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No habiéndose podido practicar la notificación a Cleanto, S.L., de la Resolución nº 1591, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 9 de mayo de 2005, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a Cleanto, S.L., la Resolución nº 1591, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 9 de mayo de 2005, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.M. 290/05, y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"Primero.- Incoar procedimiento sancionador a las entidad Cleanto, S.L. en calidad de promotor, por presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el apartado b) del artículo 202.3 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y sancionada conforme preceptúa el artículo 220 del mismo cuerpo legal, con multa de 601,01 a 6.010,12 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de tres mil trescientos cinco (3.305) euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente y sin perjuicio de la modificación de la cuantía a que se refiere el artículo 195 del citado Texto Refundido, manifestado lo siguiente:
a) Nombrar Instructora y Secretaria a los funcionarios adscritos a esta Agencia a Dña. María Dolores Ruiz San Román y Dña. Nicéfora Sánchez Martínez respectivamente, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
b) Manifestar que, al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.
c) Manifestar que, en particular y al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
d) Manifestar que, una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de Audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.
e) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sita en la calle Venegas, 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.
f) Según preceptúa el artículo 191 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueban el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su Resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.
g) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1.398/1993 por el que se aprueban el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.
Segundo.- Requerir al interesado para que inste la legalización de las obras en el plazo de tres meses, prorrogable por un sola vez por otros tres meses en atención de la complejidad del proyecto advirtiéndole de que si al tiempo de formularse la propuesta de resolución no se hubiera procedido aún a instar la legalización de las mencionadas obras, se propondrá y en la resolución definitiva se acordará la imposición mientras no se formule efectivamente la solicitud pertinente de hasta doce multas sucesivas coercitivas por plazo de un mes e importe en cada ocasión de 5% del coste de las obras en su caso, y como mínimo de 601,01 euros, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177.3 y 178.3 del citado Texto Refundido.
Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, y notifíquese al denunciado y demás interesados.
Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de julio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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