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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por D. Juan Tacoronte Padrón, con fecha 1 de marzo de 2005.
Rfa.: procedimiento sancionador nº GC-100431-O-04.
Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 16 de junio de 2005 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición con fecha 1 de marzo de 2005, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 10 de enero de 2005, recaída en el procedimiento sancionador referenciado, que resolvió sancionarle por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, que se ha vulnerado el artº. 212 del ROTT por no haber practicado el trámite de audiencia ni trasladado la propuesta de resolución. Que no se practicaron todas las pruebas propuestas, ni se han señalado los criterios aplicados para graduar la sanción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.
Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:
1ª) A la vista de las alegaciones formuladas por el recurrente en relación a las pruebas cuya práctica requirió en el Pliego de Descargos, observándose en el expediente que, de tales pruebas propuestas, la relativa a la protección de la báscula contra alteraciones de emisiones electromagnéticas no consta practicada; en la instrucción del recurso se consideró procedente acordar su práctica, sin necesidad de acordar la retroacción del procedimiento al momento anterior a la formulación de la propuesta de resolución, puesto que el artº. 113.2, en relación con el artº. 67 de la Ley 30/1992, admite la subsanación de defectos en esta fase revisora.
2ª) No obstante, antes de decidir la práctica de la referida prueba, se examinó la prescripción de la infracción y la caducidad del procedimiento objeto de recurso, dado el carácter sancionador del procedimiento, no apreciándose la concurrencia de ninguna de tales figuras extintivas de la responsabilidad.
Al efecto, en cuanto a la prescripción de la infracción, conforme se establece en el artº. 145 de la Ley 16/1987, de 16 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (LOTT), en relación con el artº. 132.2 de la Ley 30/1992, se consideró que el procedimiento se inició por denuncia de fecha 18 de febrero de 2004 y que el Acuerdo de incoación fue notificado al interesado con fecha 18 de agosto de 2004, interrumpiéndose en esta última fecha el plazo de prescripción (un año).
Asimismo, analizado el plazo de caducidad -que es igualmente de un año y se computa desde el acuerdo de incoación hasta la notificación de la resolución sancionadora [artº. 146 LOTT, en relación con el artº. 42.2 y 42.3.a) de la reiterada Ley 30/1992]-, habida cuenta que el acuerdo de incoación es de 27 de julio de 2004 y que la resolución que finalizó el procedimiento fue notificada al interesado el 1 de febrero de 2005, se concluyó que el procedimiento no caducó y, por tanto, el plazo transcurrido en su tramitación no se considera de prescripción.
Que, por último, se tuvo en cuenta que el plazo de prescripción se reanudó al día siguiente a la notificación de la resolución sancionadora, esto es, el 2 de febrero de 2005, y que dicho plazo se interrumpiría nuevamente con la notificación al interesado de la actuación de convalidación acordada; la cual fue publicada mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias de 10 de mayo de 2005, tras intentarse y no haberse podido practicar la notificación por correo.
3ª) En cuanto a la cuestión objeto de la subsanación, cabe precisar que se solicitó informe al Servicio de Metrología de la Dirección General de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, relativo a la adaptación de la báscula situada en el Muelle Pesquero, propiedad de la Autoridad Portuaria, a las normas europeas sobre protecciones electromagnéticas.
El informe recabado se recibió en el Registro General de esta Corporación con fecha 4 de mayo de 2005, y dicha recepción fue comunicada al interesado mediante oficio que consta recibido con fecha 26 de mayo de 2005, en el cual se le señaló, además, la puesta de manifiesto del informe por un plazo de diez días, conforme establece el artº. 112.1 de dicha LRJAP-PAC.
Dentro del plazo conferido para el trámite de audiencia, el recurrente formuló nuevas alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de esta Corporación con fecha 8 de junio de 2005, en el que cuestiona dicho trámite por cuanto no le fue remitido el Informe recabado.
Al respecto cabe decir que en el plazo conferido pudo comparecer a examinar la totalidad de las actuaciones del expediente.
4ª) Sobre la valoración del Informe incorporado al expediente, cabe decir que de su contenido se desprende que la referida báscula cumple la vigente Orden de 22 de diciembre de 1994, por la que se regula el control metrológico CEE de los instrumentos de pesaje no automático; por lo cual se entiende que, en cuanto a las perturbaciones radioeléctricas, es de aplicación lo dispuesto en el anexo I de Requisitos Esenciales, apartado 8.2 de dicha Orden, del que se desprende que, de estar expuestos a tales perturbaciones, los instrumentos electrónicos no acusarán fallos significativos o los detectarán y señalarán de forma evidente.
5ª) En cuanto a las restantes pruebas que fundamentan la resolución, constan en el expediente, y son las siguientes: la denuncia da fe de que en el momento en que el vehículo fue objeto de control se realizaba un transporte y de que fue sometido a un control de peso; el ticket de pesaje, que igualmente da fe del peso del vehículo en dicho momento, por cuanto contiene el número de boletín de denuncia al que está vinculado, el número de identificación y la firma del Agente denunciante y por encontrarse la báscula en la que se efectuó el control de peso verificada a la fecha de la denuncia, según la fotocopia del Certificado de Verificación Periódica de la báscula (marca SOTEINSA, mod. STI número de serie 1098) propiedad de la Autoridad Portuaria de Gran Canaria, de fecha 20 de mayo de 2002, así como el Informe del Jefe del Servicio de Metrología de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, relativo a la fecha de inicio de vigencia de dicha verificación, siendo ésta el 21 de febrero de 2002 y su validez de dos años; vigente, por tanto, a la fecha en que se efectuó el pesaje objeto del procedimiento. Las actuaciones señaladas obran en el expediente, y el interesado ha podido acceder a las mismas en cualquier momento, sin que conste lo haya hecho.
Sobre la omisión de informe del Agente denunciante que refiere el recurrente, cabe señalar que, sin perjuicio de que no consta que lo hubiera solicitado en su escrito de alegaciones ni haber cuestionado en dicho escrito los términos de la denuncia, tratándose de infracción por exceso de peso, los datos consignados por el Agente en la denuncia son datos objetivos obtenidos del ticket, así como los resultantes de la simple operación aritmética de cálculo del exceso de peso; y puesto que los datos del peso del vehículo son obtenidos mediante instrumentos, la ratificación del Agente no resulta idónea para desvirtuarlos.
Las alegaciones formuladas entonces iban dirigidas a cuestionar el ticket de la báscula y el correcto funcionamiento de ésta. Planteaba, asimismo, la aplicación del principio de proporcionalidad, y, por último, propuso las pruebas referidas a la verificación de la báscula y a la incidencia de los campos electromagnéticos.
6ª) Por último, en cuanto a la comprobación de que la sanción impuesta ha sido debidamente graduada, es procedente señalar que el exceso de peso imputado es del 27% y que el peso máximo autorizado (PMA) del vehículo es de 26.000 kgs, por lo que a tenor del artº. 140.19 de la citada LOTT, el exceso de peso superior al 15% en vehículos de más de 20 toneladas métricas de PMA es constitutivo de una infracción muy grave, sancionable con multa de 3.301 a 4.600 euros [artº. 143.1.h)] de dicha Ley, habiéndose impuesto la sanción en cuantía correspondiente a la franja media prevista para tales infracciones, en razón al exceso de peso transportado; siendo, por otra parte, la cuantía impuesta la que se establece en el baremo sancionador de la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, de 23 de octubre de 2003, aplicable a las infracciones en materia de transporte por carretera cometidas a partir del 29 de octubre de 2003.
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.
ACUERDA:
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Juan Tacoronte Padrón, con fecha 1 de marzo de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-100431-O-04, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 4.081 euros."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
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