BOC - 2005/133. Viernes 8 de Julio de 2005 - 2392

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2392 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de junio de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Gregorio José León Darias interesado en el expediente nº 280/01 U.

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No habiéndose podido notificar a D. Gregorio José León Darias en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia expediente nº 280/01 U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Gregorio José León Darias la Propuesta de Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 20 de mayo de 2005, recaída en el expediente nº 280/01 U, y que dice textualmente:

"El Instructor del Procedimiento Sancionador seguido frente a usted ha adoptado en el día de la fecha el siguiente Acuerdo:

Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Gregorio José León Darias por realizar obras consistentes en construcción de una edificación destinada a viviendas, ocupando una superficie aproximada a 125 m2 en planta y altura de tres plantas en la fachada más desfavorable, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa Calificación Territorial, en el lugar denominado "Casa La Seda", en el término municipal de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado "Casa La Seda", en Suelo clasificado como Rústico, dentro de los límites del Parque Rural de Valle Gran Rey (G-4), en el término municipal de Valle Gran Rey, se realizaron obras consistentes en la construcción de una edificación destinada a viviendas, ocupando una superficie aproximada a 125 m2 en planta y altura de tres plantas en la fachada más desfavorable, promovidas por D. Gregorio José León Darias, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y Licencia Municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 14 de abril de 1999, se acordó la suspensión de dichas obras como medida cautelar, instando al interesado para que procediera a su legalización.

Tercero.- Con fecha 14 de septiembre se 2000, se acuerda incoar expediente sancionador por Resolución nº 920, acordando el archivo de las actuaciones por imposibilidad de practicar la notificación, por Resolución nº 929, de 31 de mayo de 2001, sin perjuicio de la posterior incoación de expediente sancionador. Se intenta nuevamente incoar expediente sancionador, por Resolución nº 2169, de 8 de julio de 2004, sin que pudiera practicarse la notificación en dos meses, procediendo a su archivo, sin perjuicio de la reapertura de nuevo expediente.

Cuarto.- Con fecha 26 de mayo de 2004, se realiza informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora la obra en doscientos sesenta y tres mil quinientos once (263.511) euros, informando así mismo que la obra ha sido terminada recientemente.

Quinto.- El 12 de abril de 2005, se dictó la Resolución nº 1209, por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Gregorio José León Darias, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del TRLoTENC, sancionada en el artículo 213 con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Sexto.- El día 16 de abril de 2005, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación, el interesado presentó escrito ante esta Agencia, en el cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:

- Que no se trata de un Espacio Natural sino de un suelo rústico de asentamiento rural según las Normas Subsidiarias de Valle Gran Rey.

- Que está terminada desde el año 1999, sin que se hayan producido nuevas obras.

- Que la norma aplicable sería la Ley de Protección de la Flora y Fauna y de los Espacios Naturales del año 1989.

- Que según el artículo 205.1 del TRLoTENC los plazos de prescripción ya han transcurrido.

- Que la vivienda y la zona cuentan con todos los servicios.

- Que hay que tener en cuenta los principios de garantía procedimental.

- Que se le reconocen al presunto responsable los derechos del artículo 135 LRJAP.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del TRLoTENC, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre de 2001, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:

- Consta en el expediente informe técnico de 18 de febrero de 2000, en donde se establece que la construcción se ubica dentro del Parque Rural de Valle Gran Rey, reseñándose igualmente en el mismo que las normas subsidiarias de Valle Gran Rey permiten en dicho suelo el uso de vivienda unifamiliar con determinadas características las cuales no se ajustan a la obra existente.

- Consta en informe técnico de 26 de mayo de 2004, que las obras se encontraban terminadas recientemente. Es clara por tanto, que la prescripción no ha operado ya que estamos ante una infracción muy grave que prescribiría, a efectos de sanción, a los cuatro años de su total terminación, no prescribiendo nunca el ejercicio de las potestades de la Administración para el restablecimiento del orden jurídico perturbado [artículos 202.4.a), 205.1, 201.1, segundo párrafo, y 180.2 del TRLoTENC].

- El inicio del presente procedimiento sancionador es de 12 de abril de 2005, fecha en que se encontraba en vigor el TRLoTENC, y por ende la normativa de aplicación en este procedimiento.

- Ya ha sido señalado que la imposición de una sanción prescribiría a los cuatro años de su total y completa terminación, plazo de tiempo que no había transcurrido cuando se inició el presente procedimiento sancionador.

- Esta Agencia no entra a valorar que se puedan beneficiar de los servicios municipales. Toda vez que estamos ante una obra ejecutada sin los títulos administrativos habilitantes, que se tuvieron que obtener con anterioridad a la ejecución de la obra, lo que ha supuesto el inicio de un expediente sancionador.

- Todos los derechos recogidos en el artículo 135 LRJAP han sido respetados y garantizados en el procedimiento sancionador, así como demás garantías procedimentales.

III

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del TRLoTENC, sancionada en el artículo 213 con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, en función de las circunstancias concurrentes en el presente expediente, la multa se establece en el grado mínimo del tipo en beneficio del interesado, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo.

IV

En virtud del artículo 179.1.b) del TRLoTENC las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.

V

En virtud del artº. 182 del TRLoTENC, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de doscientos sesenta y tres mil quinientos once (263.511) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción, a D. Gregorio José León Darias, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del TRLoTENC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.4.a) del TRLoTENC, y sancionada en el artº. 213 del mismo texto legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del TRLoTENC.

Cuarto.- Notificar la presente propuesta de Resolución al interesado.

De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, Semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 280/01-U.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente.

- Expediente nº 267/99-U:

· Denuncia de 19 de marzo de 1999, registro de entrada nº 4587, de 29 de marzo de 1999.

· Resolución nº 384, de 14 de abril de 1999, por la que se suspende la obra.

· Informe del Ayuntamiento, registro de entrada nº 7389, de 19 de mayo de 1999.

· Solicitando notificación al Ayuntamiento de 18 de noviembre de 1999.

· Informe Técnico de 3 de febrero de 2000.

· Resolución nº 920, de 14 de septiembre de 2000, por la que se incoa procedimiento sancionador.

· Solicitud de notificación al Ayuntamiento de 5 de diciembre de 2000.

· Resolución nº 929, de 32 de mayo de 2001, por la que se caduca el procedimiento.

- Solicitud de información a la Guardia Civil, de 23 de enero de 2003.

- Solicitud de información a la Policía Nacional, de 23 de enero de 2003.

- Solicitud de información al Ayuntamiento, de 23 de enero de 2003.

- Informe de la Dirección General de La Policía, registro de entrada nº 105016, de 17 de febrero de 2003.

- Informe de la Guardia Civil, registro de entrada nº 140267, de 5 de marzo de 2003.

- Informe Técnico y valoración, de 26 de mayo de 2004.

- Resolución nº 2169, de 8 de julio de 2004, por la que se incoa procedimiento sancionador.

- Informe de la Guardia Civil, notificación infructuosa, registro de entrada nº 725615, de 28 de septiembre de 2004.

- Informe de archivo de las actuaciones previas, de 20 de octubre de 2004.

- Resolución nº 1209, de 12 de abril de 2005, por la que se incoa procedimiento sancionador.

- Alegaciones del denunciado, presentadas a través del Ayuntamiento, registro de entrada nº 370812, de 9 de mayo de 2005."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s., el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.



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