No habiéndose podido notificar a D. Roland J. Raabe en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1593/00-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Roland J. Raabe la Propuesta de Resolución de fecha 18 de mayo de 2005, recaída en el expediente referencia 1593/00-U, y que dice textualmente:
"El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado en el día de la fecha el siguiente acuerdo:
Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Roland J. Raabe por realizar obras consistentes en la construcción de una vivienda que consta de un sótano, planta baja y primera planta con cubierta a dos aguas de teja curva y un cuarto de aperos adosado a la vivienda, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa Calificación Territorial, en el lugar denominado "Camino de Vence", en el término municipal de San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- En el lugar denominado "Camino de Vence", en Suelo clasificado como Rústico, en el término municipal de San Miguel de Abona, se realizaron obras consistentes en la construcción de una vivienda que consta de sótano, planta baja y primera planta con cubierta a dos aguas de teja curva y un cuarto de aperos adosado a vivienda promovidas por D. Roland J. Raabe, sin contar con las autorizaciones pertinentes (Calificación Territorial y Licencia Municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166, y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
2.- Con fecha 12 de julio de 2001, por Resolución nº 1147 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, notificada el siguiente día 26 de julio de 2001 se acordó la suspensión y precinto de las citadas obras, instando al interesado para que solicite las preceptivas autorizaciones y requiriendo al Ayuntamiento de San Miguel de Abona para que incoe procedimiento sancionador en ejercicio de sus competencias sin que dicho requerimiento haya sido cumplimentado.
3.- Con fecha 31 de agosto de 2001 se efectuó el precinto de las obras habiéndose llevado a efecto con fechas 25 de septiembre de 2002 y 28 de abril de 2003 sendos seguimientos de precinto en donde se comprueba que las obras de edificación de la vivienda se encontraban en el mismo estado que cuando se llevó a cabo la diligencia de precinto.
Con fecha 14 de marzo de 2004 se valoraron las obras en la cantidad de ciento cincuenta mil cuatrocientos noventa y seis euros con ochenta y tres céntimos (150.496,83 euros). Asimismo con fecha 14 de abril de 2004 se informó expresamente por el Servicio Técnico que "Se hace constar que posteriormente se adjunta al mismo Resolución del Área de Planificación, Turismo y Cooperación Municipal del Cabildo Insular de Tenerife denegando la Calificación Territorial para la legalización de las obras realizadas, siendo por tanto éstas ilegalizables."
4.- El 18 de marzo de 2005 se dictó la Resolución nº 882, por el Director Ejecutivo de esta Agencia, en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Roland J. Raabe, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000 y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Dicha Resolución fue notificada la interesado el siguiente día 2 de abril de 2005.
5.- El interesado presentó el pasado día 29 de abril de 2005 ante este Centro Directivo escrito de alegaciones en el que sucintamente se expone lo siguiente:
- Que por la situación nueva en ese municipio de San Miguel que resulta de la modificación del Plan General se puede construir una vivienda unifamiliar con trastero y garaje.
- Que con el presente escrito solicito de nuevo la legalización de la obra situada en la Finca Paraje Viña Vieja, 5, de San Miguel de Abona.
- Que junto con el escrito les envío un Plano de situación y la normativa siendo el régimen específico del suelo rústico de protección de los asentamientos agrícolas la que regula la posibilidad de la construcción de una vivienda unifamiliar en esta zona de San Miguel, enviando en breve el proyecto de la vivienda pidiendo disculpas por la demora de los documentos que faltan.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c) y 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre de 2001, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:
Que las mismas en modo alguno pueden ser estimadas al no desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, cual es, la inexistencia de los títulos habilitantes para proceder a la ejecución de las obras denunciadas. Asimismo hacer constar que la mera solicitud de legalización de las obras no autoriza su construcción, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra. A mayor abundamiento en el presente supuesto consta en el expediente la "denegación de la Calificación Territorial solicitada por el interesado para la legalización de un salón agrícola y cuarto de bombas sito en el Camino de Vence en el término municipal de San Miguel de Abona por los motivos que constan en la presente resolución".
Igualmente se ha de establecer que en modo alguno en la actualidad ha cambiado la clasificación del suelo donde se ubican las obras, encontrándose en la actualidad el Plan General de Ordenación Urbana de San Miguel en fase de aprobación inicial por lo que en la actualidad son de aplicación las Normas Subsidiarias municipales del Ayuntamiento de San Miguel de Abona (Texto Refundido 83) siendo la clasificación y calificación del suelo donde se encuentran las obras de las que trae causa el presente expediente de Suelo Rústico no urbanizable general, tal y como quedó reflejado en el informe técnico de fecha 24 de abril de 2001.
III.- Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de infracción urbanística, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado Decreto Legislativo 1/2000, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente. En el presente supuesto y de conformidad con lo preceptuado en el artº. 196 del TRLOTENC referente a la graduación de sanciones en relación con la concurrencia de la circunstancia atenuante establecida en el 198.c) del mismo cuerpo legal se propone la cantidad de 58.000 euros.
IV.- En virtud del artículo 179.1.b), las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezca de la misma.
V.- En virtud del artº. 182 del Decreto Legislativo 1/2000, del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 75% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador o, en su caso, a la devolución del importe correspondiente de la que ya hubieren satisfecho.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de cincuenta y ocho mil (58.000) euros, a D. Roland J. Raabe, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y la Ley de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un 75%, de la que se haya impuesto o deba imponerse, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 182 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo.
Cuarto.- Notificar la presente propuesta de Resolución al interesado.
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco-semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2005.- la Secretaria del Procedimiento, Ana Isabel González Hernández.- La Instructora, Concepción Zamorín Fernández.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPTE. Nº 1593/00-U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente.
Denuncia de 31 de octubre de 2000, registro de entrada nº 4755, de 21 de noviembre de 2000.
Solicitando información al Cabildo de 13 de diciembre de 2000.
Informe del Cabildo de 26 de diciembre de 2000, registro de entrada nº 5327.
Informe Técnico de 15 de marzo de 2001.
Resolución nº 1147, de 12 de julio de 2001.
Solicitud de notificación del Ayuntamiento de 18 de julio de 2001.
Informe de Unelco de 6 de agosto de 2001, registro de entrada nº 4114, de 7 de agosto de 2001.
Diligencia de precinto de 31 de agosto de 2001.
Oficio del Ayuntamiento de 27 de septiembre de 2001, registro de entrada nº 5485, de 19 de octubre de 2001.
Informe Técnico y seguimiento del precinto de 25 de septiembre de 2002.
Requiriendo la retirada del contenedor de 5 de noviembre de 2002.
Escrito del denunciado vía fax, registro de entrada nº 644984, de 19 de diciembre de 2002.
Original del escrito del denunciado de 19 de diciembre de 2002, registro de entrada nº 653987, de 26 de diciembre de 2002.
Escrito del denuncia vía fax, registro de entrada nº 71903, de 3 de febrero de 2003.
Original del escrito del denunciado de 3 de febrero de 2003, registro de entrada nº 84244, de 6 de febrero de 2003.
Informe Técnico y de seguimiento de precinto de 28 de abril de 2003.
Diligencia de seguimiento de precinto de 13 de febrero de 2004.
Resolución del Sr. Consejero Insular del Cabildo de 26 de enero de 2004, registro de entrada nº 123705, de 20 de enero de 2004.
Informe Técnico y valoración de 14 de marzo de 2004.
Resolución nº 882, de 18 de marzo de 2005, por la que se incoa procedimiento sancionador.
Escrito de alegaciones, registro de entrada nº 337824, de 29 de abril de 2005."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 21 de junio de 2005.- El Director Ejecutivo, por suplencia, el Director General de Ordenación del Territorio (Acuerdo del Consejo de 16.6.05), Miguel Ángel Pulido Rodríguez.
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