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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria.
JUICIO: verbal LEC. 2000 0000484/2003.
PARTE DEMANDANTE: D./Dña. Segurcaixa.
PARTE DEMANDADA: D./Dña. Nicolás Domínguez Santana.
SOBRE: recl. de cantidad.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto litispendencia siguiente:
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de octubre de 2004.
Visto por D. Jesús Ángel Suárez Ramos, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Las Palmas, el juicio verbal 484/03, seguido por Segurcaixa representada por el procurador Dña. Mónica Padrón Franquiz y defendida por el letrado D. José Alejandro Falcón Aide, contra D. Nicolás Domínguez Santana, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha de 27 de marzo de 2003 se presentó por Segurcaixa demanda de juicio verbal contra D. Nicolás Domínguez Santana en la que suplica se la condene a abonar a la actora la suma de 1.844,77 euros, más los intereses legales y costas.
Se fundamenta la demanda, en síntesis, en lo siguiente: "PRIMERO: Mi mandante, en el ejercicio de su actividad aseguradora, concertó en fecha 30 de marzo de 1996 con D. Juan León Reyes, una póliza de seguros sobre la vivienda sita en la calle Castillejos, 30, 2º A, izquierda, de esta ciudad. La referida póliza nº 22034392-5, renovada anualmente, tenía por objeto, entre otros detallados en la misma, cubrir a dicho asegurado el riesgo de que se produjeran en su vivienda daños causados por filtraciones de agua que pudieran afectar tanto al continente como al contenido de la misma. Se adjunta con el nº 1 de documentos condiciones particulares de la póliza contratada.
SEGUNDO: En fecha 11 de julio de 2001 se produjeron daños por filtraciones de agua en el piso propiedad del Sr. León Reyes, asegurado con mi representada, que afectaron a su continente y contenido. A fin de dilucidar las causas y el importe de los daños ocasionados, se llevó a cabo un informe pericial en el cual se concretó, tras los exámenes pertinentes, que el siniestro se produjo como consecuencia de filtraciones de agua provenientes del piso superior, propiedad del demandado D. Nicolás Domínguez Santana, que afectaron a paredes, techos, armarios de carpintería y diversos enseres. Todo ello tal como consta en el informe pericial que se adjunta con el nº 2 de documentos, ilustrado con fotografías anexas (2), verificado por el gabinete pericial Inspectorate Española, S.A., cuyos archivos se dejan señalados a efectos probatorios.
TERCERO: El coste de la reparación de los daños causados en la vivienda asegurada con mi representada ascendieron a la cantidad total de 1.844,77 euros (220,87 euros + 1.422,27 euros + 201,63 euros), los cuales fueron llevados a cabo por medio de la empresa Multiasistencia, tal como consta en los documentos que se acompañan con los números 3 al 6 de documentos, y abonados por mi representada a la misma en cumplimiento del contrato de seguro concertado con el Sr. León Reyes.
CUARTO: Como consecuencia de dicho pago mi mandante quedó subrogada, por disposición legal y contractual, en los derechos y acciones que correspondieran a su asegurado contra los responsables de los daños, el demandado Sr. Domínguez Santana, acerca del cual se realizaron gestiones en vía amistosa pero sin resultado positivo, habiéndole sido remitido telegrama en fecha 25 de junio de 2002, tanto de reclamación como interrumpiendo el plazo prescriptivo, tal como consta en la copia del telegrama expedida a mi mandante que se adjunta con el nº 7 de documentos, dejando señalados los archivos de Correos y Telégrafos a efectos probatorios".
Segundo.- Señalada la vista para el 11 de octubre de 2004, el demandado D. Nicolás Domínguez Santana, debidamente citado, no comparece, por lo que es declarada en rebeldía. En la vista se practicó la prueba documental y testifical.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Segurcaixa reclama en este procedimiento a D. Nicolás Domínguez Santana, el abono de los 1.844,77 euros que indemnizó a su asegurado, como consecuencia de los daños causados por filtraciones de agua. Ejercita, por tanto, la acción prevista en el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro: "El asegurador, una vez pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización. El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. El asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse. El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato. En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés".
El demandado ha adoptado la postura procesal de rebeldía, pues no ha comparecido, lo que no libera al actor de probar los extremos de su demanda, pues como señala la Sentencia de Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1993: "esta ausencia no puede servir per se de causa o motivo de allanamiento o de conformidad con las pretensiones de la parte actora".
Lo que expresamente reconoce la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 496: "Declaración de rebeldía y efectos. 1. Será declarado en rebeldía el demandado que no comparezca en forma en la fecha o en el plazo señalado en la citación o emplazamiento. 2. La declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda, salvo los casos en que la ley expresamente disponga lo contrario".
Establece el artículo 216: "Principio de justicia rogada. Los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley disponga otra cosa en casos especiales"; y en el artículo 217: "Carga de la prueba. 1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal considerase dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la reconvención. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".
Con arreglo a la lógica distribución de la carga probatoria, incumbe al demandante probar la existencia de la relación contractual de la que surge la obligación pecuniaria, y su importe, y así lo hace mediante:
a) Informe pericial sobre la realidad de los daños producidos, su causa y su valoración económica (folio 8 y 9).
b) Facturas acreditativas de la reparación al asegurado de los desperfectos (folio 11 a 13).
c) Reclamaciones extrajudiciales (folio 14).
d) Testifical de D. Juan León Reyes en la vista, que expone el origen de los daños.
Lo anterior no resulta desvirtuado por ningún hecho excluyente, extintivo o impeditivo, ya que el demandado ha adoptado voluntariamente la situación procesal de rebeldía, no formulando alegaciones frente a la pretensión.
Segundo.- Son de aplicación los siguientes preceptos del Código Civil: artículo 1089 "Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia" y el artículo 1902: "El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado".
Demostrada la existencia del daño y el abono por la compañía de seguros de la indemnización, el demandado está obligado a reparar el daño causado. Por ello, procede condenar al demandado a satisfacer la suma reclamada por la actora accediendo totalmente a lo pretendido.
Tercero.- Establece el artículo 1108 del Código Civil que si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal. Por lo tanto, con arreglo a lo pedido en la demanda, deberá satisfacer el condenado los intereses legales por la mora del pago de la cantidad adeudada.
Cuarto.- Dispone la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 394: "Condena en las costas de la primera instancia. 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.
2. Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad".
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre del Rey
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por Segurcaixa condeno a D. Nicolás Domínguez Santana a abonar a la actora la suma de mil ochocientos cuarenta y cuatro euros con setenta y siete céntimos (1.844,77 euros), más el interés legal y las costas del juicio.
Esta sentencia no es firme, y contra ella cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, que se preparará en este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación, y se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada, fue la anterior Sentencia, por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por resolución de la fecha y de conformidad con el artículo 497.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 se ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de noviembre de 2004.- El/la Secretario Judicial.
DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de diciembre de 2004.
La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios. Doy fe.
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