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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a Dña. Christine Puy, la Resolución de 27 de mayo de 2005 (libro 01, nº reg. 74/05, folio 85), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 28 de marzo de 2003, recaída en el expediente de referencia DE 02/10, sobre daños a equipo informático por subida de tensión.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Mogán la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de junio de 2005.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías de 27 de mayo de 2005, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 28 de marzo de 2003, recaída en el expediente DE 02/10, sobre daños a equipo informático por subida de tensión.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 28 de marzo de 2003, recaída en el expediente de referencia DE 02/10, sobre daños a equipo informático por subida de tensión, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 6 de marzo de 2002, Dña. Christine Puy presentó escrito de reclamación ante la Dirección General de Industria y Energía contra Endesa Distribución Eléctrica, S.L., por medio del cual viene a manifestar que el 28 de noviembre de 2001 se produjo una subida de tensión que quemó su ordenador.
Segundo.- Con fecha 17 de mayo de 2002, la empresa distribuidora informó sobre la referida denuncia en el sentido siguiente:
1. Que tras consultar su base de datos, no ha encontrado anomalías en el domicilio y fecha indicados por la denunciante.
2. Que tampoco han encontrado en sus archivos reclamaciones al respecto, por lo que anteriormente no tenían conocimiento del daño alegado por la denunciante, ya que ésta no se dirigió directamente a la empresa distribuidora.
Tercero.- Con fecha 28 de marzo de 2003, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dictó resolución, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
"1. Que a pesar de existir una posible relación, aún no probada, entre la actuación de Unelco, S.A.U. y los daños causados a la reclamante la vía apropiada para reclamar el resarcimiento por esos daños es la demanda ante los tribunales de justicia, en caso de no acceder la citada empresa a indemnizar a la denunciante.
2. Que se dé traslado de las actuaciones al órgano competente para que determine si procede la incoación de expediente sancionador a la Cía. Unelco, S.A.U. por ocultar información a la Administración."
Cuarto.- Con fecha 28 de abril de 2003, la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. presentó recurso de alzada, por medio del cual viene a decir lo siguiente:
1. La parte recurrente no está de acuerdo con ninguna de las prescripciones impuestas por esa Dirección General, y ello en base a los siguientes motivos:
Por lo que se refiere a la primera de las prescripciones impuestas por esa Consejería, la entidad recurrente no puede entender cómo por parte de la Administración se puede establecer una posible relación de causalidad "aún no probada" entre los hechos denunciados y la actuación de la empresa recurrente. La única interpretación que cabe en derecho es que la Administración no ha podido establecer el nexo causal entre la actuación de la entidad distribuidora y los daños denunciados, por lo que la consecuencia lógica debería haber sido el archivo sin más trámites de la denuncia presentada.
De acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 30/1992, la Administración debe abrir un período de prueba cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija.
Como reiteradamente viene reconociendo la jurisprudencia, entre la acción y omisión y el evento dañoso debe existir una relación de causalidad indubitada y cierta que demuestre que la producción del segundo es consecuencia directa de la actuación del primero, no pudiendo establecerse dicho nexo causal.
2. Por lo que se refiere a la segunda de las prescripciones impuestas en la resolución, en la que se traspasan las actuaciones al órgano competente para determinar la posibilidad de incoar expediente sancionador a esta entidad por ocultar información a la administración, la entidad recurrente procede a analizar los hechos acaecidos en este procedimiento:
La Sra. Puy reclamó daños sufridos en su ordenador por una presunta subida de tensión ocurrida después de las lluvias del día 20 de noviembre de 2001, según indica en su escrito de denuncia. Ante este dato impreciso (después de las lluvias del 20 de noviembre de 2001), y para averiguar el día preciso en el que ocurrieron los supuestos hechos, se realizó una consulta a nuestra base de datos de incidencias de baja y media tensión durante el período del 15 al 25 de noviembre de 2001.
Como consecuencia del extracto anterior, se informó a la Consejería de que no existía en nuestras oficinas un aviso de avería o de reclamación a nombre de la Sra. Puy, ni correspondiente a la dirección de su domicilio en calle Roque Nublo, 7, Arguineguín, término municipal de Mogán, si bien se añadía en ese mismo escrito que el día 20 de noviembre se había producido un temporal de agua y viento que afectó entre otras a la zona de Arguineguín. En este sentido, se habían contabilizado en nuestra base de datos 14 incidencias correspondientes a la subestación de Arguineguín. Debido a que los cortes intempestivos con reenganches inferiores a 1 minuto no se habían tenido en cuenta, es por lo que les incluimos en nuestro anterior escrito el texto "Sin embargo, el día señalado nos azotó un temporal de agua y viento por lo que es probable que se viera afectado este cliente entre otros".
La entidad recurrente no entiende porqué se habla en la resolución recurrida de ocultar información cuando esta entidad ha expuesto los hechos sin ocultar ni falsear nada. La propia falta de datos para ofrecer la información que nos ha sido solicitada y de la que ya se quejó esta entidad en el anterior escrito, se patentiza en la propia resolución que se está recurriendo, cuando se habla en el primer resultando de que la denunciante manifestó que el día 28 de noviembre se produjeron los supuestos daños en el ordenador, cuando en la lectura de la denuncia presentada con fecha 6 de marzo de 2003, figura explícitamente como fecha de los daños. Después de las lluvias del día 20 de noviembre "existieron varias incidencias en diversas zonas de la isla de Gran Canaria y entre ellas había tres que afectaban a la zona de Arguineguín".
ÀPor qué la Consejería relaciona los hechos denunciados el día 28 de noviembre con un temporal acaecido el día 20 anterior? Además, en cualquier caso esa información era la misma que había sido facilitada por mi mandante, por lo que no alcanza a ver la entidad que represento en qué se basa la resolución recurrida para fundamentar el supuesto ocultamiento de datos al que hace alusión.
Quinto.- Con fecha 10 de noviembre de 2004, el Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas emite informe sobre el citado recurso de alzada, en el cual pone de manifiesto lo siguiente:
- "Que analizando el recurso presentado por la empresa distribuidora, podemos indicar lo siguiente:
1. La incidencia según indica la denunciante, se produjo el día 20 de noviembre de 2001. La referencia expuesta por la empresa distribuidora en su recurso sobre el primer resultando de la resolución, la alusión al día 28 de noviembre de 2001 en la resolución emitida por esta Consejería, es un error de tipo mecanográfico.
2. La respuesta que esa empresa distribuidora nos indicó en su escrito de fecha 17 de mayo de 2002, nos exponía, cito textualmente: "Hemos consultado nuestra base de datos de incidencias, encontrando que no existen anomalías en la dirección y la fecha indicados por el cliente". Por lo tanto, esta Consejería entiende según se desprende del susodicho escrito, que no se informó adecuadamente de lo ocurrido el día denunciado por el usuario.
- "Que analizando los argumentos expuestos en el recurso, los mismos no son sustanciales para alterar la resolución correspondiente, ya que son hechos probados."
- "Que nos ratificamos en los mismos, haciendo hincapié ante el hecho que al restablecerse el suministro pueden producirse sobretensiones, las cuales pueden haber originado los daños que han dado lugar a esta denuncia."
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante referida como LRJ-PAC), la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico, y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
El presente recurso de alzada no puede prosperar, y ello en base a los siguientes razonamientos:
1. La resolución recurrida fue dictada en base a las pruebas de presunciones o indiciarias obrantes en el expediente, y cuya utilización se ha realizado de un modo razonable, y la operación deductiva que comporta es perfectamente lógica. En el presente caso, constan en los diversos partes de incidencias que obran en el expediente tres averías que afectaron a la zona de Arguineguín el día 20 de noviembre de 2001, fecha en la cual se origina también una sobretensión en la vivienda de la usuaria que provoca daños en su equipo informático, por lo tanto, existe un enlace directo y preciso entre la reconexión del suministro y la sobretensión producida. En este sentido, el informe del Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas de 10 de noviembre de 2004 pone de relieve lo siguiente: "Que nos ratificamos en los mismos, haciendo hincapié ante el hecho de que al restablecerse el suministro pueden producirse sobretensiones, las cuales pueden haber originado los daños que han dado lugar a esta denuncia".
2. El propio Código Civil admite la valoración de las pruebas de presunciones no previstas por la ley, a este respecto, conviene citar el artículo 1253 del Código Civil, cuyo tenor literal es el siguiente: "Para que las presunciones no establecidas por la ley sean apreciables como medio de prueba, es indispensable que entre el hecho demostrado y aquel que se trate de deducir haya un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".
3. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha admitido la utilización de pruebas indiciarias tanto en el derecho civil como en el derecho penal. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2002 (RJ 2002\7025) tiene declarado lo siguiente: "Como acabamos de afirmar, constituyen también pruebas aptas para enervar el derecho presuntivo que se alega, las indirectas, indiciarias o circunstanciales. Recordemos la doctrina de esta Sala sobre el particular, ya que las pruebas de las que legítimamente se ha valido el Tribunal provincial para condenar fueron de tal naturaleza. Nos dice la Sentencia de 29 de marzo de 2001, nº (RJ 2001\3334), es oportuno manifestar, habida cuenta que la recurrente niega la participación en los hechos, que la prueba indiciaria, circunstancial o indirecta es suficiente para justificar tal participación en el hecho punible, siempre que reúna unos determinados requisitos, que esta Sala, recogiendo principios interpretativos del Tribunal Constitucional, ha repetido hasta la saciedad (entre las últimas sentencias dictadas, mencionemos a título de ejemplo, las de 13 de diciembre de 1999 RJ 1999\7770; 26 de mayo de 2000 RJ 2000\4969; 22 de junio de 2000 RJ 2000\5787; 16 de junio de 2000 RJ 2000\4741; 8 de septiembre de 2000 RJ 2000\7926 etc.). Tales exigencias se pueden concretar en las siguientes:
1) De carácter formal: a) que en la sentencia se expresen cuáles son los hechos base o indicios que se estimen plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la deducción o inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios se ha llegado a la convicción del acaecimiento del hecho punible y la participación en el mismo del acusado, explicitación, que aun cuando pueda ser sucinta o escueta se hace imprescindible en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar el control casacional de la racionalidad de la inferencia.
2) Desde el punto de vista material es preciso cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios en sí mismos, como a la deducción o inferencia.
Respecto a los indicios es necesario:
a) Que estén plenamente acreditados.
b) De naturaleza inequívocamente acusatoria.
c) Que sean plurales o siendo único que posea una singular potencia acreditativa.
d) Que sean concomitantes el hecho que se trate de probar.
e) Que están interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí.
En cuanto a la deducción o inferencia es preciso:
a) Que sea razonable, es decir, que no solamente no sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia.
b) Que de los hechos base acreditados fluya, como conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo entre ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano".
4. Por lo que se refiere a la ocultación de datos por parte de la empresa distribuidora, es necesario señalar, como hecho probado e indubitado, que en la información remitida a la Administración el día 17 de mayo de 2002 se dice textualmente lo siguiente:
"Hemos consultado nuestra base de datos de incidencias, encontrando que no existen anomalías en la dirección y fecha indicados por el cliente.
Asimismo, tampoco hemos encontrado en nuestros archivos reclamaciones al respecto, por lo que anteriormente no teníamos conocimiento del daño que nos informa a nuestro cliente, al no dirigirse directamente a nosotros."
A la vista de cuanto antecede, es evidente que la empresa distribuidora no aportó toda la información completa a la Administración, por cuanto omitió mencionar en su escrito de contestación las tres incidencias ocurridas el 21 de noviembre de 2001 en la zona de Arguineguín. Y, en consecuencia, debe considerarse correcta la prescripción segunda de la resolución recurrida.
VISTOS
El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Javier Sánchez Paz, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 28 de marzo de 2003, recaída en el expediente de referencia DE 02/10, sobre daños a equipo informático por subida de tensión, manteniendo la misma en todos sus términos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Antonio Núñez Ordóñez.
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