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Examinado el expediente tramitado a solicitud del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife (provincia de Santa Cruz de Tenerife), para la transformación del sistema de provisión del puesto de trabajo de Tesorería, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1º) Por Resolución de esta Dirección General de 14 de febrero de 2001, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 33, de 14 de marzo, se creó, en la plantilla del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife, el puesto de Tesorería, y se clasificó como puesto reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de la Subescala de Intervención-Tesorería.
2º) Por oficio de 21 de diciembre de 2004, reiterado por otro de 19 de mayo de 2005, el Presidente del Consorcio, en ejecución del acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de junio de 2004, solicita que el puesto de Tesorería, reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, sea clasificado por esta Administración como puesto a proveer por el sistema de libre designación, al concurrir los requisitos establecidos en la normativa vigente para optar por esta forma de provisión.
3º) Consta en el expediente informe facultativo emitido por la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, con fecha 29 de julio de 2005, a petición de esta Dirección General.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 159.1 del Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (B.O.E. números 96 y 97), en la redacción dada por Ley 42/1994, de 30 de diciembre (B.O.E. nº 313), dispone que la competencia de ejecución en materia de creación, supresión y clasificación de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de su ámbito territorial, corresponde a la Comunidad Autónoma respectiva, cuyo órgano competente resolverá los expedientes de clasificación y ordenará la publicación de la resolución en su diario oficial, de acuerdo con el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio (B.O.E. nº 189), por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segunda.- Corresponde a la Dirección General de la Función Pública el ejercicio de las competencias que, respecto a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, están atribuidas a la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con lo que dispone el artículo 43, letra b), del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, aprobado por Decreto 40/2004, de 30 de marzo (B.O.C. nº 70, de 13 de abril).
Tercera.- El artículo 99.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (B.O.E. nº 80), en la redacción dada por Real Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio (B.O.E. nº 154), y el artículo 27.1 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, disponen que, con carácter excepcional, podrán cubrirse por el sistema de libre designación, entre habilitados de carácter nacional, de la subescala y categoría correspondientes, los puestos a ellos reservados que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. Dicho sistema sólo podrá adoptarse, en atención al marcado carácter directivo de sus funciones o a la especial responsabilidad que asuman, respecto de los puestos en Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, Ayuntamientos, capitales de Comunidad Autónoma o de provincia y de municipios con población superior a cien mil habitantes, siempre que tengan asignado nivel 30 de complemento de destino. Además, cuando se trate de puestos de intervención o tesorería, a los requisitos señalados anteriormente, hay que añadir el de que la cuantía mínima del presupuesto ordinario de la Corporación habrá de ser superior a tres mil millones de pesetas. La opción por el sistema de libre designación requiere la modificación previa en tal sentido de la correspondiente relación de puestos de trabajo y comunicación al órgano competente de la Comunidad Autónoma a efectos de clasificación.
Cuarta.- El Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife se configura como un ente local, ya que constituye su objeto la gestión, inspección y recaudación de los tributos propios de las Corporaciones que lo integran (Cabildo Insular de Tenerife y veintisiete Ayuntamientos de la isla). Ejerce, en consecuencia, las funciones que se corresponden con competencias propias de las Entidades Locales, de acuerdo con el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Vid. STS de 30.4.99). Tal consideración permite aplicar analógicamente la previsión contenida en el artículo 99.2 de la indicada Ley, ya que las Entidades Locales que lo conforman disponen de una población superior de 100.000 habitantes, y el importe de los cargos de los valores tributarios que se le encomiendan, para la gestión recaudatoria, supera los 18.030.363,13 euros. Resulta indudable, además, la especial responsabilidad que asume el funcionario titular del puesto de Tesorería, en atención al volumen de los valores que gestiona. Finalmente, el puesto tiene asignado nivel 30 de complemento de destino, de acuerdo con lo previsto en la relación de puestos de trabajo.
Quinta.- El artículo 28.2 del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, en la redacción dada por el artículo 9º del Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, dispone que la convocatoria para la provisión de puestos de trabajo reservados a habilitados nacionales por el procedimiento de libre designación se efectuará por el Presidente de la Corporación en el plazo máximo de tres meses desde que el puesto de trabajo hubiese resultado vacante, y será remitida por aquél al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su publicación en el diario oficial correspondiente y remisión al Ministerio de Administraciones Públicas en el plazo máximo de 10 días, con referencia precisa del número y fecha del diario en el que ha sido publicada.
Vistos los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación.
Esta Dirección General, a propuesta de la Corporación y en el ejercicio de la competencia que tiene legalmente atribuida
R E S U E L V E:
1. Clasificar el puesto de trabajo de Tesorería, existente en la plantilla del Consorcio de Tributos de la isla de Tenerife (provincia de Santa Cruz de Tenerife), y que se halla reservado a la Escala de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, como puesto a proveer por el sistema de libre designación.
2. Requerir a la Presidencia del Consorcio para que, en el plazo de tres meses desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, apruebe la convocatoria para la provisión, por libre designación, del indicado puesto de trabajo.
3. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 9º del Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, citado.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su publicación, ante los Juzgados de los Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o bien, a criterio del interesado, interponer en vía administrativa el recurso de reposición potestativo ante esta Dirección General en el plazo de un mes a partir del día siguiente a que tenga lugar su publicación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de septiembre de 2005.- El Director General de la Función Pública, Juan Manuel Santana Pérez.
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