BOC - 2005/120. Martes 21 de Junio de 2005 - 2146

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2146 - ANUNCIO de 9 de junio de 2005, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-40852-04 en materia de transportes.

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Providencia de 8 de junio de 2005, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40852-04.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 16 de febrero de 2005, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40852-04.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Diego Mesa Peraza, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes de fecha 28 de octubre de 2004 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 9 de marzo de 2004, 11,20 por la Guardia Civil de tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula M-0420-MW, del que es titular D. Francisco Fuentes García por: circular transportando 48 planchas de hierro, de distintas medidas, desde Geneto hasta almacén Dragados, realizando un servicio discrecional de mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización administrativa de transportes para realizarlo.

Transportista: conductor, que manifiesta posee una empresa y trabaja el camión y aunque de titular figura otra persona, el camión es de su propiedad y él es el que paga todo. También manifiesta, que el titular de la autorización tiene otro camión y trabaja cada uno el suyo.

Resultando: que el día 14 de octubre de 2004 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40852-O-2004.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras y Transportes se dictó resolución que ahora se impugna, de fecha 28 de octubre de 2004 venía a sancionar a Diego Mesa Peraza con multa que ascendía a 4.601,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.1.9 de la LOTT, artículos 47 y 90 de la LOTT, artículos 41 y 109 del ROTT y en base al artº. 143.1.i) de la Ley 16/1987 y artículo 201 Real Decreto 1.211/1990. Esta sanción ha sido abonada por el denunciado.

Notificándose dicha Resolución en fecha 13 de noviembre de 2004.

Resultando: que con fecha 16 de noviembre de 2004, D. Diego Mesa Peraza interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que con fecha 5 de noviembre de 2004 ya consta en este Cabildo Insular de Tenerife la solicitud de tarjeta a particular y como vehículo ligero del M-0420-MW a nombre de la sociedad Diego Mesa Peraza, S.L. de la que es accionista y administrador de la misma. Que con fecha 11 de noviembre de 2004 por parte de D. Francisco Fuentes García, en relación con el expediente TF-40853-O-04 dice los motivos de que me hubiese prestado la autorización M.D.P. que poseía el vehículo, desconociendo el mismo que por haberse efectuado una reforma en el mismo, fuese un vehículo ligero, y siendo verdad que estaba a la espera de que legalizara su sociedad para el traspaso del mismo.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 90 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 109.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes públicos discrecionales de mercancías; constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de un servicio de transporte público de mercancías realizado en vehículo pesado, una infracción muy grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artº.140.1.9 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiéndole una sanción que asciende a cuatro mil seiscientos un (4.601) euros de conformidad con lo establecido en el artículo 143.1.i) de la misma norma legal que atribuye a esa infracción la sanción de menor cuantía dentro de la franja que regula; con pleno acatamiento al principio de proporcionalidad, inherente al actuar administrativo (artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula M-0420-MW realizaba en el momento de ser denunciado un servicio público de mercancías, en vehículo pesado, careciendo de autorización administrativa de transportes (M.D.P.) y sin acreditar la reunión de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido el expedientado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado por el mismo haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; presunción reconocida ampliamente tanto por la jurisprudencia, como por el legislador (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial); todo ello, sin perjuicio de las pruebas que en vía administrativa puedan proponer y practicar los interesados (artículo 137.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), habida cuenta que en la fecha de la inspección el vehículo matrícula M-0420-MW estaba autorizado por el Cabildo Insular de Tenerife para el transporte discrecional de mercancías en vehículo pesado, pero a nombre de D. Francisco Fuentes García no perteneciendo ni siquiera la titularidad del vehículo al expedientado, por lo que se incumplía lo establecido en el artículo 8 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, no reuniendo, en consecuencia, las condiciones reglamentariamente determinadas para su obtención. Tampoco en la fecha de la denuncia se había operado la reforma alegada por el recurrente, por la que se transformó el vehículo de pesado a ligero.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Diego Mesa Peraza confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes, de fecha 28 de octubre de 2004, que determinó la imposición de una sanción de cuatro mil seiscientos un (4.601,00) euros. Aunque esta sanción ha sido ya pagada por la empresa denunciada."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2005.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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