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No teniendo constancia esta Dirección General del domicilio de las personas físicas y jurídicas que se relacionan, y siendo preciso notificarles las Resoluciones recaídas en los expedientes incoados contra los mismos, por infracción a la normativa en materia de consumo y conforme al artículo 59, apartado 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a las personas físicas y jurídicas que se citan, las Resoluciones recaídas en los expedientes que les han sido instruido por infracción a la legislación en materia de consumo.
Los interesados podrán interponer recurso de alzada contra la Resolución del expediente, que no agota la vía administrativa, en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de la publicación de la presente Resolución, ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
El pago de la sanción se hará efectiva a partir de la notificación de la liquidación que oportunamente se girará por la Consejería de Economía y Hacienda.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, las correspondientes Resoluciones para su publicación en el tablón de edictos.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/418/2004.
INSTRUIDO A: Tecnomaster Informática, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B38327516.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 4 de mayo de 2004 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento venta menor de artículos de informática del que es titular Tecnomaster Informática, S.L. con domicilio en la carretera Santa Cruz-La Laguna, 114, Gracia, término municipal de La Laguna y extiende el acta 6927 de ampliación de diligencias al acta 6889 para comprobar la reclamación nº 2895/03 formulada por D. Antonio Amorós Araño, con D.N.I. nº 21.645.433, relativa a la adquisición en el mes de mayo de 2002 de un ordenador portátil Asus 1300 que presenta problemas desde un primer momento que no fueron subsanados tras ser reparado.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo resguardo de depósito o presupuesto previo escrito por la reparación, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. José Amorós Arañó.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 40, de fecha 25 de febrero de 2005, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
R E S U E L V O:
Imponer a Tecnomaster Informática, S.L. la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/419/2004.
INSTRUIDO A: Gematel Insular, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B35594423.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 6 de mayo de 2004 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento servicio de asistencia técnica de rótulo Gematel Vodafone del que es titular Gematel Insular, S.L. con domicilio en la calle de La Marina, 55, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 6868 para comprobar la reclamación nº 2320/03 formulada por D. Juan Carlos Álvarez Solórzano, con D.N.I. nº 42.061.156, relativa a la adquisición de un terminal Motorola T 191, el día 23 de julio de 2002 con problemas de funcionamiento que no fueron subsanados tras varias reparaciones.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que el establecimiento no dispone de Hojas de Reclamaciones. Asimismo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo resguardo de depósito y factura o documento que acreditara la reparación o presupuesto previo entregado al cliente, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Juan Carlos Álvarez.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan de aplicación: por carecer de Hojas de Reclamaciones: los artículos 27, 40.4.g) y Disposición Transitoria 2ª de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Por no colaborar con la inspección, los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 15 de noviembre 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Gematel Insular, S.L. la sanción de multa de ochocientos (800) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/422/2004.
INSTRUIDO A: Auna Telecomunicaciones, S.A.
D.N.I.-N.I.F.: A62186556.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 18 de mayo de 2004 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Auna del que es titular Auna Telecomunicaciones, S.A. con domicilio en Dieciocho de Julio, 26, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 8967 de ampliación de diligencias al acta 8904 para comprobar la reclamación nº 1957/03 formulada por Dña. Susana Adán Maestro, provista de D.N.I. nº 51.930.105, relativa a la supuesta negativa a facilitarle una Hoja de Reclamaciones que había solicitado tras no estar conforme con el cobro por la instalación en su domicilio de los elementos necesarios para acceder a Internet, pues, según manifestó, nada se le había informado.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que las Hojas de Reclamaciones de que dispone el establecimiento no figuran convenientemente cumplimentadas con los datos identificativos de la empresa, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 27, 40.4 g) y Disposición Transitoria 2ª de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con el Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los consumidores y usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 15 de noviembre 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Auna Telecomunicaciones, S.A. la sanción de multa de doscientos cuarenta (240) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/430/2004.
INSTRUIDO A: Isabel Hoyos, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: 38622874.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 26 de mayo de 2004 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de rótulo Tienda Movistar del que es titular Isabel Hoyos, S.L., con domicilio en la Avenida de Santa Cruz, 123, en San Isidro, término municipal de Granadilla y extiende el acta 1058 de ampliación de diligencias al acta 8522 para comprobar la reclamación nº 1964/03 formulada por Dña. María Elena Trápaga Fernández, con D.N.I. nº 43.807.723, relativa a la adquisición de un terminal telefónico que no reunía las prestaciones que inicialmente solicitaba, al no tener conexión con un PC.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que el establecimiento le negó el cambio de terminal por haberlo solicitado transcurridos cinco días desde la compra; sin embargo no se exhibe cartel alguno donde se informe a la clientela de tal limitación, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por vulnerar el derecho de información que tiene carácter básico para los consumidores y usuarios.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 3.1.c), 12 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 23 de noviembre 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Isabel Hoyos, S.L. la sanción de multa de trescientos (300) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 27 de abril de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/439/2004.
INSTRUIDO A: Gematel Insular, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B35594423.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de junio de 2004 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento servicio de asistencia técnica del que es titular Gematel Insular, S.L. con domicilio en la calle de La Marina, 55, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 1040 para comprobar la reclamación nº 228/04 formulada por D. Alfredo D. Redondo Flores, con D.N.I. nº 42.039.604, relativa a la adquisición de un terminal telefónico Motorola c350, el día 18 de junio de 2003 con problemas técnicos de funcionamiento que no fueron subsanados por esa empresa, a pesar de estar en vigor la garantía.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo historial del cliente, con resguardo e informes, con los distintos cambios de teléfono, especificando si éstos eran nuevos o usados, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Alfredo D. Redondo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 16 de diciembre 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Gematel Insular, S.L. la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/440/2004.
INSTRUIDO A: Gematel Insular, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B35594423.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 11 de junio de 2004 un Inspector de esta Dirección General, realiza una inspección en el establecimiento de servicio de asistencia técnica del que es titular Gematel Insular, S.L. con domicilio en la calle de La Marina, 55, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 1039 para comprobar la reclamación nº 697/04 formulada por D. Sebastián Mesa Hernández, con D.N.I. nº 42.047.304, relativa a la adquisición de un terminal telefónico, Nokia 3410 con problemas técnicos que no han sido resueltos por esa empresa, a pesar de estar en vigor la garantía.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo Informe técnico con las pruebas necesarias que motiven la exclusión de la garantía en la reparación del citado terminal, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Sebastián Mesa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 14 de diciembre 2004 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Gematel Insular, S.L. la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de mayo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/468/2004.
INSTRUIDO A: Emts Laboratory, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B81453565.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de junio de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de servicio técnico de rótulo Emts del que es titular Emts Laboratory, S.L., con domicilio en la calle Callao de Lima, 23-25, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 1257 para comprobar la reclamación nº 306/04 formulada por D. Óscar L. Cruz Hernández, con D.N.I. nº 45.442.074, relativa a la supuesta negativa a reparar con cargo a la garantía un terminal telefónico de la marca Nokia, modelo 3310, que entró en el servicio técnico el día 2 de enero de 2004 y que había adquirido el día 4 de enero de 2003.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que el resguardo de depósito extendido por el prestador del servicio el día 2 de enero de 2004, con nº 50471895 carece de los siguientes requisitos: Número de Identificación Fiscal de Servicio Técnico, fecha prevista de entrega, bien del presupuesto previo solicitado, bien del aparato ya reparado y firma del cliente.
Este hecho es constitutivo de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 3º, apartado 1, letras b) y c); 11, apartado 1, letra d) y 40, apartado 4, letra h) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con el artículo 3º.11 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías provisto del nº 98235, de fecha 10 de febrero de 2005, sucintamente, manifiesta:
"... Que una vez levantada inspección informando dicha infracción se procedió a realizar el cambio de dichos resguardos de depósito (que se adjunta como documento nº 1) en el que constasen todos los requisitos especificados en la normativa nombrada anteriormente antes de dictarse resolución del procedimiento sancionador, lo que es una circunstancia atenuante según el artículo 43.2 de la Ley 13/2003 ...
Por lo expuesto, solicito se tenga por presentado este escrito hechas las manifestaciones en él contenidas y se fije la infracción cometida en 150 euros ...".
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, por cuanto que en el presente supuesto no cabe admitir la subsanación posterior de los hechos antes de dictarse resolución, amparándose en el contenido del artículo 43.2 de la Ley 3/2003, para aplicar esa circunstancia atenuante, y ello porque si se analizan los resguardos citados en el Acuerdo de inicio se puede observar que cada uno de ellos presenta la casilla correspondiente a la fecha prevista de entrega y la de firma del cliente. El hecho constitutivo de infracción lo es precisamente no cumplimentarlos debidamente.
No obstante lo anterior, sí se puede comprobar que figura el Número de Identificación Fiscal de la empresa, por lo que, en aplicación del principio de proporcionalidad que debe regir en todo procedimiento administrativo sancionador, procede reducir la sanción a una multa de 200 euros.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Emts Laboratory, S.L. la sanción de multa de doscientos (200) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/476/2004.
INSTRUIDO A: Emts Laboratory, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B81453565.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de junio de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de servicio técnico de rótulo Emts del que es titular Emts Laboratory, S.L., con domicilio en la calle Callao de Lima, 23-25, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 1256 para comprobar la reclamación nº 315/04 formulada por Dña. Noemí García Chinea y D. Jorge L. Pineda Cabrera, provistos del D.N.I. nº 43.794.496 y 43.809.952, relativa a la adquisición de un terminal telefónico de la marca Movistar por un valor de 132,1 euros en fecha 16 de octubre de 2003, negándole la reparación con cargo a la garantía.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que el resguardo de depósito extendido por el prestador del servicio el día 11 de diciembre de 2003, con nº 50453654 carece de los siguientes requisitos: Número de Identificación Fiscal de Servicio Técnico, fecha prevista de entrega, bien del presupuesto previo solicitado, bien del aparato ya reparado y firmas tanto del cliente como del prestador del servicio. Estos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 3º, apartado 1, letras b) y c); 11, apartado 1, letra d) y 40, apartado 4, letra h) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con el artículo 3º.11 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías provisto del nº 132120, de fecha 23 de febrero de 2005, sucintamente, manifiesta:
"... Que en dicho expediente se hace constar que en la inspección girada por un Inspector de esa Dirección General y que correspondió al acta 1256, y con respecto al documento 50453654 no constaban ni el Número de Identificación Fiscal ni otros datos.
... Que hemos detectado que en dicho documento y tanto en su margen izquierdo como el cuerpo del mismo figuran los datos por los que se nos sancionan.
Por lo expuesto, solicito se tenga por presentado este escrito, hechas las manifestaciones en él contenidas y, se anule el acuerdo de iniciación del expediente sancionador ...".
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, por cuanto que, si se analiza el resguardo citado en el Acuerdo de inicio se puede observar que presenta la casilla correspondiente a la fecha prevista de entrega y la de firma del cliente. El hecho constitutivo de infracción lo es precisamente no cumplimentarlos debidamente.
No obstante lo anterior, sí se puede comprobar que figura el Número de Identificación Fiscal de la empresa, por lo que, en aplicación del principio de proporcionalidad que debe regir en todo procedimiento administrativo sancionador, procede reducir la sanción a una multa de 200 euros.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Emts Laboratory, S.L. la sanción de multa de doscientos (200) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/478/2004.
INSTRUIDO A: Emts Laboratory, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B81453565.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de junio de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de servicio técnico de rótulo Emts del que es titular Emts Laboratory, S.L., con domicilio en la calle Callao de Lima, 23-25, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 1259 para comprobar la reclamación nº 260/04 formulada por D. José Romero Afonso, provisto del D.N.I. nº 42.164.404, relativa a la exigencia previa a la reparación en garantía de un terminal telefónico modelo TSM 100 de la presentación de la factura de compra donde figure como propietario del referido terminal, cuando ya en el documento de garantía aparecen esos datos.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba la veracidad de las alegaciones vertidas por el reclamante, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor o usuario.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resulta aplicable el artº. 40.4.f) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías provisto del nº 98233, de fecha 10 de febrero de 2005, sucintamente, manifiesta:
"Emts Laboratory, S.L. como servicio técnico oficial de TSM se rige por la normativa que el fabricante marca en las cuestiones que a garantías se refiere.
Entre las condiciones de garantía definidas por los fabricantes, se encuentran las que se refieren a la documentación necesaria que hay que presentar para que una reparación pueda realizarse dentro de la garantía. Estas condiciones son comunicadas por los fabricantes y pueden ser modificadas a lo largo del tiempo.
Si en este caso la documentación presentada no se consideró válida o suficiente para la reparación en garantía del terminal esto pudo deberse a que dicha documentación careciera de los datos suficientes exigidos por el fabricante.
Sirva esta exposición para aclarar los hechos ...".
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, dado que no cabe alegar como circunstancia eximente de responsabilidad del prestador del servicio un supuesto acuerdo con el fabricante, acuerdo que, por otro lado, vulnera los derechos que la ley le otorga a los consumidores y usuarios. Aquéllos tienen el carácter de irrenunciables y cualquier pacto que lesione su contenido es nulo de pleno derecho. El derecho de garantía no puede estar supeditado a que se conserve la factura de compra cuando ya en el documento de garantía figuran los datos de su titular y los demás datos precisos.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Emts Laboratory, S.L. la sanción de multa de trescientos (300) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/479/2004.
INSTRUIDO A: Emts Laboratory, S.L.
D.N.I.-N.I.F.: B81453565.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 25 de junio de 2004, un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento de servicio técnico de rótulo Emts del que es titular Emts Laboratory, S.L., con domicilio en la calle Callao de Lima, 23-25, término municipal de Santa Cruz de Tenerife y extiende el acta 1258 para comprobar la reclamación nº 227/04 formulada por D. José A. Fernández Mondelo, con D.N.I. nº 33.155.312, relativa a la negativa a reparar con cargo a la garantía un terminal telefónico de la marca Nokia, adquirido el día 9 de agosto de 2003 por un precio de 86 euros.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que el resguardo de depósito extendido por el prestador del servicio el día 21 de octubre de 2003, con nº 30357388 carece de los siguientes requisitos: Número de Identificación Fiscal de Servicio Técnico, fecha prevista de entrega, bien del presupuesto previo solicitado, bien del aparato ya reparado y firmas tanto del cliente como del prestador del servicio. Estos hechos son constitutivos de infracción en materia de consumo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 3º, apartado 1, letras b) y c); 11, apartado 1, letra d) y 40, apartado 4, letra h) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en concordancia con el artículo 3º.11 del Real Decreto 58/1988, de 29 de enero (B.O.E. nº 29), sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de reparación de aparatos de uso doméstico.
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: el interesado en escrito presentado en el registro de entrada de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías provisto del nº 132110, de fecha 23 de febrero de 2004, sucintamente, manifiesta:
"... en dicho expediente se hace constar que en la inspección girada por un Inspector de esa Dirección General y que correspondió al acta 1258 y con respecto al documento 30357388 no constaban ni el Número de Identificación Fiscal ni otros datos.
... Que hemos detectado que en dicho documento y tanto en su margen izquierdo como en el cuerpo del mismo figuran los datos por los que se nos sancionan.
Por lo expuesto, solicito se tenga por presentado este escrito, hechas las manifestaciones en él contenidas y se anule el acuerdo de iniciación de expediente sancionador ...".
CONTESTACIÓN A LAS CUESTIONES Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS: no se desvirtúan en modo alguno los hechos imputados en el Acuerdo de inicio, por lo que no procede eximir de responsabilidad al interesado, por cuanto que, si se analiza el resguardo citado en el Acuerdo de inicio se puede observar que presenta la casilla correspondiente a la fecha prevista de entrega y la de firma del cliente. El hecho constitutivo de infracción lo es precisamente no cumplimentarlos debidamente.
No obstante lo anterior, sí se puede comprobar que figura el Número de Identificación Fiscal de la empresa, por lo que, en aplicación del principio de proporcionalidad que debe regir en todo procedimiento administrativo sancionador, procede reducir la sanción a una multa de 200 euros.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Emts Laboratory, S.L. la sanción de multa de doscientos (200) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 31 de mayo de 2005.- La Directora General de Consumo, Concepción Pérez González.
RESOLUCIÓN
Visto el expediente nº 38/17/2005.
INSTRUIDO A: Jesús Manuel Fernández Perdomo.
D.N.I.-N.I.F: 54041691V.
MOTIVACIÓN
(Artº. 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
REFERENCIA DE HECHOS: el día 8 de julio de 2004 un Inspector de esta Dirección General realiza una inspección en el establecimiento taller de reparación de vehículos automóviles de rótulo Taller Evolución del que es titular Jesús Manuel Fernández Perdomo, con domicilio en la calle Santo Domingo de Guzmán, 8, Las Torres de Taco, término municipal de La Laguna y extiende el acta 4213 para comprobar la reclamación nº 1316/03 formulada por D. Juan Agustín Luis González, con D.N.I. nº 43.789.921, relativa a la comisión de supuestas irregularidades en la reparación del vehículo de la marca Opel, modelo Corsa, matrícula TF-9384-AW, hechos denunciados el día 18 de junio de 2003.
De las actuaciones inspectoras llevadas a cabo se comprueba que no fue atendido el requerimiento efectuado por el Inspector actuante quien había concedido un plazo de diez días para que fuera presentado en el registro de entrada de la Dirección General de Consumo resguardo de depósito de la entrada del vehículo en el taller inmediatamente anterior a la entrada que se produjo el 5 de mayo de 2003 y escrito o documento con exposición de los hechos según el responsable del taller frente a la versión del reclamante, transcurriendo dicho plazo sin que el interesado enviara documento alguno, hecho que es constitutivo de infracción en materia de consumo por no colaborar con los servicios de inspección en el esclarecimiento de la reclamación formulada por D. Juan Agustín Luis.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: resultan aplicables los artículos 32.b), 34 y 40.4.m) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34).
CUESTIONES PLANTEADAS EN EL EXPEDIENTE: existe constancia en actuaciones de que el Acuerdo de iniciación fue notificado al interesado el día 6 de abril de 2005 mediante carta certificada con aviso de recibo, sin que en el plazo de quince días concedido al efecto formulara alegaciones.
Conforme a las competencias asignadas a la Dirección General de Consumo por el artículo 9, apartados k) y m), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por Decreto Territorial 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154) y en el artículo 39, apartado 2 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34),
R E S U E L V O:
Imponer a Jesús Manuel Fernández Perdomo la sanción de multa de seiscientos (600) euros.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de 1 mes desde su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
Santa Cruz de Tenerife, a 30 de septiembre de 2005.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
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