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BOC Nº 165. Martes 23 de Agosto de 2005 - 3037

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3037 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de agosto de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Wolfgang Just interesado en el expediente nº 98/03-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Wolfgang Just en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 98/03-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Wolfgang Just la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural recaída en el expediente con referencia 98/03-U, y que dice textualmente:

"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:

Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Wolfgang Just, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas, consistentes en la ampliación de una antigua edificación, en el lugar denominado "El Entullo", en el término municipal de Valle Gran Rey, dentro del Espacio Natural Protegido del Parque Rural de Valle Gran Rey, G-4.

Vistos informe técnico, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- Con fecha 13 de enero de 2003, los Agentes de Medio Ambiente, adscritos al Cabildo Insular de La Gomera, denuncian obras de reforma y ampliación de antigua edificación dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey (E.N.P. G-4), sin contar con las autorizaciones preceptivas y siendo el promotor de las mismas D. Wolfgang Just.

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dicta Resolución nº 408, de fecha 13 de marzo de 2003, notificada el día 22 de marzo de 2003, por la que se acuerda suspender dichas obras y se le requiere a D. Wolfgang Just, para que en el plazo de tres meses inste la legalización de las obras. Habiéndose llevado a efecto con fecha 12 de agosto de 2003 la diligencia de precinto, se comprueba a fecha 22 de julio de 2004, que las obras han continuado, al realizarse un muro exterior con arcos invertidos de medio punto forrado en piedra y una techumbre de madera en la parte trasera de la vivienda.

Tercero.- Con fecha 18 de noviembre de 2004, el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia dicta Resolución nº 3652, por la que se resuelve recurso de reposición, interpuesto por D. Wolfgang Just, contra la Orden de suspensión, desestimándose éste.

Cuarto.- Con fecha 10 de marzo de 2005, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución notificada el día 23 de marzo de 2005, por la que se acordó incoar el oportuno expediente sancionador.

Quinto.- Con referencia al citado expediente, el interesado presentó el día 5 de abril de 2005, escrito mediante el que formula alegaciones.

2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A) La acción administrativa sancionadora, a la vista de los antecedentes obrantes en el expediente, se fundamenta en lo siguiente:

1.- D. Wolfgang Just está realizando obras consistentes en la ampliación de antigua edificación dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey (E.N.P. G-4), en el lugar denominado "El Entullo", en el término municipal de Valle Gran Rey, sin las autorizaciones preceptivas, lo que infringe los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLoTCENC), aprobado por Decreto Legislativo 1/2000 (en adelante TRLoTCENC) que establece que las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras.

B) Notificada el 30 de marzo de 2005, la resolución de incoación del procedimiento sancionador, D. Wolfgang Just, presentó el 5 de abril de 2005, escrito en el que formula alegaciones manifestando en primer lugar la caducidad del procedimiento; en segundo lugar que las obras ejecutadas no son de obra nueva sino que han consistido en una ampliación del baño de 7 metros cuadrados de una casa antigua debido a un incendio provocado y de la terraza de otros 7 metros cuadrados; en tercer lugar, que se ha solicitado una nueva calificación territorial, la cual va a ser concedida, pues el nuevo proyecto presentado se ajusta básicamente a las determinaciones establecidas en el Decreto Legislativo 1/2000; en cuarto lugar, que no se ajusta a la realidad el valor de las obras que se exponen en el escrito, de 49.597,00 euros, siendo su coste bastante inferior a dicha cifra y que la zona del Entullo es una zona en la que, al margen de que se defina en un futuro como asentamiento rural o no, en las Normas Subsidiarias, se ubican una gran cantidad de viviendas unifamiliares de una y dos alturas y el desarrollo del municipio ha hecho que se haga necesaria la legalización de todas ellas, razón por la cual el Ayuntamiento de la localidad informa favorablemente a la solicitud de reformas de las mismas.

Todas estas alegaciones no pueden ser tenidas en cuenta, dado que no modifican la determinación inicial de los hechos, ni su calificación, toda vez que:

Las obras se han ejecutado sin la obtención de las preceptivas autorizaciones y este hecho es suficiente para incoar el procedimiento sancionador correspondiente, porque desde el momento que se ejecutaron las obras sin las mismas se produjo el hecho tipificado en el artículo 213 del TRLoTCENC, no obstante el hecho de que las obras pudieran ser legalizables, no exime al interesado de la obligación de obtener las autorizaciones preceptivas.

En cuanto a la caducidad del procedimiento sancionador decir que la resolución, de suspensión de las obras que se vienen ejecutando ilegalmente, no es una medida dependiente de procedimiento sancionador alguno, ni se trata de una medida de las denominadas provisionalísimas en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992.

El Capítulo V del Título V, del Decreto Legislativo 1/2000, regula el procedimiento de protección de la legalidad y restablecimiento del orden jurídico perturbado y distingue perfectamente dos supuestos, el primero en cuanto los actos de construcción, edificación, etc. se encuentran en curso de ejecución sin la concurrencia de los presupuestos legales que los legitiman o contraviniendo sus condiciones, frente a los que cabe la medida de suspensión de los mismos, como primer paso del restablecimiento del orden jurídico perturbado y el segundo de los supuestos es cuando los actos han concluido.

En el presente caso las obras denunciadas estaban en ejecución por lo que en cumplimiento del artículo 176 del Decreto Legislativo 1/2000, se acordó la suspensión de las obras, y además se requirió al interesado para que instara la legalización de las mismas, obligación que no está unida a la incoación de un procedimiento sancionador, puesto que mientras el interesado no disponga de las autorizaciones pertinentes no puede continuar con la ejecución de las obras puesto que es una obligación de origen legal y de protección del interés general, la cual no puede depender de una probable incoación de un expediente sancionador.

Ahora bien, la apreciación de una presunta comisión de una infracción va a dar lugar a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente expediente sancionador, cuyo inicio no está sometido a plazo procedimental alguno.

Una medida tiene el carácter de provisional o provisionalísima cuando está encaminada a asegurar la eficacia de la resolución que pudiera adoptarse en un procedimiento administrativo, que en nuestro caso será el procedimiento sancionador, y en éste la suspensión no tiene tal carácter puesto que es indiferente que se hayan suspendido las obras en ejecución o no ya que no influyen en la resolución del procedimiento sancionador, en el cual si se demuestra la infracción cometida conlleva una multa pecuniaria que se impondrá se haya suspendido o no la obra. Incluso la orden de restablecimiento que pudiera adoptarse en el procedimiento sancionador y que no tiene carácter de sanción, tampoco depende de la continuidad de la obra o no.

Las obras denunciadas y objeto de este expediente sancionador bajo el nº 98/03, son de ampliación de una edificación existente, siendo la valoración de la referida ampliación con una superficie de 17 m2, cuarto de aperos de 12 m2 de 15.223 euros y no de 49.597 euros como alega el promotor de las obras. La valoración practicada desde el Servicio Técnico de la Agencia se encuentra perfectamente motivada de acuerdo con los criterios de valoración recogidos en los baremos orientativos del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, utilizando la fórmula que a continuación se indica: Valoración = (coste del prototipo medio provincial x coeficiente zonal para Tenerife x coeficiente de uso y tipología x coeficiente de calidad x coeficiente de ponderación) euros/m2 x m2 superficie x porcentaje obra terminada. En ningún caso cabe afirmar que la citada valoración de las obras sea excesiva: la referida valoración se ha llevado a cabo a través de la aplicación de criterios estrictamente objetivos con los que se elimina todo margen de posible discusión, de forma que:

- No se ha computado el valor del suelo sobre el que se ha levantado la edificación.

- El cálculo sólo contempla el coste de ejecución material, excluyendo los gastos generales y el beneficio industrial que se añadiría si hubiésemos acudido al coste de ejecución por contrata.

- Se ha aplicado un coeficiente de reducción del 20%, dado que en los baremos orientativos del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias se alude a un margen de variabilidad de un 20%.

Como resultado se obtiene una valoración que, sin que quepa lugar a duda alguna, se encuentra muy por debajo del valor de mercado de lo edificado.

En cuanto a la posibilidad de que en un futuro el suelo será calificado como asentamiento rural y que en la zona se ubica una gran cantidad de viviendas decir que ha de tenerse en cuenta que según la doctrina del Tribunal Constitucional que delimita el alcance del derecho fundamental de igualdad ante la Ley consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española Çel principio de igualdad ante la ley no significa un imposible derecho a la igualdad en la ilegalidadÈ. O, como afirman constantes sentencias del Tribunal Supremo (entre otras, las de 25 de febrero de 1972 y 19 de octubre de 1987) "el precedente no puede basarse en la ilegalidad", que no cabe ampararse en que las viviendas de la zona están siendo legalizadas por el Ayuntamiento, para pretender que a aquella persona que hubiere infringido el ordenamiento jurídico no se le sancione o para intentar que no se ordene la demolición exigida por la Ley y en cuanto a la posibilidad de que cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubican las obras, se ha de señalar que aunque hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación cambiara la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubican las obras destinadas a uso residencial, ello en modo alguno eliminaría la infracción presuntamente cometida, ni las consecuencias puramente sancionadoras que de ella se derivaran. Por otra parte, dado que lo ejecutado es incompatible con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables, vulnerándose el artículo 66.7.a) del TRLoTENC, no existe fundamento legal alguno que impida actualmente a la Administración el proponer ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de la edificación. Y no es óbice para ello el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica ésta, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artículo 179 del TRLoTCENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada), en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o de categoría de suelo) que en la actualidad es futuro e incierto. Así, vemos como para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicable (es decir, vigente en el momento de su concesión) [artº. 166.5.a) del TRLoTCENC por remisión del artº. 178.2 del TRLoTCENC), no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma, el artículo 179.1 del TRLoTCENC exige que la Propuesta de Resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigentes en el momento de emitir ésta), no siendo posible, por tanto, el posponer la propuesta de adopción de esta medida en espera de un futuro e hipotético cambio de clase o de categoría de suelo, no obstante y teniendo en cuenta que el interesado ha instado la legalización de las obras, solicitándose previamente la calificación territorial, es por lo esta medida queda expresamente en suspenso hasta que recaiga resolución en el procedimiento de legalización instado por el interesado, de conformidad con el artículo 179.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

C) Debiendo desestimarse las alegaciones, procede estimar cometida la infracción relacionada anteriormente y en el presente caso se observan que concurren las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:

- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por ausencia de intención de causar daño tan grave a los intereses públicos afectados.

- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a) del TRLoTCENC, en su consideración de atenuante en atención al grado de conocimiento de la normativa legal y de las técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio.

- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.b) del TRLoTCENC, en su consideración como atenuante en atención a la ausencia de beneficio obtenido por la infracción, en función de la valoración de la obra, las obras contenidas en el presente expediente sancionador ascienden a una cuantía de 15.223 euros, según informe técnico de fecha 18 de marzo de 2005, emitido por esta Agencia.

Conforme al artículo 196 del citado Texto Refundido cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción. En base a ello se propone la imposición de una multa de 15.223 euros, equivalente al 100 por cien del valor de las obras en atención a las circunstancias atenuantes y mixtas apreciadas.

3. CONCLUSIONES

1º) HECHOS PROBADOS.

Primero.- El día 13 de enero de 2003, se constata que D. Wolfgang Just, por la ejecución sin las preceptivas autorizaciones administrativas, consistentes en la ampliación de una antigua edificación, en el lugar denominado "El Entullo", en el término municipal de Valle Gran Rey, dentro del Espacio Natural Protegido del Parque Rural de Valle Gran Rey, G-4.

2º) CALIFICACIÓN.

El hecho probado primero es constitutivo de infracción urbanística, tipificada en el artículo 213 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de muy grave en el artículo 202.4 del citado texto, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras y afectando a terrenos declarados como Espacio Natural Protegido.

3º) RESPONSABLE.

Es responsable de la antedicha infracción D. Wolfgang Just con D.N.I. X-1652448-J, domiciliado en calle El Entullo, s/n, 38870-Valle Gran Rey.

4º) SANCIÓN QUE CORRESPONDE Y MEDIDAS QUE SE PROCEDE ADOPTAR.

Por la infracción del hecho infractor multa de 15.223,00 euros y de conformidad con el artículo 179 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

4. ÓRGANO COMPETENTE

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).3 y 229 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Visto, que han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y en virtud de lo expuesto se formula la siguiente, el instructor propone la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de quince mil doscientos veintitrés euros a D. Wolfgang Just, en calidad de promotor, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Acordar la demolición de las obras objeto de este expediente para la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTCENC, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000.

Notifíquese la propuesta de resolución al interesado.

De todo lo cual se le da a usted traslado, concediéndole un plazo de quince días para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS OBRANTES

EN EL EXPEDIENTE Nº 98/03-U

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 24 de enero de 2005, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2005.

- Escrito del Cabildo Insular de La Gomera remitiendo denuncia de fecha 5 de febrero de 2003 con fotografías y planos.

- Escrito del Cabildo remitiendo nuevamente denuncia con fotos y planos con fecha de entrada 5 de febrero de 2003.

- Resolución nº 408, de fecha 13 de marzo de 2003, por la que se acuerda suspender las obras con acuses de recibo.

- Nota de régimen interno al Servicio Técnico de fecha 1 de abril de 2003.

- Alegaciones del interesado con fecha de entrada 8 de mayo de 2003.

- Nota de régimen interno al Servicio Técnico.

- Diligencia de precinto con fotografías y planos de fecha 12 de agosto de 2003.

- Diligencia de precinto de fecha 24 de noviembre de 2003 con fotografías.

- Diligencia de precinto de fecha 30 de marzo de 2004 con fotografías.

- Reiterando nueva denuncia del Seprona aportando fotografías con fecha de entrada 19 de mayo de 2004.

- Nota de régimen interno al Servicio Técnico de fecha 21 de mayo de 2004.

- Diligencia informativa de fecha 26 de julio de 2004 con fotografías.

- Escrito del Ayuntamiento con fecha de entrada 5 de agosto de 2004.

- Resolución nº 839, de fecha 10 de marzo de 2005, con acuse de recibo incoando expediente sancionador con acuses de recibo.

- Alegaciones del interesado con fecha de entrada 11 de abril de 2005.

- Nota de régimen interno al Servicio Técnico de fecha 13 de abril de 2005.

- Informe técnico y valoración de fecha 10 de mayo de 2005.

- Oficio al Excmo. Cabildo de La Gomera solicitando información con acuse de recibo de fecha 27 de mayo de 2005."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de agosto de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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