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Desconociéndose el domicilio de D. Nichita Radu al objeto de notificar la Orden Departamental de fecha 13 de junio de 2005, por la que se declara tener por desistido al solicitante y se procede al archivo de actuaciones del expediente relativo a la ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, este organismo
R E S U E L V E:
Notificar a D. Nichita Radu, la Orden Departamental de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de fecha 13 de junio de 2005, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Vista la solicitud de ayudas por daños sufridos en vivienda y/o enseres presentada por D. Nichita Radu, provisto del D.N.I./N.I.F. 45570019, por la que se incoa el expediente administrativo de referencia.
Visto el Informe-Propuesta evacuado por la Oficina de Ayudas a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Vista la Propuesta de Resolución formulada por el Ilmo. Sr. Director del Instituto Canario de la Vivienda.
ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 9 de abril de 2002, D. Nichita Radu presentó en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, "solicitud de ayuda para unidades familiares o de convivencia económica para hacer frente a situaciones de emergencia o catástrofe", sin aportar todos los documentos necesarios para su tramitación. La solicitud carece de firma del interesado.
Segundo.- Con fecha 23 de septiembre de 2002, los Servicios Técnicos del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife emiten informe en el que entienden que no se valoran los daños de la vivienda por ser el solicitante inquilino y no encontrándose habitada en el momento de su inspección, valorándose solamente los enseres.
Tercero.- El 21 de noviembre de 2002, la Oficina de Ayudas a los Damnificados del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procede a notificar a D. Nichita Radu escrito de subsanación de defectos de la solicitud presentada, no pudiéndose llevar a efecto esta notificación al no encontrarse ocupada la vivienda afectada.
Cuarto.- El 2 de diciembre de 2002, la Oficina de Ayudas a los Damnificados anteriormente mencionada, emite informe en el que se propone a esta Administración se deniegue a D. Nichita Radu la ayuda solicitada.
Quinto.- Después de varios intentos por parte del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el 8 de abril de 2005, se publica en el Boletín Oficial de Canarias, anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de marzo de 2005, del Director del Instituto Canario de la Vivienda, relativa a notificación del trámite de audiencia dirigido a D. Nichita Radu, en ignorado paradero, en relación a la solicitud de ayuda excepcional para paliar los daños causados en viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002; transcurriendo el plazo de audiencia de diez días otorgados al efecto, sin que aquél hubiere realizado alegación alguna.
De todo lo anterior se deducen los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En cuanto a la competencia para resolver el procedimiento administrativo para la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002, es competente la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, previa autorización del Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002 y en la Orden de delegación de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de fecha 25 de abril de 2002. La remisión hecha a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas ha de entenderse realizada a la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, tal y como se prevé en el artículo 3 del Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Respecto a la competencia para la instrucción del procedimiento, ésta corresponde a los Ayuntamientos de los municipios afectados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5, apartado 1º, de la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002.
Segundo.- En cuanto al procedimiento, se han observado las prescripciones legales establecidas en la Orden Interdepartamental de 29 de mayo de 2002, que desarrolla el Decreto Territorial 39/2002, de 8 de abril, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Respecto al fondo del asunto, el objeto del expediente administrativo incoado a instancia de los interesados tiene por finalidad la concesión de ayudas excepcionales destinadas a paliar los daños causados en las viviendas y/o enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el día 31 de marzo de 2002 en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna.
Cuarto.- En lo que a la causa de denegación de la solicitud respecta, al artículo 71, apartado 1º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que "si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos (...), se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42". Por tanto, se configura la inactividad de los interesados como una forma de finalización del procedimiento, previa resolución de la administración en la que ha de constar la "declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables", de conformidad con el artículo 42, apartado 1º, párrafo 2º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En el caso que nos ocupa, estamos ante un procedimiento iniciado a solicitud del interesado en el que éste ha de aportar la documentación necesaria para acreditar las circunstancias personales que han de originar el derecho a la ayuda y que constan en la solicitud que aquél no firmó en su momento. Sin embargo, a pesar de los reiterados llamamientos de la Administración instructora para que el solicitante subsane los defectos apreciados, éste ha hecho caso omiso y se ha mantenido en una actitud pasiva, transcurriendo, con creces, el plazo previsto en el mencionado artículo 71 de la Ley de Régimen Jurídico, motivo por el cual procede entenderlo desistido de su petición.
Quinto.- En cuanto al trámite de audiencia a los interesados, éste se ha efectuado con arreglo a lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reguladora del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Vistas las normas que se citan y las disposiciones complementarias de aplicación, este Consejero, en el uso de las atribuciones conferidas,
R E S U E L V E:
Único.- Tener por desistido a D. Nichita Radu respecto a su solicitud de ayuda excepcional solicitada para paliar los daños causados en viviendas y enseres como consecuencia del temporal de lluvias acaecido el 31 de marzo de 2002, en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, y proceder a su archivo, puesto que, debidamente notificado el escrito de subsanación de defectos, el interesado no han procedido a enmendar las carencias de su solicitud.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, o, potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la recepción de la mencionada notificación, tal y como se establece en los artículos 109, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común -modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero-, y en las disposiciones de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; todo ello, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno."
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2005.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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