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BOC Nº 194. Lunes 3 de Octubre de 2005 - 3519

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3519 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de septiembre de 2005, que notifica Resolución resolutoria del recurso de alzada nº 53/05 interpuesto por D. César Torrado Pacheco, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Turísticas Neptuno, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tal efecto en el correspondiente expediente administrativo, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Explotaciones Turísticas Neptuno, S.L. titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Neptuno, la Resolución de 21 de abril de 2005 (Libro nº 1, Folio 250, número de inscripción 189), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 53/05 (expediente nº 193/03), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 282, de fecha 13 de agosto de 2004.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santiago del Teide (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2005.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 53/05 interpuesto por D. César Torrado Pacheco, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Turísticas Neptuno, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 53/05 formulado por D. César Torrado Pacheco, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Turísticas Neptuno, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Neptuno, sito en Avenida Marítima, Playa de la Arena, término municipal de Santiago del Teide, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 282, de fecha 13 de agosto de 2004, recaída en el expediente sancionador nº 193/03, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en: "Explotar turísticamente 11 apartamentos, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística canaria".

Hecho que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de dieciocho mil (18.000) euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando el archivo del expediente sancionador por haberse producido la caducidad del mismo, y por infringir principios básicos del procedimiento sancionador.

Del cuerpo del escrito presentado, resulta que el recurso se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:

1. La caducidad del procedimiento sancionador, en virtud del artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al haberse agotado el período de treinta días desde el vencimiento del plazo de seis meses en que debió ser dictada la resolución final del procedimiento.

2. El Inspector desarrolla su labor sobre unos apartamentos que no se encontraban en explotación en el momento de su denuncia, por lo que no se da el presupuesto de hecho que lleva aparejada la sanción impuesta. Los once apartamentos a que hace alusión el Acta de Inspección no estaban en explotación antes de llevarse a cabo la inspección.

3. Vulneración del principio de proporcionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden Departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

En la Resolución de iniciación del expediente sancionador, apartado relativo a la tipificación de la infracción, error que se repite en la Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora, figura: "... Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias ...", en vez de: "... Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias ...".

En la Propuesta de Resolución, página primera, se dice: "... iniciado como consecuencia de denuncia de fecha 24 de agosto de 2002, registro de entrada nº 543589, de 5 de noviembre de 2002 ...", y "... titular del establecimiento ...", error que se vuelve a cometer en la página final, debiendo figurar: "... iniciado como consecuencia de denuncia de fecha 24 de agosto de 2004 formulada por Dña. María Milagros Leal Felipe, registro de entrada en la Consejería de Turismo nº 543.589, de 5 de noviembre de 2004 ...", y "... titular de la explotación turística ...".

Por último, en la Resolución sancionadora, en el encabezamiento, antecedente primero, consideración jurídica quinta y resuelvo, se consigna: "... EXPLOTACIONES TURÍSTICAS NEPTUNO ...", "... denuncia de fecha 24 de agosto de 2003 ...", "Con fecha 5 de noviembre de 2003 ...", "... artículo 4.2.m) del anexo del Decreto 84/2004, de 29 de junio ..." y "... Explotaciones Neptuno, S.L.", debiendo consignarse: "... EXPLOTACIONES TURÍSTICAS NEPTUNO, S.L. ...", "... denuncia de fecha 24 de agosto de 2002 ...", "Con fecha 5 de noviembre de 2002 ...","... artículo 4.2.m) del Decreto 84/2004, de 29 de junio ..." y "... Explotaciones Turísticas Neptuno, S.L. ...".

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad mercantil, titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 193/03, en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 13 de agosto de 2004.

Se alega por la entidad mercantil, con el fin de anular la Resolución impugnada, la caducidad del procedimiento sancionador por aplicación del artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación con el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta pretensión no puede prosperar por cuanto se argumenta a continuación.

El apartado 1 del artículo 134 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido. Este procedimiento sancionador figura regulado en el Reglamento aprobado por el ya citado Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, estableciendo en su artículo 1 que la potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en este Reglamento, en defecto total o parcial de procedimientos específicos previstos en las correspondientes normas. En nuestro ordenamiento territorial, el procedimiento específico para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística, viene regulado en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, normativa autonómica específica que desplaza la aplicación del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, habiéndolo declarado así la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencias de fechas 22 de enero de 2003, 30 de julio de 2004 y 24 de enero de 2005.

El "dies a quo" para iniciar el cómputo del plazo de caducidad, se rige por la legislación específica, el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, que conforme a su artículo 4.1 el plazo de seis meses para resolver el procedimiento sancionador debe computarse a partir de la notificación del acuerdo de incoación de dicho procedimiento. El acuerdo de incoación del procedimiento lo constituye la resolución de inicio del mismo, según el artículo 9 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto. En razón de lo expuesto, habiéndose notificado a la entidad mercantil expedientada la resolución de inicio del expediente sancionador mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 93, de fecha 14 de mayo de 2004, según consta acreditado en el propio expediente, y la notificación de la resolución sancionadora, que pone fin al procedimiento, mediante acta de inspección de fecha 13 de septiembre de 2004, igualmente acreditada, no ha transcurrido el plazo máximo de los seis meses que establece el citado artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, para la resolución del procedimiento sancionador. No se ha producido la caducidad del procedimiento sancionador y, por tanto, no procede el archivo de las actuaciones.

Entrando en el fondo de la cuestión debatida, el hecho infractor imputado a la entidad mercantil ahora recurrente, fue constado en el Acta de Inspección nº 6673, de 27 de marzo de 2003, sin que las aseveraciones contenidas en el acta de referencia hayan sido desvirtuadas en momento alguno, ni por alegaciones ni medio probatorio alguno, teniendo lo verificado por la referida Acta de Inspección plena eficacia probatoria al amparo de lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

Consta acreditado en el expediente sancionador que el 27 de marzo de 2003, fecha en que se extiende el Acta de Inspección, Explotaciones Turísticas Neptuno, S.L., del total de sesenta y dos unidades alojativas que conforman el complejo de apartamentos, explota treinta y cuatro unidades, si bien en el libro de inspección sólo se encuentran declaradas para su explotación veintitrés unidades, por lo que once unidades alojativas de más están siendo explotadas sin haberlo puesto en conocimiento de la Administración turística competente, obligación que viene impuesta por el artículo 11 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos: "Los cambios y modificaciones que se vayan a producir en la estructura, características o sistemas de explotación de los establecimientos que puedan afectar a su clasificación, deberán ser comunicados, previa y preceptivamente, a la Administración que autorizó la clasificación ...". Según la entidad mercantil recurrente, las once unidades a que hace alusión el Acta de Inspección no estaban en explotación antes de llevarse a cabo la inspección. Pero lo cierto es que, en presencia del Administrador del establecimiento, el Inspector constató la explotación de más unidades alojativas de las autorizadas sin haber comunicado tal hecho al Organismo correspondiente. De la constatación y examen del contenido del acta, nos permite afirmar que la misma está dotada de todos los elementos necesarios para dotarle de presunción de veracidad, correspondiendo a la parte recurrente destruir tal presunción mediante la utilización de los medios de prueba admitidos en derecho, cosa que no ha hecho. Por todo ello, la Resolución sancionadora combatida es conforme a derecho, sin que en modo alguno quepa entender que se ha actuado en base a simples apreciaciones o juicios de valor, sino todo lo contrario, en base a hechos acreditados por medios de prueba referida en la propia Acta de Inspección que goza de presunción de certeza.

En razón de lo expuesto, existe una responsabilidad administrativa de la entidad mercantil titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 193/03, en base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b) del citado texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

El hecho infractor se incardina en el artículo 75.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que tipifica de infracción muy grave a la normativa turística, efectuar modificaciones sustanciales de la infraestructura, características o sistemas de explotación de los establecimientos turísticos, que puedan afectar a su capacidad, modalidad o clasificación, sin la autorización previa de la administración turística competente. Pero ya desde la Resolución de inicio del expediente sancionador el hecho infractor fue calificado de grave en aplicación del artículo 76.19 del mismo texto legal, habiendo sido fijada la sanción de multa de conformidad con los criterios de intencionalidad y naturaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establecen en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, sin que en momento alguno, pueda considerarse vulnerado el principio de proporcionalidad, habida cuenta la calificación de la infracción y las circunstancias concurrentes, toda vez que la sanción de multa inicialmente fijada era de 30.000 euros, y en la Resolución sancionadora fue rebajada, teniendo en consideración que la entidad mercantil carecía de antecedentes por infracciones a la normativa turística, a 18.000 euros.

Por cuanto antecede y teniendo en consideración el informe de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de fecha 9 de diciembre de 2004, procede desestimar el recurso de alzada interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución recurrida y mantener la sanción de multa impuesta por ser conformes a Derecho todos sus pronunciamientos.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR.044/05-C, emitido con fecha 15 de abril de 2005 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada nº 53/05 formulado por D. César Torrado Pacheco, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Turísticas Neptuno, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamentos Neptuno, sito en Avenida Marítima, Playa de la Arena, término municipal de Santiago del Teide, y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 282, de fecha 13 de agosto de 2004, recaída en el expediente sancionador nº 193/03, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de dieciocho mil (18.000) euros, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

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