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No habiéndose podido notificar a D. Juan José Vargas Afonso en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia expediente 164/04 U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Juan José Vargas Afonso la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 20 de septiembre de 2005, recaída en el expediente nº 164/04 U, y que dice textualmente:
"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Juan José Vargas Afonso por realizar obras consistentes en la construcción de una nave industrial de unos 560 m2 de superficie, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial, en el lugar denominado "El Calvario", en el término municipal de Guía de Isora, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "El Calvario", en suelo clasificado como Rústico, en el término municipal de Guía de Isora, se realizaron obras consistentes en la construcción de una nave industrial de unos 560 m2 de superficie, promovidas por D. Juan José Vargas Afonso, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).
Segundo.- Con fecha 9 de marzo de 2004, por Resolución nº 705 se ordena la suspensión de las obras.
Tercero.- Con fecha 16 de mayo de 2005 se realiza informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora la obra en setenta mil quinientos cincuenta y un euros con noventa y tres céntimos (70.551,93 euros).
Cuarto.- El 29 de junio de 2005 se dictó la Resolución nº 2377 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Juan José Vargas Afonso, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Quinto.- El día 12 de agosto de 2005, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación, el interesado presentó escrito ante esta Agencia, en el cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:
- Que la competencia en materia urbanística la tiene el Ayuntamiento.
- Que la notificación del acto es causa de nulidad por estar firmada por el jefe de sección de instrucción, sin indicarse las competencias que dicho funcionario tiene asimiladas.
- Que la infracción ha prescrito para ser susceptible de sanción.
- Que ignora por qué se le imputa la comisión de la infracción descrita.
- Que el inicio del expediente incurre en una grave deficiencia de concreción de los hechos, pues ya existía una nave con un muro perimetral sobre el cual se instaló un techo en el año 2001.
- Que se incurre en nulidad al no determinarse ni la fecha ni el momento en el que se comete la supuesta infracción.
- Que se declare la incompetencia de esta Agencia o archivo del procedimiento sancionador, declarándose defectos de anulabilidad tales como falta de argumentación sobre la ilegalización de la nave, falta de trámite voluntario de legalización de la misma y otros.
- Que se sirva declarar apertura de período probatorio.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:
- Que el propio artº. 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, reseña que el municipio ejercerá en todo caso, competencias en los términos de la legislación de las Comunidades Autónomas en disciplina urbanística, siendo el propio artº. 190.1.c).3 del TRLoTENC el que le confiere competencia a esta Agencia para iniciar, instruir y resolver procedimientos sancionadores cuando en un mismo supuesto concurran presuntas infracciones de la competencia municipal o insular y de la Agencia, toda vez que estamos ante una presunta infracción urbanística por ejecutar una obra en suelo rústico precisando de calificación territorial, es clara la citada competencia.
- Que no se puede entender que la notificación del acto sea causa de nulidad, pues la Resolución por la que nace dicha incoación está perfectamente dictada por el Director Ejecutivo de esta Agencia, sin que exista delegación de competencias a ese respecto, siendo el jefe de sección de instrucción el que procede a su notificación. Quedando claro por tanto que no ha existido delegación para adoptar resoluciones administrativas, como reseña el artículo 13.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citado por el interesado.
- Que el artº. 201.1 segundo párrafo del TRLoTENC, establece que el plazo de prescripción empieza a computarse una vez la obra esté totalmente terminada, toda vez que estamos ante una infracción urbanística grave [artº. 202.3.b) del TRLoTENC], prescribiría la posibilidad de sancionarla a los dos años de su total terminación (artº. 205.1 del TRLoTENC), si bien la obra no ha sido finalizada, como consta en el informe y valoración de nuestra Oficina Técnica de 16 de mayo de 2005. Ello hace evidente que los plazos para que empiece a computarse el tiempo para que opere la prescripción, ni siquiera han empezado a computarse, y por tanto no se puede entender de ninguna manera que la obra se encontrase terminada desde enero de 2002, volviendo a recordar el artículo 201.1 segundo párrafo del TRLoTENC, al señalar que el cómputo de prescripción se inicia cuando la obra esté totalmente terminada.
- Que el presente procedimiento sancionador se inicia por existir una obra sin los títulos administrativos habilitantes.
- Que la infracción por la que nace el presente procedimiento sancionador no es otra que la ejecución de una nave, quedando ello perfectamente demostrado por los documentos obrantes en el expediente.
- Que han sido respetados todos los derechos y garantías del administrado en el expediente sancionador exigidos por la normativa de aplicación, reseñándose en todo momento el contenido exigido por el Real Decreto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, por lo que no se puede apreciar la nulidad reseñada en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
- Que por lo señalado ya anteriormente se hace obvio que no procede declarar la incompetencia de la Agencia ni el archivo del procedimiento sancionador.
- Que no se entiende necesario abrir un período probatorio: para comprobar que la nave es o no legalizable, toda vez que consta en el expediente documentación suficiente como para apreciar que estamos ante una obra ilegal, pues con el actual planeamiento, la nave queda ubicada en suelo rústico, reseñándose que si en un futuro próximo se legalizase la obra, algo improbable actualmente, no se ejecutaría su demolición material, toda vez que ello no impide proponer dicha demolición, pues como ya ha quedado dicho, con el actual planeamiento en vigor la construcción es ilegal. Igualmente, y como ya ha quedado reseñado, consta en el expediente que la obra no está terminada, toda vez que tampoco se hace necesario abrir período probatorio para comprobarlo, pues por lo señalado se entiende que la nave no tiene una antigüedad superior a cuatro años. De la misma manera no se hace necesario comprobar si el Ayuntamiento de Guía de Isora ha abierto algún expediente sobre los mismos hechos, toda vez que por lo descrito la competencia para incoar se le confiere a esta Agencia, recordando que dicho Ayuntamiento ya fue notificado sobre la orden de suspensión de la obra así como del inicio del presente procedimiento sancionador.
III
Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado TRLoTENC, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido que concurran en el presente expediente, toda vez que existe ausencia de intención de causar daño, la multa se propone dentro de la mitad inferior del tipo, en ponderación de la incidencia de dicha atenuante en la valoración de la infracción, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo.
IV
En virtud del artículo 179.1 del TRLoTENC las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.
V
En virtud del artº. 182 del TRLoTENC, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.
VI
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de cincuenta y ocho mil (58.000,00) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción a D. Juan José Vargas Afonso, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del TRLoTENC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del TRLoTENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado.
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 164/04-U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2005.
- Denuncia de APMUN de fecha 2 de diciembre de 2003, aportando fotografías, planos y mapa cartográfico.
- Resolución nº 705, de fecha 9 de marzo de 2004, por la que se acuerda la suspensión de las obras con sus acuses de recibo.
- Oficio al Ayuntamiento de Guía de Isora de fecha 19 de mayo de 2004.
- Escrito del Ayuntamiento de Guía de Isora remitiendo notificación debidamente diligenciada con fecha de entrada 16 de junio de 2004.
- Nota de Régimen Interno al Servicio Técnico de fecha 1 de julio de 2004.
- Diligencia de Precinto de fecha 19 de julio de 2004 con fotografías.
- Escrito de Unelco-Endesa de fecha 27 de agosto de 2004.
- Diligencia del 1er Seguimiento de Precinto de fecha 17 de noviembre de 2004 con fotografías.
- Diligencia del segundo seguimiento de precinto de fecha 18 de marzo de 2005.
- Nota de Régimen Interno al Servicio Técnico de fecha 11 de abril de 2005.
- Informe Técnico y Valoración de 16 de mayo de 2005.
- Resolución nº 2377, de fecha 29 de junio de 2005, por la que se acuerda incoar expediente sancionador.
- Alegaciones del interesado con fecha 17 de agosto de 2005."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de octubre de 2005.-El Director Ejecutivo, la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.
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