y, en su caso, del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
- Comprometerse a no enajenar o ceder los bienes adquiridos con fondos públicos durante un plazo no inferior a cinco años.
Decimocuarto.- El beneficiario de la subvención deberá realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamentó la concesión de la misma y la aplicación de los fondos públicos recibidos, así como el cumplimento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, mediante la presentación de los documentos establecidos en la base decimoquinta dos, de la convocatoria.
El plazo de justificación de la realización de la actividad, del empleo de los fondos públicos recibidos, así como del coste real de la actividad, mediante la presentación de la documentación relacionada en los apartados anteriores, será, en todo caso y como máximo, el 28 de febrero de 2006.
Decimoquinto.- Procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas, cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
- La obtención de la subvención sin reunir los requisitos exigidos para su concesión, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesión.
- La falta de empleo de los fondos públicos en la realización de la actividad o adopción de la conducta.
- El incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención.
- El incumplimiento de la obligación de justificar la realización de la actividad o conducta subvencionada y su coste real.
- En los supuestos en que la subvención esté destinada a la realización de una pluralidad de actividades o a la adopción de diversas conductas y proceda el reintegro por incumplimiento de cualesquiera de las condiciones impuestas en la resolución de concesión o de la obligación de justificar la realización de la actividad o conducta subvencionadas y su coste real, podrá disponerse el reintegro parcial de las cantidades percibidas destinadas a las actividades o conductas en las que no se han cumplido las referidas condiciones o la obligación de justificar.
En todos los supuestos de reintegro previstos en este fundamento, además de la devolución, total o parcial, de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés legal de demora devengado desde el momento de abono de los mismos. El interés de demora, se calculará sobre el importe a reintegrar de la ayuda o subvención concedida o, en su caso, sobre la cuantía del exceso del coste que deba reintegrarse.
Decimosexto.- La notificación se realiza en la forma prevista por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Decimoséptimo.- Teniendo en consideración todo lo expuesto, de lo que se deriva la concurrencia o no de los requisitos exigidos en la referida Orden respecto de las entidades y proyectos presentados, así como respecto de su ejecución, a saber:
a) Que como se indica en el fundamento quinto "Serán beneficiarios de la concesión de subvenciones reguladas en la presente Orden, las entidades y organizaciones sin ánimo de lucro.
b) Que como se describe en el fundamento séptimo se precisa para obtener la condición de beneficiario que la entidad "se encuentre en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras o en la convocatoria".
c) En aplicación de las disposiciones legales relatadas en los fundamentos cuarto a noveno, ambos inclusive, se debe producir una intercomunicación e interpretación conjunta de toda la normativa aplicable, por cuanto el ordenamiento jurídico español se entiende como un todo que se complementa no sólo con el cuerpo legal autonómico, sino con el cuerpo del ordenamiento general estatal.
d) Atendiendo a lo anterior, la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, modificada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de las inversiones fiscales al mecenazgo, tal y como se describe en el fundamento octavo, designa en su artículo 2, de forma excluyente cuales sean las entidades sin fines lucrativos, condicionando para su reconocimiento como tales a aquellas que, incluidas en el artículo 2, den cumplimiento a los requisitos a los que se refiere el artículo 3.
e) Ante lo relatado se ha de concluir añadiendo que la condición de organización o entidad sin fin lucrativo, conforme se recoge en la exposición de motivos de la Ley 49/2002, tiene una motivación nacida de la protección y fomento en la promoción de actuaciones caracterizadas por la ausencia de ánimo de lucro, con la finalidad de cubrir necesidades de naturaleza general y pública. Consecuentemente no basta con que la entidad u organización solicitante de las subvenciones que se regulan en la Orden de 15 de abril de 2002, objeto de esta Resolución, hagan constar en sus Estatutos la condición de entidad u organización sin ánimo de lucro, sino que también es preciso que las mismas se adecuen a aquellos requisitos que previenen los mencionados artículos 2 y 3 de la Ley 49/2002, de necesaria aplicación, toda vez que la Ley calendada nace y tiene su amparo en el artículo 149 de la Constitución Española, que precisamente viene referida a las materias de competencia exclusiva del Estado, por lo que no nos es cuestionable su aplicación.
f) A la vista de lo que establece el precitado artículo 2, en el que se definen las entidades sin fines lucrativos: a las fundaciones, a asociaciones declaradas de utilidad pública, a las organizaciones no gubernamentales, etc., que de conformidad como relata el artículo 3.1 descrito en el apartado e) anterior, persigan fines de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos humanos, ... cívicos, educativos, culturales, científicos y otros, esta Dirección General de Trabajo, de conformidad con los preceptos citados y demás legislación aplicable,
R E S U E L V E:
Primero.- Estimar las solicitudes de subvención para la realización de proyectos para mejorar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo presentadas por las entidades que a continuación se relacionan, las cuales tras el requerimiento pertinente de documentación circunstanciada, aportan y completan en tiempo y forma la misma, por lo que cumplen todas y cada una de las condiciones y preceptos legales establecidos en la convocatoria y en las disposiciones de pertinente aplicación, con la correspondiente puntuación obtenida y asignación económica de conformidad con lo preceptuado en la base cuarta punto tres, de la convocatoria, concediéndoles la subvención global de ochenta mil (80.000) euros que se corresponde con cuarenta mil euros a cada una de las siguientes:
Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (expediente 02), con una valoración total de 22,5 puntos, asignando al proyecto presentado la cantidad de cuarenta mil euros.
Fundación Laboral de la Construcción (expediente 06), con una valoración total de 21,5 puntos, asignando al proyecto presentado la cantidad de cuarenta mil euros.
Segundo.- Atendiendo la solicitud de las entidades beneficiarias y habida cuenta del interés público y social que revisten los proyectos que se subvencionan y la inexistencia de ánimo de lucro que preside el espíritu de estas entidades, que no cuentan con los medios económicos suficientes para afrontar el gasto que la realización de los proyectos conlleva, se autoriza el abono anticipado de la subvención concedida. Se pretende, de esta forma, garantizar el éxito y efectividad de las actuaciones que se subvencionan por la Orden que se cumplimenta.
En aplicación de la Orden de 27 de julio de 2001, de la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio (B.O.C. de 13 de agosto), por la que se establecen las garantías para el abono anticipado de subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, las entidades beneficiarias están exentas de presentar garantías, al estar incluidas en el artículo 29.6.d) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tercero.- Considerar desistidas de su petición a las entidades Radio ECCA Fundación Canaria, Fundación de Estudios Portuarios y a la Fundación Canaria de Centros de Atención a la Familia de Tenerife, dado que al no aportar inicialmente la totalidad de la documentación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, mediante sendos escritos por correo certificado números CD00201438465, CD 00201438463 y CD 00201438461, de fecha 22 de junio de 2005, se les requirió respectivamente para que, en un plazo de diez días, subsanaran la falta o acompañaren los documentos preceptivos, con la indicación de que si así no lo hicieren se les tendría por desistidos de su petición.
Transcurrido el plazo legalmente establecido, la Fundación Canaria Radio ECCA no presenta la documentación requerida en la base séptima, tres, letra m), y presenta, con carácter extemporáneo, la exigida en la misma base, tres, letra n). Por parte de la Fundación de Estudios Portuarios y Fundación Canaria de Centros de Atención a la Familia de Tenerife, no se atiende el requerimiento, sin que por parte de los interesados, en uso y aplicación del artículo 49.1 de la Ley 30/1992 se solicitara ampliación de plazo.
Cuarto.- Desestimar, por imperativo legal, al no adaptarse a las disposiciones legales de la convocatoria, las solicitudes presentadas por las entidades siguientes:
Asociación Canaria para la Calidad (expediente 18). Asociación Canaria para la Gestión de Energías Renovables (expediente 19). Asociación Canaria para la Optimización de los Servicios (expediente 05). Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de El Hierro (expediente 09). Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas (expediente 08). Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Fuerteventura (expediente 35). Asociación de Empresarios del Metal de Lanzarote (expediente 30). Asociación de Empresarios y Emprendedores de Lanzarote (expediente 28). Asociación de Empresarias de Lanzarote (expediente 37). Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (expediente 32). Asociación Industrial de Canarias (Secc. Tfe. expediente 01). Asociación Industrial de Canarias (Secc. Lpa. expediente l0). Asociación Local de Comerciantes e Industriales del Puerto de la Cruz (expediente 33). Asociación para el Desarrollo Rural de Lanzarote (expediente 29). Asociación de Tratamientos Integrados de Tacoronte Acentejo (expediente 16). Asociación de Viticultores de Tenerife (expediente 31). Ayuntamiento de Ingenio (expediente 11). Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (expediente 14). Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Santa Cruz de Tenerife (expediente 25). Confederación Canaria de Asociaciones Profesionales (04). Confederación Insular de Empresarios de Fuerteventura (expediente 03). Confederación de Sindicatos de Cajas de Ahorros. Sección Sindical CajaCanarias (expediente 23). Comisiones Obreras Canarias (expediente 34). Federación Canaria de Alquiler de Coches (expediente 26). Federación de Comercio de Tenerife (expediente 17). Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote (expediente 36). Federación Provincial de Empresarios de Actividades Diversas Red de Pymes (expediente 13). Federación Provincial de Empresarios del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (expediente 21). Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal de Las Palmas (expediente 12). Fundación Canaria de Centros de Atención a la Familia de Tenerife (expediente 24). Fundación de Estudios Portuarios (expediente 22). Intersindical Canaria (expediente 27). Unión General de Trabajadores (expediente 15). Unión Sindical Obrera (expediente 20).
Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas, haciéndoles saber que contra la misma, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, de conformidad con el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada al mismo por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica, con independencia de la interposición de cualquier otro recurso que resulte procedente.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de octubre de 2005.- El Director General de Trabajo, Pedro Tomás Pino Pérez.
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