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Visto los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Helmut Hein, la Resolución de 23 de junio de 2005 (Libro nº 1, Folio 581, número 323), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 090/05 (expediente nº 69/04), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 33, de fecha 10 de febrero de 2005.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Santa Úrsula (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de agosto de 2005.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 090/05 interpuesto por D. Helmut Hein.
Visto el recurso de alzada nº 090/05 formulado por D. Helmut Hein contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 33, de fecha 10 de febrero de 2005, recaída en el expediente sancionador nº 69/04, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en explotar turísticamente un apartamento en el Complejo Hotel-Apartamentos La Quinta Park sito en Urbanización La Quinta, término municipal de Santa Úrsula, careciendo de la preceptiva autorización administrativa para la apertura y desempeño de tal actividad de alojamiento.
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de doce mil (12.000) euros.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando la anulación de la sanción impuesta, a tal fin se expone, en síntesis, el siguiente argumento:
La vivienda no ha sido alquilada sino que amigos y parientes han vivido en la misma de modo gratuito, también, la familia Rupprecht.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03) por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- En primer lugar, y respecto al cumplimiento de los requisitos formales determinantes de la admisión a trámite del recurso de alzada interpuesto hay que hacer constar que aunque figura en el expediente sancionador tramitado informe emitido por el Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística con fecha 15 de abril de 2005 en el que se manifiesta por la citada unidad administrativa que el recurso de alzada ha sido interpuesto dentro del plazo establecido en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sin embargo, de la documentación obrante en el referenciado expediente nº 69/04 no se comprueba tal extremo, toda vez que, únicamente, aparece en el escrito de recurso de alzada presentado el correspondiente cuño de registro de entrada en la Consejería de Turismo con fecha 22 de marzo de 2005, nº 216381, no existiendo en el citado documento principal ningún sello legible acreditativo de la presentación, en plazo, del citado recurso de alzada en cualquiera de los lugares admitidos por la legislación vigente para la recepción de escritos que los ciudadanos dirijan a la Administración. De manera que habiéndose notificado la Resolución sancionadora recurrida el 17 de febrero de 2005 y presentado el escrito de recurso de alzada con fecha 22 de marzo de 2005 resulta el carácter extemporáneo del mismo al haber transcurrido el plazo de un mes que para la interposición del recurso de alzada se establece en el artículo 115.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No obstante, no procede la inadmisión del recurso de alzada, por interposición fuera de plazo, habida cuenta que dadas las alegaciones efectuadas por el expedientado y de la verificación de los actos administrativos que conforman el procedimiento sancionador en cuestión se estima la conveniencia de entrar en el fondo del mismo.
Teniendo en cuenta que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consiste en "explotar turísticamente un apartamento en el Complejo Hotel-Apartamentos La Quinta Park, careciendo de la preceptiva autorización administrativa para la apertura y desempeño de tal actividad de alojamiento" en momento alguno aparece probado en el expediente sancionador tramitado ya que, únicamente, consta a tales efectos una denuncia formulada con fecha 3 de febrero de 2003, por los Sres. Manfred y Gertrud Rupprecht en las que manifiestan "... alquilamos un apartamento en el Hotel Quinta. Este apartamento es de un propietario privado ...". Dicha denuncia fue presentada por el reclamante en el Registro General del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava, para su tramitación por la Oficina Municipal de Información al Consumidor, consignando en la correspondiente instancia que el apartamento es el identificado con el número 3029-Quinta Park y adjuntando, asimismo, una comparecencia ante la Policía Local del Ayuntamiento de Santa Úrsula, comparecencia de la que tampoco se desprende el hecho infractor imputado.
A fin de comprobar el hecho denunciado se levantaron las Actas de Inspección números 8174 y 7864, de 24 de abril de 2003 y de 14 de enero de 2004, al establecimiento "Hotel-Apartamento La Quinta Park" de cuya explotación es titular la entidad mercantil Euro-Tenerife, S.A. Del contenido de ambas actas sólo se deduce, de la primera de ellas que "... existen 20 apartamentos privados que no los explota el Hotel-Apartamento. Uno de ellos el nº 3029 es privado ...". La segunda de las Actas referidas, esto es, la nº 7864, efectuó requerimiento para la presentación de documentación a fin del esclarecimiento de los hechos. De la documentación aportada en cumplimiento al requerimiento realizado mediante Acta de Inspección, solamente y a efectos probatorios, hay una relación de apartamentos privados con identificación de sus respectivos propietarios, relación que contiene el apartamento nº 3029 propiedad de D. Helmut Hein.
Tampoco durante la instrucción del procedimiento se llevó a cabo la realización de actuaciones adecuadas para la determinación, conocimiento y comprobación de la realidad de la actividad turística base de la imputación.
No existen, pues, elementos probatorios suficientes que sirvan de sustento fáctico para demostrar la existencia del hecho infractor imputado, esto es, que por el expedientado se ejercía actividad turística alojativa al prestar un servicio de alojamiento desde un establecimiento abierto al público y mediante precio. Entendiéndose prestado dicho servicio de alojamiento turístico al ofertar en libre concurrencia la estancia en el establecimiento de forma temporal, sin constituir cambio de residencia para la persona alojada, todo ello según prevé el artículo 31 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.
Por cuanto antecede, con base en lo dispuesto en el artículo 137.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que determina que "los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario" y dado que la Administración actuante en el expediente sancionador tramitado no aporta pruebas fehacientes sobre la existencia del hecho infractor imputado. Hechos que son negados, en todo momento, por el expedientado durante la tramitación del expediente sancionador y al interponer el correspondiente recurso de alzada.
Por tanto, la Administración no puede basarse en meros indicios sino que le incumben las pruebas de los hechos constitutivos de la infracción, todo ello a fin de poder destruir la presunción de inocencia que goza todo imputado. En consecuencia, resulta procedente estimar el recurso de alzada y anular la resolución recurrida, dejando sin efecto la sanción de multa impuesta.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 082/05-C emitido con fecha 21 de junio de 2005 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Visto los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar el recurso de alzada nº 090/05 promovido por D. Helmut Hein y anular la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 33, de fecha 10 de febrero de 2005, recaída en el expediente sancionador nº 69/04, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de doce mil (12.000) euros.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.
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