Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Camiones Salinetas, S.L., con fecha 5 de octubre de 2004.
Rfa.: procedimiento sancionador nº GC-101311-O-02.
Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 5 de mayo de 2005 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y los recursos extraordinarios de revisión, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- Dña. Ángela Ortega Medina en representación de la entidad Camiones Salinetas, S.L., con fecha de interposición a través del Registro General de esta Corporación de 5 de octubre de 2004 y 18 de noviembre de 2004 presentó sendos recursos extraordinario de revisión contra la Resolución del Consejero del Área de Turismo y Transportes de fecha 24 de julio de 2003, que resolvió el expediente referenciado, sancionándole por una infracción muy grave en materia de transporte terrestre, e imponiendo la sanción de 1.500 euros.
Segundo.- Que la Propuesta de Resolución de recurso fue aprobada por el Consejo de Gobierno Insular, en sesión de 2 de septiembre de 2004, que resolvió no admitir a trámite el recurso de reposición que se interpuso contra la Resolución sancionadora.
Tercero.- El recurrente fundamenta su pretensión de revisión manifestando, en síntesis, que presentaron solicitud de la tarjeta de transportes las cuales ya venían autorizadas desde el Cabildo Insular de La Palma, dichos expedientes estuvieron sin revisar la responsabilidad corresponde a la administración y no a sus representados.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 118 y 119 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAP y PAC).
Tercero.- Como cuestión previa, dada la naturaleza extraordinaria del recurso de revisión, procede verificar que el recurso se fundamenta en alguna de las circunstancias señaladas en el artº. 118.1 de la LRJAP y PAC.
Al respecto son procedentes las siguientes consideraciones:
1ª) Se ha de decir como premisa fáctica precisa para la resolución del presente recurso que la entidad recurrente interpuso recurso de reposición fuera del plazo establecido en la Ley tras habérsele notificado la resolución sancionadora, con fecha 8 de agosto de 2003, según acuse de recibo que consta en el presente expediente.
2ª) En el presente caso ninguna de las causas reguladas taxativamente en el artº. 118.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAP y PAC) se alega por el recurrente para justificar la estimación del recurso de revisión, ni los argumentos utilizados pueden encajarse en algunos de los supuestos que se establecen en el mentado artículo 118 como causas impugnativas por este especialísimo recurso entablado, siendo evidente por lo que el recurrente busca es una nueva posibilidad impugnativa, utilizando argumentos de carácter ordinario, olvidando o desconociendo la consideración de remedio extraordinario con que está concebida esta vía de impugnación.
Sus argumentos para fundamentar dichos recursos se basan en que presentó solicitud de tarjeta de transportes, las cuales ya venían autorizadas desde el Cabildo Insular de La Palma, dichos expedientes estuvieron sin revisar, tal responsabilidad es de la administración y no de sus representados.
Resulta evidente que tales argumentos plantean en todo casos errores de derecho, y por tanto no tienen encaje en ninguno de los supuestos regulados en el mentado artº. 118 como causas impugnativas de este recurso de carácter extraordinario, pues constituyen basamentos de índole ordinaria que debieron ser planteados en todo caso en una revisión del mismo carácter, esto es, en un recurso de reposición que interpuso fuera del plazo establecido en la Ley.
Asimismo, si el recurrente consideraba que la resolución sancionadora no se ajustaba al ordenamiento jurídico, debió impugnarla ante la jurisdicción contenciosa, en lugar de interponer el especialísimo recurso de revisión.
Todo lo cual conduce a inadmitir a trámite sin más consideraciones el presente recurso extraordinario de revisión.
En virtud de lo cual, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,
ACUERDA:
No admitir a trámite el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Camiones Salinetas, S.L., presentado a través del Registro Desconcentrado nº 7 de esta Corporación con fecha 18 de noviembre de 2004, contra la resolución recaída en el procedimiento sancionador nº GC-101311-O-02."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
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