Habiendo sido intentada la notificación de la Resolución nº 1677, de fecha 24 de agosto de 2005, en el domicilio que figura en el expediente sancionador nº 152/04, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, a Juana Obdulia Tavío Duque, por infracción a la normativa sobre el juego, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.
"Resolución de la Directora General de Administración Territorial y Gobernación, por la que se declara la caducidad del expediente sancionador nº 152/04 incoado a Juana Obdulia Tavío Duque por infracción a la normativa sobre el juego, y se ordena el archivo de las actuaciones.
Examinado el expediente nº 152/04 incoado a Juana Obdulia Tavío Duque tramitado por la Sección de Instrucción de expedientes sancionadores de esta Dirección General de Administración Territorial y Gobernación por infringir la normativa sobre el juego.
Vista la Propuesta de la Jefe de Servicio de Gestión del Juego.
Teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y consideraciones jurídicas.
I. ANTECEDENTES
1º) Con fecha 4 de mayo de 2004 fue levantada Acta de Constatación de Hechos por Funcionarios del Servicio de Inspección del Juego de la Consejería de Presidencia y Justicia a Juana Obdulia Tavío Duque sito en la calle Fernando Sagaseta, 17, 3º D, de Las Palmas de Gran Canaria haciendo constar los siguientes hechos:
Atendiendo a la petición efectuada por el Jefe de Servicio de Gestión del Juego de fecha 19 de abril de 2004, donde se adjunta fotocopia de denuncia por presunta práctica del juego del bingo clandestino, realizada por agentes de la Unidad Especial de la policía local de Las Palmas de fecha 15 de julio de 2003, se gira visita de inspección a la hora y fecha señalada para concretar la situación de las plazas de Puntallana y Bagacera, en el polígono de San José.
Posteriormente a las 21 horas del día 5 de mayo, se visitan nuevamente las citadas plazas constatándose que en los bajos de edificios anexos a los mismos, se practica el juego del bingo clandestino. El de la plaza Puntallana, responde a un local de 70 metros cuadrados aproximadamente, estando prácticamente ocupadas las sillas y mesas que en él había, el de la plaza de Bagacera, se trata de un local aparentemente de menor superficie, con menor afluencia de jugadores. Ambos locales son visibles fácilmente desde los pasillos existentes en las plantas bajas de los edificios donde se encuentran disponiendo de altavoces para ir pregonando los números que van saliendo premiados. Para ratificar estos datos este Inspector firmante repitió visita de inspección a las 22,15 del día 7 de mayo, ratificando en el mismo sentido la anterior información.
En consecuencia, queda completamente contrastada y ratificada la información contenida en la denuncia de la policía local en lo concerniente a la práctica del juego del bingo sin la pertinente autorización administrativa.
2º) Mediante Resolución de la Directora General de Administración Territorial y Gobernación de fecha 30 de septiembre de 2004, se acordó la incoación del expediente sancionador nº 152/04 por supuesta infracción a la normativa del juego.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- De conformidad con lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas en relación con lo dispuesto en el artículo 53.c) del Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción de expedientes sancionadores en materia de casinos, juegos y apuestas.
Segunda.- El Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19 de agosto), en su artículo 5.1 establece que, salvo disposición expresa en contrario, el plazo de resolución de los procedimientos iniciados de oficio no susceptibles de producir actos favorables a los ciudadanos será de seis meses en los procedimientos sancionadores.
Tercera.- Asimismo, el artículo 44 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), dispone que "En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo, entre otros, los siguientes efectos:
En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la Resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92".
Cuarta.- Iniciado el expediente sancionador con fecha 30 de septiembre de 2004, se observa que el mismo está incurso en caducidad al haberse superado el plazo máximo de seis meses para resolver el procedimiento y notificar la resolución expresa.
Quinta.- Vista la propuesta de la Jefe de Servicio de Gestión del Juego, y en el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Declarar la caducidad del expediente sancionador nº 152/04 iniciado mediante Resolución de fecha 30 de septiembre de 2004 contra Juana Obdulia Tavío Duque, y el archivo de las actuaciones practicadas.
La presente declaración de caducidad se realiza sin perjuicio del derecho de esta Administración a iniciar nuevo expediente sancionador por la misma o distinta causa, si resulta procedente.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada, ante la Viceconsejería de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime conveniente interponer.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Victoria González Ares."
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de octubre de 2005.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Victoria González Ares.
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