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BOC Nº 160. Miércoles 17 de Agosto de 2005 - 2943

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

2943 - ANUNCIO de 21 de julio de 2005, por el que se notifica la Orden de 31 de mayo de 2005, que resuelve el recurso de alzada del expediente sancionador en materia de pesca nº 49/04 interpuesto por D. Javier Ojeda González.

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No habiéndose podido practicar la notificación de la referida Orden de 31 de mayo de 2005 a D. Javier Ojeda González, se procede -de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999- a la notificación de la citada Orden a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:

DENUNCIADO: Javier Ojeda González.

AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.

ASUNTO: expediente sancionador de infracción pesquera nº 49/2004.

Orden de 31 de mayo de 2005, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Ojeda González contra la Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Viceconsejería de Pesca, recaída en el expediente sancionador en materia de pesca nº 49/04.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Ojeda González, con D.N.I. nº 78.478.436-K, contra la Resolución de la Viceconsejería de Pesca de referencia, recaída en el expediente sancionador nº 49/04 y, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Según la denuncia formulada por la Policía Local del Ayuntamiento de Pájara, el pasado 2 de octubre de 2003, a las 17,30 horas, el agente denunciante comprobó como los denunciados, D. Javier Ojeda González y otro, practicaban la pesca submarina en zona no permitida, incautándoseles posteriormente el material utilizado, concretamente dos fusiles de pesca submarina, y las capturas obtenidas (7 peces), teniendo lugar tales hechos en la zona costera del Puertito de La Cruz (término municipal de Pájara, isla de Fuerteventura).

Segundo.- Que el denunciado, D. Javier Ojeda González, una vez notificada la Resolución por la que se acordó el inicio del expediente sancionador, a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, al no haberse podido practicar la misma en el domicilio que figuraba en el acta de denuncia, no hizo uso de su derecho a formular alegaciones.

Posteriormente, y en fecha 10 de febrero de 2005, D. Javier Ojeda González presentó escrito de alegaciones en el que señala que tuvo conocimiento de la tramitación del expediente sancionador de referencia a través de la Propuesta de Resolución notificada al otro denunciado, añadiendo que las notificaciones a él dirigidas no pudieron practicarse por la existencia de un error en el acta de denuncia en relación con el número de su domicilio, por lo que solicita se declare la prescripción de la infracción.

Tercero.- A la vista de lo actuado, con fecha 11 de febrero de 2005, se dictó Resolución por la Viceconsejería de Pesca, por la que se impuso a D. Javier Ojeda González, una sanción económica por importe de quinientos (500,00) euros, por la comisión de la infracción establecida en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en relación con el artículo 3.1 del Decreto 121/1998, de 6 de agosto, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas interiores del Archipiélago Canario, y en la Orden de 30 de octubre de 1986, por la que se establecen las zonas acotadas del Archipiélago Canario donde se permite la práctica de la pesca submarina.

Cuarto.- Contra la anterior Resolución D. Javier Ojeda González, interpuso recurso de alzada, en el que señala que no hay suficientes pruebas de cargo contra los denunciados, así como la prescripción de la infracción.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), y en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo (B.O.E. nº 285, de 27.11.92, y nº 12, de 14.1.99).

Segundo.- El recurso de alzada interpuesto por D. Javier Ojeda González reúne los requisitos de forma que deben determinar su viabilidad y admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación e interposición dentro de plazo.

Tercero.- En la tramitación del procedimiento sancionador de referencia se han observado las prescripciones establecidas en la ya citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9.8.93).

Cuarto.- El artículo 3.1 del Decreto 121/1998, de 6 de agosto, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas interiores del Archipiélago Canario (B.O.C. nº 106, de 21.8.98), establece que "la pesca submarina se practicará ... en las zonas acotadas que se establezcan por la Consejería competente en materia de pesca". Por su parte la Orden de 30 de octubre de 1986, establece las zonas acotadas del Archipiélago donde se permite la práctica de la pesca submarina (B.O.C. nº 136, de 12.11.86), recogiendo entre las mismas las zonas permitidas para la práctica de la pesca submarina en la isla de Fuerteventura, no figurando la zona en la que se sucedieron los hechos sancionados entre las autorizadas.

Quinto.- El hecho de practicar la pesca submarina en zona prohibida constituye infracción calificada como grave, de acuerdo con los criterios de calificación contenidos en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, que sobre las infracciones administrativas en materia de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, dispone que se considera infracción grave, en lo relativo al ejercicio de la actividad, "el ejercicio de la pesca o el marisqueo recreativo en zonas protegidas o vedadas".

Sexto.- En relación con las alegaciones realizadas por el recurrente, el artículo 17.5 del Real Decreto 1.398/1993, establece que "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados", sin que en el presente supuesto las alegaciones del denunciado desvirtúen el acta de denuncia formulada en su contra.

Séptimo.- Por su parte, el artículo del citado Real Decreto 1.398/1993, establece que "los procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia".

Octavo.- En relación con las alegaciones realizadas por el recurrente, relativas a la falta de notificación de la iniciación y tramitación del expediente sancionador, así como a la nulidad de la notificación practicada a través del Boletín Oficial de Canarias, debe señalarse que de conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, si intentada la notificación en el domicilio que consta en el expediente, ésta no ha podido practicarse, se procederá a la notificación del acto de que se trate a través de su publicación en el Boletín Oficial correspondiente en función de la que provenga el acto. En este mismo sentido, el artículo 58.3 establece que "las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o interponga cualquier recurso que proceda", como sucede en el presente supuesto.

Noveno.- Por último y en relación con la prescripción alegada por el recurrente, debe señalarse que el artículo 66.2 de la Ley 17/2003, establece que "respecto a la prescripción de las infracciones y sanciones será de aplicación la legislación de pesca marítima del Estado", constituida ésta por la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28.3.01), la cual establece en su artículo 92.1 que "las infracciones graves prescriben a los dos años", contados a partir del día en que la infracción se hubiera cometido, tal y como establece el artículo 132.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, al que remite el apartado 3 del artículo 92 de la citada Ley 3/2001. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el cómputo del plazo de prescripción se interrumpe con la iniciación del procedimiento sancionador con conocimiento del interesado, de acuerdo con lo establecido en el antes mencionado artículo 132.2. Así en el presente supuesto, debe tenerse en cuenta que los hechos denunciados tuvieron lugar en fecha 2 de octubre de 2003, iniciándose el correspondiente procedimiento por Resolución de 16 de septiembre de 2004, que fue notificada al interesado en fecha 13 de diciembre de 2004, para, tras los preceptivos trámites, dictarse Resolución sancionadora en fecha 11 de febrero de 2005, sin que se haya producido la prescripción de la infracción, por cuanto no ha trascurrido el plazo de los dos años establecidos.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y preceptiva aplicación, en uso de las competencias que tengo atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Ojeda González y confirmar la Resolución de 11 de febrero de 2005, de la Viceconsejería de Pesca, por la que se impuso al recurrente una sanción económica por importe de quinientos (500,00) euros, por la comisión de la infracción prevista en el artículo 70.3.h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en relación con el artículo 3.1 del Decreto 121/1998, de 6 de agosto, por el que se regula la pesca marítima de recreo en aguas interiores del Archipiélago Canario, y con la Orden de 30 de octubre de 1986, por la que se establecen las zonas acotadas del Archipiélago Canario donde se permite la práctica de la pesca submarina.

Segundo.- Publicar la presente Orden al interesado, significándole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en función de la sede del órgano que dictó el acto recurrido o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias donde tenga su domicilio el recurrente y, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de julio de 2005.

EL CONSEJERO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,

Pedro Rodríguez Zaragoza.

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