BOC - 2005/120. Martes 21 de Junio de 2005 - 2145

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

2145 - ANUNCIO de 9 de junio de 2005, relativo a notificación del Decreto que resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador nº TF-40369-04 en materia de transportes.

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Providencia de 8 de junio de 2005, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40369-04.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 18 de marzo de 2005, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40369-04.

La cuantía de la sanción deberá ser ingresada en la cuenta corriente de CajaCanarias nº 2065 0000 01 1114005082, haciendo constar en el documento de ingreso el número del expediente referenciado en el asunto al inicio del documento y presentando copia justificativa del mismo en el Área de Transportes de este Cabildo Insular, personalmente o por correo. Para ello dispondrá de un plazo en el supuesto de recibir la notificación entre los días 1 y 15 de cada mes ambos inclusive, dispondrá hasta el día 20 del mes siguiente para realizar el ingreso. Caso de que dicho plazo expire entre los días 16 y el último de cada mes, ambos inclusive, dispondrá hasta el día cinco (5) del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si vencidos los plazos de ingreso no se hubiere satisfecho la deuda, se procederá a su cobro por la vía administrativa de apremio con el recargo correspondiente al 20% del débito.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Eugenio Chinea Chinea, en nombre y representación de la entidad mercantil Servicio Regular Gomera, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes de fecha 10 de diciembre de 2004 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 9 de febrero de 2004, 8,15, por la Guardia Civil de Tráfico se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-4104-Y, del que es titular Servicio Regular Gomera, S.L. por circular entre varios puntos de la isla (Las Galletas, El Fraile, Guaza), no disponiendo cada menor de su propia plaza.

Resultando: que el día 2 de agosto de 2004 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-40369-O-2004.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses.

Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por la entidad mercantil interesada, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 19 de noviembre de 2004, en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos, que en el momento de la denuncia el vehículo denunciado circulaba entre El Fraile y Valle San Lorenzo, procediendo a detener al vehículo ante el número de escolares que circulaban de pie en el mismo, tras identificar a su conductor, se le requirieron los documentos pertinentes que deben acompañar a este tipo de vehículos en cuestión, manifestando que él no tenía nada y que no sabía nada de la documentación del vehículo. Que se le interrogó el porqué los menores circulan de pie sobre el vehículo a lo que manifestó que él solo no podía estar en todo. Acto seguido, el denunciante recorrió el autobús en su totalidad contando al menos 86 menores, pudiendo observar el denunciante, cómo se encontraban sentados hasta en las escaleras de acceso al vehículo. Igualmente fue remitido el citado informe a la entidad mercantil interesada, concediéndole un plazo de alegaciones y pruebas, siendo cumplimentado por la misma mediante escrito de fecha 26 de noviembre de 2004, del que se infiere que el artículo 207.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, dice que toda denuncia formulada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas y Locales, así como las actas o informes suscritos por los Servicios de Inspección habrá de consignarse una sucinta exposición de los hechos, así como aquellas circunstancias y datos que contribuyan a determinar el tipo de infracción. En el caso que nos ocupa, el guardia civil denunciante, sólo hace constar que el vehículo circulaba "no disponiendo cada menor de su propia plaza". En la misma no se hace constar ningún otro dato. Ahora, en su informe, once meses después de la denuncia, y haciendo gala de una increíble memoria, recuerda haber contado, al menos, 86 menores Àpor qué no lo hizo constar en la denuncia, como era su obligación?. El informe no se puede tener en cuenta a la hora de dictar la resolución pertinente, pues, en modo alguno se trata de una simple declaración sino de una modificación en toda regla de la denuncia, que sitúa a ese administrado en una situación de indefensión, puesto de haber incluido el dato aportado y omitido en la denuncia, esa parte hubiera podido proponer prueba en descargo, citando el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 1 de diciembre de 2003, nº 205/2003.

Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 10 de diciembre de 2004, que venía a sancionar a Servicio Regular Gomera, S.L. con multa que ascendía a 3.301,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 140.16.2 de la LOTT, artº. 4 del Real Decreto 443/2001 y en base al artículo 143.1.h) de la Ley 16/1987.

Notificándose dicha Resolución en fecha 8 de enero de 2005.

Resultando: que con fecha 20 de enero de 2005, D. Eugenio Chinea Chinea, en nombre y representación de Servicio Regular Gomera, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el artículo 207.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, dice que toda denuncia formulada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas y Locales, así como las actas o informes suscritos por los Servicios de Inspección habrá de consignarse una sucinta exposición de los hechos, así como aquellas circunstancias y datos que contribuyan a determinar el tipo de infracción. En el caso que nos ocupa, el guardia civil denunciante, sólo hace constar que el vehículo circulaba "no disponiendo cada menor de su propia plaza". En la misma no se hace constar ningún otro dato. Ahora, en su informe, once meses después de la denuncia, y haciendo gala de una increíble memoria, recuerda haber contado, al menos, 86 menores Àpor qué no lo hizo constar en la denuncia, como era su obligación?. El informe no se puede tener en cuenta a la hora de dictar la resolución pertinente, pues, en modo alguno se trata de una simple declaración sino de una modificación en toda regla de la denuncia, que sitúa a ese administrado en una situación de indefensión, puesto de haber incluido el dato aportado y omitido en la denuncia, esa parte hubiera podido proponer prueba en descargo, citando el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 1 de diciembre de 2003, nº 205/2003.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: tal como dispone el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores; la especificidad de esta concreta actividad de transporte, requiere una puesta al día de los elementos de seguridad que deben reunir los vehículos en que se realicen; en consecuencia, el artículo 4 de la citada norma establece las características técnicas que deben observar los vehículos utilizados para los transportes objeto del citado Real Decreto; concretamente, establece en su apartado segundo: los vehículos que se utilicen en la prestación de los servicios incluidos en el artículo 1 cumplirán, además de otras que, en su caso, pudieran venir establecidas con carácter general en la legislación vigente, las siguientes prescripciones técnicas, de acuerdo con las especificaciones que pudieran realizarse reglamentariamente: 12ª cada menor dispondrá de su propia plaza o asiento, el cual deberá tener las dimensiones mínimas determinadas en el Reglamento CEPE/ONU que resulte de aplicación (36, 52 ó 107), de conformidad con las reglas y plazos que en cada momento se encuentren establecidos en las normas dictadas para su aplicación; ya el artículo 9 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, establecía la regla general de que cada viajero ocupara su propia plaza en los vehículos, sin establecer otra excepción en relación con el transporte de escolares que la que pudiera contenerse en su propia normativa específica. En consecuencia, a partir del 1 de septiembre de 2001, cada menor deberá disponer de su propia plaza o asiento. Constituyendo su incumplimiento una infracción muy grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en el artículo 140.16.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, a la que corresponde una sanción que asciende a tres mil trescientos un euros, de conformidad con lo previsto en el artículo 143.1.h) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: a la vista de lo que resulta probado en el expediente sancionador que analizamos, a través de los hechos consignados en el boletín de denuncia formulada por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; el vehículo matrícula TF-4104-Y circulaba realizando un transporte de menores, no disponiendo cada menor de su propia plaza, hechos que, al figurar consignados en la citada denuncia ostentan presunción de veracidad "iuris tantum" reconocida ampliamente tanto por la jurisprudencia, como por el legislador, artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial; todo ello, sin perjuicio de las pruebas que en vía administrativa puedan proponer y practicar los interesados (artículo 137.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Habiendo incurrido la empresa expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia, habida cuenta que el boletín de denuncia formulado por el agente competente, cumple las prescripciones que a tal efecto le exige el artículo 207 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, al contener una sucinta exposición de los hechos infractores, hechos que, a mayor abundamiento, fueron ratificados por el mismo agente mediante informe de fecha 19 de noviembre de 2004, complementario de la denuncia, instado por esta Administración, al haber negado la interesada los hechos infractores imputados en la resolución de iniciación del expediente; en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, informe en el que el agente se limita a contestar a las alegaciones formuladas en descargo por la entidad mercantil interesada; concretamente, informa el agente que en el momento de la denuncia el vehículo denunciado circulaba entre El Fraile y Valle San Lorenzo, procediendo a detener al vehículo ante el número de escolares que circulaban de pie en el mismo. Que se interrogó al conductor acerca de porqué los menores circulan de pie sobre el vehículo a lo que manifestó que él solo no podía estar en todo. Acto seguido, el denunciante recorrió el autobús en su totalidad contando al menos 86 menores, pudiendo observar el denunciante, cómo se encontraban sentados hasta en las escaleras de acceso al vehículo; en consecuencia, lo alegado por la entidad mercantil interesada no constituye causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción, recogida en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y sin que por la misma se hubieran desacreditado los hechos denunciados mediante la aportación de prueba alguna en contrario, teniendo en cuenta que el límite de la culpa en la responsabilidad por la comisión de la infracción denunciada, está en el deber de conocimiento de sus obligaciones profesionales por parte del sujeto expedientado y en la diligencia exigible en su actuación.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Eugenio Chinea Chinea, en nombre y representación de la entidad mercantil Servicio Regular Gomera, S.L. confirmando la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras y Transportes, de fecha 10 de diciembre de 2004, que determinó la imposición de una sanción de tres mil trescientos un (3.301,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de junio de 2005.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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