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No habiéndose podido practicar la notificación de la referida Resolución de 17 de agosto de 2005, a D. Francisco de Paula Feliciano, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la citada Resolución a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
DENUNCIADO: D. Francisco de Paula Feliciano Rivera.
ASUNTO: iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de ordenación del sector pesquero y de comercialización de productos pesqueros nº PV-23/2005.
Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de 17 de agosto de 2005, por la que se acuerda la iniciación del expediente sancionador PV-023/2005 (Ref. 00242/05) a D. Francisco de Paula Feliciano Rivera.
Vista el acta de denuncia nº 102/05, formulada por los Guardias Civiles de la 2ª Comandancia de Santa Cruz de La Palma, Unidad: Patrulla Fiscal Territorial con T.I.P. V-01707-Z y T-12838-G, a D. Francisco de Paula Feliciano Rivero, según escrito de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 15 de julio de 2005, que tuvo entrada en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con fecha 25 de julio de 2005 (registro de entrada nº 675273-43629) con motivo de haberse observado la comisión de hechos presuntamente constitutivos de una infracción administrativa, por vulneración de la legislación vigente en materia de comercialización de productos pesqueros, y en base a los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Al prestar servicio la Patrulla Fiscal Territorial de Santa Cruz de La Palma, formada por los Guardias Civiles mencionados, en Puerto Espíndola, San Andrés y Sauces, el día 14 de julio de 2005, siendo las 11,00 horas, proceden a inspeccionar el vehículo isotermo marca Volkswagen TF-1628-BY, su conductor y posteriormente denunciado, transportaba diferentes clases de pescado fresco, para su posterior venta: dos cajas con 20 kilos de salemas cuya talla se encuentra entre 19 y 20 centímetros, siendo la talla mínima reglamentaria 24 centímetros. El denunciado, al serle solicitado por parte de los agentes la factura del pescado, presenta una nota de venta donde no se especifica el vendedor y origen del pescado transportado y objeto de denuncia. El denunciado manifiesta que el pescado lo compró en la Lonja de la Dársena Pesquera del Muelle de Santa Cruz de Tenerife y que creía que la talla reglamentaria de las Salemas era igual que la de "Chopa" 19 cm. Se procede a la incautación del pescado fresco citado, siendo entregado a las 13,00 horas en el centro familiar "Virgen del Socorro".
Segundo.- Que el denunciado es D. Francisco de Paula Feliciano Rivera (N.I.F. 42.167.113-V) con domicilio en la calle La Portada, 28, 1º izquierda, Santa Cruz de La Palma.
Tercero.- En la iniciación del presente expediente sancionador, se han observado las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), y demás de general aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La competencia para incoación y resolución del presente expediente sancionador, le viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 328/1999, de 2 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 29 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo) dispone que: "a los efectos de la presente Ley, se entiende por comercialización de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, cada una de las operaciones que transcurren desde la primera venta hasta su consumo final, y que comprende, entre otras, la tenencia, transporte, almacenamiento, exposición y venta, incluida la que se realiza en los establecimientos de restauración".
Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), relativa a la ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos pesqueros, dispone que: "sin perjuicio de la aplicación directa de la normativa básica estatal, en materia de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera, establecimientos de puertos base y cambio de base, puertos de desembarque y primera venta de los productos pesqueros, así como en materia de comercialización de productos pesqueros, será de aplicación la restante legislación del Estado".
Las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero y de comercialización de productos pesqueros, vienen recogidas en el Título V, Capítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).
Cuarto.- En cuanto a la tenencia para la comercialización de 20 kilos de pescado inferior a la talla reglamentaria (salemas "Sarpa Salpa"), el artículo 79 de la Ley 3/2001, establece que: "quedan prohibidas las operaciones de comercialización de productos de la pesca y del marisqueo de cualquier origen o procedencia, cuya talla o peso sea inferior al reglamentario de cada modalidad o su modo de obtención no haya sido conforme a la normativa internacional, comunitaria, estatal y autonómica de aplicación en la materia o incumplan la normativa sanitaria que en cada momento se establezca".
El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores del Archipiélago Canario (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como talla mínima para salemas "Sarpa Salpa" 24 centímetros, talla mínima que recoge, igualmente, el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril).
Quinto.- El ilícito administrativo constatado constituye una infracción calificada como grave en el artículo 99 de la Ley 3/2001, tanto en su apartado c) la tenencia, la consignación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferior a la reglamentada. El importe de la sanción, que en su caso proceda, oscilará entre 301 a 60.000 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.2 del texto legal citado.
Sexto.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), se informa de los siguientes extremos referentes a la tramitación del procedimiento:
- Plazo máximo para resolver y notificar: 6 meses desde el inicio del expediente de procedimiento sancionador.
- Efectos de la falta de resolución expresa: archivo de actuaciones por caducidad.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Ordenar la iniciación de expediente sancionador nº PV-023/2005 (Ref. 00242/05) contra D. Francisco de Paula Feliciano Rivera (N.I.F. 42.167.113-V).
Segundo.- Nombrar instructora del expediente a Dña. María Luisa Ramos Soriano (Técnico del Servicio de Desarrollo Pesquero), haciendo debida indicación, en cuanto al régimen de recusación al artículo 29 de la Ley 30/1992.
Tercero.- Indicar al denunciado el derecho que tiene a conocer en cualquier momento del procedimiento, su estado de tramitación y a acceder y obtener copias de los documentos constituidos en el mismo y a formular con anterioridad al trámite de audiencia, alegaciones y aportar los documentos que estime pertinentes. Incluso puede reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 8 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Cuarto.- Notificar la iniciación del presente expediente sancionador al interesado indicándole que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la recepción del presente acuerdo, para aportar ante esta Viceconsejería de Pesca cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente y, en su caso proponer prueba, concretando los medios de que pretenda valerse.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de 2005.- El Viceconsejero de Pesca, Gonzalo Angulo González.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2005.- El Viceconsejero de Pesca, Gonzalo Angulo González.
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