Estás en:
"No habiéndose podido practicar la notificación a D. Rubén Gil León, de la Propuesta de Resolución, de fecha 10 de octubre de 2005, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Rubén Gil León, la Propuesta de Resolución, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 10 de octubre de 2005, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.U. 690/00, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Vistas las actuaciones practicadas en el expediente sancionador de referencia, el instructor emite la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
ANTECEDENTES
I
Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1659, de fecha 13 de mayo de 2005, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a D. Rubén Gil León, en calidad de promotor, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada, conforme preceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de setenta y dos mil (72.000,00) euros. Dicha resolución fue debidamente notificada el 24 de mayo de 2005.
Con fecha 9 de junio de 2005, en la oficina de Correos y Telégrafos de Maspalomas se presenta escrito de alegaciones por D. Rubén Gil León, teniendo registro de entrada en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 10 de junio de 2005, en el que se hace constar, en síntesis, lo siguiente:
a) Que por el mismo motivo ya se le impuso una multa coercitiva por importe de 4.495,58 euros.
b) Que la inmensa mayoría de las viviendas en El Salobre, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, se han construido sin licencia municipal.
c) Que la vivienda denunciada es la primera y única vivienda que posee.
d) Que procederá a regularizarla tan pronto las condiciones jurídico-urbanísticas lo posibiliten.
e) Que el Ayuntamiento está procediendo a elaborar un nuevo Plan General de Ordenación, donde proyecta convertir dicha zona como suelo urbano consolidado.
f) Que tiene constancia de que tanto el Ayuntamiento como la Agencia no han podido tramitar la totalidad de las infracciones habidas en el lugar, y ello coloca a unos ciudadanos en desventaja frente a otros.
g) Que la posibilidad de regularizar la situación urbanística moderará la calificación de la infracción urbanística.
Solicita la paralización del expediente sancionador en base a los argumentos expuestos.
HECHOS PROBADOS
De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, así como de las pruebas practicadas, en su caso, se derivan los siguientes hechos probados:
1.- Se ha cometido una infracción consistente en la construcción de una edificación y cerramiento de parcela, sita en el lugar denominado El Salobre Alto, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en suelo calificado como suelo rústico potencialmente productivo, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.- De la mencionada infracción se considera responsable directo, a título de promotor, a D. Rubén Gil León, en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.
3.- No se ha procedido a instar la legalización de las obras requeridas en la resolución de suspensión de fecha 9 de octubre de 2000, nº 1719.
4.- Se ha incumplido la orden de suspensión de las obras referenciadas, dictada por Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1722, de fecha 9 de octubre de 2000, según queda probado en el expediente con visita para la revisión de precinto efectuada por Técnico Inspector el día 6 de noviembre de 2001, y que dio lugar a la imposición de multa coercitiva, establecida en la Resolución nº 1328, de fecha 22 de julio de 2002.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) 3 y 229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueba los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las alegaciones planteadas no desvirtúan los hechos contenidos en la resolución de iniciación del presente procedimiento sancionador, toda vez que:
1.- La infracción cometida consiste en la realización de una construcción de una edificación y cerramiento de parcela, sita en el lugar denominado El Salobre Alto, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en suelo clasificado como suelo rústico potencialmente productivo sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y la apreciación de la presunta comisión de una infracción a este Texto Refundido, dará lugar siempre, a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artº. 177.2 del citado Texto Refundido), con independencia, en su caso, de haber paralizado la ejecución de las obras en curso suspendidas y de haberse instado su legalización.
2.- En cuanto a lo manifestado por el expedientado sobre que ya se le había impuesto una multa por el mismo motivo, procede señalar que, en modo alguno existe relación entre dicha actuación y el procedimiento sancionador que nos ocupa, por cuanto el propio legislador no anuda a la suspensión expediente sancionador alguno, así pues, la multa coercitiva establecida mediante resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1328, de 22 de julio de 2002, es independiente de la sanción que se pueda imponer en el presente procedimiento, según queda reflejada en el apartado 2 del artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dado que la multa coercitiva no castiga una conducta realizada porque sea antijurídica, sino que consiste en una medida de constreñimiento económico, adoptada previo el oportuno apercibimiento y tendente a obtener la acomodación de un comportamiento obstativo del destinatario del acto, a lo dispuesto en la decisión administrativa previa, cuya independencia y constitucionalidad de la medida viene reconocida, entre otras, por Sentencia del Tribunal Constitucional nº 239/1988, de 14 de diciembre.
3.- En cuanto a la clasificación y categorización del suelo sobre el que se ejecutaron las obras objeto del presente procedimiento sancionador, según informe emitido por Técnico adscrito a esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 21 de julio de 2000, y posterior informe de 9 de mayo de 2005, es de suelo rústico potencialmente productivo, independientemente que el futuro acuerdo de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana, del municipio de San Bartolomé de Tirajana, reclasifique el mismo de manera distinta, como Suelo Urbano consolidado, dado que conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 30/01/1992, entre otras), para la calificación del terreno litigioso se ha de atender a las normas urbanísticas en vigor cuando se realizaron las obras y no al futuro planeamiento. Por consiguiente, la clasificación de suelo en aquel momento era rústico, y por tanto era preceptiva y previa a la concesión de licencia urbanística, la calificación territorial, exigible conforme el artículo 27 en relación con el 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, lo que supone una infracción grave, prevista en el artículo 202.3.b) del citado texto legal.
Independientemente de lo expuesto, se ha de significar que una futura modificación del planeamiento en el municipio y la clasificación del suelo afectado como suelo urbano consolidado, no desvirtuaría el procedimiento sancionador que se incoa, sino que sólo afectaría a la legalización de las obras ejecutadas, en aras de restablecer el orden jurídico infringido, por cuanto ha de tenerse en cuenta lo dicho anteriormente que la apreciación de la presunta comisión de una comisión de una infracción al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, dará siempre lugar a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artículo 177.2 del mentado Texto Refundido).>>
4.- Por ultimo, en cuanto a la alegación de que la vivienda está situada en una zona en la que hay más edificaciones, no tiene relevancia en el presente expediente sancionador, por cuanto que ello no determina que el suelo donde se ubica la edificación denunciada sea de hecho urbano y que, por ello, pueda ser sometido a proceso edificatorio, sino que, por el contrario, dado que el artículo 50 del citado Texto Legal (TRLOTC), establece como requisito para ser considerado como suelo urbano, que el Planeamiento General lo incluya expresamente, mediante su clasificación.
Ni tampoco puede considerarse la alegación efectuada por el interesado, relativa a que en dicha zona algunos vecinos se hayan librado de la incoación de expediente de infracción, como una eximente de responsabilidad, dado que se ha reiterado por la jurisprudencia que, en la ilegalidad no cabe invocar el principio de igualdad, por entender que el trato igual sólo es posible exigirlo dentro de la legalidad>>.
III
El artículo 178.3 del mencionado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, recoge literalmente que "si al tiempo de formularse la propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se hubiera incoado, no se hubiera procedido aún a instar la legalización, se propondrá, y en la resolución definitiva se acordará, la imposición, mientras no se formule efectivamente la solicitud pertinente, de hasta doce multas sucesivas coercitivas, por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del cinco por ciento del coste de las obras, en su caso y como mínimo, de 601,01 euros". Es por ello que, conforme lo establecido en el fundamento jurídico anterior, procede proponer y en la resolución definitiva acordar, la imposición, mientras no se formule efectivamente la solicitud pertinente, de hasta doce multas sucesivas coercitivas por plazo de un mes e importe, en cada ocasión, del cinco por ciento del coste de las obras, en su caso, y como mínimo, de 601,01 euros.
IV
Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción tipificada como grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en cuanto que supone la realización de actos y actividades de transformación del suelo, mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones, sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias y órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas.
El artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción será sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
V
Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:
- Como agravantes, concurre la establecida en el artículo 197.d) del citado Texto Refundido por incumplimiento a la orden de suspensión, dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, mediante Resolución nº 1719, de fecha 9 de octubre de 2000, según queda probado en el expediente con visita efectuada por Técnico Inspector, el día 6 de noviembre de 2001, y que dio lugar a la imposición de multa coercitiva, establecida en la Resolución nº 1328, de fecha 22 de julio de 2002.
- Como atenuantes, se aprecia de oficio la circunstancia prevista en el artículo 198.a) del citado texto legal "la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados".
- Como circunstancia mixta, se aprecia de oficio como atenuante, la circunstancia prevista en el artículo 199.a) del mencionado Texto Refundido, por cuanto del expediente, no se aprecia que exista un grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual.
Ponderando la incidencia de dichas circunstancias en la valoración de las obras denunciadas, y de la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio proporcionalidad, es ajustado imponer a D. Rubén Gil León una sanción por cuantía de treinta y siete mil quinientos (37.500,00) euros.
VI
De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición. Es por ello que, no constando en el expediente que se hubiera procedido a instar la legalización de las obras, ni que exista incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística, procede imponer, multas coercitivas en los términos expresados en el artículo 178.3 del referido texto legal, y ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presente infracción, incluida la demolición, si instada la legalización, ésta es denegada, o no instada la legalización se hubiesen agotado sin efecto las multas coercitivas previstas en el citado precepto legal, en cuyo caso, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior, con cargo al infractor.
Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales
SE PROPONE
Primero.- Imponer a D. Rubén Gil León la multa de treinta y siete mil quinientos (37.500) euros, como responsable directo, en calidad de promotor, de una infracción administrativa consistente en la construcción de una edificación y cerramiento de parcela, sita en el lugar denominado El Salobre Alto, del término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en suelo calificado como suelo rústico potencialmente productivo, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Imponer a D. Rubén Gil León una multa coercitiva por importe de seiscientos un euro con un céntimo (601,01 euros), al amparo del artículo 178.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, a fin de que proceda a instar la legalización de las obras en cuestión, multa que se reiterará por plazos de un mes y de hasta doce, por importe, en cada ocasión, del cinco por ciento del coste de las obras, en su caso, y como mínimo de 601,01 euros, advirtiéndole que conforme el artículo 179 in fine del citado Texto Refundido, una vez agotadas sin efecto las multas coercitivas previstas en el artículo anterior, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior, con cargo al infractor.
Tercero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presente infracción, incluida la demolición, si instada la legalización, ésta es denegada, o no instada la legalización, se hubiesen agotado sin efecto las multas coercitivas previstas en el citado artículo 178.3, en cuyo caso, procederá la ejecución forzosa de las obras de reposición de las cosas a la situación anterior, con cargo al infractor.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, poniendo en su conocimiento, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente:
a) Que frente a esta propuesta de resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda de manifiesto el expediente.
b) A esta notificación se acompaña una relación de los documentos obrantes en el expediente, a fin de que pueda obtener copia de los que estime convenientes.
c) Una vez evacuado este trámite y vistas las alegaciones, informaciones y pruebas aportadas, se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para que resuelva lo que proceda.
A los efectos del artículo 19 del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, se le informa que los documentos obrantes en el expediente sancionador iniciado contra usted son los indicados con una X en la siguiente relación:
X Denuncia de Oficio, con documentación anexa a la misma.
X Resolución de suspensión nº 1719 y notificaciones de la misma.
X Alegaciones del promotor.
X Escrito de Unelco.
X Escrito a la Consejería de Presidencia e Innovaciones Tecnológicas.
X Revisión de precinto y fotos adjuntas.
X Escrito al promotor reiterando la suspensión de las obras.
X Resolución multa coercitiva nº 1328 y notificaciones de la misma.
X Recurso de reposición del promotor.
X Escrito Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y documentación adjunta.
X Resolución nº 528 desestimando recurso y notificación de la misma.
X Remisión al promotor copia compulsada Resolución 528.
X Nota de régimen interior a la Sección de Habilitación.
X Alegaciones del promotor y contestación a las mismas.
X Revisión de precinto y fotos adjuntas.
X Informe técnico.
X Resolución nº 1659 de incoación sancionador y notificaciones de la misma.
X Alegaciones del promotor.
X Propuesta de resolución del expediente sancionador."
Remitir la presente Propuesta al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de octubre de 2005.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
© Gobierno de Canarias