No habiéndose podido notificar a D. Rafael García Carmenaty, en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 844/03-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Rafael García Carmenaty la Propuesta de Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, recaída en el expediente referencia 844/03-U, y que dice textualmente:
El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Rafael García Carmenaty por realizar obras consistentes en "construcción de dos viviendas de una planta cada una, garaje y piscina", sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y Licencia Municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado "Camino Real, s/n", en el término municipal de Icod de los Vinos, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Organismo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes,
ANTECEDENTES
1.- En el lugar denominado "Camino Real, s/n", en suelo clasificado como Rústico, en el término municipal de Icod de los Vinos, se realizaron obras consistentes en "construcción de dos viviendas de una planta cada una, garaje y piscina", promovidas por D. Rafael García Carmenaty, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y Licencia Municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.- Con fecha 5 de noviembre de 2003, por Resolución nº 1550 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de esta Agencia, se resuelve suspender las obras, e instar al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones.
3.- Con fecha 21 de marzo de 2005, se dictó la Resolución nº 931 por el Director Ejecutivo de esta Agencia, en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Rafael García Carmenaty, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística del Texto Refundido, calificada de grave en el artículo 202.3.b), tipificada y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros.
4.- El día 22 de abril de 2005, y dentro del preceptivo plazo de alegaciones contra la reseñada incoación que se le concedió al interesado, éste presentó escrito ante esta Agencia, en el cual expuso los siguientes argumentos:
- Nueva clasificación del suelo en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana, como Urbano Consolidado Común, de Uso de Edificación Residencial Aislada.
- En noviembre de 2003 ya se había finalizado la construcción, como así lo prueba el certificado de finalización de obra de la empresa constructora.
- Las obras son legalizables.
- Se trata de una sola edificación con anexos y no dos, por lo que la valoración debería modificarse.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:
Las actuaciones en suelo rústico requieren la previa solicitud y obtención de calificación territorial y licencia municipal de obras, así, el artículo 166 del Texto Refundido señala que "están sujetos a previa licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo (...)". Por tanto, el hecho de que por parte del interesado se hayan llevado a cabo las obras objeto del presente expediente sin la preceptiva cobertura legal constituye una infracción grave al Texto Refundido, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) "la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias u órdenes de ejecución preceptivas (...)", y sancionada en el artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido.
No puede desconocerse que el artículo 66.7, apartado a) del Texto Refundido establece que para poder legitimar un uso residencial en suelo rústico es preciso que los terrenos en los que se ubiquen las obras estén categorizados por el Planeamiento en vigor como asentamiento rural o como asentamiento agrícola. En este sentido, informe evacuado por el Servicio Técnico de esta Agencia el 25 de enero de 2005 constata que, conforme al Planeamiento actualmente en vigor en el municipio de Icod de los Vinos, el suelo ocupado se clasifica como suelo no urbanizable de protección agrícola.
Por lo que respecta a que en la actualidad se está modificando el Plan General, lo que implicaría que las obras sean susceptibles de legalización, dicho Plan cuenta únicamente con una aprobación inicial, pudiendo sufrir numerosos cambios a lo largo del restante trámite administrativo hasta la aprobación definitiva que varíen los parámetros urbanísticos de aplicación.
Afirma el interesado que no cabe hablar de dos viviendas, sino de una única edificación. El material fotográfico obrante en el expediente no deja lugar a dudas, distinguiéndose claramente las dos edificaciones objeto del presente expediente.
Asimismo, en cuanto a la antigüedad de lo edificado, no consta a esta Agencia que haya transcurrido el plazo de prescripción de la presunta infracción, plazo que nunca comenzará a correr antes de la total terminación de las obras, según lo dispuesto en el artículo 201 del Texto Refundido, recayendo la carga de la prueba del transcurso de tal plazo sobre el ciudadano, que, en su caso, voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad. El certificado de la empresa constructora no constituye prueba suficiente, toda vez que únicamente certifica haber realizado obras en la propiedad del interesado, sin concretar a qué tipo de obras se refiere.
Por lo que respecta a la reposición de la realidad física alterada, el artículo 179.1 del Texto Refundido señala que las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, se carezca de la misma.
Realizadas las anteriores consideraciones, en el presente caso se observa que concurren las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a) del Texto Refundido, en su consideración como atenuante, al no haber quedado suficientemente acreditado a lo largo del expediente un conocimiento específico de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia.
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.b) del Texto Refundido en su consideración como agravante, y ello en función de la valoración de las obras. Según el informe técnico de fecha 25 de enero de 2005, las obras contenidas en el presente expediente sancionador ascienden a la cantidad de 246.468 euros.
Por tanto, examinada la valoración de la obra, las circunstancias atenuantes, agravantes y mixtas previstas en los artículo 196 a 199 del Texto Refundido, en relación con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se propone la imposición de una multa de 73.000 euros.
III.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del citado Texto Refundido y sancionada en su artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido, que concurran en los hechos objeto del presente expediente.
IV.- En virtud del artículo 179.1.b), las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.
V.- En virtud del artº. 182 del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de setenta y tres mil (73.000,00) euros a D. Rafael García Carmenaty, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3.b), y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de restauración como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la restauración, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Texto Refundido.
Cuarto.- Notificar la presente propuesta de Resolución al interesado.
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco-Semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPTE. Nº 844/03-U:
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente.
- Denuncia del SEPRONA, registro de entrada nº 574116, de 18 de agosto de 2003.
- Reportaje fotográfico del SEPRONA, registro de entrada nº 725194, de 20 de octubre de 2003.
- Resolución de suspensión nº 1550, de 5 de noviembre de 2003.
- Decreto del Ayuntamiento, registro de entrada nº 881774, de 15 de diciembre de 2003.
- Escrito de alegaciones, registro de entrada nº 128644, de 28 de febrero de 2004.
- Escrito de alegaciones, registro de entrada nº 188695, de 18 de marzo de 2004.
- Diligencia de precinto de 21 de junio de 2004.
- Informe Técnico y Valoración de 6 de agosto de 2003.
- Resolución de incoación nº 931, de 21 de marzo de 2005.
- Escrito de alegaciones, registro de entrada nº 313335, de 25 de abril de 2005.
Quinto.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de julio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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