Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el expediente incoado por el correspondiente Centro Directivo de la mencionada Consejería, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Barreiro Vilacoba, en representación de la entidad mercantil Breogan, S.L., la Resolución de 9 de junio de 2005 (Libro nº 1, Folio 426, nº 258), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 080/05 (expediente nº 059/04), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 355, de fecha 15 de octubre de 2004.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Arona (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de agosto de 2005.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 080/05 interpuesto por D. José Barreiro Vilacoba, en representación de la entidad mercantil Breogan, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 080/05 formulado por D. José Barreiro Vilacoba, en representación de la entidad mercantil Breogan, S.L., titular de la explotación turística de 65 unidades alojativas del establecimiento denominado Apartamentos Compostela Beach-Breogan, sito en Avenida del Litoral, Las Américas, término municipal de Arona, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 355, de fecha 15 de octubre de 2004, recaída en el expediente sancionador nº 59/04, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en: "- Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, modificado por los Decretos 39/1997, de 20 de marzo, y 20/2003, de 10 de febrero.- Explotar turísticamente 65 unidades alojativas del establecimiento consignado, el cual consta de 349 unidades, incumpliendo el principio de unidad de explotación legalmente establecido".
Hechos que determinaron la imposición de sanciones de multa en cuantía de mil quinientos diez (1.510) euros, para el primer hecho infractor, y treinta mil cincuenta (30.050)euros, para el segundo hecho infractor.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando su revocación, declarando la nulidad por caducidad del expediente y, sólo subsidiariamente, se confirme la sanción de multa de 1.510 euros, correspondiente al primer hecho infractor, anulando y dejando sin efecto la sanción de multa por el segundo hecho infractor o, en su caso, que la infracción sea calificada de leve.
Del cuerpo del escrito presentado, resulta que el recurso se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:
1º) La caducidad del procedimiento sancionador. Habiéndose levantado las Actas de Inspección el 25 de febrero de 2004, y notificada la Resolución el 21 de octubre de 2004, la Administración se ha excedido del plazo de seis meses de que disponía para resolver. Todo ello, de conformidad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación con el plazo previsto en los artículos 4 y 6 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Caducidad que igualmente se habría producido por aplicación del artículo 6.2 del citado Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
2º) No se vulnera el principio de unidad de explotación. Con fecha 1 de octubre de 2000, se formalizó Convenio entre Breogan, S.L. y Explotaciones Turísticas Compostela, S.A., por el que ambas sociedades se obligaban a la prestación conjunta de sus servicios a los fines previstos en el artículo 38.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, produciéndose, en consecuencia, un efectivo sometimiento de la actividad de explotación a una sola actividad empresarial en aquellos aspectos fundamentales o principales servicios de la explotación que la Ley exige en garantía de los usuarios.
3º) La Resolución sancionadora vulnera los principios de legalidad y tipicidad, previstos en los artículos 127.1 y 129 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con la Disposición Adicional Quinta 1.a) y b) de la propia Ley 7/1995, de 6 de abril, habida cuenta que del tenor literal de este precepto, si persistiese el incumplimiento del principio de unidad de explotación, será incoado el correspondiente procedimiento sancionador, persistencia que es inexistente en el presente caso.
Tercero.- Es preciso aclarar que en la Resolución sancionadora se comete un error material, no de derecho, al haberse omitido, en el apartado de hechos infractores, el relativo al incumplimiento del principio de unidad de explotación. Este error se aprecia de forma ostensible y teniendo en cuenta exclusivamente los datos del expediente administrativo, siendo patente y claro, toda vez que en el indicado acto administrativo se fundamenta y motiva la comisión de este hecho infractor por parte de la entidad mercantil expedientada, con indicación expresa de la norma sustantiva infringida, su tipificación y la sanción a imponer, datos todos ellos contenidos también en la Resolución de inicio y Propuesta de Resolución, de los que ha sido conocedora la entidad mercantil en todo momento durante la sustanciación del procedimiento. Por ello, procede la subsanación del indicado error de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en los términos en que se expondrá en el fundamento de derecho tercero de la presente Resolución.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
En la Resolución de inicio se constatan los siguientes errores materiales, que se vuelven a repetir en la Propuesta de Resolución y Resolución sancionadora: "Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo", y "... modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices del Turismo de Canarias ...", debiendo ser subsanadas en el siguiente sentido: "Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, modificado por los Decretos 39/1997, de 20 de marzo, y 20/2003, de 10 de febrero" y "... modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias ...".
En la Propuesta de Resolución figura "... titular del establecimiento ..." y "... artículo 4.2.m) del anexo del Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", error este último que se repite en la Resolución sancionadora, en vez de "... titular de la explotación turística del establecimiento ..." y "... artículo 4.2.m) del Decreto 84/2004, de 29 de junio ...".
Finalmente, son errores materiales consignados en la Resolución sancionadora los siguientes: en la página primera "... como consecuencia del acta de inspección nº 8330 de fecha 25 de febrero de 2004", en el antecedente tercero, página cuarta "... (250.001 pesetas) ...", antecedente sexto "Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo" y en la consideración jurídica quinta "Artículo 75.8 en relación con el 76.18 ...". Tales errores deben ser subsanados de la siguiente manera: "... como consecuencia de las actas de inspección nº 8330 y 8332, de 25 de febrero de 2004", "... (250.001 pesetas) ..." e "- Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, modificado por los Decretos 39/1997, de 20 de marzo, y 20/2003, de 10 de febrero.- Explotar turísticamente 65 unidades alojativas del establecimiento consignado, el cual consta de 349 unidades, incumpliendo el principio de unidad de explotación legalmente establecido".
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad mercantil, titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 59/04, en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 15 de octubre de 2004.
Se alega por la entidad mercantil, a efectos de combatir la Resolución impugnada, la caducidad del procedimiento sancionador con fundamento en que, habiéndose levantado las Actas de Inspección el 25 de febrero de 2004, y notificada la Resolución sancionadora el 21 de octubre de 2004, la Administración se ha excedido del plazo de seis meses de que disponía para resolver. Todo ello, de conformidad con el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, en relación con el plazo previsto en los artículos 4 y 6 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Caducidad que igualmente se habría producido, según la entidad recurrente, por aplicación del artículo 6.2 del citado Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Ante esta pretensión, cabe manifestar que la misma no puede prosperar por cuanto se argumenta a continuación. El artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, dispone que "se levantará un acta de inspección turística, que en caso de estimarse que existe infracción, constituirá el inicio del expediente, ...". Tal y como ha reiterado en numerosas ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencias de fechas 30 de enero de 2003, 30 de julio de 2003, 11 de mayo de 2004 y 22 de junio de 2004, entre otras "el artículo 81.2.a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, si bien es un precepto del que podría inferirse que el Acta de Inspección turística constituye el inicio del expediente sancionador, no procede, sin embargo, anteponerlo en su aplicación al artículo 4.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, al constituir esta última normativa, como indica su preámbulo, un desarrollo reglamentario, en cuanto a sus trámites, de los principios generales del procedimiento sancionador establecidos en la Ley 7/1995, de 6 de abril, y ser, por otra parte, cosas bien distintas el levantamiento del acta de inspección, que precede a la iniciación de oficio del procedimiento sancionador mediante resolución del órgano competente (artº. 9.1 del Decreto 190/1996), y la notificación al interesado de la resolución del inicio del procedimiento, que es el momento a partir del que ha de computarse el plazo de caducidad de seis meses a que se refiere el artículo 4.1 del citado Decreto".
El apartado 1 del artículo 134 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o reglamentariamente establecido. Este procedimiento sancionador figura regulado en el Reglamento aprobado por el ya citado Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, estableciendo en su artículo 1 que la potestad sancionadora se ejercerá mediante el procedimiento establecido en este Reglamento, en defecto total o parcial de procedimientos específicos previstos en las correspondientes normas. En nuestro ordenamiento territorial, el procedimiento específico para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística, viene regulado en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, normativa autonómica específica que desplaza la aplicación del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, habiéndolo declarado así la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencias de fechas 22 de enero de 2003, 30 de julio de 2004 y 24 de enero de 2005.
El "dies a quo" para iniciar el cómputo del plazo de caducidad, se rige por la legislación específica, el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, que conforme a su artículo 4.1 el plazo de seis meses para resolver el procedimiento sancionador debe computarse a partir de la notificación del acuerdo de incoación de dicho procedimiento. El acuerdo de incoación del procedimiento lo constituye la resolución de inicio del mismo, según el artículo 9 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto. En razón de lo expuesto, habiéndose notificado a la entidad mercantil expedientada la resolución de inicio del expediente sancionador el día 8 de julio de 2004, mediante Acta de Inspección nº 8.772, y la Resolución sancionadora el 22 de octubre de 2004, según consta acreditado en el respectivo acuse de recibo que obra en el expediente sancionador, no ha transcurrido el plazo máximo de los seis meses que establece el citado artículo 4.1, para la resolución del procedimiento sancionador, por lo que no se ha producido la caducidad del procedimiento sancionador y, por tanto, no procede el archivo de las actuaciones.
Aclarada esta cuestión procedimental, y entrando en el fondo de la cuestión debatida, el primer hecho infractor imputado a la entidad mercantil ahora recurrente, fue constado por las Actas de Inspección números 8.330 y 8.332, de fecha 25 de febrero de 2004, sin que las aseveraciones contenidas en ellas hayan sido desvirtuadas en momento alguno, ni por alegaciones ni medio probatorio alguno de la entidad mercantil, que al contrario, reconoce en su escrito de recurso no haber concluido aún las obras de adaptación del proyecto técnico de seguridad contra incendios aprobado, teniendo por tanto el hecho verificado por sendas Actas de Inspección plena eficacia probatoria al amparo de lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Por este hecho infractor, la entidad mercantil recurrente resultó sancionada por la comisión de la falta muy grave a la disciplina turística del artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, pero que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 76.19 del mismo texto legal fue calificada finalmente de grave, constituye un ilícito administrativo en el que se contempla "el incumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios en los establecimientos turísticos", precepto éste en blanco que remite al Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, modificado por los Decretos 39/1997, de 20 de marzo, y 20/2003, de 10 de febrero, según lo han venido reconociendo en este sentido diversas sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, como ocurre con su sentencia más reciente de este Tribunal de fecha 15 de julio de 2004.
Resulta acreditada documentalmente en el expediente sancionador la obtención por parte de la entidad sancionada del informe del Instituto Canario de Seguridad Laboral favorable al proyecto sobre medidas de seguridad y protección contra incendios, no así el cumplimiento de las restantes medidas de adaptación a la normativa de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos recogidas en la normativa de aplicación.
De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, cuya entrada en vigor tuvo lugar el 27 de febrero de 2003 (un día después a su publicación en el B.O.C. nº 39, de 26.2.03), y por tanto de aplicación al expediente sancionador nº 59/04, al ser la fecha de la infracción turística posterior a la señalada, 25 de febrero de 2004 "los promotores o explotadores de los establecimientos de alojamiento turístico que hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, expediente que exija la acreditación del cumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios, podrán optar por continuar con la tramitación iniciada o acogerse al procedimiento establecido en esta norma.
En caso de optar por el procedimiento establecido por este Decreto, deberán presentar escrito comunicando tal elección ante el Cabildo Insular correspondiente, que a su vez, lo pondrá en conocimiento del Instituto Canario de Seguridad Laboral, en un plazo no superior a 15 días".
No consta en el expediente sancionador, ni resulta acreditado por la entidad expedientada, la comunicación de la indicada elección al correspondiente Cabildo Insular, siendo por tanto de aplicación, en el momento de cometerse la infracción a la disciplina turística el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, que viene a exigir la presentación al Cabildo Insular del proyecto correspondiente, ajustado a lo dispuesto en su artículo 5, la obtención de informe de adecuación del proyecto a la normativa de aplicación en materia de seguridad y protección contra incendios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la citada disposición -obtenido por la entidad según escrito del Cabildo Insular de Tenerife de fecha 6 de febrero de 2003-, la ejecución de las obras necesarias y la obtención de informe técnico de conformidad exigido por el artículo 7 de la referida norma.
Ni de la documentación obrante en el expediente sancionador, ni de las alegaciones efectuadas por la entidad expedientada, queda desvirtuado el hecho infractor imputado, pues en el momento de cometerse la infracción a la normativa turística, la entidad expedientada no había cumplimentado la totalidad de las medidas de seguridad y protección contra incendios exigidas por la normativa vigente.
En relación con el segundo hecho infractor "explotar turísticamente 65 unidades alojativas del establecimiento consignado, el cual consta de 349 unidades, incumpliendo el principio de unidad de explotación legalmente establecido", los argumentos vertidos en su defensa por la entidad expedientada no desvirtúan el hecho infractor, toda vez que, en el Acta de Inspección nº 8.332, de fecha 25 de febrero de 2004, se constata que el establecimiento extrahotelero dispone de un total de 366 unidades alojativas, de las cuales, 194 son explotadas turísticamente por la entidad mercantil Explotaciones Turísticas Compostela, S.A., y 65, según se confirma en el Acta de Inspección nº 8.330, de igual fecha que la anterior, por la entidad sancionada, ahora recurrente, produciéndose un incumplimiento del principio de unidad de explotación por parte de Breogan, S.L. Si bien, en el expediente sancionador no consta dato relativo a la fecha en que se obtuvo autorización para la explotación turística del establecimiento extrahotelero, no pueden plantearse dudas sobre la referida fecha, que en todo caso, siempre tuvo que ser anterior a la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias operada por la Ley 5/1999, de 15 de marzo. Una de las modificaciones más importantes llevadas a cabo por la Ley de 1999 fue la relativa al principio de unidad de explotación turística, conforme al cual, toda entidad que desee explotar turísticamente un establecimiento alojativo quedará sometida a este principio. Principio que significa el sometimiento a una única empresa de la actividad de explotación turística alojativa en cada uno de los establecimientos, conjunto unitario de construcciones, edificios o parte homogénea de los mismos. El cumplimiento de este principio es requisito indispensable para poder obtener la preceptiva autorización administrativa para el ejercicio de la actividad turística alojativa. Son los establecimientos turísticos, que a la entrada en vigor de la mentada Ley 5/1999, de 15 de marzo, estuviesen autorizados para el ejercicio de la actividad turística y aquellos que habiendo solicitado autorización no hubieran obtenido Resolución expresa en el plazo fijado normativamente para ello, a los que se aplica la Disposición Transitoria Única del citado texto legal. Esta Disposición estableció un régimen transitorio para que los establecimientos anteriormente citados, pudieran dar cumplimiento al principio de unidad de explotación, con una serie de especialidades en el cumplimiento del mismo, como que deberán estar destinadas a la explotación turística más del 50% de las unidades alojativas del inmueble de que se trate, y el título habilitante otorgado por los propietarios a la empresa explotadora contendrá una delegación expresa a favor de aquélla para la adopción de decisiones y medidas que afectan a la administración, gestión, y uso de las zonas e instalaciones comunes. El apartado segundo de la expresada Disposición Transitoria Única, vino a fijar en un año el plazo para cumplimentar el principio de unidad de explotación en los términos expresados, con indicación en su párrafo segundo de que en aquellos establecimientos en los que concurrieren en la explotación turística dos o más empresas, de no alcanzar este acuerdo para hacer efectiva la unidad de explotación, sólo será considerada, en su caso, como empresa explotadora aquella que tuviera a su cargo más del 50% de las unidades alojativas del inmueble destinadas a la actividad turística alojativa. Asimismo, el apartado 5 de la citada Disposición Transitoria Única establece que el incumplimiento o imposibilidad de la adaptación establecida en los apartados anteriores, supone la aplicación de las consecuencias previstas en el artículo 42 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, precepto que dispone, en su apartado 2, que el incumplimiento del principio de unidad de explotación y de sus requisitos y condiciones se considerará infracción y será sancionado con arreglo a esta Ley. Por cuanto antecede, queda probado que a fecha 25 de febrero de 2004, la entidad mercantil estaba realizando la explotación turística de un establecimiento alojativo, que había obtenido la autorización en fecha posterior a la Ley 5/1999, de 15 de marzo, incumpliendo el principio de unidad de explotación, al no haberse alcanzado acuerdo entre las dos empresas explotadoras del mismo establecimiento alojativo para dar cumplimiento al principio de unidad de explotación -el Convenio de fecha 1 de octubre de 2001 que se aporta por la entidad mercantil recurrente no cumple con tal principio-, siendo la única empresa explotadora Explotaciones Turísticas Compostela, S.A., por tener a su cargo más del 50% de las unidades alojativas del inmueble.
En razón de lo expuesto, existe una responsabilidad administrativa de la entidad mercantil titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 193/03, en base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b) del citado texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
El primer hecho infractor se incardina, como ya se apuntó anteriormente, en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que califica de infracción muy grave a la disciplina turística el incumplimiento de la normativa sobre prevención de incendios en los establecimientos turísticos, pero ya desde la Resolución de inicio del expediente sancionador el hecho infractor fue calificado de grave en aplicación de lo dispuesto en el artículo 76.19 del mismo texto legal, habiendo sido fijada la sanción de multa de conformidad con los criterios de intencionalidad y naturaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establecen en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, sin que en momento alguno, pueda considerarse vulnerado el principio de proporcionalidad, habida cuenta la calificación de la infracción y las circunstancias concurrentes, toda vez que la sanción de multa inicialmente fijada era de 12.020 euros, y en la Resolución sancionadora fue rebajada, teniendo en consideración que la entidad mercantil había obtenido el informe favorable sobre las medidas de seguridad y protección contra incendios, así como la falta de intencionalidad en la comisión del hecho infractor, a 1.510 euros, cuantía mínima de las sanciones por la comisión de infracciones graves.
Por cuanto se refiere al segundo hecho infractor, el mismo es subsumible en el artículo 76.13 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, en virtud del cual "constituye infracción grave a la normativa turística el incumplimiento de las normas de esta Ley respecto al principio de unidad de explotación de establecimientos alojativos", habiendo sido impuesta la cuantía de la sanción de multa al amparo de lo previsto en la Disposición Adicional Quinta, apartado 1, letra a), de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, añadida por la Ley 2/2000, de 17 de julio, de Medidas Económicas en Materia de Organización Administrativa y Gestión Relativas al Personal de la Comunidad Autónoma de Canarias y de Establecimiento de Normas Tributarias, en virtud de la cual, si persistiere el incumplimiento de este principio el 24 de marzo de 2001, será incoado el correspondiente procedimiento sancionador, imponiéndosele, en el caso de derivarse responsabilidad, multa en cuantía de 601,012 euros por unidad alojativa que exploten hasta el límite previsto en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril.
Por cuanto antecede y teniendo en consideración el informe de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de fecha 14 de marzo de 2005, procede desestimar el recurso de alzada interpuesto, en el sentido de confirmar la Resolución recurrida y mantener la sanción de multa impuesta por ser conformes a Derecho todos sus pronunciamientos.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR 064/05-C, emitido con fecha 6 de junio de 2005 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso de alzada nº 080/05 formulado por D. José Barreiro Vilacoba, en representación de la entidad mercantil Breogan, S.L., titular de la explotación turística de 65 unidades alojativas del establecimiento denominado Apartamentos Compostela Beach-Breogan, sito en Avenida del Litoral, Las Américas, término municipal de Arona, y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 355, de fecha 15 de octubre de 2004, recaída en el expediente sancionador nº 59/04, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de mil quinientos diez (1.510) euros, para el primer hecho infractor, y treinta mil cincuenta (30.050) euros, para el segundo hecho infractor, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
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