No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Rafaela Hernández Páez, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección de Medio Urbano y Natural nº 3545, de fecha 24 de octubre de 2005, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a Dña. Rafaela Hernández Páez, la Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 24 de octubre de 2005, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.U. 34/00, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Examinado el expediente sancionador de referencia, tramitado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra Dña. Rafaela Hernández Páez y atendiendo a los siguientes
ANTECEDENTES
I
Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1416, de fecha 26 de abril de 2005, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a Dña. Rafaela Hernández Páez, en calidad de promotora, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y sancionada en el artículo 213 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de diecisiete mil quinientos cuarenta y tres euros con cuatro céntimos (17.543,04 euros). Dicha resolución fue debidamente notificada el 4 de mayo de 2005.
II
Con fecha de registro de entrada en el Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, de 16 de mayo de 2005, y posterior entrada en el registro de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 20 de mayo de 2005, se presenta escrito de alegaciones por Dña. Rafaela Hernández Páez, en el que se hace constar, en síntesis, lo siguiente:
1.- Que actúa indistintamente, de forma solidaria, en este proyecto familiar, con su hija Carmen Rosa Betancort Hernández, con N.I.F. 078541036-S.
2.- Que el solar está situado en la calle Hélice, 21, en Caleta del Sebo, en la isla de La Graciosa (Teguise), según se acredita con la copia de la certificación y expresión gráfica de Secretario de Teguise, de fecha 25 de marzo de 2001, que el referido solar no está afectado por el suelo marítimo terrestre de la Dirección General de Costas (documento nº 1).
3.- Que se trata de suelo urbano, como se prueba con la copia del Decreto del Sr. Alcalde, de 19 de julio del 2002 (documento nº 2), y con copias de recibos del IBI (documentos 3 y 4).
4.- Que es vivienda propia. Que instó la preceptiva licencia de obras, aportando la pertinente Tasa (documento nº 5), la cual nunca fue concedida por escrito, pero sí de forma verbal.
5.-Que la parcela está enclavada en suelo urbano, como se refleja en el plano adjunto municipal (documento nº 6).
6.- La vivienda está terminada desde hace más de cuatro años.
7.- Alega agravio comparativo con viviendas en la misma zona, la existencia de un núcleo urbano consolidado y que hay viviendas aisladas en pleno suelo rústico (aporta fotografías, como documentos números 7, 8 y 9).
8.- Que al ser suelo urbano, no es preceptiva la calificación territorial.
9.- Invoca los principios de legalidad, seguridad jurídica, de responsabilidad y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, así como el de agravio comparativo, y el de proporcionalidad.
10.- Que según el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, el procedimiento está caducado.
Solicita el archivo del expediente I.U. 34/2000 o, en su caso, imponer una multa mínima de 60,10 euros por haber incurrido en una infracción leve.
Acompaña con el referido escrito de alegaciones, fotocopias de los citados documentos.
III
A la vista de las alegaciones presentadas, por el instructor del procedimiento, en relación con el expediente y de las obras señaladas, con fecha 21 de junio de 2005, se solicita informe técnico al Servicio de Inspección de esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural: constatación estado de ejecución de la edificación con especificación de las variaciones habidas desde la fecha de la denuncia, y consecuentemente valoración de las obras efectuadas.
Posteriormente, con fecha 5 de agosto de 2005, se insta nuevamente informe, a los efectos de que sea comprobada la situación de la edificación en el plano, numeración correcta de la edificación superficie construida y fachadas de la edificación y panorámica del entorno.
Dichos informes se emiten con fecha 26 de agosto de 2005, señalando el inspector de Agentes de Medio Ambiente, adscrito a esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que: la numeración es correcta: "Calle Hélice, 21. La fachada frontal que aparece en las fotografías nº 2 y nº 7, es la que se corresponde con la calle Hélice nº 21. La planta baja presenta una superficie de 234 m2 (18 x 13), la planta superior ocupa 143 m2. Acompaña reportaje fotográfico".
Asimismo, se emite informe por la inspectora (funcionaria) de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, cuyo tenor literal, dice
"Solicitado por la Sección de Instrucción Urbanística, informe referido a la edificación del expediente I.U. 34/00, en el que aparece como denunciado Dña. Rafaela Hernández Páez, situada en calle Hélice, 21, Caleta de Sebo, en el municipio de Teguise, el técnico que suscribe emite el siguiente informe:
En la fecha de la inspección, realizada el día 14 de septiembre de 1999, por la que se inició el referido expediente IU.34/00, el estado constructivo de la actuación, según se aprecia en las fotos anexas al informe técnico de fecha 27 de septiembre de 1999 obrante en este expediente, consistía en la realización del cerramiento perimetral de parcela con fábrica de bloque y pilares integrados en la misma, con formación de huecos de puertas y ventanas en las fachadas, sobre cimentación de zanja corrida.
Tanto en las fotos que se adjuntan a la Diligencia de Precinto de fecha 6 de abril de 2000 como en las adjuntadas al informe técnico de la revisión del Precinto de fecha 25 de febrero de 2003, se comprueba que las obras continuaban en el mismo estado edificatorio.
Presentado, con fecha 16 de mayo de 2005 por la Sra. Hernández, escrito de Alegaciones en el que se manifiesta que "la vivienda está completamente terminada desde hace más de cuatro años", se ha girado visita de inspección a la misma por el personal de esta Agencia obteniendo las imágenes del estado real de la edificación objeto de este expediente IU.34/00 que se adjuntan.
Por lo anteriormente expuesto, se constata que las obras estuvieron paralizadas desde la fecha de inspección 14 de septiembre de 1999 a la de la revisión de precinto 25 de febrero de 2003, a partir de esta fecha se ha construido una edificación de dos plantas, con una superficie en planta baja de 234 m2 y en planta alta de 143 m2, que según se aprecia en las imágenes obtenidas el pasado día 10, no se encuentra terminada, carece de carpintería en los huecos de puerta y ventanas, están cerrados la mayoría con tableros y falta enfoscar y pintar parte de los paramentos exteriores, no teniendo acceso al interior no pudo apreciarse su estado.
VALORACIÓN.
Superficie construida edificio en planta baja: 234 m2.
Superficie construida edificio en planta alta: 143 m2.
Superficie total construida edificio: 377 m2.
Normativa de aplicación en la valoración: "Tabla de Baremos orientativos para la estimación de honorarios del año 2005 del Colegio de Arquitectos de Canarias".
Edificación.
Coste del prototipo medio provincial: CP = 453 euros/m2.
Coste unitario orientativo: CO = CP x Z x M x UT x Q x P.
Coeficiente zonal (Z) = 1,05.
Coeficiente moderador (M) = 1,05.
Coeficiente de uso y tipología (UT) = 1,15.
Coeficiente de calidad (Q) = 0,95.
Coeficiente de ponderación (P) = 1,00.
CO = 453 x 1,05 x 1,05 x 1,15 x 0,95 x 1,00 = 545,63 euros/m2.
Estimación del presupuesto de ejecución material: P = CO x S x CC x Ee.
Superficie construida (S) = 377,00 m2.
Coeficiente de complejidad (CC) = 0,80.
Estado de ejecución (Ee) = 90%.
Valoración = 545,63 x 377,00 x 0,80 x 0,90 = 129.592,57 euros.
Importe Valoración Edificación 129.592,57 euros.
La valoración estimada de la actuación denunciada asciende a la cantidad de ciento veintinueve mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta y siete céntimos (129.592,57 euros).
Por último, con fecha 5 de septiembre de 2005, se emite nuevo informe aclaratorio de los hechos informados, señalando que:
"Solicitado por la Sección de Instrucción Urbanística, informe referido a la edificación del expediente I.U. 34/00, en el que aparecen como denunciado Dña. Rafaela Hernández Páez, situada en calle Hélice, 21, Caleta de Sebo, en el municipio de Teguise, el técnico que suscribe emite el siguiente informe:
A la fecha de la denuncia, 28 de octubre de 1999, el planeamiento municipal en vigor era la Delimitación de Suelo Urbano, aprobada por el Ayuntamiento el 17 de julio de 1975, estando la edificación fuera de la citada delimitación, por lo que la clasificación del suelo de su ubicación era Suelo Rústico y dentro del perímetro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo L-2 de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
Actualmente el suelo en el que se emplaza la citada edificación es Suelo Rústico, al estar fuera del perímetro clasificado como Suelo Urbano por las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Teguise, aprobadas definitivamente, de forma parcial, en fechas de aprobación del 12 de marzo de 2001, 20 de mayo de 2003 y 5 de noviembre de 2003, cuya normativa fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, con fecha 16 de enero de 2004.
En el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote, aprobado con fecha 9 de abril de 1991, el suelo donde se ubican las obras denunciadas objeto del citado expediente, está dentro del Suelo delimitado como "Núcleo de Litoral con Turismo interior y pequeños servicios turísticos complementarios" y clasificado, como Suelo Rústico, al estar en esta clase de Suelo en el Planeamiento municipal (artº. 4.1.4.1.-A.3).
En el Documento de Aprobación Inicial del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Archipiélago Chinijo L-2, aprobado por Resolución de fecha 7 de marzo de 2005, del Director General de Ordenación del Territorio, la edificación objeto de este expediente IU.34/00 está en Zona de Núcleo de Población y clasificado como Suelo Urbano Consolidado".
Se adjuntan planos de la zona de ubicación de la edificación, de los distintos Instrumentos de Planeamiento anteriormente indicados."
IV
Con fecha 26 de septiembre de 2005, el instructor formula propuesta de resolución proponiendo: 1.- La imposición a la expedientada, de una multa de ciento cincuenta y cinco mil quinientos noventa y dos euros con siete céntimos (155.592,07 euros), por la comisión de la referida infracción; 2.- La imposición a la misma, de una multa coercitiva por importe de seiscientos un euro con un céntimo (601,01 euros), al amparo del artículo 178.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, a fin de que proceda a instar la legalización de las obras en cuestión; y 3.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presente infracción, incluida la demolición, si instada la legalización, ésta es denegada o no instada la legalización, se hubiesen agotado sin efecto las multas coercitivas previstas en el citado artículo 178.3, en cuyo caso, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior, con cargo al infractor. Dicha propuesta fue debidamente notificada con fecha 27 de septiembre de 2005.
V
Con fecha 14 de octubre de 2005, en la Oficina de Correos y Telégrafos de Arrecife de Lanzarote, se presenta escrito de alegaciones por Dña. Rafaela Hernández Páez, teniendo registro de entrada posterior en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 18 de octubre de 2005, en el que se hace constar, en síntesis, lo siguiente:
1.- Que nunca ha pretendido daño alguno tanto al interés público como al interés privado o por carecer del conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual, tal como disponen los artículos 198 y 199 del Decreto Legislativo 1/2000.
2.- Que no está de acuerdo con la valoración de la construcción, efectuada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, al fijar el valor de la construcción en ciento veintinueve mil quinientos noventa y dos euros con cincuenta y siete céntimos (129.592,57 euros), por lo que ha realizado el encargo de la valoración del inmueble a D. Octavio Hernández Sánchez, arquitecto técnico, que una vez efectuado los cálculos y operaciones obtiene un resultado de sesenta y tres mil doscientos dieciocho euros con noventa y ocho céntimos (63.218,98 euros), se adjunta como documento nº 1.
3.- Que la tipificación de la infracción como muy grave y la aplicación de la multa por ejecutarse las obras en un ENP atenta al principio de igualdad, dado que se trata de un SUCU desde antes de la comisión de la infracción.
VI
En base a la valoración contradictoria de las obras, aportada por Dña. Rafaela Hernández Páez, en su escrito de alegaciones y, al amparo del artículo 20.1 del Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se emite un nuevo informe por Técnico por personal adscrito a esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 21 de octubre de 2005, en relación a la valoración de las obras, objeto del presente expediente, donde hace constar, sucintamente, que "revisado el cuadro del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, donde se establecen los porcentajes correspondientes a cada uno de los capítulos que configuran una edificación con respecto a la totalidad y los porcentajes de ejecución empleados en cada una de las valoraciones, estima que la valoración económica de la edificación asciende a la cantidad de noventa y tres mil quinientos noventa y cuatro euros y sesenta y cuatro céntimos (93.594,64 euros).
HECHOS PROBADOS
A la vista del señalado informe, emitido por técnico adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 21 de octubre de 2005, y de la documentación obrante en el presente expediente administrativo, quedan como probados los siguientes:
1.- Se han realizado obras consistentes en la construcción de una edificación, sita en el lugar denominado Caleta del Sebo, del término municipal de Teguise, en suelo clasificado como Suelo Rústico, afectado por Espacio Natural Protegido denominado Parque Natural del Archipiélago Chinijo (L-2), sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.- De la mencionada infracción se considera responsable directa, a título de promotora, a Dña. Rafaela Hernández Páez, en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.
3.- No consta que se haya instado la legalización de las obras.
4.- Las obras en cuestión se localizan en Espacio Natural Protegido denominado Parque Natural del Archipiélago Chinijo (L-2). Y según el citado informe técnico, de fecha 21 de octubre de 2005, previamente revisadas las obras y comprobado el estado de ejecución de las mismas, así como la variación habida en la superficie construida, las cuales modifican sustancialmente la valoración inicialmente propuesta, queda determinada la valoración económica de las citadas obras, en noventa y tres mil quinientos noventa y cuatro euros y sesenta y cuatro céntimos (93.594,64 euros).
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Lo alegado por la expedientada no motiva el archivo del presente expediente sancionador, en cuanto que:
1º) La infracción cometida consiste en la realización de construcción de una edificación, sita en el lugar denominado Caleta del Sebo, del término municipal de Teguise, en suelo clasificado como Suelo Rústico, afectado por Espacio Natural Protegido denominado Parque Natural del Archipiélago Chinijo L-2, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y la apreciación de la presunta comisión de una infracción a este Texto Refundido, dará lugar siempre, a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artº. 177.2 del citado Texto Refundido), con independencia, en su caso, de haber paralizado la ejecución de las obras en curso suspendidas, y de haberse instado su legalización.
2º) En relación a la clasificación y categorización del suelo sobre el que se ejecutaron las obras objeto del presente procedimiento sancionador, tal como se indicó en la propuesta de resolución, sustentándose en los informes obrantes en el expediente, emitidos por Técnicos adscrito a esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con fecha 22 de abril y 5 de septiembre de 2005 respectivamente, el suelo donde se emplazan las obras, a la fecha de realización de éstas, estaba clasificado como suelo rústico, y dentro del perímetro del Parque Natural del Archipiélago Chinijo (L-2) de la red Canaria de Espacios Naturales Protegido. Y conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 30/01/1992, entre otras), para la calificación del terreno litigioso se ha de atender a las normas urbanísticas en vigor cuando se realizaron las obras y no al futuro planeamiento, pues sus normas como las demás, sólo entran en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial correspondiente.
Por consiguiente, la clasificación de suelo en aquel momento era rústico, y por tanto era preceptiva y previa a la concesión de licencia urbanística, la calificación territorial, exigible conforme el artículo 27 en relación con el 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y se carecía de los títulos habilitantes necesarios para su ejecución, lo que supone una infracción muy grave prevista en el artículo 202.4.a) , y tipificada y sancionada en el artículo 213 del citado texto legal.
3º) En cuanto a la alegación de que la valoración de la edificación sea de sesenta y tres mil doscientos dieciocho euros con noventa y ocho céntimos (63.218,98 euros), y del informe acompañando a la misma, debe ser desestimada, dado que solicitado un nuevo informe al servicio de inspección de esta Agencia, el cual se emite con fecha 21 de octubre de 2005, queda constatado en el mismo, una vez revisados y analizados comparativamente los coeficientes empleados en las ambas valoraciones (el de la inspectora de la Agencia, de fecha 26 de agosto de 2005, y el aportado por Dña. Rafaela Hernández Páez), que la valoración estimada de la edificación asciende a la cantidad de noventa y tres mil quinientos noventa y cuatro euros y sesenta y cuatro céntimos (93.594,63 euros).
A la vista de ello, procede reducir el valor de la obra, si bien no hasta el coste alegado por la expedientada, sino tan solo hasta el propuesto en la valoración técnicamente mejor argumentada, siendo ésta la realizada por el Servicio Técnico de esta Agencia.
4º) Por último, en referencia a la consideración de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad alegadas, decir que las mismas fueron consideradas y apreciadas en la propuesta de resolución.
III
Los hechos declarados probados son constitutivos de una infracción administrativa calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y tipificada y sancionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal, con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente.
IV
Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:
- Como atenuantes, y siguiendo un criterio flexible en su aplicación, se aprecian de oficio la circunstancia prevista en el artículo 198.a) y c) del citado texto legal "la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados". La paralización de las obras o el cese de la actividad o uso, de modo voluntario, tras la pertinente advertencia del agente de la autoridad".
- Como circunstancia mixta, se aprecia de oficio como atenuante, la circunstancia prevista en el apartado a) del artículo 199 del mencionado Texto Refundido, por cuanto del expediente, no se aprecia que exista un grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual.
Ponderando la incidencia de dichas circunstancias y teniendo en cuenta la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio de proporcionalidad, es ajustado imponer a Dña. Rafaela Hernández Páez una sanción por cuantía de ciento doce mil trescientos trece euros con cincuenta y ocho céntimos (112.313,58 euros).
V
De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición. Es por ello que, no habiéndose aún procedido a instar la legalización de las obras, procede imponer multas coercitivas, en los términos expresados en el artículo 178.3 del referido texto legal, y ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presente infracción, incluida la demolición, si instada la legalización, ésta es denegada, o no instada la legalización se hubiesen agotado sin efecto las multas coercitivas previstas en el citado precepto legal, en cuyo caso, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior, con cargo al infractor.
VI
El artículo 182 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de Las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, dispone que si el responsable o responsables de la alteración de la realidad, repusieran ésta por sí mismos, a su estado anterior, en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que pudiera imponerse o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieran satisfecho.
VII
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Vistos el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a Dña. Rafaela Hernández Páez multa por importe de ciento doce mil trescientos trece euros con cincuenta y ocho céntimos (112.313,58 euros), como responsable directa, en calidad de promotora, de una infracción administrativa consistente en la construcción de una edificación, sita en el lugar denominado Caleta del Sebo, del término municipal de Teguise, en suelo clasificado como Suelo Rústico, afectando Espacio Natural Protegido denominado Parque Natural del Archipiélago Chinijo (L-2), sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y tipificada y sancionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal.
Segundo.- Imponer a Dña. Rafaela Hernández Páez una multa coercitiva por importe de seiscientos un euro con un céntimo (601,01 euros), al amparo del artículo 178.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, a fin de que proceda a instar la legalización las señaladas obras, multa que se reiterará por plazos de un mes y de hasta doce, por importe, en cada ocasión, del cinco por ciento del coste de las obras, en su caso, y como mínimo de 601,01 euros, advirtiéndole que conforme el artículo 179 in fine del citado Texto Refundido, una vez agotadas sin efecto las multas coercitivas previstas en el artículo anterior, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior, con cargo al infractor.
Tercero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado mediante la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presente infracción, incluida la demolición, si instada la legalización, ésta es denegada, o no instada la legalización, se hubiesen agotado sin efecto las multas coercitivas previstas en el artículo 178.3, en cuyo caso, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior, con cargo al infractor.
Cuarto.- Notificar la presente resolución a la infractora y demás interesados.
Quinto.- Advertir a la expedientada que si repusiere la alteración de la realidad física alterada a su estado anterior al de la comisión de la infracción, en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un setenta y cinco por ciento de la multa que pudiera imponerse o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubiera satisfecho.
Se le comunica que el cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto cabe interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho."
Las Palmas de Gran Canaria, a 4 de noviembre de 2005.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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