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BOC Nº 183. Viernes 16 de Septiembre de 2005 - 3393

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3393 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de septiembre de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación D. Argelio Rodríguez Martín interesado en el expediente nº 875/02-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Argelio Rodríguez Martín en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 875/02-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Argelio Rodríguez Martín la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 8 de agosto de 2005, recaída en el expediente referencia 875/02-U, y que dice textualmente:

"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:

Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Argelio Rodríguez Martín, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras en Suelo Rústico, consistentes en la ampliación y rehabilitación de una vivienda antigua, en el lugar denominado Camino de San Pedro, 9, en el término municipal de San Andrés y Sauces.

Vistos informe técnico, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Con fecha 13 de marzo de 2002, los Agentes de Medio Ambiente adscritos a esta Agencia, denuncian que en el lugar denominado Camino de San Pedro, 19, en el término municipal de San Andrés y Sauces, en suelo clasificado como Rústico, se han venido ejecutando obras consistentes en la ampliación y rehabilitación de una vivienda antigua, promovidas por D. Argelio Rodríguez Martín, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTCENC).

Segundo.- Mediante resolución nº 1851 de fecha 3 de octubre de 2002, notificada a la persona interesada con fecha 4 de noviembre de 2002, el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ordenó la suspensión de las referidas obras, requiriendo al afectado para que en el plazo de tres meses instara la correspondiente legalización de las obras.

Tercero.- Con fecha 23 de enero de 2003 se efectúa el correspondiente precinto, habiéndose llevado a efecto con fecha 14 de diciembre de 2004, seguimiento de precinto en donde se comprueba que las obras se encuentran en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia del mismo.

Cuarto.- Con fecha 15 de abril de 2005, es girada visita de inspección por el Inspector adscrito a esta Agencia, comprobándose los hechos denunciados por la Guardia Civil, donde se hace constar:

1º) Que las obras denunciadas consisten en la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada situada en Camino de San Pedro, 19, en el término municipal de San Andrés y Sauces. Se comprueba que la vivienda a reformar era de 203,23 m2 (69,49 m2 en planta baja y 133,74 en planta alta) y por tanto la superficie ampliada es de 264,90 m2 entre las tres plantas de la edificación. Las obras se encuentran en fase de acabadas, pendiente de terminación del revestimiento exterior de la planta baja y la terminación de la terraza a dos fachadas situada en la planta alta de la edificación, encontrándose en el mismo estado que en la visita de seguimiento de precinto realizado por los Agentes de esta Agencia, adjuntándose fotografías del estado de ejecución de las citadas obras en el momento de la inspección en las que se confirma que éstas no se encuentran terminadas.

2º) El Plan General de Ordenación vigente en el municipio de San Andrés y Sauces, clasifica dicho suelo como Rústico Residual.

Quinto.- Con fecha 28 de junio de 2005, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 2339, notificada la misma con fecha 6 de julio de 2005, por la que se acordó incoar el oportuno expediente sancionador.

Sexto.- Con referencia al citado expediente, el interesado presentó el día 20 de julio de 2005, escrito mediante el que formula alegaciones.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A) La acción administrativa sancionadora, a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente, se fundamenta en lo siguiente:

1.- D. Argelio Rodríguez Martín, está realizando obras consistentes en la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar aislada situada en Camino San Pedro, 19, en el término municipal de San Andrés y Sauces, sin las autorizaciones preceptivas, lo que infringe los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTCENC) que establece que las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras.

B) Notificada el 6 de julio de 2005, la resolución de incoación del procedimiento sancionador, D. Argelio Rodríguez Martín, presentó el 20 de julio de 2005, escrito en el que formula alegaciones manifestando en primer lugar, defectuosa concreción del hecho causante del ilícito administrativo; en segundo lugar la prescripción de la infracción; en tercer lugar, la caducidad de la acción de restablecimiento del orden jurídico perturbado; en cuarto lugar, la caducidad del procedimiento de restablecimiento de la realidad física alterada; y en quinto lugar que la edificación se encuentra en trámite de legalización y susceptible de ello.

Todas estas alegaciones no pueden ser tenidas en cuenta, dado que no modifican la determinación inicial de los hechos, ni su calificación, toda vez que:

Las obras se han ejecutado sin la obtención de las preceptivas autorizaciones y este hecho es suficiente para incoar el procedimiento sancionador correspondiente, porque desde el momento en que se ejecutaron las obras sin las mismas se produjo el hecho tipificado en el artículo 202.3 apartado b) del TRLoTCENC.

Consta tanto en la denuncia como en el informe técnico de fecha 15 de abril de 2005, que las obras denunciadas consisten en la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar y que actualmente la vivienda tiene una superficie construida de 467,13 m2 de los cuales 207,96 corresponden a planta baja, 232,94 m2 a planta alta y 26,22 m2 a planta azotea. Una vez comprobados los planos presentados para solicitar la legalización de las obras, se detecta la superficie original de la vivienda a reformar que era de 203,23 m2 y por tanto la superficie ampliada es de 264,90 m2 entre las tres plantas de la edificación. Se comprueba que en 1999 el Ayuntamiento de San Andrés y Sauces otorgó a D. Argelio Rodríguez Martín una licencia municipal de obras para efectuar obras de reforma en el interior de la vivienda antigua, pero se trata de una licencia de obra menor que no ampara en ningún caso las obras de ampliación denunciadas.

En cuanto a la caducidad del procedimiento y de la acción de restablecimiento del orden jurídico perturbado, decir que en virtud del artículo 201 "in fine" del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el plazo de la prescripción aún no ha comenzado a correr, pues éste empezará a correr a partir de la total terminación de las obras, cosa que a fecha de la última inspección realizada por nuestro servicio técnico el 15 de abril de 2005, aún no se había producido. Por lo tanto la infracción no sólo no ha prescrito, sino que aún no se ha iniciado el plazo de prescripción, pues no se han finalizado las obras. En cuanto a la acción del restablecimiento, se debe tener en cuenta que las obras de edificación de dos plantas con uso residencial en suelo rústico, sólo podría ser legalizable si el terreno donde se ubica la construcción se encontrara en asentamiento rural o agrícola, por lo tanto las obras no son susceptibles de legalización conforme al planeamiento en vigor. "El artº. 164.2 del TRLoTCENC dispone que la potestad de protección de la ordenación es de ejercicio inexcusable, de forma que en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de restablecimiento del orden jurídico infringido, estableciendo el artº. 188.1.a) del TRLoTCENC que toda acción u omisión tipificada como infracción dará lugar a la adopción de las medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado. De conformidad con el artículo 179 del TRLoTCENC, se procederá a la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos: a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma (...).

En el caso que nos ocupa, es necesaria la calificación territorial (ex artículos 66, 27 y 170.1 del TRLoTCENC) y se carece de la misma, y, a mayor abundamiento, resulta evidente la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables: la vivienda se ha edificado en Suelo Rústico Residencial por el planeamiento urbanístico municipal vigente como Asentamiento Rural o Asentamiento Agrícola, por lo que se ha vulnerado el artículo 66.7 del TRLoTCENC, que exige, entre otros requisitos, que las viviendas de nueva planta que se construyan en suelo rústico se hallen situadas en terrenos categorizados expresamente por el planeamiento vigente como asentamiento rural o como asentamiento agrícola. Por tanto, procede ordenar la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la infracción, mediante la demolición de las referidas obras."

En lo referente a la desproporción de la sanción, el artº. 203.1.b) del TRLoTCENC sanciona las infracciones graves con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros. Según el artículo 196.1 del TRLoTCENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante, atenuante o mixta, la multa deberá imponerse por cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente. Indica también el artículo 196.1 del TRLoTCENC que el importe de la sanción se fijará en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias atenuantes, agravantes o mixtas en la valoración global de la infracción.

C) Debiendo desestimarse las alegaciones, procede estimar cometida la infracción relacionada anteriormente y en el presente caso se observan que concurren las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:

- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por ausencia de intención de causar daño tan grave a los intereses públicos afectados.

- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.c) del TRLoTCENC, por la paralización de las obras, tras la inspección y la pertinente advertencia del agente de la autoridad.

- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a) del TRLoTCENC, en su consideración de atenuante en atención al grado de conocimiento de la normativa legal y de las técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio.

- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.b) del TRLoTCENC, en su consideración como agravante en atención al beneficio obtenido o ausencia de éste, en función de la valoración de la obra, las obras contenidas en el presente expediente sancionador ascienden a una cuantía de 98.831,41 euros, según informe técnico de fecha 15 de abril de 2005, emitido por esta Agencia.

Conforme al artículo 196 del citado Texto Refundido cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción. En base a ello se propone la imposición de una multa de 37.500,00 euros.

3. CONCLUSIONES

1º) HECHO PROBADO.

Los días 13 de marzo de 2002 y 15 de abril de 2005, se constata que D. Argelio Rodríguez Martín, está realizando obras consistentes en la reforma y ampliación de vivienda unifamiliar, sin las preceptivas autorizaciones administrativas de obras.

2º) CALIFICACIÓN.

El hecho probado es constitutivo de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras.

3º) RESPONSABLE.

Es responsable de la antedicha infracción D. Argelio Rodríguez Martín, con D.N.I. 42.141.544, con domicilio en Camino de San Pedro, 19, 38720-San Andrés y Sauces.

4º) SANCIÓN QUE CORRESPONDE Y MEDIDAS QUE SE PROCEDE ADOPTAR.

Por la infracción del citado hecho multa de 37.500,00 euros y de conformidad con el artículo 179 del TRLoENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

4. ÓRGANO COMPETENTE

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Vistos, que han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y en virtud de lo expuesto, el Instructor propone la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de treinta y siete mil quinientos euros a D. Argelio Rodríguez Martín, en calidad de promotor, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Acordar la demolición de las obras objeto de este expediente para la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000.

Notifíquese la propuesta de resolución al interesado.

De todo lo cual se le da a usted traslado, concediéndole un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la recepción del presente, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), pudiendo Vd. o persona con poder bastante tomar vista del expediente y solicitar copias de documentos del mismo y presentar los documentos e informaciones que estime pertinente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 875/02-U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2005.

- Informe del Ilustre Ayuntamiento de San Andrés y Sauces de fecha 19 de marzo de 2002.

- Boletín de denuncia de oficio de fecha 13 de marzo de 2002.

- Resolución nº 1851 por la que se acuerda suspender las obras de fecha 3 de octubre de 2002 con acuses de recibo.

- Nota de Régimen Interno al Servicio Técnico de fecha 11 de diciembre de 2002.

- Alegaciones del denunciado de fecha 12 de diciembre de 2002.

- Diligencia de Precinto de fecha 23 de enero de 2003 con plano y fotografías.

- Informe de Precinto de fecha 7 de febrero de 2003.

- Diligencia de Seguimiento de Precinto de fecha 22 de diciembre de 2004.

- Nota de Régimen Interno al Servicio Técnico de fecha 2 de febrero de 2005.

- Fax enviado al Cabildo Insular de La Palma de fecha 28 de marzo de 2005.

- Fax del Cabildo de fecha 31 de marzo de 2005.

- Informe técnico y valoración de fecha 15 de abril de 2005.

- Resolución nº 2339 por la que se acuerda incoar expediente sancionador de fecha 28 de junio de 2005.

- Alegaciones del denunciado de fecha 26 de julio de 2005."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de septiembre de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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