BOC - 2005/139. Lunes 18 de Julio de 2005 - 2503

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Justicia

2503 - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación.- Anuncio de 13 de julio de 2005, relativo a notificación de Orden por la que se resuelve el expediente sancionador incoado a la E.O. E-546, María Bello Beltrán, por infracción a la normativa sobre el juego.- Expte. nº 1/2005.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden por la que se resuelve el expediente sancionador nº 1/2005, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a la E.O. E-546, María Bello Beltrán, por infracción a la normativa sobre el juego, en el domicilio que figura en el citado expediente, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.

Orden del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se resuelve el expediente sancionador nº 1/2005 incoado a la empresa operadora E-546, María Bello Beltrán, con N.I.F. 41936678L, por infracción a la normativa sobre el juego.

Examinado el expediente nº 1/2005, tramitado por la Instrucción de expedientes sancionadores de la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la empresa operadora de máquinas recreativas E-546, María Bello Beltrán, con N.I.F. 41936678L, por infringir la normativa sobre el juego.

Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 14 de diciembre de 2004, por funcionario adscrito al Servicio de Inspección del Juego de esta Dirección General, fue levantada acta de infracción dando cuenta de que, en el establecimiento Bar-Cafetería Las Banderas (Estación de Servicio Repsol), sito en El Sauzal, Autopista TF-5, km 22,5, en el que se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas TF-B-28857 y TF-B-28856, titularidad de la empresa operadora E-546, María Bello Beltrán, las cuales "tienen incorporadas Guías de Circulación con vigencia del 7 de junio de 2004 al 7 de julio de 2004, la identificada con el TF-B-28856 y del 2 de junio de 2004 al 2 de julio de 2004, la identificada con el TF-B-28857".

2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución nº 130, de la Directora General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 19 de enero de 2005, se ordenó el inicio de expediente administrativo sancionador a la empresa operadora E-546, María Bello Beltrán, nombrándose instructora del mismo y formulándose los cargos pertinentes.

3.- La Resolución de inicio del expediente sancionador fue notificada mediante carta con acuse de recibo de fecha 9 de febrero de 2005, en el domicilio de la empresa expedientada.

4.- Con fecha 22 de febrero de 2005, Dña. María Bello Beltrán, con D.N.I. 41936678L, en representación de la empresa operadora E-546, presenta escrito, con número de registro de entrada 128433; VADP 3515, de alegaciones a la Resolución de inicio del expediente sancionador, en los siguientes términos:

"Primero.- Que las máquinas en cuestión estaban en plena fase de tramitación de la correspondiente autorización, pendiente del trámite de autorización del bar, de conformidad con el artículo 45 del Reglamento, no siendo en ningún caso la intención de esta empresa la de perjudicar a nadie, ni cometer infracción alguna. Su error consiste en haber adelantado el traslado de esas máquinas en pleno trámite de legalización.

En todo caso, una vez enterados de este hecho, se han sacado inmediatamente las máquinas del bar, cumpliendo así la finalidad de la norma.

Está de acuerdo en la concreción de los hechos que hace el Sr. Inspector y la calificación jurídica que hace la Sra. Instructora, sometiéndose a su criterio, sólo quiere hacer constar que no existió en ningún caso por la empresa ánimo defraudatorio, ni intencionalidad, debiéndose más a un error interno de su empresa en adelantar dicho traslado, en ningún caso ordenado por la dirección de la empresa.

Segundo.- Consideramos que debe tenerse en cuenta que se reúnen las condiciones de ser una pequeña empresa, cuyo nivel de ingresos no es alto, como para poder asumir una sanción tan importante, que crea un verdadero trastorno a la economía de la misma.

Que no tenía conocimiento de que la conducta, o en este caso, la omisión, fuera constitutiva de infracción, dado que se debió a un error interno.

Que no se dan en ningún caso especiales condicionantes de reiteración ni reincidencia.

Tampoco se han causado perjuicios a terceros.

El artículo 131 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que la Administración deberá tener en cuenta que se guarde la adecuada proporcionalidad entre la sanción a imponer y el hecho constitutivo de la infracción, atendiendo en su graduación, a si se dan los criterios de intencionalidad o reiteración, perjuicios causados o reincidencia. Ninguno de estos criterios se da, y sin embargo, sí se da el cumplimiento de lo ordenado en el Decreto, el propósito de no incurrir en infracciones de este tipo en el futuro, como se puede comprobar en cualquier momento y la disposición, que ha existido siempre a cumplir con la Ley.

Como decía anteriormente, el desconocimiento de la Ley y la falta de intencionalidad, reincidencia o inexistencia de perjuicios, no eximen de su cumplimiento, si todo ello lo unimos al criterio de proporcionalidad coercitiva de la cuantía económica de una sanción a un negocio pequeño y que la finalidad del Decreto se ha cumplido, entendemos que existen criterios suficientes para la reducción sensible de la sanción propuesta, dado que ya ha sido una medida coercitiva eficaz, al conocer la existencia de esta obligación legal, que, reitero, una vez conocida, se ha cumplido inmediatamente, como puede comprobarse.

En este sentido la labor informativa de la Administración ha conseguido mayor efecto del que jamás puede conseguirse con una sanción, cuya finalidad coercitiva ya está cumplida y la obligación legal a salvo."

5.- Con fecha 2 de marzo de 2005, la Instructora del expediente emite Propuesta de Resolución para que, por el Consejero de Presidencia y Justicia, de conformidad con lo establecido en el artº. 29.1.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), en relación con el artículo 12.b) del Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, se imponga al expedientado una sanción consistente en multa de mil doscientos dos euros con cuatro céntimos (1.202,04 euros), por la comisión de los hechos descritos constitutivos de dos infracciones graves previstas en la letra b) del artículo 27 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, en relación con el artículo 31 del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar, esto es, por la instalación o explotación de dos máquinas de juego carentes de la correspondiente autorización. Concretándose tales infracciones en la instalación de las máquinas recreativas TF-B-28857 y TF-B-28856 con las autorizaciones de explotación caducadas desde el 2 de julio de 2004 y desde el 7 de julio de 2004 respectivamente.

6.- Dicha Propuesta de Resolución es notificada a la empresa expedientada, con fecha 21 de abril de 2005, sin que se hayan formulado en plazo alegaciones a la misma.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), y en lo que resulte de aplicación por el Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 111, de 22 de agosto).

Segunda.- De conformidad con lo previsto en el artículo 33.2.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en relación con el artículo 12.b) del Decreto 40/2004, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia, la resolución del expediente corresponde a la Consejera de Presidencia y Justicia.

Tercera.- En la tramitación del presente expediente se ha observado el procedimiento previsto en los artículos 70 y siguientes del Decreto 162/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar (B.O.C. nº 111, de 22 de agosto), procediéndose a resolver el mismo dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.C. nº 102, de 19.8.94).

Cuarta.- Las alegaciones formuladas por la representante de la empresa operadora a los cargos imputados, no niegan los hechos. La inexistencia de intencionalidad, reiteración, perjuicios causados o reincidencia en la comisión de la infracción, aducidos en las alegaciones, sí deben tenerse en cuenta a la hora de fijar, en su grado mínimo, la sanción propuesta.

Quinta.- Ha quedado probado que, en el momento de la visita de la Inspección, el día 14 de diciembre de 2004, al establecimiento Bar-Cafetería Las Banderas (Estación de Servicio Repsol), sito en El Sauzal, Autopista TF-5, km 22,5, en el que se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas TF-B-28857 y TF-B-28856, titularidad de la empresa operadora E-546, María Bello Beltrán, éstas tienen incorporadas Guías de Circulación con vigencia del 7 de junio de 2004 al 7 de julio de 2004, la identificada con el TF-B-28856 y del 2 de junio de 2004 al 2 de julio de 2004, la identificada con el TF-B-28857, es decir, presentan la autorización provisional caducada en ambos casos.

Sexta.- El artículo 31 del Decreto 162/2001, de 30 de julio (B.O.C. nº 111, de 22 de agosto), por el que se aprueba el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que la autorización de explotación, que deberá incorporarse mediante diligencia en la Guía de Circulación, habilita para la explotación de una máquina, propiedad de una empresa operadora, una vez cumplidos los requisitos que se establecen en el Reglamento y satisfecha la Tasa Fiscal correspondiente. Siendo la Guía de Circulación, como se define en el artículo 24, el documento oficial que ampara en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, la legalidad individualizada de la máquina en cuanto a su correspondencia con el modelo inscrito y en cuanto a la titularidad de la misma, debiendo acompañar a la máquina en sus diferentes traslados y en los locales donde esté instalada, y reflejará las distintas vicisitudes que la máquina pudiera experimentar.

Estableciéndose en el artículo 34 del citado Decreto 162/2001, el procedimiento por el cual ha de regirse la sustitución de máquinas recreativas de los tipos B y C.

Séptima.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comisión de dos infracciones graves, consistentes en la instalación o explotación de dos máquinas de juego carentes de la correspondiente autorización. Concretándose tales infracciones en la instalación de las máquinas recreativas TF-B-28857 y TF-B-28856 con las autorizaciones de explotación caducadas desde el 2 de julio de 2004 y desde el 7 de julio de 2004, respectivamente.

Octava.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 66.b) del Decreto 162/2001, ya citado, en relación con el artículo 30.1 de la referida Ley 6/1999, la empresa operadora E-546, María Bello Beltrán, con N.I.F. 41936678L, es responsable de los hechos descritos.

Novena.- Corresponde sancionar las infracciones graves cometidas, en su grado mínimo, con multa de 601,02 euros cada una, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.b) de la citada Ley 6/1999, lo que asciende a un total de 1.202,04 euros.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida en materia de casinos, juegos y apuestas,

R E S U E L V O:

Sancionar a la empresa operadora de máquinas recreativas E-546, María Bello Beltrán, con N.I.F. 41936678L, con multa de mil doscientos dos euros con cuatro céntimos (1.202,04 euros), como responsable de la comisión de dos infracciones graves, previstas en la letra b) del artículo 27 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber quedado probado que, en el momento de la visita de la Inspección, el día 14 de diciembre de 2004, al establecimiento Bar-Cafetería Las Banderas (Estación de Servicio Repsol), sito en El Sauzal, Autopista TF-5, km 22,5, en el que se encuentran instaladas y en funcionamiento las máquinas recreativas TF-B-28857 y TF-B-28856, titularidad de la empresa operadora E-546, María Bello Beltrán, éstas tienen incorporadas Guías de Circulación con vigencia del 7 de junio de 2004 al 7 de julio de 2004, la identificada con el TF-B-28856 y del 2 de junio de 2004 al 2 de julio de 2004, la identificada con el TF-B-28857, es decir, presentan la autorización provisional caducada en ambos casos.

Dicha multa se hará efectiva en la forma y plazos que determine la Consejería de Economía y Hacienda, mediante la oportuna liquidación que le será notificada en su domicilio.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juzgado de lo Contencioso de la Comunidad Autónoma de Canarias en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o bien a criterio del interesado, interponer en vía administrativa, el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a que tenga lugar su notificación en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; debiendo notificarse la misma a la empresa operadora E-546, María Bello Beltrán, como interesada en el procedimiento, y con domicilio a efecto de notificaciones en La Laguna, Carretera General Valle Guerra, 187.- Santa Cruz de Tenerife, a 20 de junio de 2005.- El Consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano León.

Santa Cruz de Tenerife, a 13 de julio de 2005.- La Directora General de Administración Territorial y Gobernación, Victoria González Ares.



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