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BOC Nº 130. Martes 5 de Julio de 2005 - 2317

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2317 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 21 de junio de 2005, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Ramón Liberato Herrera Piñero interesado en el expediente nº 6/02-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Ramón Liberato Herrera Piñero en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 6/02-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Ramón Liberato Herrera Piñero la Propuesta de Resolución de fecha 11 de mayo de 2005, recaída en el expediente referencia 6/02-U, y que dice textualmente:

"El Instructor del Procedimiento Sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:

Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Ramón Herrera Piñero por realizar obras consistentes en la construcción de un almacén de unos 529 m2 en fase de estructura y cerramientos, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa Calificación Territorial, en el lugar denominado "La Florida", en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife.

Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1.- En el lugar denominado como "La Florida", en suelo clasificado como no urbanizable de Interés Agrícola Tipo C, en el término municipal de Arona, se realizaron obras consistentes en la construcción de un almacén de unos 529 m2 en fase de estructura y cerramientos, promovidas por D. Ramón Herrera Piñero, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y Licencia Municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

2.- Con fecha 22 de febrero de 2002, por Resolución nº 343, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificado el siguiente día 11 de mayo de 2002 se acordó la suspensión y precinto de las citadas obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones y requiriendo al Ayuntamiento de Arona para que incoe procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado. Con fecha 17 de enero de 2003 se llevó a cabo la diligencia de precinto de las obras.

3.- Con fecha 6 de septiembre de 2002 se dictó la Resolución nº 1659 por la que se resolvió el recurso de reposición contra la resolución de suspensión de obras no admitiéndose a trámite el mismo por extemporáneo.

4.- El pasado día 28 de julio de 2004 se efectuó informe técnico en donde se hizo constar expresamente que las obras se encontraban en el mismo estado que presentaban en octubre de 2001 cuando fueron denunciadas, habiéndose respetado la orden de precinto ejecutada en enero de 2003, valorándose las mismas en la cantidad de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros).

5.- El 3 de marzo de 2005 se dictó la Resolución nº 714 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Ramón Herrera Piñero, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Dicha Resolución fue notificada al interesado el siguiente día 21 de abril de 2005.

6.- Con fecha 3 de mayo de 2005 el interesado presentó escrito de alegaciones a la citada resolución de incoación en el que sucintamente expone las siguientes alegaciones:

- Que la construcción que se le imputa como ejecutada en la Resolución de 22 de febrero de 2002 se encontraba construida desde el año 1996 por lo que la misma ha de considerarse prescrita en los términos de infracción grave según la legislación de aplicación.

- Que asimismo se constata que la propia instrucción del expediente ha incurrido caducidad por los siguientes motivos, primero porque ha transcurrido con creces el plazo de dos meses desde que se inició el procedimiento y se practicó la notificación en su persona todo lo cual debió dar lugar en aquel momento al archivo de las actuaciones con notificación legal procedente; y segundo porque de conformidad con lo establecido en el artº. 20.6 de la disposición legal anteriormente citada durante la instrucción del expediente y sin que hubiese caído resolución existieron pausas del mismo en períodos superiores a seis meses por causas imputables a la Administración instructora. En tal sentido desde el 17 de enero de 2003 fecha en que se llevó a cabo según se indica la diligencia de precinto de la obra hasta la recepción de la resolución de Director Ejecutivo de la Agencia que motiva el presente escrito de alegaciones no se acometió por la Administración instructora actuación de clase alguna dirigida a la resolución del expediente.

- Que con fecha 28 de julio de 2004 se emite informe relativo a que la obra se encontraba en el mismo estado y en consecuencia habiéndose respetado el precinto practicado el 17 de enero de 2003.

- Que solicita el recibimiento a prueba del presente expediente en orden a acreditar que la construcción que se le imputa se encontraba ejecutada 5 años antes de la fecha en la que se le imputa la ejecución de las mismas en su integridad.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatuto de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado se ha de decir:

Que las mismas en modo alguno pueden ser estimadas toda vez que no desvirtúan el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente expediente, cual es, la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa el presente procedimiento.

Así en primer lugar, en cuanto a la pretendida antigüedad de la obra que se refiere de adverso en el sentido de que la misma se encuentra construida desde el año 1996 se ha de decir que en modo alguno puede ser cierta la misma por cuanto está suficientemente acreditado en el acta de denuncia de fecha 3 de octubre de 2001 que las obras de las que traen causa el presente procedimiento se encontraban en ese momento en ejecución, tal y como se constata igualmente de las fotografías anexas a la citada denuncia. A mayor abundamiento se ha de decir igualmente que consta el estado constructivo de la obra en la propia diligencia de precinto efectuada con fecha 17 de enero de 2003 en donde se hace constar expresamente que las obras se encuentran en fase de cerramiento y forjado de techo sin ejecutar, siendo ilustrativas de dicho estado las fotografías que se acompañan a la citada diligencia de precinto en donde se constata claramente que la obra se encuentra sin terminar. Por último es de destacar el informe técnico de fecha 28 de julio de 2004 en donde expresamente se hace constar en el apartado relativo a la valoración de las obras que: "Se adjunta valoración técnica de las obras referida a la ejecución de un almacén en fase de estructura y cerramientos, según el estado que se aprecia en las fotografías de la última visita de inspección efectuada en marzo de 2004 el cual no ha variado desde la ejecución material del precinto en enero de 2003."

A mayor abundamiento las obras son valoradas al 28% de su estado constructivo en la cantidad de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros).

Sentado lo anterior en modo alguno puede operar el instituto de la prescripción de la presunta infracción urbanística por cuanto el artº. 201 del TRLOTENC establece que para que empiece a computar el plazo de prescripción las obras tienen que estar totalmente terminadas, lo que no ocurre en el presente caso.

En cuanto a la alegación relativa al transcurso del plazo de dos meses desde que se inicia el procedimiento sancionador hasta que se le notifica, se ha de decir que nada más lejos de la realidad por cuanto la Resolución de incoación tiene fecha 3 de marzo de 2005 y la notificación de la misma se realiza en la persona de su hija/empleada Dña. Virginia Herrera el siguiente día 21 de abril de 2005, por lo que queda claro que no han transcurrido los dos meses del artº. 6.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Asimismo hay que señalar que la diligencia de precinto es el acto material que lleva aparejada la orden de suspensión que es una medida cautelar preceptuada en el artº. 176 del TRLOTENC independiente del procedimiento sancionador que se inicia con la Resolución de incoación de fecha 3 de marzo de 2005. Igualmente decir que consta en el expediente sendos seguimientos de los precintos efectuados con fechas 27 de octubre de 2003 y 11 de marzo de 2004, lo cual hace ser incierta la afirmación de la contraparte relativa a que desde la fecha 17 de enero de 2003, fecha de la diligencia del precinto, por la Administración no se realizó ningún otro acto hasta la recepción de la resolución de incoación.

Por último señalar que no cabe el recibimiento a prueba del expediente por cuanto en primer lugar por el interesado no se concreta los medios de pruebas a practicar tal y como establece el artº. 16.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, y en segundo lugar decir que el extremo de la antigúedad de la obra ha quedado suficientemente acreditado en el sentido en el que ya ha quedado expuesto.

III

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente. En el presente supuesto se propone la cantidad de 25.918,04 euros.

IV

En virtud del artículo 179.1.b), las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.

V

En virtud del artº. 182 del Decreto Legislativo 1/2000 del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifica por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.

En virtud de lo expuesto se formula la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Primero.- Imponer una multa de veinticinco mil novecientos dieciocho euros con cuatro céntimos (25.918,04 euros), a D. Ramón Herrera Piñero, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo.

Cuarto.- Notificar la presente propuesta de Resolución al interesado.

De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.- Santa Cruz de Tenerife, a 11 de mayo de 2005.- La Secretaria del Procedimiento, Ana Isabel González Hernández.- Vº.Bº.: la Instructora, Concepción Zamorín Fernández.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 6/02-U

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente.

Denuncia de 3 de octubre de 2001.

Resolución nº 343, de 22 de febrero de 2002 por la que se acuerda suspender la obra.

Oficio solicitando la no notificación al Ayuntamiento de 1 de marzo de 2002.

Solicitud de informe por parte del Ayuntamiento, registro de entrada nº 1889, de 22 de marzo de 2002.

Informe del Ayuntamiento, registro de entrada nº 3380, de 21 de mayo de 2002.

Escrito de la empresa suministradora del fluido eléctrico, registro de entrada nº 3424, de 21 de mayo de 2002.

Recurso de reposición, registro de entrada nº 4286, de 19 de junio de 2002.

Resolución nº 1659, de 6 de septiembre de 2002, por la que resuelve el recurso de reposición.

Escrito de la empresa suministradora de agua, registro de entrada nº 104, de 17 de octubre de 2002.

Oficio solicitando notificación al Ayuntamiento de 24 de octubre de 2002.

Contestando a la empresa suministradora de agua de 28 de octubre de 2002.

Oficio del Ayuntamiento notificando registro de entrada nº 620055, de 5 de diciembre de 2002.

Diligencia de precinto de 17 de enero de 2003.

Diligencia de seguimiento de precinto de 10 de marzo de 2004.

Informe Técnico y Valoración de 28 de julio de 2004.

Resolución nº 714, de 3 de marzo de 2005 por la que se incoa expediente sancionador.

Solicitud de notificación al Ayuntamiento de 3 de marzo de 2005.

Oficio de notificación por parte del Ayuntamiento, registro de entrada nº 319756, de 26 de abril de 2005.

Escrito de alegaciones presentado a través del Cabildo el 3 de mayo de 2005, registro de entrada nº 354708, de 5 de mayo de 2005."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de junio de 2005.- El Director Ejecutivo, p.s. (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), el Director General de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Pulido Rodríguez.

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