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BOC Nº 136. Miércoles 13 de Julio de 2005 - 1025

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Empleo y Asuntos Sociales

1025 - ORDEN de 29 de junio de 2005, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión de subvenciones destinadas a financiar operaciones corrientes no singularizadas a organizaciones sindicales y se efectúa la convocatoria para el año 2005.

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Conforme dispone el artículo 28 de la Constitución Española, la libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección, que, en expresión de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, sobre Libertad Sindical, es uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España.

Es facultad y obligación de los referidos sindicatos actuar en tutela de los intereses colectivos de los trabajadores, lo cual lleva aparejado necesariamente un desembolso económico.

Sin la colaboración de las Administraciones Públicas, las organizaciones sindicales no podrían afrontar, en solitario, el costo de las acciones dirigidas a la tutela y defensa de los intereses colectivos de los trabajadores y, por ende, dejarían de dar cumplimiento al fin para el que se han creado.

La Ley 5/2004, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2005, ha previsto en este sentido, una línea de financiación de apoyo a las organizaciones sindicales que se canaliza a través de la presente Orden, por un importe total de trescientos treinta mil quinientos cincuenta y siete euros, la cual regula el régimen de concesión de subvenciones a dichas organizaciones.

En su virtud, a iniciativa de la Dirección General de Trabajo y a propuesta de la Secretaría General Técnica, en uso de la competencia que me atribuye el artículo 10.4 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 103/2000, de 12 de junio,

D I S P O N G O:

Primero.- Aprobar las bases contenidas en el anexo de la presente Orden que han de regir en la concesión de subvenciones destinadas a financiar operaciones corrientes no singularizadas de las organizaciones sindicales y efectuar su convocatoria para el 2005.

Segundo.- Delegar, en el titular de la Dirección General de Trabajo, la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones, objeto de la presente convocatoria.

Tercero.- Facultar al titular de la Dirección General de Trabajo, a dictar cuantas Resoluciones se precisen para la aplicación de la presente Orden.

Cuarto.- Será de aplicación a la presente Orden, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de Subvenciones y en las bases de la presente convocatoria.

Quinto.- Los objetivos y efectos que se pretenden con la concesión de la subvención que nos ocupa, así como el plazo para su consecución, los costes y financiación se consignan en el Plan Estratégico del Departamento aprobado por Orden departamental nº 195, de 18 de marzo de 2005.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, a elección del interesado, recurso potestativo de reposición ante la titular de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en su sede de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la referida publicación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que sea procedente.

De optarse por la interposición del recurso potestativo de reposición, no se podrá interponer el contencioso-administrativo hasta la notificación de la Resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo.

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2005.

LACONSEJERA DE EMPLEO

Y ASUNTOS SOCIALES,

María Luisa Zamora Rodríguez.

A N E X O

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR OPERACIONES CORRIENTES NO SINGULARIZADAS A ORGANIZACIONES SINDICALES.

Base primera.- Objeto y gastos subvencionables.

Uno. La presente Orden tiene por objeto regular el régimen de concesión de subvenciones a las organizaciones, federaciones y confederaciones sindicales, para la financiación de gastos derivados de operaciones corrientes no singularizadas.

Dos. Se considerarán gastos subvencionables, a los efectos previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aquellos que de manera indubitativa respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y se realicen en el plazo establecido en la base décima de la presente Orden.

Tres. Serán subvencionables los gastos, incluidos en los epígrafes que a continuación se detallan, atendiéndose, en cuanto a definiciones se refiere, al Real Decreto 1.643/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad:

- Investigación y desarrollo.

- Arrendamientos y cánones.

- Reparaciones y conservación.

- Servicios de profesionales independientes.

- Transportes.

- Primas de seguros.

- Servicios bancarios.

- Publicidad, propaganda y relaciones públicas.

- Suministros.

- Gastos de personal (sueldos y salarios, indemnizaciones, seguridad social, dietas y traslados).

- Otros servicios, de naturaleza diversa que no formen parte de la adquisición de inmovilizados, de inversiones financieras temporales ni de compras o prestación de servicios con ánimo de lucro.

- Tributos directos, siempre y cuando el beneficiario los abone efectivamente.

En ningún caso serán gastos subvencionables los siguientes:

- Adquisición, construcción, rehabilitación y mejoras de inmovilizado material.

- Amortización del inmovilizado.

- Intereses deudores de las cuentas corrientes.

- Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.

- Gastos de procedimientos judiciales.

- Impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.

- Impuestos personales sobre la renta.

Cuatro. Se considerará gasto realizado, el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del plazo de la realización de la actividad determinado en la base décima de la presente Orden.

Base segunda.- Importe de la convocatoria.

El importe del crédito presupuestario, que ha de financiar la presente convocatoria, asciende a la cantidad de trescientos treinta mil quinientos cincuenta y siete (330.557) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 448.00 Proyecto 23402002, denominado apoyo a las organizaciones sindicales.

Base tercera.- Beneficiarios.

Uno. Podrán acogerse a las subvenciones objeto de la presente Orden, todas las organizaciones, federaciones y confederaciones sindicales, que velen por los derechos de los trabajadores, independientemente del lugar donde vivan dentro de la Comunidad Autónoma y el sector de la actividad en el que trabajen, y con representación sindical en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria a 31 de diciembre de 2004.

Dos. En ningún caso podrán adquirir la condición de beneficiario quienes se hallaren en alguna de las circunstancias recogidas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Tres. No podrán concederse nuevas subvenciones a los beneficiarios que tengan pendiente de reintegro total o parcial subvenciones concedidas por cualquiera de los órganos previstos en el artículo 5 de Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, siempre que la resolución de reintegro sea firme en vía administrativa, y mientras no conste que se haya realizado el ingreso de la cantidad a reintegrar. Asimismo, no podrán concederse nuevas subvenciones hasta que la entidad beneficiaria justifique, conforme a lo establecido en el mencionado Decreto, las concedidas con anterioridad por el mismo órgano, siempre que haya concluido el plazo establecido para dicha justificación.

Base cuarta.- Solicitudes y documentación.

Uno. La organización, federación o confederación sindical solicitante deberá presentar, por duplicado ejemplar, en original o copia debidamente compulsada, una sola solicitud acompañada de la siguiente documentación:

a) Solicitud, según el modelo del anexo I a la presente Orden, dirigida al Ilmo. Director General de Trabajo, suscrita por quien ostente la representación legal de la organización sindical o poder suficiente para ello. En todo caso, deberá constar su nombre al pie de firma y sello de la organización.

b) Certificación, expedida por la Oficina pública o centro administrativo competente en materia de depósito de estatutos, acreditativa de los actos determinados de la personalidad jurídica de la organización solicitante.

La aportación de la certificación no será exigible a aquellas Organizaciones cuyos estatutos hubieran sido depositados en la Dirección General o Direcciones Territoriales de Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiendo indicar en este caso en la solicitud la fecha de su presentación y el órgano ante el que se presentaron.

c) Documentación que acredite la representación que invoque la persona que formule la solicitud.

d) Tarjeta de identificación de la Organización Sindical solicitante.

e) Plan de financiación o previsión de ingresos y gastos de la actividad a desarrollar o conducta a adoptar para cuya realización se interese la concesión de la subvención, excepto en el caso de subvenciones cuyo importe no exceda de 1.803,04 euros.

f) Acreditación, mediante certificado expedido por los órganos competentes, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas, y con la Seguridad Social.

g) Declaración responsable, otorgada ante autoridad administrativa o notario público, acreditativa de que en el solicitante no concurre ninguna de las circunstancias previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dos. En el caso de que la solicitante fuera una Federación o Confederación y recabara la subvención en nombre de otras Organizaciones Sindicales, deberá acompañar la documentación mencionada en los apartados anteriores, correspondiente a dichas Organizaciones y, además, documentación acreditativa de la existencia de poder suficiente, a su favor, para solicitar y, en su caso, recibir la subvención.

La presentación de la solicitud presupone la aceptación incondicionada da las bases de la presente convocatoria y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se contienen en las mismas.

Base quinta.- Lugar y plazo de presentación de las solicitudes.

Uno. Las solicitudes, con la documentación relacionada en la base cuarta, dirigidas al Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, se presentarán en las siguientes dependencias:

- En Santa Cruz de Tenerife, Avenida Ramón y Cajal, 3, semisótano 1.

- En Las Palmas de Gran Canaria, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 18, Edificio de Usos Múltiples II, 3ª planta.

Así mismo, se podrán presentar en cualquiera de las dependencias o formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y en el artículo 3.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. de 19 de agosto), por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Dos. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden, en el Boletín Oficial de Canarias.

Base sexta.- Criterios de valoración y cálculo de la subvención.

Uno. La dotación presupuestaria, de trescientos treinta mil quinientos cincuenta y siete (330.557) euros que se destina a la presente convocatoria, se distribuirá, proporcionalmente, entre las centrales sindicales peticionarias, en función del número de delegados de personal y miembros de comités de empresas, tanto al servicio de la Administración Pública como en el sector privado.

Dos. Se tomará como base de cálculo, la Certificación expedida por el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Dirección General de Trabajo, Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, de los resultados obtenidos en las elecciones de delegados de personal y miembros de comités de empresas tanto al servicio de la Administración Pública como en el sector privado, computándose a estos efectos los representantes cuyos mandatos estuvieran vigentes a 31 de diciembre de 2004.

Tres. El criterio de reparto será la cantidad resultante de dividir el importe de la dotación presupuestaria de la presente convocatoria, entre el total de delegados de personal y miembros de comités de empresas de las organizaciones, federaciones y confederaciones sindicales solicitantes y multiplicado, por el número de delegados y miembros de comités de empresas adscritos a la organización peticionaria, de acuerdo con la siguiente fórmula matemática:

Ver anexos - página 13066

= Subvención a recibir.

S = Dotación presupuestaria de subvención (330.557,00 euros).

N = Número total de delegados entre las organizaciones peticionarias.

Y = Número de delegados adscritos a una organización, federación y confederación sindical solicitante.

Cuatro. El límite económico para cada subvención, dentro del crédito disponible, es el importe de la misma.

Base séptima.- Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión se realizará mediante concurrencia competitiva y se ajustará a lo previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 11 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, debiendo instruirse por el Servicio correspondiente de la Dirección General de Trabajo.

Base octava.- Instrucción y resolución.

Uno. Las solicitudes presentadas se tramitarán por el Servicio competente de la Dirección General de Trabajo, el cual verificará la documentación presentada por los interesados, formulando, en su caso, los requerimientos dirigidos a la subsanación de la documentación presentada y realizará los actos necesarios para la completa tramitación del expediente.

Dos. Las solicitudes de subvención serán resueltas por el titular de la Dirección General de Trabajo, por delegación de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales.

Tres. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de la presente, será de tres meses, contados a partir de la fecha de finalización de presentación de solicitudes y, en todo caso, no podrá rebasar el fijado por acuerdo de Gobierno de Canarias, para el presente ejercicio presupuestario.

Transcurrido el plazo sin que se haya dictado Resolución expresa, deberá entenderse denegada la solicitud por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, y ello sin perjuicio de que subsista la obligación legal de resolver sobre la petición formulada.

Cuatro. La resolución de concesión se notificará, en el lugar que el interesado haya señalado, a tal efecto, en la solicitud, y con los requisitos previstos en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Además, se efectuará publicación en el Boletín Oficial de Canarias, en los términos previstos en el artículo 10.5 del citado Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Cinco. La efectividad del acto de concesión de la subvención estará supeditada a la aceptación expresa por la entidad beneficiaria, que deberá otorgarla dentro del plazo de los treinta días siguientes a su notificación. En el caso de que no se otorgue la aceptación dentro del referido plazo, quedará sin efecto la subvención concedida.

Base novena.- Modificación de las resoluciones de concesión.

Uno. Dará lugar a la modificación de la Resolución de concesión por el órgano que la haya dictado, sin que en ningún caso variase el destino de la subvención, la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a) La alteración de las circunstancias o de los requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de una ayuda o subvención.

b) La obtención por el beneficiario de ayudas o subvención concedidas por otros órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y por otras Administraciones o Entes públicos para el mismo destino o finalidad.

c) La obtención de ayudas u otras atribuciones patrimoniales gratuitas de entidades privadas o particulares para el mismo destino o finalidad.

d) La superación de los topes previstos por la normativa comunitaria como consecuencia de la acumulación de ayudas o subvenciones en los períodos establecidos en la misma.

Dos. La modificación de las resoluciones de concesión a solicitud de las entidades beneficiarias sólo procederá cuando concurran los requisitos establecidos en el artículo 26 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.

Base décima.- Plazo de realización de las actividades subvencionadas.

Las operaciones corrientes no singularizadas, objeto de subvención, deberán realizarse entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2005.

Base undécima.- Abono de las subvenciones.

Uno. Las subvenciones serán abonadas de una sola vez y de forma anticipada. Las razones que motivan el que las organizaciones sindicales perciban de forma anticipada la subvención a la que se refiere la presente disposición, viene motivada por el interés protegible de las Administraciones Públicas a las que se destinan el objeto primordial de los sindicatos, que es la defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.

Dos. Será necesario el previo informe favorable del órgano competente en materia de tesoro cuando el importe del anticipo sea superior a ciento cincuenta mil doscientos cincuenta y tres euros con tres céntimos (150.253,03 euros), debiéndose prestar por las organizaciones beneficiarias las garantías que sean exigidas en la Resolución de concesión, sin perjuicio de que, a petición de aquéllas, se las pueda exonerar de dicha prestación, conforme a las previsiones del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Decreto 47/2005, de 5 de abril, por el que se delegan determinadas competencias en los titulares de los departamentos.

Base duodécima.- Obligaciones del beneficiario.

Son obligaciones de los beneficiarios de estas subvenciones las siguientes:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención. Así mismo justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión o disfrute de la subvención.

b) Realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamenta la concesión de la misma, en el plazo y con los medios establecidos en la base decimotercera de la presente Orden.

c) Acreditar el coste total de la actividad o conducta subvencionada así como el importe de las ayudas, subvenciones o otros auxilios económicos recibidos de cualesquiera Administraciones, Entes públicos, entidades privadas o particulares.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competente (Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias o el Tribunal de Cuentas), tanto nacionales como comunitario, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

e) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos recibidos.

f) Acreditar, mediante certificado expedido por los órganos competentes y con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y sin perjuicio de lo establecido en la Disposición Adicional Decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en la base decimosexta de la presente Orden.

i) Proceder al reintegro de los fondos recibidos en los supuestos contemplados en la base decimocuarta de la presente Orden.

j) Comunicar al órgano concedente las alteraciones que se produzcan en las circunstancias y requisitos subjetivos y objetivos tenidos en cuenta para la concesión de la subvención.

k) Llevar los registros contables a que vengan obligados de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionada, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permitan obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención.

l) Según establece el artº. 12 de la Ley 2/2002 "con exclusión de las subvenciones autorizadas a sociedades, cooperativas, colectivos, agrupaciones y asociaciones de agricultores o ganaderos y las autoridades en materia de pesca los beneficiarios de las subvenciones no podrán emplear los fondos recibidos en la adquisición de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas con el perceptor, sus administradores o apoderados. Así mismo, y con las exclusiones anteriormente señaladas, cuando el importe de la subvención concedida sea inferior al coste global de la actividad o adopción de la conducta que fundamentó su concesión, siendo la realización completa de la misma el requisito para la obtención de aquélla, la diferencia no podrá corresponder a adquisiciones de bienes o servicios entregados o prestados por personas o entidades vinculadas.

Se consideran personas o entidades vinculadas:

1.- En el caso de que una de las partes intervinientes sea un sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, cuando así se deduzca de las normas reguladoras del mismo.

2.- En el caso de que ambas partes sean personas físicas, cuando exista relación de consanguinidad hasta el segundo grado inclusive, o relación de afinidad hasta el tercer grado inclusive, y entre cónyuges.

Base decimotercera.- Medios y plazo de justificación de la subvención.

Uno. El beneficiario de la subvención deberá realizar y acreditar la realización de la actividad que fundamentó la concesión de la misma y la aplicación de los fondos públicos recibidos, así como el cumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión, aportando la siguiente documentación, entre las dos alternativas que se especifican:

1º) Facturas o documentos originales o compulsados con su original, acreditativos del empleo de los fondos públicos recibidos como consecuencia de la subvención concedida, y que se han de ajustar a los requisitos exigidos en el Real Decreto 1.496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación, modificado por el Real Decreto 87/2005, de 31 de enero, debiendo constar en los mismos, indicación del nombre o razón social del proveedor, C.I.F./N.I.F. de éste, domicilio fiscal y cantidad por la que se expide.

Se adjuntará, asimismo, documento compresivo de relación de facturas o documentos aportados en cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior, que incluirá: nombre del proveedor, N.I.F/C.I.F., número de factura, importe de la misma, porcentaje y cuantía de la factura a imputar a la presente subvención, haciéndose constar la suma total de los importes por partidas.

2º) Estados contables que reflejen la gestión del proyecto subvencionado. Los estados contables que se aporten, serán aquellos mismos que estén obligados a llevar por la normativa que les sea de aplicación en función de su naturaleza jurídica respectiva. Igualmente y, a cargo del beneficiario de la subvención, se deberá acompañar un informe de auditoría limitada al empleo de los fondos recibidos, al efectivo desarrollo y coste real de la actividad o conducta subvencionada, así como los medios de financiación, propios o ajenos, empleados para ello.

Cualquiera que sea la alternativa elegida, será preceptivo que se aporte una Memoria que explique, complete y aclare los datos de la relación de facturas a la que hace referencia la alternativa 1ª, o de los Estados contables si se opta por la alternativa 2ª, en relación con la aplicación de los fondos recibidos y que informe sobre los resultados obtenidos.

Dos. El plazo de justificación de la realización de la actividad, del empleo de los fondos públicos recibidos, así como del coste real de la actividad, mediante las formas indicadas en el apartado anterior, finalizará el 30 de junio de 2006.

Base decimocuarta.- Reintegro de los fondos recibidos.

Uno. I.- Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de las subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 30 de la citada Ley y, en su caso, en las normas reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la citada Ley 38/2003, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos, o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

II.- Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios enunciados en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones o, en su caso, los establecidos en la normativa autonómica reguladora de la subvención.

III.- Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 de la citada Ley procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

Dos. Obligados al reintegro:

1) Los beneficiarios, en los casos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, deberán reintegrar la totalidad o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes intereses de demora, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 5 del artículo 31 de la citada Ley en el ámbito estatal. Esta obligación será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten exigibles.

2) Los miembros de las personas y entidades contempladas en el apartado 2 y el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 11 de la citada Ley, responderán solidariamente de la obligación de reintegro del beneficiario en relación con las actividades subvencionadas que se hubieran comprometido a efectuar.

Responderán solidariamente de la obligación de reintegro los representantes legales del beneficiario cuando éste careciera de capacidad de obrar.

3) Responderán subsidiariamente de la obligaciones de reintegro los administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, que no realizasen los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos o consistieran el de quienes de ellos dependan.

Asimismo, los que ostenten la representación legal de las personas jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que hayan cesado en su actividades responderán subsidiariamente en todo caso de las obligaciones de reintegro de éstas.

Base decimoquinta.- Infracciones y sanciones.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en el Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en todo aquello que no se oponga a los preceptos, de carácter básico, que se recogen en la citada Ley General de Subvenciones.

Base decimosexta.- Publicidad.

Siempre que se haga publicidad a través de cualquier medio de comunicación o carteles anunciadores de los proyectos subvencionados, será obligatorio hacer constar explícitamente que se subvenciona por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales.

Ver anexos - páginas 13071-13072

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