Estás en:
Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Transfrizo, S.L. con fecha 30 de abril de 2005.
Referencia procedimiento sancionador nº GC-101473-O-04.
Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 1 de septiembre de 2005, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición, presentado a través del Registro de la Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 30 de abril de 2005, así como escrito complementario de entrada en el Registro de esta Corporación el 6 de mayo de 2005; contra la Resolución recaída en el procedimiento sancionador antes referenciado, dictada por el Consejero de Turismo y Transportes con fecha 15 de febrero de 2005, y notificada con fecha 31 de marzo de 2005, por la cual se resolvió sancionarle por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión anulatoria de la resolución recurrida manifestando, en síntesis, que se ha lesionado su derecho de defensa por haber prescindido del trámite de audiencia; que no se practicó debidamente la prueba propuesta en cuanto a recabar informe del Servicio de Transportes de Granada; que la resolución no analiza todas las cuestiones que se expusieron; que el vehículo sancionado tiene la condición de ligero; que no se recabó el informe del Agente denunciante; y, finalmente, que la resolución no argumenta los criterios utilizados para graduar la sanción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.
Cuarto.- Sobre las cuestiones planteadas por el recurrente son procedentes las siguientes consideraciones:
1ª) El recurrente refiere defectos en la tramitación del procedimiento seguido, en particular la omisión del traslado de la propuesta de resolución y trámite de audiencia y la consecuente indefensión causada por su inobservancia. Al respecto, el artº. 212 del ROTT señala que se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado, supuesto en el que se encuentra el presente procedimiento, en el que la Propuesta de Resolución no introdujo ningún elemento de hecho que no conociera el denunciado. El mentado artº. 212, en cuanto a la Propuesta de Resolución, precisa que sea elevada al órgano que deba dictar la resolución.
2ª) En cuanto a las cuestiones que expone el recurrente sobre las consideraciones de fondo de la resolución recurrida, cabe decir que de su examen, así como de las alegaciones del Pliego de Descargos, se observa que aquélla resuelve sobre todas las cuestiones que se plantearon.
En particular, en cuanto a la condición de vehículo ligero, no procede su consideración por cuanto a la fecha de la denuncia el vehículo era pesado, como así se desprende del Informe de la Jefatura de Tráfico que obraba en el expediente, y de la documentación aportada en el recurso, en la que se observa que mediante oficio de fecha 26 de octubre de 2004 el Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de Granada requerió la subsanación de este aspecto para la obtención de la autorización correspondiente, que había solicitado ante dicha Administración con fecha 22 de octubre de 2004.
Sobre la procedencia de aplicación de la atenuante prevista en el artº. 142.8 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, que modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres (LOTT), cabe decir que en el expediente consta que en la instrucción del procedimiento se efectuó consulta en los Archivos del propio Servicio y que fue recabada información al Registro de Transportistas, de las cuales resultó que el vehículo denunciado no se encontraba autorizado. Asimismo, tras aportarse con el recurso diversa documentación sobre la tramitación de la autorización ante el Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de Granada, a los efectos de su posible valoración de acuerdo al mentado artº. 142.8 de la LOTT, fue requerida la subsanación de dicha documentación y conferido el trámite de audiencia, al cual resultan aportados parte de tales documentos, según diligencia de 15 de julio de 2005. Sin embargo, no cabe su consideración a efectos de la calificación leve de la infracción, por cuanto no se cumplen las condiciones que exige el citado artículo, al desprenderse de dichos documentos que, si bien solicitaron la autorización correspondiente con fecha 22 de octubre de 2004 (antes de la iniciación del procedimiento sancionador), no constan acreditados los requisitos para su otorgamiento en el plazo de quince días desde la notificación del acuerdo de incoación como previene el citado artículo; dado que dicho plazo expiraba el 18 de enero de 2005, y a esa fecha no consta efectuado el abono de las sanciones pendientes, el cual le fue requerido por el Servicio de Transportes de la Delegación Provincial de Granada mediante oficio con registro de salida de fecha 25 de noviembre de 2004.
Por las consideraciones expuestas se estima conforme a derecho la resolución recurrida.
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,
ACUERDA:
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Zoilo Juan Pérez González, en representación de Transfrizo, S.L., presentado a través del Registro de la Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 30 de abril de 2005, y el escrito complementario, de entrada en el Registro General de esta Corporación con fecha 6 de mayo de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-101473-O-2004, confirmando y manteniendo la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes que impuso la sanción de 4.601,00 euros."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de octubre de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
© Gobierno de Canarias