BOC - 2005/145. Martes 26 de Julio de 2005 - 2673

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2673 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de julio de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Eulogio Sierra Perdomo interesado en el expediente nº 1545/04-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Eulogio Sierra Perdomo en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1545/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Eulogio Sierra Perdomo la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1892, de fecha 2 de junio de 2005, recaída en el expediente con referencia 1545/04-U, y que dice textualmente:

"POR LA QUE SE ACUERDA MULTA Y DEMOLICIÓN

Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Eulogio Sierra Perdomo por la ejecución de diversas obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura con una superficie aproximada de 200 m2, sin contar con las autorizaciones pertinentes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en el lugar denominado Carretera a Chimiche, km 4, en el término municipal de Granadilla de Abona en la isla de Tenerife.

Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 10 de diciembre de 1999 por Resolución nº 534, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural se acordó la suspensión y precinto de las obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones, requiriéndose al Ayuntamiento de Granadilla de Abona para que incoase el correspondiente procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias, sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.

2.- El pasado día 13 de junio de 2000, se efectuó visita de inspección por los Servicios Técnicos de esta Agencia en donde se constata que las obras se encontraban en fase de ejecución por lo que se procedió al precinto de las mismas.

3.- Asimismo con fecha 26 de marzo de 2001, se informa por el Servicio Técnico que las obras han continuado, procediéndose a la ejecución de la cubierta de segundo nivel (estructura) así como al cerramiento y acabados (revestimientos, solados y precercos de carpintería) de la parte lateral derecha de la vivienda.

4.- Con fecha 17 de febrero de 2004, se volvió a informar por el Servicio Técnico que las obras se encuentran paralizadas y sin finalizar a falta de remates exteriores y colocación de teja en la cubierta valorándose la misma en la cantidad de ciento diecinueve mil ochocientos setenta euros con catorce céntimos (119.870,14 euros).

5.- El día 17 de enero de 2005, se dictó la Resolución nº 107, por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Eulogio Sierra Perdomo, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial de Canarias el siguiente día 17 de marzo de 2005.

6.- El interesado no ha presentado alegaciones a la Resolución de incoación.

7.- Con fecha 14 de abril de 2005, se dictó Propuesta de Resolución que le fue notificada al interesado por el Seprona el siguiente día 24 de abril de 2005, en la que se propone por el Instructor del expediente la imposición de una multa de setenta y dos mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos (72.121,45 euros), a D. Eulogio Sierra Perdomo, como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, consistente en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura de 200 m2 de superficie aproximada, en el lugar denominado Carretera a Chimiche, km 4, en el término municipal de Granadilla de Abona, así como el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras.

8.- Con fecha 5 de mayo de 2005 el interesado presenta en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural escrito aportando una serie de documentación consistente en fotocopias de:

1º) Informe urbanístico emitido por el técnico municipal de fecha 12 de noviembre de 2002.

2º) Resolución de 9 de junio de 2003 del Concejal Delegado de Hacienda por la que se resuelve el fraccionamiento del pago del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

3º) Extracto de la Caja Rural de Tenerife de fecha 27 de julio de 2004 por la cantidad de 148,23 euros por el concepto de Regul. Provisión fondos.

4º) Liquidación de gastos gestión de escrituras efectuada al interesado por la asesoría fiscal de D. Friedrich Dehmer.

5º) Modelo 600 de la Consejería de Economía y Hacienda para la liquidación del Impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados por importe de 1.376,10 euros.

6º) Factura de fecha 16 de abril de 2004, del Notario Santiago Chafer Rudilla por importe de 508,60 euros en concepto de derechos y suplidos por el documento consistente en préstamo de vivienda.

7º) Factura de fecha 26 de julio de 2004, del asesor fiscal por importe de 89,25 euros en concepto de gestión de escrituras (Caja Rural).

8º) Carta de Pago de fecha 5 de diciembre de 2002, por importe de 33,18 euros en concepto de tasa por expedición de documento consistente en el informe urbanístico de parcela según plano de situación.

9º) Carta de Pago de fecha 18 de julio de 2003, por importe de 33,05 euros en concepto de tasa por expedición de documentos y referente al ingreso de fianza previa para la formalización del contrato de agua para un salón de aperos en el lugar Los Quemados, El Salto.

10º) Carta de Pago de fecha 18 de julio de 2003, por importe de 39,00 euros en concepto de acople de aguas y referente a los derechos de conexión a la red de suministro de agua para la formalización de las pólizas de contratación para un salón de aperos en el lugar Los Quemados, El Salto y un contador de hasta 15 mm.

11º) Carta de Pago de fecha 15 de julio de 2003, por importe de 46,88 euros en concepto de tasa por expedición de documento y referente a solicitud de prescripción urbanística en el lugar Los Quemados, El Desierto.

12º) Documento de fecha 5 de agosto de 2004, para ordenar la domiciliación bancaria de las facturas del agua emitidas por Entemanser, S.A.

13º) Póliza de abono para suministro del servicio de agua de fecha 4 de agosto de 2004, suscrita por el interesado y la empresa Entemanser, S.A.

14º) Copia simple de la escritura pública otorgada ante el Notario de Granadilla D. Santiago Chafer Rudilla el día 16 de abril de 2004 relativo a préstamo de vivienda por importe de 132.000 euros otorgado por la Caja Rural a los cónyuges D. Eulogio Sierra Perdomo y Dña. María del Cristo Pérez Estévez con la garantía hipotecaria de la finca descrita en el expositivo I del citado documento público inscrita en el Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona, tomo 1664, libro 368, folio 204, finca 35.553.

15º) Copia simple de la escritura pública otorgada ante el Notario de Granadilla D. Álvaro de San Román Diego en fecha 20 de enero de 2000 de ratificación y subsanación de otra.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban las normas de funcionamiento de la Agencia.

II.- Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, antes mencionado.

III.- La documentación presentada por el interesado no puede modificar la determinación inicial de los hechos, ni su calificación, toda vez que:

No ha quedado desvirtuado el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, consistente en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente.

Respecto a la documentación aportada de adverso en modo alguno puede entenderse relativa a la vivienda de la que es objeto el presente procedimiento sancionador por cuanto consta acreditado en el expediente que las obras estaban sin terminar el pasado día 26 de febrero de 2004, fecha en que se realiza visita de inspección por el Servicio Técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural y se informa con fecha del siguiente día 17 de febrero de 2004 que las obras se encuentran paralizadas y sin finalizar a falta de remates exteriores y colocación de teja en la cubierta tal y como muestran las fotografías que se adjuntan. Asimismo se valoran las obras por el Servicio Técnico de este Centro Directivo en un 90% de su estado constructivo, por lo que en modo alguno puede haber operado el instituto de la prescripción urbanística.

Asimismo se ha de decir que de la aplicación de la concurrencia en el presente supuesto de las circunstancias atenuantes tipificadas en los artículos 198.a) y 199.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en concordancia con lo establecido en el artº. 196 relativo a la graduación de las sanciones procede la imposición de una multa en la cuantía de cuarenta y cuatro mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos (44.121,45 euros).

IV.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción urbanística, tipificada en el artículo 202.3.b) del reiterado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras. En el presente supuesto concurren las circunstancias atenuantes establecidas en los artículos 198.a) y 199.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, resultando una sanción por importe de cuarenta y cuatro mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos (44.121,45 euros).

V.- De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de cuarenta y cuatro mil ciento veintiún euros con cuarenta y cinco céntimos (44.121,45 euros) a D. Eulogio Sierra Perdomo en calidad de promotor de las obras consistentes en la construcción de una vivienda unifamiliar de dos plantas de altura de 200 m2 de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un setenta y cinco por ciento, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, en el plazo de un mes desde la notificación de la presente Resolución, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de julio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



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