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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se inserta anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto contra la resolución de procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Lanpesymar, S.L., con fecha 24 de febrero de 2005.
Rfa.: procedimiento sancionador nº GC-103264-O-03.
Por medio del presente anuncio se le comunica que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 21 de abril de 2005 ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de alzada con fecha 24 de febrero de 2005, contra la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes de fecha 7 de enero de 2005, que resolvió el procedimiento sancionador referenciado, sancionándole por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión manifestando, en síntesis, que la resolución no ha tenido en cuenta sus alegaciones. Que la infracción se encuentra prescrita por haber transcurrido más de un año entre la fecha de la denuncia y la de notificación de la resolución, sin que haya habido actuación de la Administración que justifique la interrupción del plazo de prescripción.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.
No obstante, son procedentes algunas consideraciones referidas a la clase de recurso interpuesto, habida cuenta que el recurrente lo denomina "recurso de alzada".
En primer lugar, precisarle que la resolución sancionadora, que le fue notificada según consta en el expediente, expresamente le señala como recurso administrativo procedente el de reposición ante el mismo órgano que dictó dicha resolución.
De conformidad con el artº. 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAP-PAC) en relación con el artº. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la resolución sancionadora notificada pone fin a la vía administrativa, y por tanto, de conformidad con lo dispuesto a sensu contrario en el artº. 114.1 y en el artº. 116.1 de la citada LRJAP y PAC, contra dicha resolución cabe la interposición del recurso potestativo de reposición.
Por tales consideraciones, y de conformidad con el artº. 110.2 de dicha LRJAP y PAC, procede la recalificación del recurso y, en consecuencia, su consideración como recurso potestativo de reposición.
Cuarto.- Las cuestiones planteadas por el recurrente se examinan a continuación:
1ª) En primer lugar, procede examinar la excepción de prescripción de la infracción invocada por el recurrente, quien aduce que desde la fecha de la denuncia hasta que se le notificó la resolución sancionadora no se ha producido actuación de la Administración, por lo cual no se ha producido la interrupción del cómputo del plazo de prescripción.
De una parte, se advierte error del recurrente al consignar la fecha de la denuncia, la cual es de fecha 22 de diciembre de 2003.
Del examen de las actuaciones obrantes en el expediente, no se advierte lo manifestado por el recurrente, por cuanto hay que considerar que el artº. 145 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera (LOTT), establece un plazo de prescripción de un año; que, de conformidad con el artº. 132.2 de la LRJAP-PAC, dicho plazo transcurre desde el día de la denuncia (22 de diciembre de 2003) y se interrumpe por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador; que consta que dicha actuación de inicio del procedimiento sancionador le fue notificada con fecha 17 de agosto de 2004. Finalmente, se observa en las actuaciones obrantes en el expediente (Acuerdo de Incoación, Pliego de Cargos formulado por el Instructor, notificación al interesado, escrito de Alegaciones, escrito dirigido al interesado relativo a apertura de trámite de audiencia, intentos de notificación de dicha actuación al interesado en tres ocasiones, Propuesta de Resolución, Resolución y notificación al interesado) que la tramitación del procedimiento no sufrió paralización a efectos reanudatorios del cómputo del plazo de prescripción que establece el mentado artº. 132.2 de la LRJAP-PAC. Todo lo cual permite concluir que no se produjo la prescripción de la infracción.
2ª) En cuanto a las manifestaciones del recurrente sobre sus alegaciones presentadas tras iniciarse el procedimiento sancionador, las cuales considera no fueron tenidas en cuenta en la resolución, cabe decir que, tras el examen del expediente, se concluye que la resolución contiene el pronunciamiento preciso acerca de la prueba de los hechos por la cual se determina cometida la infracción por realizar un transporte con exceso de peso del 67%; pues la denuncia da fe de que en el momento en que el vehículo fue objeto de control se realizaba un transporte y de que el vehículo fue sometido a un control de peso; el ticket de pesaje, que igualmente da fe del peso del vehículo en dicho momento, por cuanto contiene la matrícula del vehículo, el número de identificación y la firma del Agente denunciante y la identificación del conductor del vehículo. Por último, la Resolución señala la constancia en el expediente de los Certificados de Ensayos y Verificación de la correspondiente báscula (marca HAENNI, modelo WL 103/10t, número de serie 2322 y 2333), en los cuales se observa que la verificación periódica tiene validez por un período de dos años desde el 25 de abril de 2003. En cuanto a la identificación de la báscula en la que se efectuó el pesaje, cabe decir que es la única báscula de la que dispone el Servicio de Transportes. Asimismo, consta en el expediente fotocopia del Certificado de acreditación de la persona que maneja dicha báscula.
Las actuaciones señaladas constan en el expediente, y el interesado ha podido acceder a las mismas en cualquier momento durante la tramitación del procedimiento, sin que conste que se haya personado al objeto de recabarlas.
3ª) Por último, en orden a verificar que la sanción ha sido debidamente graduada, es procedente señalar que la sanción impuesta resulta proporcionada teniendo en cuenta que el exceso de peso imputado es del 67% y que el peso máximo autorizado (PMA) del vehículo es de 3.500 kgs, por lo que a tenor del artº. 140.19 de la LOTT, en su redacción modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, el exceso de peso superior al 25% en vehículos de hasta 10 toneladas métricas de PMA es constitutivo de una infracción muy grave, sancionable con multa de 3.301 a 4.600 euros (artº. 143.1.h) de dicha Ley, habiéndose impuesto la sanción en la cuantía máxima prevista para tales infracciones, en razón al grave riesgo para la seguridad de las personas y mercancías que comporta la realización de un transporte con tan elevado exceso de peso.
Dicha cuantía máxima de la sanción en razón al porcentaje del exceso de peso se establece, asimismo, en el Baremo sancionador de la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, de 30 de abril de 2004, aplicable a las infracciones en materia de Transporte por Carretera cometidas a partir del 29 de octubre de 2003.
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000,
ACUERDA:
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Rafael Camejo Camejo, en representación de la entidad Lanpesymar, S.L., con fecha 24 de febrero de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-103264-O-03, confirmando y manteniendo la resolución del Consejero de Turismo y Transportes, que impone una sanción de 4.600 euros.
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de junio de 2005.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
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