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No habiéndose podido practicar la notificación de la referida Propuesta de Resolución de 23 de mayo de 2005, a Dña. María Alberto García, se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación de la citada Propuesta de Resolución a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el que aparece anexo al anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de junio de 2005.- El Viceconsejero de Pesca, Gonzalo Angulo González.
DENUNCIADO: Dña. María Alberto García.
ASUNTO: Propuesta de Resolución de expediente sancionador por infracción en materia de ordenación del sector pesquero y de comercialización de productos pesqueros nº PV-010/2004.
Propuesta de Resolución de fecha 23 de mayo de 2005, que formula la Instructora del expediente sancionador PV-10/2004, incoado a Dña. María Alberto García.
En el expediente sancionador reseñado, incoado a Dña. María Alberto García, en virtud de denuncia nº 248, formulada por los Guardias Civiles de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife (Patrulla SEPRONA de Santa Cruz de Tenerife), Y-6283-J y R-53878-V, según escrito de la Dirección General de la Guardia Civil de fecha 15 de abril de 2004, que tuvo entrada en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación con fecha 22 de abril de 2004 (Registro de entrada nº 283099-24197) con motivo de haberse observado la comisión de hechos presuntamente constitutivos de una infracción administrativa, por vulneración de la legislación vigente en materia de comercialización de productos pesqueros, y de conformidad con el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), el Instructor que suscribe formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
De las actuaciones practicadas y antecedentes que han dado lugar a la instrucción de las diligencias, resulta:
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Tras recibirse llamada telefónica anónima en las dependencias de la Comandancia de la Guarda Civil de Santa Cruz de Tenerife, la Patrulla SEPRONA de Santa Cruz de Tenerife, formada por los Guardias Civiles mencionados, se trasladó a la localidad de El Pozo de la Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), el día 11 de abril de 2004, siendo las 10,15 horas, procedió a la inspección del vehículo no isotermo 2477-CFJ, el cual transportaba dos bandejas de pescado de especie Bicuda y Sardinas, éstas últimas de talla inferior a la talla reglamentaria (sardinas entre 3 y 9 cm).
Segundo.- Que la denunciada es Dña. María Alberto García (N.I.F. 42.003.448-C), con domicilio en la calle La Puntita, 30, ático, Candelaria, Santa Cruz de Tenerife.
Tercero.- Que a la interesada le fue notificada la Resolución del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, de fecha 12 de enero de 2005, por la que se acordó la iniciación del presente expediente sancionador, mediante carta certificada con aviso de recibo, recibida y su posterior publicación en el Boletín Oficial de Canarias el día 24 de febrero de 2004, haciéndole saber su derecho a presentar escrito de alegaciones, en los términos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto 1.398/1993, ya citado, sin que conste que hiciera uso de tal derecho.
Cuarto.- En la iniciación del presente expediente sancionador, se han observado las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9 de agosto), y demás de general aplicación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La competencia para incoación y resolución del presente expediente sancionador, le viene atribuida a la Viceconsejería de Pesca, en virtud de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 328/1999, de 2 de diciembre (B.O.C. nº 170, de 29 de noviembre), por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Segundo.- El artículo 76 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo) dispone que: "a los efectos de la presente Ley, se entiende por comercialización de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, cada una de las operaciones que transcurren desde la primera venta hasta su consumo final, y que comprende, entre otras, la tenencia, transporte, almacenamiento, exposición y venta, incluida la que se realiza en los establecimientos de restauración".
Tercero.- La Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de fecha 23.4.03), relativa a la ordenación del sector pesquero y comercialización de los productos pesqueros, dispone que: "sin perjuicio de la aplicación directa de la normativa básica estatal, en materia de ordenación pesquera relativa a la flota pesquera, establecimientos de puertos base y cambio de base, puertos de desembarque y primera venta de los productos pesqueros, así como en materia de comercialización de productos pesqueros, será de aplicación la restante legislación del Estado".
Las infracciones en materia de ordenación del sector pesquero y de comercialización de productos pesqueros, vienen recogidas en el Título V, Capítulo III de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado (B.O.E. nº 75, de 28 de marzo).
Cuarto.- En cuanto a la tenencia de dos cajas de pescado inferior a la talla reglamentaria (Sardinas entre 3 y 9 cm), el artículo 79 de la Ley 3/2001, establece que: "quedan prohibidas las operaciones de comercialización de productos de la pesca y del marisqueo de cualquier origen o procedencia, cuya talla o peso sea inferior al reglamentario de cada modalidad o su modo de obtención no haya sido conforme a la normativa internacional, comunitaria, estatal y autonómica de aplicación en la materia o incumplan la normativa sanitaria que en cada momento se establezca". La Disposición Adicional Quinta del mismo cuerpo legal, dispone que: "La tenencia de especies prohibidas o de talla o peso inferior a lo reglamentado por alguna persona en mercado, tienda, almacén, establecimiento u otro lugar, contenedor u objeto de análogas características, o por vendedor ambulante en cualquier sitio, se considerará posesión con fines de comercialización o venta, salvo prueba en contrario".
El Decreto 155/1986, de 9 de octubre, por el que se establecen las tallas mínimas para la captura de peces en aguas interiores del Archipiélago Canario (B.O.C. nº 125, de 17 de octubre), establece como talla mínima para la sardina (sardina pilchardus) 18 centímetros, tallas mínimas que recoge, igualmente, el anexo III del Real Decreto 560/1995, de 7 de abril (B.O.E. nº 84, de 8 de abril).
Quinto.- El ilícito administrativo constatado constituye una infracción calificada como grave en el artículo 99 de la Ley 3/2001, al considerar como tal en su apartado c) la tenencia, la consignación, el transporte, el tránsito, el almacenamiento, la transformación, la exposición y la venta, en cualquiera de las formas previstas legalmente, de productos pesqueros prohibidos o de talla o peso inferior a la reglamentada, infracción que recoge, igualmente, el artículo 70.4.d) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, se propone imponer la sanción en su cuantía mínima de trescientos un (301) euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.2 del texto legal citado.
Sexto.- En cumplimiento de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 de enero), se informa de los siguientes extremos referentes a la tramitación del procedimiento:
- Plazo máximo para resolver y notificar: 6 meses desde el inicio del expediente de procedimiento sancionador.
- Efectos de la falta de resolución expresa: archivo de actuaciones por caducidad.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,
PROPONE:
Primero.- Imponer a Dña. María Alberto García (N.I.F 42.003.448-C), una sanción pecuniaria por importe de trescientos un (301) euros.
Segundo.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, indicándole que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, dispone de un plazo de quince días hábiles, para formular las alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes ante la Instructora del expediente.
En el caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad y querer proceder al abono del importe de la sanción propuesta, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir, en este caso, a esta Viceconsejería de Pesca, el resguardo justificativo del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o copia del mismo debidamente compulsada, para su incorporación al presente expediente sancionador.- Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de mayo de 2005.- La Instructora del expediente, María Luisa Ramos Soriano.
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