BOC - 2005/143. Viernes 22 de Julio de 2005 - 2608

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Sanidad

2608 - Secretaría General Técnica.- Anuncio de 11 de julio de 2005, relativo a notificación de la Orden de 12 de mayo de 2005, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Clemencia Guevara Navas contra la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 14 de septiembre de 2004.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden de 12 de mayo de 2005 a Dña. María Clemencia Guevara Navas, sin que haya sido recibida por la misma, es por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a su publicación, del tenor literal siguiente:

"Orden de 12 de mayo de 2005, de la Consejería de Sanidad por la que se desestima el recurso de alzada por Dña. María Clemencia Guevara Navas contra Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de 14 de septiembre de 2004.

Visto el escrito de recurso de alzada interpuesto por Dña. María Clemencia Guevara Navas, contra Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de fecha 14 de septiembre de 2004 de finalización de la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de Facultativos Especialistas de Área en Aparato Digestivo, y en atención a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud de fecha 21 de mayo de 2002 (B.O.C. nº 68, de 28 de mayo), se convoca proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría y especialidad de Facultativo Especialista de Área en Aparato Digestivo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud.

Celebrada la parte de oposición de la fase de selección del citado proceso extraordinario, se procedió a la valoración de los méritos de los aspirantes que superaron la misma. Con fecha 17 de octubre de 2003, se publicó en los lugares previstos en la base tercera de la convocatoria, la relación provisional de valoración de los méritos con indicación de la puntuación obtenida en el concurso, señalándose la puntuación parcial otorgada por cada uno de los apartados del baremo de méritos.

Contra la relación provisional de valoración de méritos interpuso reclamación Dña. María Clemencia Guevara Navas.

Por Resolución de 14 de septiembre de 2004 de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, se acuerda declarar la finalización de la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría y especialidad de Facultativos Especialista de Área en Aparato Digestivo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud. En el resuelvo segundo de dicha Resolución se declara desestimar la reclamación presentada por la interesada, en el resuelvo cuarto se aprueba la relación definitiva de calificaciones del concurso-oposición, que figura como anexo I, y en el resuelvo quinto se aprueba la relación de aspirantes que superan la fase de selección, que figura como anexo II, integrada por 8 aspirantes, entre los que no se encuentra la ahora recurrente.

Segundo.- Contra la Resolución citada en el hecho anterior, se interpone por Dña. María Clemencia Guevara Navas recurso de alzada dirigido a la Excma. Sra. Consejera de Sanidad, en el que expone, en síntesis, lo siguiente:

1. Se ratifica en todas las alegaciones realizadas en el proceso selectivo de referencia.

2. No se le valoran los servicios prestados de forma correcta contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, que regula el Proceso Extraordinario de Consolidación y Provisión de Plazas del Personal Estatutario. Es necesario admitir la posibilidad de valorar la experiencia profesional adquirida con anterioridad a la obtención de la Titulación Oficial de Médico Especialista. Se habrá de computar en todos los casos la totalidad de los servicios prestados en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social de los Servicios de Salud, con independencia del momento de obtención efectiva del Título de Especialista oficialmente válido.

3. La recurrente prestó servicios profesionales para el Servicio Canario de la Salud en la categoría de Facultativo Especialista en el Servicio de Aparato Digestivo desde el 5 de octubre de 1992, hasta el día de hoy. Con arreglo al baremo de méritos publicado la recurrente ha prestado servicios valorables en el apartado 1.1.a) durante un período de 115 meses y 16 días, correspondiéndole por experiencia profesional 34,6 puntos.

4. El apartado 3.2 del artículo 6 de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, otorga 16 puntos a los aspirantes que para la obtención del Título de Especialista hayan cumplido un período completo como Médico Interno Residente del programa MIR, o bien un período equivalente de formación teórica y práctica, a tiempo completo en centro hospitalario o universitario. Una interpretación correcta de este precepto daría lugar a otorgar 16 puntos no sólo a médicos especialistas que obtuvieron su título por el Real Decreto 127/1984, sino también a los que obtuvieron el título de especialista con arreglo al procedimiento establecido por el Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre. A la recurrente le correspondería computar un total de 16 puntos en concepto de formación.

Se vulnera el principio constitucional de igualdad y de no discriminación en orden al acceso a la función pública mediante la valoración desigual de los títulos según el tiempo o modo de obtención.

5. En cuanto a la docencia, desde 1992 ha participado de forma activa en la formación de su especialidad a Médicos Internos Residentes de varias especialidades. El apartado 2.d) del baremo asigna por impartir docencia postgraduada en la especialidad a la que se concursa en centros acreditados 0,5 puntos por cada año, lo que da un total de 5 puntos.

Solicitando se le otorgue la puntuación señalada en el cuerpo de su escrito y la suspensión del acto recurrido.

Cuarto.- Por Orden de 9 de diciembre de 2004 de la Consejería de Sanidad se desestima la solicitud de la suspensión solicitada.

Quinto.- De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se dio trámite de audiencia a los posibles interesados al objeto de que, si lo tenían por conveniente, efectuasen alegaciones al recurso interpuesto.

Intentada la notificación en sus domicilios a diversos participantes, la misma fue infructuosa, por lo que mediante Resolución de 28 de enero de 2005 de la Dirección General de Recursos Humanos, se emplazó a los interesados que se citan en la misma en el Boletín Oficial de Canarias nº 35, de 18 de febrero de 2005.

Sexto.- La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud emitió informe-propuesta sobre las cuestiones planteadas en el recurso interpuesto por Dña. María Clemencia Guevara Navas.

A los citados hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La base vigesimoquinta de la Resolución de 21 de mayo de 2002, por la que se convoca el presente proceso selectivo y se establecen las bases del mismo, señala que contra los actos de la Dirección General de Recursos Humanos cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad y Consumo, actualmente Consejera de Sanidad, a interponer en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su publicación.

En el mismo sentido, el artículo 30.1 del Decreto 32/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Canario de la Salud, establece que contra los actos dictados por los órganos centrales del Servicio Canario de la Salud podrá interponerse recurso ordinario (hoy entendido de alzada por mor de la Ley 4/1999, de 13 de enero) ante el Consejero competente en materia de sanidad, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

En consecuencia, corresponde a la Consejera de Sanidad la resolución del recurso de alzada interpuesto.

Segundo.- Sin perjuicio de lo señalado en el fundamento de derecho anterior, cabe indicar que en el pie de la Resolución recurrida se señala que "Contra la presente Resolución no cabe recurso, por ser un acto de trámite, pudiendo no obstante interponerse recurso de alzada ante la Excelentísima Señora Consejera de Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente, si se entendiese que se da alguno de los supuestos excepcionales establecidos en el artículo 107.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero".

El artículo 107.1 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, señala como actos administrativos ante los que cabe la interposición de recurso de alzada "las resoluciones y los actos de trámite", si estos últimos deciden directamente o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

Al ser la Resolución recurrida un acto de trámite es necesario determinar si el mismo entra dentro de los supuestos señalados en dicho artículo y, por ende, susceptible de recurso de alzada. Dicha Resolución declara la finalización de la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas, aprobando en su anexo I la relación definitiva de calificaciones del concurso-oposición y en el anexo II la relación de aspirantes que superan la fase de selección.

La base decimoquinta de la Resolución de 21 de mayo de 2002 señala que los aspirantes que hubieran superado la fase de selección, una vez comprobados el cumplimiento de los requisitos, a propuesta de la Dirección General de Recursos Humanos, serán declarados personal estatutarios fijo en situación de expectativa de destino por el Director del Servicio.

La recurrente ha obtenido en la calificación definitiva del concurso-oposición la puntuación total de 98,55 puntos, ocupando el número de orden 12, por ello no consta en la relación definitiva de aspirantes que superan la fase de selección, al ser 8 plazas las convocadas. El aspirante que ha obtenido el número de orden 8º ha obtenido una puntuación total de 112,50 puntos.

Atendiendo al presente supuesto, al recurso de alzada interpuesto y a las circunstancias de la aspirante recurrente, la Resolución recurrida entra dentro del supuesto de acto de trámite de los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto pues, primero, es indudable que la declaración de los aspirantes que han superado la fase de selección -una vez comprobados sus requisitos- deberá integrar la propuesta que se eleva al Director del Servicio y, consecuentemente, dará lugar a la declaración de personal estatutario fijo en situación de expectativa de destino de los seleccionados y, segundo, que si se estimara en su integridad el recurso de alzada interpuesto, otorgándose mayor puntuación a la recurrente, la misma podría ver alterado su número de orden en la lista y ello podría conllevar declararla como aspirante que ha superado la fase de selección.

En consecuencia en lo que a ella respecta, tomando en cuenta las peticiones formuladas en el recurso de alzada y los resultados obtenidos por la recurrente en el proceso selectivo, la Resolución recurrida es un acto de trámite de los que inciden sobre el fondo del asunto pues el fondo que no es otro que la determinación de los profesionales que deben ocupar unas plazas, tras un proceso selectivo, y el recurso de alzada viene a cuestionar la declaración de los aspirantes que han superado la selección y, consecuentemente con esa declaración, los nombramientos de personal estatutario fijo, es decir, la determinación de los profesionales que deben ocupar las 8 plazas convocadas.

Tercero.- Antes de entrar a conocer si la actuación del Tribunal Calificador ha sido correcta, debe determinarse cuál es el ámbito de competencia del órgano revisor a las actuaciones de cualquier tribunal calificador.

Tiene señalado el Tribunal Supremo en amplia y constante jurisprudencia, de la que es exponente la Sentencia de 18 de enero de 1990 (Aranzadi RJ 1990\81), que "... los Tribunales de Justicia, al igual de la propia Administración, de que dependa el órgano calificador, carecen de competencia para sustituir a éste en la valoración de los méritos y conocimientos aportados a las pruebas selectivas, para medir la aptitud y capacidad de los que a ellas concurren, cualquiera que sea la índole objetiva de los conocimientos a valorarse; es decir ya pertenezcan al campo del Derecho, o al de otra disciplina científica. La valoración de la calidad intrínseca de méritos y aptitudes de los concurrentes a pruebas selectivas pertenece en exclusiva al órgano calificador, en uso de una discrecionalidad técnica, no revisable jurisdiccionalmente".

En cuanto a la función de los Tribunales calificadores, la discrecionalidad técnica y motivación de los acuerdos adoptados, señala la Sentencia del mismo Tribunal de 10 de octubre de 2000 (Aranzadi RJ 8992\2000):

"1) La función de los Tribunales calificadores en los procesos selectivos de acceso a la función pública es ofrecer, al órgano administrativo que ha de decidir esa selección, aquellos conocimientos que no posee este último, pero sí resultan necesarios para realizar la tarea de evaluación profesional que constituye el elemento central de tales procesos selectivos.

2) El órgano administrativo a quien corresponde decidir el proceso selectivo, en la motivación de la resolución final que ha de dictar para ponerle fin, y por lo que hace a esa tarea de evaluación, no puede hacer otra cosa que recoger el dictamen del Tribunal calificador.

3) Ese carácter de órganos especializados en específicos saberes que corresponde a los Tribunales calificadores ha determinado la aceptación, en su actuación evaluadora, de un amplio margen de apreciación, esto es, de eso que doctrinalmente se ha venido en llamar discrecionalidad técnica.

Esa discrecionalidad técnica reduce las posibilidades del control de dicha actividad evaluadora, que prácticamente estarán constituidas por estos dos básicos supuestos: el de la inobservancia de los elementos reglados -cuando éstos existan-, y el del error ostensible o manifiesto; y, consiguientemente, deja fuera de ese limitado control posible a aquellas pretensiones de los interesados que sólo postulen una evaluación alternativa a la del órgano calificador, pero moviéndose también dentro de ese aceptado espacio de libre apreciación, y no estén sustentadas con un posible error manifiesto.

4) Lo anterior explica que las normas reguladoras de la actuación de esos órganos calificadores sólo exijan a éstos formalizar sus dictámenes o calificaciones mediante la expresión de la puntuación que exteriorice su juicio técnico. Y que tal puntuación sea bastante para que pueda ser considerada formalmente correcta dicha actuación de evaluación técnica.

Y cuando tales normas no exijan mas que dicha puntuación, el órgano calificador cumplirá con limitarse a exteriorizarla, y no podrá reprochársele, desde un punto de vista formal, el que no la haya acompañado de una explicación o motivación complementaria.

5) Del artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992\2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no se deriva otra cosa diferente de lo antes expresado.

En cuanto a la motivación de los actos de los procesos selectivos, remite expresamente a "lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias", lo que supone que la validez de la actuación de los Tribunales calificadores habrá de ser medida según lo establecido en dichas normas.

Y por lo que se refiere a esa acreditación de fundamentos que expresamente establece, no está referida a los dictámenes del Tribunal calificador, sino a la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento de selección.

6) La omisión, por parte de las normas directamente reguladoras de la actuación de tales órganos calificadores, de la necesidad de que éstos motiven sus evaluaciones no debe excluir, ciertamente, la posibilidad de su exigencia; pero sí lleva aparejada esta consecuencia: será el interesado quien tendrá la carga de reclamarla.

Y lo anterior significa que el órgano de selección cumplirá en principio con expresar la puntuación que exteriorice su calificación, y sólo le será reprochable formalmente el vicio de falta de motivación cuando, a pesar de habérsele reclamado expresamente por el interesado, no atienda esta petición.

7) En el caso enjuiciado, las normas reguladoras de la actuación del Tribunal Calificador, constituidas por las bases de la convocatoria, no le exigían una expresa motivación de sus calificaciones, por lo que la sola expresión de las puntuaciones era suficiente para tenerlas formalmente por válidas.

De otro lado, la parte actora tampoco le reclamó que explicara las concretas razones de la puntuación asignada. Se limitó a pedirle, primero, una genérica revisión de la calificación, y, segundo, el detalle de la puntuación otorgada a cada uno de los temas desarrollados en el cuarto ejercicio; pero no que se le explicaran las concretas razones de la puntuación asignada.

Por tanto, no es de apreciar en la actuación del Tribunal Calificador una falta de motivación con entidad invalidante.

8) Por lo que hace en concreto a esa falta de consignación, también denunciada, de la puntuación independiente que fue asignada a cada uno de los temas del ejercicio controvertido, hay que decir que las bases de la convocatoria no exigían detallar todo el proceso seguido hasta llegar a la puntuación final.

Además, el conocimiento de la puntuación parcial asignada a cada uno de los temas expuestos sólo tendría interés en el caso, diferente al aquí enjuiciado, de que la razón de no alcanzar el aprobado se hubiera debido al hecho de haber sido calificado con cero puntos en alguno de los temas, y ello a pesar de haberse alcanzado en la puntuación global el mínimo exigible."

Y la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sede de Las Palmas, de 29 de marzo de 1996 (Aranzadi RJCA 1996\375), indica que "Recientemente, en Sentencia de 28 de enero de 1992 (RJ 1992\110), se refería el TS a la tentativa del Tribunal Constitucional para marcar el límite entre las facultades de un órgano calificador, con la capacidad técnica precisa para valorar unas pruebas, y la posibilidad de controlar jurídicamente lo resuelto por el mismo en función del principio constitucional de igualdad. Y se expresaba en aquella Sentencia como en la del Tribunal Constitucional de 14 de noviembre de 1991 (RTC 1991\215), se hace un encomiable esfuerzo para distinguir entre el "núcleo material de la decisión técnica", reservado en exclusiva a las Comisiones juzgadoras, y sus aledaños, constituidos por la verificación de que se haya respetado efectivamente la igualdad de condiciones de los candidatos y de los principios de mérito y capacidad de los mismos en el procedimiento de adjudicación de plazas, si bien a la postre este esfuerzo dialéctico concluye en la jurídicamente más asequible afirmación de que la disconformidad con el criterio de aquéllas sólo puede producirse cuando resulta manifiesta la arbitrariedad de la adjudicación efectuada y, por tanto, evidente el desconocimiento de los principios de igualdad y de mérito y capacidad para el acceso a las funciones públicas consagradas en los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española".

En consecuencia, a tenor del amplio posicionamiento jurisprudencial que sobre esta materia, tienen establecidos los Juzgados y Tribunales, de la que son exponentes las sentencias anteriormente indicadas, el ámbito revisor de las actuaciones del Tribunal Calificador a efectuarse viene limitado, primero, por la "discrecionalidad técnica" de dicho Tribunal, competencia que le es propia sin que pueda ser asumida a través de la resolución del recurso interpuesto y, segundo, por la adecuación de sus actos a las bases de la convocatoria y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Cuarto.- En el fundamento de derecho segundo de la resolución recurrida se recoge literalmente el informe del Tribunal respecto a las reclamaciones efectuadas a la relación provisional de méritos de los aspirantes y, en lo que respecta a la recurrente, son peticiones o reclamaciones que guardan identidad con las expuestas en el recurso interpuesto.

En su sesión de 7 de marzo de 2005 el Tribunal emite informe en relación a las alegaciones vertidas en el recurso, del siguiente tenor:

"Dña. Clemencia Guevara Navas ... solicitan:

a) Que se les valore la totalidad de los servicios prestados como especialistas de Aparato Digestivo con anterioridad a la fecha de obtención del título de Médico Especialista, título éste que obtuvieron por el procedimiento excepcional regulado en el Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre.

b) Que en el apartado de formación especializada les corresponden 16 puntos, pues entienden que han cumplido con un período de formación perfectamente compatible con lo dispuesto en el apartado a) del artículo 6.3.2 de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre.

c) Que en el apartado docencia postgraduada se les asignen 5 puntos, por impartir docencia desde su incorporación a la especialidad en la que concursa.

En primer lugar, y por lo que se refiere a la experiencia profesional, el Tribunal valoró los servicios prestados de las aspirantes siguiendo los criterios aprobados en sesión de 22 de septiembre de 2003. Concretamente, en el apartado III.1 se establece que "en ningún caso se podrán reconocer servicios prestados en la categoría y especialidad de facultativo especialista que sean anteriores a la fecha de obtención del título de especialista en la respectiva especialidad. A estos efectos debe tenerse en cuenta lo señalado en el apartado I.3 de este informe respecto a la determinación de la fecha de obtención del título de especialista. En concordancia con lo indicado en dicho apartado y por las razones que se señalan en el apartado IV.2.3 de este informe, los especialistas que hayan obtenido su título en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1.776/1994, de 5 de agosto, puede considerarse que reunían los requisitos para la obtención del mismo en la fecha de entrada en vigor del citado Real Decreto, esto es el 9 de septiembre de 1994."

Este criterio aparece respaldado en informe de la Abogacía del Estado de 8 de mayo de 2003, del que se dio traslado a este Tribunal por la Dirección General de Recursos Humanos mediante escrito de 13 de octubre de 2003. En dicho informe se establece que "la normativa española ha condicionado el ejercicio de una especialidad médica a la posesión del correspondiente título", mencionando a este respecto la Ley de 20 de julio de 1955 sobre enseñanzas, título y ejercicio de las especialidades médicas, el Decreto 2.015/1978, de 15 de julio, por el que se regula la obtención de títulos de especialidades médicas, la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación, y finalmente el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el que se regula la formación médica especializada y la obtención del título de médico especialista que deroga la Ley de 1955 (que había sido degradada a rango reglamentario) y el Decreto de 1978.

Dice el Abogado del Estado en su informe que "en concreto su artículo 1 estableció que "el título de Médico especialista será obligatorio para ejercer la profesión con este carácter y para ocupar un puesto de trabajo en establecimientos o instituciones públicas o privadas con tal denominación".

De todo lo dicho resulta que, para ocupar una plaza de médico especialista, resulta necesario hallarse en posesión del correspondiente título. Sin embargo, en determinados casos, esto no se ha producido, por lo que los licenciados en Medicina y Cirugía que no se encontraban en posesión de la especialidad, han venido ocupando puestos de esa naturaleza.

Pues bien, se plantea el problema de determinar si los servicios prestados en estas circunstancias se valoran en la OPE extraordinaria prevista en la Ley 16/2001, de noviembre. (É)

Nosotros consideramos que, por las razones expuestas con anterioridad, la experiencia profesional única y exclusivamente se valora por los servicios prestados como especialista cuando se reúnen los requisitos legalmente establecidos, es decir cuando se posee el correspondiente título."

En cuanto a la valoración de la formación especializada, el criterio adoptado aparece recogido en los aprobados por el Tribunal, concretamente en su apartado IV.3: "Será objeto de valoración con cero puntos aquellos especialistas que hubiesen obtenido el título por medio de algún procedimiento diferente a los señalados en los anteriores puntos 2 y 3 de este apartado IV del presente informe. Dentro de esta categoría se incluirían aquellos candidatos que hubiesen logrado el título conforme al Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre."

Sobre esta cuestión se señala lo siguiente en el mencionado informe de la Abogacía del Estado de 8 de mayo de 2003:

Médicos que han obtenido su título de especialista por la vía excepcional del Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre:

"Debemos señalar que a estos facultativos se les admite en la convocatoria por permitirlo expresamente la Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2001 de 21 de noviembre, ya que, a la vista del proceso de evaluación previsto en el señalado Real Decreto no estarían en posesión del título de especialista cuando término el plazo para solicitar la participación en las distintas convocatorias.

Se resalta que el acceso a la situación de expectativa de destino y, en su caso, la obtención de una plaza mediante su participación en la fase de provisión queda condicionada a la obtención del título de Médico Especialista establecido en el Real Decreto 1.497/1999. Y es que para participar en las pruebas selectivas, es requisito esencial el hallarse en posesión del título de especialista tal y como dispone el artículo 3.1.b) de la Ley 16/2001. Por todo lo expuesto consideramos que debe valorarse con cero puntos."

La docencia postgraduado impartida antes de la obtención del título en concordancia con la valoración de los servicios prestados no se les ha valorado.

Por todo lo expuesto se propone desestimar los mencionados recursos."

Las alegaciones efectuadas en el recurso no desvirtúan los criterios y razonamientos adoptados por el Tribunal calificador, siendo ello conforme a su discrecionalidad técnica y a la facultad que les confieren las bases del proceso selectivo para ser el órgano interpretador de las mismas.

Quinto.- Entrando en la primera cuestión debatida, valoración o no de los servicios prestados en la misma categoría con anterioridad a la obtención del título de especialista, y en añadido a lo informado por el Tribunal, no pueden ser aceptados los razonamientos que la recurrente extrae de la interpretación del artículo 6.3.1 y Disposición Transitoria Primera de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, obviando la claridad de lo expuesto en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre, señala que "En la fase de concurso de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de facultativos especialistas, la antigüedad como especialista de quienes hayan accedido al título al amparo de lo previsto en el presente Real Decreto, se computará desde la fecha de obtención de dicho título". Real Decreto de obligada aplicación por el Tribunal al presente proceso selectivo pues la Ley 16/2001 ni expresamente la excluye ni se deduce que no debe aplicarse el mismo.

Las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de fecha 3 de noviembre de 2004, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, una, recaída en el Rollo de Apelación nº 2/184/2004 contra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 7 de Valencia, Procedimiento Abreviado nº 444/2003 (Aranzadi JUR 2005\41046) y, dos, recaída en el Rollo de Apelación nº 2/164/2004 contra sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 8 de Valencia, Procedimiento Abreviado nº 421/2003 (Aranzadi JUR 2005\41046) establecen que "Cuarto. El precitado apartado 1.1.a) del anexo I de la Orden de siete de marzo de 2002, que transcribe el contenido del artículo 6.3.1.a) la referida Ley 16/2001, de 21 de noviembre, establece que "por los servicios prestados, cualquiera que hubiera sido el momento, en las instituciones sanitarias de la Consejería de Sanidad: a) en la misma categoría profesional y, en su caso, especialidad en la que se concurso con nombramiento fijo temporal: 0,3 puntos por mes trabajado".

La interpretación de las referidas base y precepto legal, sostenida por el Juzgado de Instancia, consistentes en definitiva en que los servicios prestados en la especialidad por la que se concurre se han de computar con independencia de que se ostente la titulación de la dicha especialidad, pues la base se refiere a los servicios prestados, cualquiera que hubiera sido el momento, no se comparte por la Sala, pues tanto la base, como la Ley de la que procede el contenido y dicción de la misma, establecen, además y entre otras cosas, que dichos servicios han de ser prestados en la misma categoría profesional y en la especialidad a la que se concursa, es decir, en la condición y status de médico especialista, y resulta claro que tal condición no se adquiere por la parte recurrente hasta el momento de la obtención en título de médico especialista válido para el ejercicio en España de la correspondiente especialidad, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, sin que sea de acoger como aplicable al presente caso la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 156/02, de 30 de enero, que sirve como fundamento a la interpretación del Juzgado de Instancia, en primer lugar por cuanto dicha doctrina no vincula esta Sala, y, en segundo lugar, porque lo resuelto en ella no resulta aplicable al presente caso, bien distinto, y tanto en las circunstancias del mismo, cuanto en la finalidad y objeto del proceso que ha se aplica.

A ello se añade, en el presente caso, que el título de médico especialista de la parte recurrente a que se refiere este litigio se ha obtenido por el medio excepcional establecido en el Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre, en su Disposición Adicional Segunda establece que "en la fase de concurso de las pruebas selectivas para el acceso a plazas de facultativos especialistas, la antigüedad como especialistas de quienes hayan accedido al título al amparo de lo previsto en el presente Real Decreto, se computará desde la fecha de obtención de dicho título".

Procede por tanto la estimación de la apelación formulada por la Generalidad Valenciana y la consiguiente revocación de la sentencia de instancia en lo referente al pronunciamiento parcial estimatorio del recurso relativo a la valoración y cómputo de los servicios prestados con anterioridad a la obtención del título de médico especialista, con la consiguiente declaración de conformidad a Derecho de la valoración efectuada por la comisión calificadora, en tanto en cuanto no valora como experiencia los servicios prestados con anterioridad al obtención del título de médico especialista de la plaza a la que opta, y consecuentemente el acto administrativo impugnado en lo referente esta cuestión, y por tanto, procede la desestimación del recurso formulado en instancia, en cuanto se refiere a esta concreta pretensión.

Señala, también, la Sentencia de 23 de julio de 2004 de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, recaída en el recurso nº 102/2004, que "Mediante Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 11 de diciembre de 2001 se convocó proceso extraordinario de consolidación de empleo para la selección y provisión de plazas de Facultativo Especialista de Aparato Digestivo en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto Social de la Marina, en cumplimiento de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre ... El concurso consistía en la valoración de los méritos que acreditaran los aspirantes referidos al último día del plazo de presentación de solicitudes (9 de enero de 2002). El Tribunal de concurso ha valorado la experiencia profesional del demandante desde 9 de diciembre de 1999 hasta el 9 de enero de 2002 (26 meses x 0,3 puntos = 7,8 puntos). Para ello tuvo en cuenta que el interesado obtuvo el título de médico especialista en Aparato Digestivo, para ejercer la actividad como tal, conforme al Real Decreto 1.497/1999 (RCL 1999, 2433), estando expedido aquel el 9 de diciembre de 1999, por lo que la experiencia profesional estimó que había de contabilizarse a partir de esta fecha ... Es por ello que no es dable valorar la experiencia obtenida por el demandante antes de la expedición del título de médico especialista con fecha 9 de diciembre de 1999, por no acomodarse dicha experiencia a lo establecido por el particular del baremo de méritos de la convocatoria que se invoca, refrendó como está a los servicios prestados en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social, en cualquier momento pero en la misma categoría profesional y especialidad a la que se concursa. Al efecto, aunque el demandante fue contratado para prestar servicios como médico de Aparato Digestivo al amparo del Real Decreto 1.989/1984 (RCL 1984, 2602, 2710), de contratación temporal como medida de fomento del empleo, cuando ya estaba en posesión del título expedido en 3 de agosto de 1987, este título, además de tener efectos limitados vino a ser sustituido por el expedido al amparo del Real Decreto 1.497/1999, con plena validez profesional, pero sin eficacia retroactiva en orden al cómputo de la antigüedad como especialista para el acceso a plazas de facultativo especialista a través de pruebas selectivas, entre las cuales han de contarse las incluidas en el proceso de consolidación de empleo de que se trata, no obstante su carácter extraordinario, regida como está la convocatoria por las normas que expresamente señala, así como por las demás disposiciones aplicables al efecto (base segunda)."

Cabe indicar que tras el proceso selectivo establecido por la Ley 16/2001 es el propio legislador el que ha cambiado su criterio frente a la consideración de dichos servicios prestados anteriores pues ha venido a establecer en el artículo 56 de la Ley 62/2003, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social que:

"Artículo 56. Valoración de la experiencia profesional de los Médicos que han obtenido el título de especialista conforme al Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre.

No obstante lo establecido en la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre, en la fase de concurso de las pruebas de selección, para el acceso a plazas de Médico Especialista de los Servicios de Salud que se convoquen a partir del 1 de enero de 2004, la antigüedad como especialista de quienes hayan accedido al título al amparo de dicho Real Decreto valorará, en los términos previstos en la convocatoria, la totalidad del ejercicio profesional efectivo del interesado dentro del campo propio y específico de la especialidad, descontando de tal ejercicio y en el período inicial del mismo el 170% del período de formación establecido para dicha especialidad en España. El indicado descuento no se producirá respecto de quienes hubieran obtenido el título de especialista de acuerdo con lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 1.497/1999."

El artículo transcrito fue introducido mediante la enmienda nº 296, de edición, en el Congreso de los Diputados (BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, nº 174-3, de 10.11.03) con la siguiente justificación:

"La previsión de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1.497/1999 ha impedido la valoración del ejercicio profesional de los MESTOS (Médicos Especialistas sin Título Oficial) en la oferta pública de empleo especial derivada de la Ley 16/2001, con lo que alguno de tales profesionales no han conseguido plaza en un procedimiento extraordinario para la consolidación que se dirigía, entre otros colectivos, a los propios MESTOS.

Se pretende con la enmienda que se presenta que este colectivo de profesionales no vea nuevamente perjudicadas sus expectativas de acceso en las siguientes convocatorias".

Lo anteriormente señalado demuestra que la voluntad del legislador de la Ley 16/2001, de 21 de noviembre, fue que en dicho proceso extraordinario se mantuviera la previsión de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1.497/1999, de 24 de septiembre, y que, por lo tanto, no fueran valorables los servicios prestados sin título oficial de especialista.

Por tanto, no sólo es correcta la actuación del Tribunal de no valorar dichos servicios prestados sino que la misma viene obligada por Ley, quedando, por tanto, fuera del ámbito de interpretación de las bases.

Sexto.- Conociendo del segundo motivo de recurso, computar un total de 16 puntos en concepto de formación en la especialidad, debe hacerse una puntualización a las referencias que la recurrente realiza en cuanto a vulneración del principio de igualdad, unas veces referidas a las bases y otras a la actuación o interpretación efectuada por el Tribunal.

Respecto a las bases de la convocatoria y a la posible vulneración del principio de igualdad cabe expresar que las mismas no fueron recurridas y que devinieron firmes, por lo que, sin entrar en el fondo de las alegaciones vertidas, no es posible cuestionar ahora su validez. Así lo señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2000 (Aranzadi RJ 2000\551) que indica que es jurisprudencia reiterada que la no impugnación de las bases de la convocatoria, una vez que se ha participado en la misma, devienen en firmes e inatacables, no pudiendo ser impugnadas posteriormente por quienes se aquietaron a las mismas y sólo las discutieron al no verse entre los aspirantes seleccionados.

En cuanto a la interpretación de las bases y a la posible vulneración del principio de igualdad -valoración desigual de los títulos según el tiempo o modo de obtención en cuanto a la vía MIR u otra vía- no se deduce de la actuación del Tribunal ningún acto vulnerador del principio constitucional de igualdad pues, primero, no señala la recurrente supuesto alguno en el que se haya visto discriminada con respecto a otro aspirante con el que se encontrara en igualdad de condiciones y, segundo, el Tribunal se limitó a aplicar los criterios aprobados por el mismo, los cuales se encuentran plenamente ajustados a la normativa reguladora del proceso selectivo.

Hay que tener en cuenta la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional que sobre el principio de igualdad, entre otras la Sentencia nº 76, de 26 de abril de 1990 (RTC 1990\76), señala que:

"a) No toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del artº. 14 (en el presente caso artículo 23.2) de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas, o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados".

Y la Sentencia nº 308, de 21 de noviembre de 1994 (RTC 1994\308), que matiza lo siguiente respecto al alcance del citado principio de igualdad:

"la igualdad declarada en el artº. 14 CE es la que impone que ante situaciones no disímiles la norma debe ser idéntica para todos, comprendiéndolos, en sus disposiciones y previsiones con la misma concesión de derechos que eviten las desigualdades, por ello, lo que este precepto constitucional impide es la distinción infundada o la discriminación [SSTC 75/1983, fundamento jurídico 2º; 86/1985 (RTC 1985\86), fundamento jurídico 3º]. El artº. 14 CE reconoce el derecho a no sufrir discriminaciones o diferenciaciones carentes de justificación objetiva y razonable, pero no ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, esto es el hipotético derecho a imponer o exigir diferencias de trato [SSTC 52/1987 (RTC 1987\52), fundamento jurídico 3º; 136/1987 (RTC 1987\136), fundamento jurídico 6º; 48/1989 (RTC 1989\48), fundamento jurídico 5º]. Por consiguiente, siendo ajena al ámbito de este precepto constitucional la llamada "discriminación por indiferenciación" [SSTC 86/1985, fundamento jurídico 3º y 19/1988 (RTC 1988\19), fundamento jurídico 6º".

Debe destacarse que es el propio legislador el que ha establecido claramente límites a la valoración de la formación para la obtención del título de médico especialista sin que por el Tribunal se pudiera extender los beneficios del apartado 2 del anexo II a todos los casos o supuestos en que las normas permiten acceder a la obtención de un título de especialista, al no venir previsto en las bases de la convocatoria. Se alega que no existen distintos niveles o grados de titulación en las diferentes especialidades médicas, pero este no es el caso que acontece en el anexo II, apartado 2, pues no se viene a puntuar la posesión de un título de especialista sino la Formación recibida a la que ha dado lugar el correspondiente título, así la Ley 16/2001 en su artículo 6.3.2.1, letras a) y b), establece en que supuestos o casos son valorables la formación previa a la obtención del título sin que, como hemos dicho, pueda ampliarse a otros supuestos.

También debe tenerse en cuenta lo que señala el artículo 1.1, letra b), del Real Decreto 1.497/1999 citado, de "Poseer una formación especializada equivalente a la establecida para la especialidad, de acuerdo al programa vigente en su momento, realizada en servicios o unidades de dicha especialidad, cuyo carácter formativo queda reconocido excepcionalmente mediante este Real Decreto a sus exclusivos efectos, ...", viniendo a establecer que la formación especializada equivalente que pudieran haber obtenido aquellos profesionales que obtuvieran el título de especialista por este Real Decreto, tal carácter formativo, sólo es reconocido excepcionalmente a los exclusivos efectos de la obtención de dicho título, por la vía del indicado Real Decreto, sin que pueda reconocerse la existencia de una formación especializada en otros supuestos, como es en el caso de alegar la existencia de una formación especializada igual a la vía MIR al objeto de su valoración en el presente proceso selectivo.

Lo que subyace en las alegaciones de la recurrente respecto a esta petición es que viene a considerar que existe una igualdad en cuanto a la formación realizada antes de la obtención del título, sea vía M.I.R. sea vía Real Decreto 1.497/1999, es decir una "equiparación automática", sin embargo esta cuestión ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de junio de 2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 4ª (aranzadi RJ 2003\7187), en recurso contencioso interpuesto contra el Real Decreto 1.497/1999 y que en su fundamento de derecho cuarto, párrafos 3 y 4, señala que "Puede ser discutible la explicación que se da en el preámbulo -y especialmente lo que, según la Asociación recurrente, se omite-, en cuanto a la mayor o menor objetividad del acceso de los licenciados en Medicina para cubrir de hecho plazas de especialista; en cuanto a las verdaderas razones que originaron esta situación; y en cuanto a la valoración de que la actividad de aquéllos suponía iniciar una formación médica especializada no oficial equiparable a la establecida para cada especialidad.

Sin embargo, la orientación de la norma, que luego se refleja en su regulación, acorde con estas consideraciones del preámbulo, es la de abordar una situación excepcional partiendo de una asimilación al sistema general de especialización de determinados licenciados en Medicina pertenecientes a un colectivo que efectivamente se halla en una situación a la que es conveniente poner fin en atención al interés general. No se afirma que su formación sea equiparable a la de los especialistas, sino que simplemente se dice que "en determinados casos", dicha formación "podría haber resultado equiparable" a la establecida en cada especialidad. Con esto se anuncia que se rechaza una equiparación automática, lo que resulta coherente con el establecimiento de determinados requisitos de tiempo y condiciones de formación, prueba teórico-práctica y evaluación." y que respecto a vulneración de los artículos 14 y 32.2 (sic) de la Constitución -que en el presente caso sería el artículo 23.2- indica en su fundamento de derecho decimonoveno que "La alegación relativa a la infracción del artículo 23.2 de la Constitución, según el cual los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las Leyes, no puede verse afectada en relación con el sistema de otorgamiento del título de médico especialista en sí mismo, ya que éste no constituye una función o cargo público.

Sólo podría invocarse dicho principio en la medida en que la condición de especialista se exige, de acuerdo con la normativa comunitaria, para tener acceso a plazas de especialistas médicos en la Sanidad Pública.

Desde esta perspectiva, no puede decirse que el Real Decreto, por el hecho de establecer un medio extraordinario de acceso a la condición de especialista fundada en la exigencia de requisitos objetivos, aun cuando puedan ser menos rigurosos que los exigidos por el sistema de acceso ordinario a la especialidad, establezca una discriminación en perjuicio de quienes se hayan acogido a este último sistema.

Basta, para llegar a esta conclusión, con considerar que de su Disposición Adicional Segunda se desprende que los nuevos especialistas quedarán relegados en los concursos de acceso a plazas públicas frente a los MIR ya existentes, puesto que la antigüedad en el puesto de trabajo sólo se computará desde la obtención del título y no desde el desempeño sin título de un puesto de trabajo. La obtención del título de especialista por medio del Real Decreto, por otra parte, exige un tiempo de formación notablemente más dilatado que el exigido por la vía MIR, de donde se infiere, en definitiva, que ésta otorga una ventaja relativa de orden temporal para el acceso a especialidades públicas frente a los especialistas que se hayan acogido al Real Decreto impugnado."

Volvemos a citar las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana señaladas en este escrito en el fundamento de derecho anterior, que sobre esta cuestión exponen "Quinto. La parte apelante de ... funda la impugnación de la sentencia apelada, en la parte desestimatoria del fallo de la misma, en primer lugar, por lo que se refiere a la valoración equivalente al título de especialista como consecuencia de haber cumplido el período completo como médico interno residente del programa MIR, o bien un período equivalente, en España o en el espacio económico europeo, de formación teórico y práctica de conformidad con los requisitos establecidos en la Directiva 93/16/C.E.E., de 5 de abril, en los términos establecidos en el anexo 1, apartado 2 a), de la convocatoria, pues considera que al caso de la recurrente no le es aplicable lo dispuesto en el apartado b) del referido anexo 1, apartado 2, atendido precisamente que obtuvo su título de especialista al amparo del Real Decreto 127/1984, discrepando asimismo de la sentencia impugnada respecto de su interpretación de que los requisitos recogidos en la Directiva 93/16/C.E.E., son distintos de los que se exigen en el Real Decreto 1.497/1999, y no concurren caso de autos, tras lo cual entiende la apelante, en tanto en cuanto supone la no valoración del título obtenido por la recurrente al amparo del Real Decreto 1.497/1999 con los 16 puntos, establecidos en el referido apartado a) del punto segundo del anexo primero de los de la convocatoria, una infracción del artículo 14 de la constitución, ya que la mayor valoración de la vía MIR respecto de la contenida en el citado Real Decreto ha de considerarse injustificadamente desproporcionada.

Esta fundamentación ha de ser rechazada por la Sala que comparte, en el presente caso y respecto de la cuestión de la valoración del título MIR, la fundamentación de la sentencia recurrida, sin que quepa apreciar la alegada infracción del principio de igualdad, contenido en el artículo 14 de la Constitución Española, en la valoración de los títulos vía MIR y la que los obtenidos a través del precitado Real Decreto 1.497/1999, pues la obtención de los mismos responde a caminos diferentes que permiten distinguir la valoración de unos y otros a efectos del baremo del concurso, es decir, dar un trato diferente a situaciones desiguales."

Séptimo.- En cuanto al tercer motivo de impugnación, no otorgación de 5 puntos por impartir docencia postgraduada, alega la recurrente que ha acreditado la docencia en varios certificados presentados.

Los certificados presentados en cuanto a la docencia son los siguientes:

1.- Certificado emitido el 15 de octubre de 2002, del Presidente de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Insular. Se certifica que "Que, este Hospital obtuvo la Acreditación Docente por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo para la formación postgraduada en el año 1990, iniciando la formación especialistas en enero del año 1992, continuando hasta la actualidad".

2.- Certificado emitido el 15 de octubre de 2002 del Presidente de la Comisión de Docencia del Hospital Universitario Insular. Se certifica "Que, el Servicio Aparato Digestivo de este Hospital, está Acreditado por el Ministerio de Sanidad y Consumo para la docencia posgraduada desde el año 1995 hasta la actualidad, iniciando la formación de médicos especialistas en el año 1996."

Señala el Tribunal de selección en su informe, transcrito en el fundamento jurídico cuarto, " la docencia postgraduado impartida antes de la obtención del título en concordancia con la valoración de los servicios prestados no se les ha valorado." y ello es congruente con lo establecido en el artículo 7.2 de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan las Comisiones de Docencia y los sistemas de evaluación de la formación de médicos y de farmacéuticos especialistas (B.O.E. nº 115, de 30 de junio) que establece como requisito para la docencia el estar en posesión del título de especialista que proceda, la recurrente obtuvo su título el 22 de febrero de 2002.

Los argumentos jurídicos expresados hacen decaer las pretensiones de la recurrente.

En consecuencia, habiendo adoptado el Tribunal sus acuerdos conforme a su discrecionalidad técnica, con sujeción a las bases del proceso selectivo y a la normativa de aplicación y dado que no se aprecia la existencia de vulneración del principio de igualdad, mérito y capacidad, debe desestimarse el recurso de alzada interpuesto confirmando en todos sus extremos la Resolución recurrida.

En su virtud y vistas las demás normas de general y pertinente aplicación

D I S P O N G O:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. María Clemencia Guevara Navas contra la Resolución de 14 de septiembre de 2004 de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicios Canario de la Salud, de finalización de la fase de selección del proceso extraordinario de consolidación y provisión de plazas básicas de personal estatutario de la categoría y especialidad de Facultativos Especialista de Área en Aparato Digestivo en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, por ser la misma ajustada a Derecho.

Notifíquese el presente acto al interesado, haciéndole saber que contra el mismo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la fecha de la notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio la recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- María del Mar Julios Reyes, Consejera de Sanidad.- Santa Cruz de Tenerife, a 12 de mayo de 2005."

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de julio de 2005.- La Secretaria General Técnica, p.s., la Secretaria General del Servicio Canario de la Salud (Orden de 2.3.05), María Teresa Larrea Díez.



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